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S e p t i e m b r e / 1 9 9 7 / N° 19

Descentralización y Privatización

Luis Soto*

Cada vez mas, estados y municipios podrán contribuir de manera efectiva a la generación de riquezas y por ende a la mejor calidad de vida de sus pobladores, mediante la adecuada creación de condiciones que favorezcan la inversión privada en sus regiones. Gracias a las reformas políticas de 1989, que dieron lugar al inicio del proceso de descentralización, su consolidación tiene por delante el desafío de dar respuesta a las nuevas demandas generadas a propósito del reestablecimiento de las condiciones necesarias para el crecimiento económico, así como de la apertura petrolera. El éxito de éste proceso pasa por el fortalecimiento económico y administrativo de estados y municipios, así como por la capacidad de generar mejores servicios que permitan vigorizar el desarrollo productivo de los estados a través de fórmulas que aprovechen las potencialidades de cada región, creando las condiciones que estimulen y promuevan la inversión privada. Estos planteamientos están indisolublemente vinculados a la capacidad de los gobiernos regionales de proveerse una gradual autonomía financiera, es decir, de aumentar ingresos y disminuir gastos.

Incremento de la Eficiencia Regional

Los avances en el proceso de descentralización, han dejado abierta una alternativa, para la incorporación del sector privado al desarrollo económico regional. Es importante observar como en algunos estados y municipios, se han producido experiencias que vinculan al sector privado en actividades relacionadas con la provisión de servicios públicos. Es así como muchos mandatarios han acudido a modalidades de privatización -como es el caso de las concesiones- que han servido para motorizar el desarrollo económico y social de sus regiones, en un intento por involucrar al sector privado en el proceso de descentralización. Estos mandatarios -que se distinguen por el éxito de sus gestiones- tienen la particularidad de haber entendido en poco tiempo la importancia de esta alianza, sin la cual el fortalecimiento económico regional resulta prácticamente imposible, vista la insuficiencia de recursos que tienen las finanzas del Estado venezolano. Esta alianza puede igualmente extrapolarse a los casos de creación de condiciones mas favorables para la inversión privada, a través de saneamiento de las cargas burocráticas presentes en muchos estados y municipios de Venezuela, así como al sano manejo, de potestades tributarias. De aquí la necesidad de dotar a los gobiernos regionales de instrumentos que les permitan, de manera creativa, garantizarse ya no sólo los recursos monetarios requeridos para el desarrollo social de los estados, sino también la colaboración del sector privado.

Optimización de la Descentralización

Esta tarea de motivar la incorporación de empresarios en este proceso de reformas se ha visto en ciertas regiones del país, en donde el proceso descentralizador ha arrojado resultados mas bondadosos respecto de otras zonas en las cuales, gobernadores y alcaldes, con poco espíritu de renovación, han quedado rezagados, sin reaccionar aún ante el reto que supone disminuir grados de dependencia en relación con el situado constitucional, y trabajar como entes promotores de la inversión privada, para hacer de ellas nuevos polos de desarrollo. Es preocupante que en algunos estados y municipios se han reproducido esquemas que el país ya ha comenzado a superar, al incrementarse burocracias, y manejos administrativos que debilitan a sus gobiernos regionales.

En adelante, el retorno al crecimiento económico, debe convertirse en aliado de los actores de la descentralización, para fortalecerlos mediante el auspicio de la riqueza que se debe crear por vías conexas y distintas al petróleo, y para crear mejores condiciones que contribuyan al desarrollo de nuevas inversiones en otros sectores. Los estados deben incorporarse activamente en el proceso de reformas económicas retomado en abril de 1996, promoviendo tanto las inversiones de proyectos de todo tipo, como aquellas que tienden al mejoramiento de los servicios públicos propiamente dichos.

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