Antena del SELA en los Estados Unidos
Servicio Económico Latinoamericano Washington se prepara para la batalla de la vía rápida
- la estrategia del gobierno - se organizan opositores de la vía
rápida - política y comercio - tres tipos de negociación
- conclusión.
El 10 de septiembre el presidente estadounidense Bill Clinton encabezará
un importante acto en la Casa Blanca para lanzar una campaña a fin
de que el Congreso otorgue la autorización a negociar por la vía
rápida. Otros oradores del evento serían el vicepresidente
Al Gore, altos funcionarios gubernamentales y miembros del sector empresarial.
Ese mismo día el gobierno enviará el proyecto de ley sobre
esta materia al Congreso.
La autorización a negociar por la vía rápida es
vital para el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Dicha
autorización establece procedimientos especiales para ratificar los
acuerdos comerciales en el Congreso estadounidense. Estas reglas especiales
señalan que no se pueden introducir enmiendas a la legislación
que pone en vigencia un acuerdo de comercio una vez que ha sido introducida
formalmente, y que el Congreso debe votar sobre dicho proyecto dentro de
plazos relativamente estrictos. De no tener esa autorización, quienes
se oponen a un determinado acuerdo comercial podrían destruirlo ya
sea mediante la anexión de "enmiendas asesinas" al proyecto
(es decir, propuestas que sean inaceptables para otros países que
negociaron el acuerdo con Estados Unidos) o simplemente con bloquear la
votación sobre la medida. La autorización de la vía
rápida ha sido utilizada para aprobar los principales tratados comerciales
negociados desde mediados de los años 70, incluyendo los acuerdos
multilaterales alcanzados en las Rondas de Tokio y Uruguay, y los tratados
de libre comercio con Israel, Canadá y México.
Pero podría ser difícil conseguir dicha autorización.
El presidente Clinton ha estado buscando su renovación desde 1993,
pero ha enfrentado la oposición de todos los frentes. Ahora que el
opositor Partido Republicano controla ambas cámaras del Congreso,
se necesitará de una combinación de diplomacia y gran fuerza
política para impulsar esta propuesta en el Congreso. Las negociaciones
entre el legislativo y el ejecutivo del gobierno estadounidense quizás
contemplen otros asuntos de importancia para los países de América
Latina y el Caribe, incluyendo las preferencias comerciales otorgadas bajo
el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) y la Iniciativa para la Cuenca
del Caribe (ICC).
La estrategia del gobierno
Tanto para la Casa Blanca como para sus oponentes, el debate por la renovación
de la vía rápida pudiera denominarse "TLCAN II".
Ambas partes retomarán las lecciones aprendidas en la difícil
lucha de 1993 por ratificar este tratado; además se espera que buena
parte del debate se centre en analizar si el TLCAN ha tenido éxito
o ha sido un fracaso.
La administración Clinton tal vez intente minimizar el énfasis
dado al TLCAN. México experimentó problemas económicos
poco después de haber entrado en vigencia el tratado y muchos estadounidenses
asocian estas dificultades con la liberalización comercial. La opinión
pública también relaciona el intercambio comercial con México
con asuntos bilaterales como la inmigración ilegal, la contaminación
fronteriza, el narcotráfico y – como se expone más adelante
– la mala condición sanitaria de los alimentos. Recientes sondeos
de opinión indican que el público está dividido en
cuanto a los méritos de la liberalización comercial, aparte
de ser receptivo a los argumentos de quienes critican el TLCAN. Por consiguiente,
la Casa Blanca desea evitar una discusión nacional de amplia base
donde el apoyo del público es débil y sujeto a manipulación.
En vista del aparente escepticismo del público hacia la liberalización
comercial, la administración Clinton no está recurriendo a
los tradicionales argumentos académicos a favor del libre comercio.
Por el contrario, está haciendo énfasis en que si Estados
Unidos no actúa para proteger sus intereses, se quedará rezagado.
En otras palabras, la expansión comercial es buena debido a la competencia
generada por los rivales japoneses o europeos. Esta línea de razonamiento
se hizo evidente en el mensaje radial semanal del Presidente transmitido
el pasado 23 de agosto, cuando declaró:
Se espera que, en el próximo siglo, esos mercados emergentes de
América Latina y Asia crezcan tres veces más que el nuestro
– además, su demanda de bienes y servicios estadounidenses ya
está despegando. Si no aprovechamos estas nuevas
oportunidades, nuestros competidores seguramente lo harán. Ya,
desde 1992, en Asia y América Latina solamente, nuestros competidores
han negociado veinte acuerdos comerciales que no incluyen a Estados Unidos.
Si bien la administración Clinton no quiere fundamentar sus argumentos
en los méritos del TLCAN, sí pretende utilizar las mismas
tácticas que resultaron tan efectivas en el debate para la ratificación
del TLCAN. En vez de movilizar el apoyo popular y buscar la influencia de
la opinión pública, la administración intenta llegar
a acuerdos con importantes legisladores en Washington. Esto significa establecer
un "comando de campaña" dedicado al objetivo unívoco
de conformar mayorías en ambas cámaras del Congreso.
El presidente dio un importante paso para la conformación de su
equipo en julio, cuando designó un "asistente especial"
cuyo único trabajo será convencer a los legisladores. Jason
("Jay") S. Berman fungirá como Consejero Especial del Presidente.
Berman actualmente se desempeña como presidente de la junta directiva
de la Asociación Estadounidense de la Industria Discográfica,
una organización que ha encabezado varias disputas comerciales solicitando
una mayor protección para la propiedad intelectual de las exportaciones
estadounidenses. Contará con la ayuda de Victoria Radd, una asistente
del presidente que actualmente trabaja para el Jefe de Personal Erskine
Bowles. Berman desempeñará el mismo papel que el ejecutivo
del sector empresarial de Chicago William Daley hizo durante la batalla
por la ratificación del TLCAN. Daley ahora es Secretario de Comercio
y una vez más estará en el equipo. Al igual que en la campaña
por el TLCAN, este esfuerzo será promovido por un grupo de funcionarios
de ambos partidos actualmente en funciones o ya separados de sus cargos.
Uno de ellos es William Weld, ex gobernador de Massachusetts y actual candidato
del presidente a embajador en México. La nominación de Weld
ha sido bloqueada por Jesse Helms, presidente del Comité de Relaciones
Exteriores del Senado y representante republicano por Carolina del Norte,
quien con seguridad se opondrá férreamente a la reautorización
de la vía rápida.
Se organizan opositores de la vía rápida
Quienes se oponen a dicha reautorización están organizados
y concentrados en la próxima batalla política en el Congreso.
La autodenominada "Campaña Comercial de los Ciudadanos"
(CTC), que agrupa sindicatos, ecologistas y organizaciones de consumidores,
tratará de consolidar su presión en torno al lema "votar
por la vía rápida es votar contra la familia trabajadora estadounidense",
según uno de sus voceros. Presentarán dos argumentos diferentes
contra la liberalización comercial, alegando que causa perjuicios
económicos a los trabajadores estadounidenses y amenaza la salud
y seguridad de los consumidores estadounidenses.
Los argumentos económicos se basan en los alegatos tradicionales
de las industrias y los sindicatos proteccionistas. Ron Carey, presidente
del Sindicato de Transportistas (el Teamsters Union, conformado principalmente
por camioneros) y férreo oponente de la ampliación del TLCAN,
aunque en otros aspectos es un aliado político del presidente Clinton,
relaciona el libre comercio con la pérdida de empleos estadounidenses.
"Debemos detenerlo", señaló en una reciente conferencia
de prensa, "y evitar la reautorización es el tipo de cosas que
necesitamos hacer". Carey indicó que el TLCAN es parte de "un
concepto de trabajador desechable. Eliminar los puestos de los trabajadores
estadounidenses, explotar a los trabajadores de países como México
con salarios de 4 dólares diarios y luego, si estos últimos
comienzan a organizarse, trasladarse de un lugar a otro".
Si bien este tipo de razonamientos cala en algunos trabajadores estadounidenses,
pierden fuerza en una economía sólida. Actualmente el desempleo
está en su nivel más bajo en los últimos 24 años
(4,8 por ciento). Por lo tanto cabe esperarse que los opositores del TLCAN
den un mayor énfasis a los aspectos no económicos de la liberalización
comercial. Además de los argumentos esgrimidos en 1993 con respecto
a materias como la movilización ilegal de personas y narcóticos,
el debate pudiera centrarse en la calidad sanitaria de los alimentos. Como
dice Lori Wallach de la CTC, "Si su puesto no es transferido a México,
quizás no le importe la pérdida de empleos generada por el
TLCAN. Pero todos comemos".
Quienes se oponen a una nueva autorización de la vía rápida
tratarán de aprovechar varios episodios recientes con alimentos contaminados.
Sólo algunos de estos casos se han podido relacionar con productos
importados, incluyendo un brote de hepatitis causado por fresas mexicanas
y otro caso de frambuesas guatemaltecas infectadas con cyclospora. El caso
más reciente fue el de la carne producida en Estados Unidos que contenía
la bacteria e.coli. Sin embargo, en las mentes de los asustados consumidores
la preocupación por la calidad sanitaria de los productos alimenticios
pudiera traducirse fácilmente en propuestas que afecten los intereses
de los Estados Miembros del SELA. Además de presentar propuestas
para reforzar los requerimientos de etiquetado para alimentos a fin de indicar
su país de origen, los intereses agrícolas pudiesen tratar
de impedir la nueva autorización para negociar.
Los grupos contrarios a la liberalización comercial están
pensando en librar "una guerra por aire y tierra" contra la reautorización
de la vía rápida, de acuerdo con un vocero del Gremio de Transportistas.
Esta frase belicosa forma parte de la jerga utilizada en Washington y significa
tener un plan coordinado de cabildeo, que incluye anuncios televisivos y
acciones organizadas "para sacarlos al aire" y un intenso cabildeo
de los congresistas "en el terreno". Se dice que la AFL-CIO está
preparando una serie de comerciales para ser transmitidos en California,
Nueva York y otros mercados seleccionados donde el sindicato cree que los
congresistas aún no han tomado una decisión y donde la fuerte
presión de los electores podría ser la diferencia en la votación
final. Sin embargo, ninguno de esos comerciales había sido transmitido
para el momento de redactar este boletín.
Los defensores del libre comercio han estado completamente ociosos, aunque
– siguiendo un patrón muy arraigado en los asuntos comerciales
estadounidenses – comenzaron a organizarse mucho después que
sus rivales. Un extenso grupo de compañías y asociaciones
empresariales estadounidenses formaron la coalición "EE.UU.
Lidera el Comercio" (ALOT) para presionar a favor de la vía
rápida. La agrupación está conformada por importantes
firmas y grupos industriales estadounidenses, encabezados por la Business
Roundtable. Entre sus miembros se incluyen la Asociación Nacional
de Manufacturas (NAM), el Instituto Estadounidense del Hierro y el Acero
(AISI) y la firma de alta tecnología TRW, Incorporated, cuyo presidente
de la junta directiva, Joseph Gorman, lidera la coalición. Hasta
ahora este grupo no ha hecho prácticamente nada para organizar su
campaña de presión. De hecho, la coalición insiste
en que el apoyo para la reautorización no está garantizado
hasta que el presidente presente el proyecto en sí. En una entrevista,
el portavoz le dijo a Antena del SELA que el esfuerzo de la ALOT "depende
de qué proponga el presidente en el proyecto. Este no debe recargarse
con disposiciones extrañas". En otras palabras, el sector empresarial
amenaza con brindarle su apoyo únicamente a un proyecto "limpio"
de vía rápida que no contenga disposiciones laborales o ecologistas.
Política y comercio
Las lealtades partidistas complican considerablemente el aspecto político
de la lucha por la reautorización. No se trata de una simple división
entre demócratas y republicanos, sino de un asunto en el que hay
por lo menos cuatro facciones identificables. Los dos principales partidos
tienen bandos procomercio y anticomercio, y los aspectos políticos
de la discusión han sido todavía más bizantinos que
las intrigas entre los líderes de estas facciones. Al menos tres
de las principales figuras esperan ser candidatos presidenciales en las
elecciones del año 2000, cuando el comercio quizás sea un
tema nacional relevante, mientras que otros tienen la mirada puesta en las
elecciones "a mitad de período" del Congreso, a realizarse
en 1998.
Incluso existe una enorme discrepancia entre las facciones procomercio
en los partidos republicano y demócrata sobre la dirección
de las nuevas iniciativas para la liberalización del comercio. En
principio no están de acuerdo en incluir los objetivos laborales
y ecologistas en las negociaciones comerciales. Los demócratas procomercio
insisten en que estos temas deben estar "sobre la mesa" en las
nuevas negociaciones, mientras que los republicanos procomercio objetan
su inclusión. Además del presidente Clinton y el vicepresidente
Al Gore, entre los miembros clave de los demócratas procomercio están
dos californianos: los representantes Robert Matsui y Calvin Dooley. Ambos
parecen contar con cierto respaldo entre los demócratas jóvenes
del Congreso, cuyos lazos con los tradicionales grupos de electores demócratas
(sindicatos y grupos ecologistas) son relativamente débiles. Para
poder obtener la reautorización de la vía rápida, tienen
que renovar esa alianza tan vaga e incómoda que establecieron con
los republicanos procomercio en 1993 durante la batalla por ratificar el
TLCAN.
Los dos republicanos procomercio más importantes son el Presidente
de la Cámara, Newt Gingrich (republicano por Georgia), y el Presidente
del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara Bill Archer
(republicano por Tejas). Ambos tienen sólidos historiales en respaldo
de la liberalización comercial y en los últimos meses han
tenido una relación de mayor cooperación con el presidente
Clinton, en temas como impuestos y déficit presupuestario. No obstante,
esto ha generado significativos problemas políticos para Gingrich,
a quien los miembros más conservadores del partido acusan de estar
traicionando su ideología. Cabe destacar que los republicanos anticomercio
pertenecen a esta ala conservadora del partido. Algunos de ellos tienen
afinidad política con Paul Buchanan, el extremo conservador que buscó
las nominaciones presidenciales de dicho partido en 1992 y 1996 basándose
en una plataforma contra la inmigración y el comercio. Los conservadores
intentaron y no pudieron sacar a Gingrich de la Presidencia de la Cámara
durante el golpe de julio. Quizás se sientan tentados a utilizar
la batalla por la vía rápida para debilitar aún más
la posición de Gingrich.
Los aspectos políticos del comercio no son menos complicados en
el Partido Demócrata. El Líder de la Minoría en la
Cámara, Richard Gephardt (demócrata por Missouri), y el Jefe
de la Fracción Minoritaria, David Bonior (demócrata por Michigan),
son los líderes de la facción anticomercio. El tema comercial
ha dominado buena parte de la carrera del Representante Gephardt en el Congreso.
En los años 80 se opuso firmemente al SGP y la ICC, además
de ser el principal "antijaponés" del Congreso. Gephardt
hizo del comercio el núcleo de su infructuoso esfuerzo por obtener
la candidatura demócrata en 1988, cuando perdió la nominación
con Michael Dukakis, defensor del libre comercio y quien posteriormente
la perdió con Bush. Aunque en 1991, Gephardt estuvo a favor de concederle
una extensión de la vía rápida al presidente Bush para
negociar el TLCAN (basándose en el compromiso de Bush de incluir
los temas laborales y ecologistas en las conversaciones), en 1993 dirigió
la lucha en el Congreso por rechazar la ratificación del tratado.
Gephardt sigue dando la impresión de estar abierto a una reautorización
de la vía rápida, pero hay dudas de que apruebe cualquier
nueva concesión de la autoridad en términos que no serían
aceptables para la mayoría de los republicanos.
Para complicar aun más la situación política, todas
las figuras principales en esta batalla tienen la vista puesta en las elecciones
presidenciales del año 2000. En el partido demócrata, el vicepresidente
Gore es el favorito y se considera que Gephardt es su más fuerte
rival. Como hizo en 1988, se espera que Gephardt convierta la política
comercial en el tema clave de su campaña. Por otra parte, Gingrich
recientemente expresó su interés en buscar la nominación
de su partido. Es imposible imaginar una fórmula exitosa para obtener
la reautorización de la vía rápida que no tenga el
respaldo de por lo menos dos de estos futuros candidatos presidenciales.
Es inevitable que haya una lucha de poderes entre las facciones procomercio
y anticomercio en ambos partidos. ¿Qué tamaño tienen
estos grupos rivales?, ¿quiénes los conforman? y ¿quién
ganará finalmente? Si bien es imposible responder a estas preguntas
con total certeza, se pueden entrever ciertos indicios sobre las tendencias
generales en el más reciente enfrentamiento para renovar la condición
de Nación Más Favorecida (NMF) para la República Popular
China. El debate anual sobre el tratamiento de NMF a China brinda un valioso
indicador de los sentimientos procomercio y anticomercio en el Congreso.
El 24 de junio la Cámara de Representantes rechazó, por una
votación de 173-259, una resolución que habría anulado
la decisión del Presidente Clinton de extender dicha condición
por un año más. Sería una exageración sugerir
que quienes votaron por rechazar la resolución votarán a favor
de la vía rápida, pero de este caso se pueden sacar algunas
generalizaciones válidas.
Los datos muestran claramente una división generacional entre
los demócratas. Mientras 49,3 por ciento de los demócratas
veteranos (es decir, elegidos antes de 1994) votaron por rechazar el tratamiento
de NMF, los miembros más jóvenes del partido (los elegidos
en 1994 ó 1996) votaron exactamente igual que los republicanos (36,2
por ciento estuvo a favor de la condición NMF). Esto pudiera indicar
que mientras los demócratas más experimentados adoptan posiciones
parecidas a las de Gephardt, los nuevos demócratas están más
cerca de los puntos de vista del Presidente Clinton. De ser así,
se trata de un signo alentador para el inminente debate sobre la renovación
de la vía rápida y otros temas comerciales. Los datos no muestran
tal división entre los republicanos. En el apoyo a la condición
de NMF los jóvenes del partido muestran tendencias casi idénticas
a las de los legisladores veteranos. Tan sólo 36,3 por ciento de
los nuevos republicanos votó en contra del tratamiento de NMF, como
lo hizo el 34,1 por ciento de los republicanos veteranos.
Tres tipos de negociación
Para conseguir la reautorización de la "vía rápida",
el presidente Clinton y su "comando de campaña" tendrán
que negociar para lograr los 218 votos de la Cámara de Representantes
y los 50 del Senado. Puede haber tres tipos de negociación: (1) sobre
los términos de los objetivos laborales y ambientales en las negociaciones,
(2) sobre otras iniciativas relacionadas con el comercio que atraen a grupos
de electores específicos del Partido Demócrata, y (3) sobre
negocios de menor envergadura cuyo propósito es asegurar el respaldo
de pequeños grupos de legisladores.
Aspectos laborales y ambientales
Las negociaciones sobre este primer punto se han emprendido en forma
intermitente desde 1993. Los centristas de la administración Clinton
y en ambos partidos políticos han tratado de idear una fórmula
que sea aceptable para las facciones procomercio de ambos partidos políticos.
La Representante Comercial de EE.UU., Charlene Barshefsky, está intentando
una vez más resolver este rompecabezas, conjuntamente con el Presidente
del Subcomité de Comercio, Phil Crane. Ambos lados están tratando
de sacar partido a la sugerencia de Gingrich, que permitiría negociaciones
sobre asuntos laborales y ambientales si estuviesen "directamente relacionados
con lo comercial". El significado preciso de esa frase, sin embargo,
es materia de especulación. Lograr un perfecto equilibrio entre estos
grupos será difícil; un proyecto legislativo de vía
rápida que se incline demasiado en una u otra dirección corre
el riesgo de perder algunos de los votos más vacilantes a favor del
comercio en un partido u otro. La oferta de apertura de la administración
quedará plasmada en el lenguaje preciso que el presidente proponga
en su anteproyecto el 10 de septiembre.
Una forma de abordar este tema es proponer que las conversaciones con
Chile se realicen sobre una base bilateral, y no como una negociación
entre cuatro partes sobre el acceso de este país al TLCAN. Algunos
de los políticos y grupos que se han opuesto a una renovación
de la vía rápida hasta ahora, han sugerido que respaldarían
esta iniciativa si se llevara a cabo en forma bilateral. Tanto el AFL-CIO
como Gephardt consideran que las negociaciones bilaterales con Chile permitirían
una expansión significativa con base en los limitados precedentes
establecidos en el acuerdo original del TLCAN. Gephardt reiteró recientemente
esta posición durante una visita a Suramérica. Hablando en
Chile el 14 de agosto, declaró que: "Dado que cada país
es único, y ya que considero que debemos mejorar el TLCAN, desearía
que pudiéramos lograr un acuerdo bilateral entre los Estados Unidos
y Chile". Añadió que un acuerdo entre EE.UU. y Chile
debería incluir disposiciones sobre asuntos de protección
laboral y ambiental, con sanciones comerciales acordadas mutuamente para
garantizar su cumplimiento. A diferencia de muchos otros legisladores estadounidenses
Gephardt igualmente expresó su admiración por el MERCOSUR.
Calificó al grupo de "un suceso muy positivo", en vista
de que "el MERCOSUR está considerando aspectos laborales y ambientales
conjuntamente con aspectos comerciales y económicos. Es mi esperanza
que, con el tiempo, podamos tener un tratado hemisférico de libre
comercio de Norte y Sur América".
Si bien el enfoque bilateral podría ganar el respaldo de Gephardt
y otros miembros del partido minoritario, podrían costar aún
más votos de la mayoría republicana. La dificultad planteada
por esta opción es evidente en las diversas declaraciones de los
funcionarios de la administración Clinton. En conversaciones con
Antena del SELA el 6 de agosto, la Representante Comercial de EE.UU. (USTR),
Charlene Barshefsky, sugirió que la decisión le corresponde
a Chile. El gobierno chileno podrá decir si prefiere negociar un
acuerdo de libre comercio bilateral o si prefiere entrar al TLCAN. Otro
funcionario de USTR manifestó ambigüedad similar con respecto
a la posición de EE.UU. "El presidente está buscando
un acuerdo comercial extenso. No se ha tomado ninguna decisión en
el sentido de impedir el acceso [de Chile al TLCAN], con el propósito
de buscar un acuerdo bilateral", dijo un funcionario de USTR a Antena
del SELA el 25 de agosto. Esta fraseología algo intrincada ha causado
confusión en la comunidad interesada en políticas comerciales,
pero aparentemente es una declaración cuidadosamente redactada, cuyo
propósito es transmitir la preferencia de la administración
por el acceso al TLCAN, sin emitir un rechazo total, inflexible de otro
formato de negociación. En otras palabras, es un punto sobre el cual
la administración está preparada para negociar y llegar a
un acuerdo.
Temas de interés para grupos específicos de electores
La Casa Blanca podría quizás obtener algunos votos más
llegando a acuerdos con grupos específicos de votantes
dentro del Partido Demócrata. Las negociaciones que propone podrían
tener un impacto significativo sobre los intereses de los Países
Miembros del SELA.
La Casa Blanca ya ha solicitado vehementemente el apoyo del Grupo de
Congresistas Negros (CBC), proponiendo un nuevo paquete de preferencias
comerciales para Africa. La Casa Blanca ya ganó el respaldo de ambos
partidos para este paquete propuesto de preferencias comerciales y otros
beneficios para países africanos. Si este paquete se asocia con el
proyecto de vía rápida, algunos de los 39 miembros del CBC
podrían favorecer la iniciativa general. Lo mismo podría decirse
de la propuesta presentada de "paridad con el TLCAN" para la Cuenca
del Caribe. Algunos de los más fuertes defensores de la Iniciativa
de la Cuenca del Caribe son miembros del CBC, y se sintieron defraudados
al no lograr recientemente la aprobación de los nuevos beneficios
comerciales para la Cuenca del Caribe, como parte del paquete fiscal aprobado
en agosto. Debe enfatizarse, sin embargo, que algunos miembros del CBC se
oponen enérgicamente a la liberalización comercial, dado que
consideran las importaciones como una amenaza a las fuentes de empleo en
sus propias comunidades, y de ninguna manera respaldarán una extensión
de la vía rápida.
La administración podrá negociar igualmente para lograr
el respaldo del Grupo de Congresistas Hispanos, compuesto de 17 miembros.
A los miembros de este grupo les preocupa que el TLCAN no haya reportado
beneficios para la comunidad hispana de los Estados Unidos. El Representante
Esteban Torres (demócrata por California) y quince de sus compañeros
demócratas enviaron una carta al presidente Clinton exigiendo que
se refuercen las disposiciones laborales y ambientales del TLCAN, y solicitando
que la nueva autoridad negociadora incluya esos aspectos. Declararon que
"si los derechos de los trabajadores han de protegerse en futuros acuerdos
comerciales, debe haber fuertes mecanismos que hagan cumplir lo exigido
– un mecanismo que no presenta el TLCAN".
Negociaciones sobre los beneficios de grupos de electores
Los dos tipos de negociación señalados previamente tienen
que ver con el rumbo más amplio de la política comercial de
EE.UU. Podrían atraerse bloques comparativamente grandes de votos
en el Congreso por los términos específicos de la propuesta
de la vía rápida, o una unión entre el proyecto de
vía rápida y las iniciativas dirigidas a beneficiar a Africa
y la Cuenca del Caribe. No obstante, puede haber muchos votos que permanezcan
sin comprometerse, y en los cuales la administración se verá
obligada a negociar. Una vez más, la administración Clinton
quizás tenga que recurrir a su experiencia en el debate sobre la
ratificación del TLCAN.
El secreto de la victoria de la administración en 1993 fue la
disposición del presidente a negociar con respecto a casi cualquier
punto que fuese de interés para algún miembro del Congreso.
Se ganaron algunos votos negociando cartas complementarias con México,
que afectaban el comercio de bienes específicos, otros se consiguieron
prometiendo establecer un Banco de Desarrollo Norteamericano y otros proyectos
que aportaran beneficios a grupos específicos de votantes de los
legisladores, y otros votos más fueron canjeados por promesas tan
diversas como las de financiar aeronaves militares e intentos de extraditar
un criminal acusado de México. Algunas de estas negociaciones fueron
incorporadas en la legislación que sanciona el TLCAN, mientras que
otras fueron tratadas en diferentes instrumentos.
Conclusión
Hay dos interrogantes que revisten interés para los Países
Miembros del SELA. En primer lugar, ¿obtendrá el Presidente
Clinton la reautorización? Es demasiado temprano para dar una respuesta
definitiva a este punto, el cual depende de las decisiones que tomen numerosos
grupos diferentes y legisladores. Los esfuerzos de la administración
en 1993, 1994 y 1995 fracasaron, pero ahora parece estar dispuesto a hacer
un intento más serio. Están demasiadas cosas en juego: si
el Congreso no le otorga al presidente la renovación antes de la
cumbre del próximo año en Santiago de Chile, éste pudiera
ser el último de estos esfuerzos hasta que el nuevo presidente tome
posesión del cargo en el 2001.
La segunda pregunta es ¿cuál sería el precio de
esa reautorización? En conjunto, los tres tipos de negociación
descritos sugieren que la extensión de la vía rápida
formaría parte de una ley orgánica de comercio. Además
de la vía rápida, un nuevo proyecto legislativo pudiera brindar
la oportunidad de sancionar asuntos como la propuesta de "paridad con
el TLCAN" para los países de la Cuenca del Caribe, una renovación
a largo plazo del Sistema Generalizado de Preferencias y la iniciativa comercial
de la administración para Africa, así como otros temas de
interés para miembros específicos del Congreso (ver Antenas
Nos. 37 y 36). Debemos seguir con suma atención este debate que está
por comenzar.
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