Bonos versus bonos Maxim Ross Sigo, como el país, sin poderme ocupar de lo importante, de aquella pregunta que dejamos pendiente: ¿Por qué somos pobres, con todo y 18 mil millones de dólares en reservas internacionales?, pero como el debate sobre los bonos obliga hay que escudriñar en él. La materia, caldeada por la opinión de algunos políticos metidos a economistas y de otros economistas metidos a políticos, configura esa clásica forma del debate venezolano en el que, a cuenta de valor presente, del VPN, de la tasa líbor o cualquier otra, entre la opinión de casas de inversión competidoras, periodistas desinformados o interesados, de lado y lado, el venezolano común o el que no sabe de eso, está completamente confuso, no entiende y busca, con afán, acercarse a una definición de lo que fue mejor para Venezuela y para él. Desde luego, mientras más se enreda el asunto mejor para los litigantes. Al final, como siempre sucede, nadie sabrá qué pasó, los objetivos políticos serán cumplidos y negociados, y los defensores de parte y parte quedarán satisfechos o frustrados, según quien salga airoso en la matriz de opinión. Ese será el ganador. Los demás serviremos para buenos o males fines. Corriendo ese riesgo, me meto en el ruedo. Lo del valor presente El dinero de hoy no es igual al de mañana. Eso lo sabe todo el mundo y se vive día a día. Guarde usted en un banco algo, al 14% y úselo para comprar mañana, por ejemplo, comida y verá la diferencia. Si la inflación la eleva en 30%, entre sus ahorros y el valor de la comida se produjo una diferencia. La inflación y el tiempo hacen su juego para distinguir el dinero de hoy y el de mañana. El valor presente no es más que el método que hace equivalente dinero de tiempos distintos, pues se sabe muy bien que, por ejemplo, un dinero inflacionario de mañana muy poco sirve hoy. Es como si nos prometieran pagar con dinero de hoy gastos de mañana. De eso trata el método, que es sólo un método, de igualar flujos de caja intertemporales. El asunto se complica con las decisiones humanas que están detrás del tal método pues, por ejemplo, hay que decidir qué tasa de interés sirve para el descuento, si es, por ejemplo, el líbor más un 'spread', ¿de cuánto?, si se utiliza una tasa que revele rendimientos futuros u otra. Por otra parte, qué costos y beneficios tiene una operación de esas características, entre los cuales algunos pueden cuantificarse, pero otros no. Por ejemplo, ¿qué valoración darle al hecho de mejorar el riesgo país, ir sin garantías a los mercados, argumentos del ministro de Hacienda contra los de aquellos que valoran más haber cambiado un papel que se cancelaba automáticamente, en el 2020, con otro que habría que cancelar en el 2027 o algo así? ¿Quién puede tener la razón ahora sobre asuntos de tan después? Habría que actualizar la opinión de los venezolanos del 20 y el 27, descontarla y ver qué opinan hoy de lo que hicieron sus antecesores. Como estamos ya acostumbrados a la idea de que seguimos corriendo la arruga, quizá por allí esté la explicación, pero como se entenderá, en el método del valor presente entran valoraciones personales o institucionales y las diferencias que ustedes ven, si perdimos o ganamos, dependen de lo que se incluya. Centrado el debate en los numeritos, lo importante es lo que no se ha dicho, lo que la opinión pública espera se le diga en una pedagógica presentación que convenza. Usar la pizarra Reconociendo el criterio de confidencialidad, válido a pesar de que algunos vivos se hayan enterado a tiempo, todavía quedaba y queda un margen para que el ministro de Hacienda, responsable inequívoco de la operación, cumpla con el más elemental deber ciudadano, con las atribuciones que le confiere su cargo y proceda a explicar, 'tiza en mano' qué fue lo que intentó hacer, porque lo hizo, qué le salió mal y qué le salió bien. A quién le informó. Acostumbrados como estamos a esos misterios, lo bueno hubiera sido ver al ministro parado frente a la colectividad, explicando, debatiendo, enseñando y convenciendo, a tiempo. Convertir lo confidencial en el misterio que se presta a la sospecha, no tanto a la de las comisiones características de una operación como esa, sino descuidarla en uno que otro cuadro, cuando, después del silencio se alardea de sus grandes beneficios, no fue la mejor estrategia. Para que después con otros numeritos se las pongan al revés. Tiempo hay todavía para colocar las cosas en su lugar, si se dice, con claridad, cuál era el objetivo perseguido. ¿Ahorro, recompra, refinanciamiento o qué? Toda esa discusión de que si Argentina lo hizo, pero mejor, o México o Brasil, es irrelevante si se omiten sus objetivos. Cada uno, en su momento, con problemas diferentes, persiguió objetivos distintos. Que yo interprete, a pesar de que se use paralelamente como argumento, el objetivo no era ni recompra ni refinanciamiento ni siquiera alivio fiscal a corto plazo, aunque este último es el verdadero. De allí el inicio de las confusiones. Al poner en primer plano lo del ahorro en el tiempo y el saldo de endeudamiento se colocó la discusión donde no debe ser. Cuando, siendo consecuencias de lo perseguido, se jerarquizaron como objetivos, el debate se centró en la violación o no de los requisitos legales, los que, la verdad, dan para todos los gustos, según los números que comprueben la pérdida o la ganancia para la República. Centrado el asunto allí, la cuestión es de pura metodología. Si la suya es mejor, más o menos refinada que la mía, la razón se inclinará de un lado a otro. Probablemente uno de los economistas, pizarra en mano, con unas cuantas fórmulas complicadas impresionará a la audiencia y la convencerá, pero lo cierto es que la opinión pública no entenderá. Alguien podría preguntarse si vale la pena, si el tema, tan especializado, no debería discutirse en un salón cerrado, entre financistas, bancos de inversión, etc. No lo creo así. Con lo sensible del tema de la deuda, con aquello de que estamos acostumbrados a su manejo misterioso, con las ya olvidadas frases del 'mejor refinanciamiento del mundo' o 'los bancos me engañaron', ¿no creen ustedes que es tiempo de un tratamiento más maduro y civilizado del tema? Veamos algo más, el fondo. La verdad según... El punto de partida. Si se examinan las distintas posiciones que se han esgrimido sobre el canje de bonos lo principal es que, cada quien hace sus cálculos según su perspectiva. Por ejemplo, una vez determinado que la principal razón para realizar esta operación fue liberar los colaterales de los Brady, con lo cual Hacienda reducía su deuda con el BCV, éste recoge unos papeles mejores, a cambio de estirar la deuda unos 7 años. Lo que parece claro es que los argumentos de Hacienda estuvieron disparando hacia otro blanco: demostrarle al país que la ganancia era neta en servicio. Al colocar la discusión en ese frente, quizá por dejarse llevar por unos cuadros, además del misterio de la confidencialidad y de la necesidad o no de ir en regla con la Ley, originó, por supuesto, el quebranto parlamentario. A menos que, conocida la operación por unos y no por todos, las liebres saltaron frente a los lobos. Comenzando por allí, como dije, sin apelar a la pizarra, poniendo todas las cartas sobre la mesa, Hacienda provocó la esperada reacción. En adelante, números van, números vienen que polarizan la discusión. Que no se quiso tocar al BCV, es posible, a cuenta de socio en la operación. Que Hacienda no tiene caja para pagarle sus obligaciones de este año, es verdad. Pero, vista ella en un contexto más amplio resulta mejor que la mexicana, la argentina y la brasileña, con el dato, interesante, pero no explotado, de que ya esos canjes eran asunto normal en los mercados. Después de haber visto distintos métodos de cálculo, a favor y en contra, todo parece indicar que depende del valor que cada quien le pone a sus componentes. Si, como he visto, no se imputan ganancias a la liberación de la fianza de los Brady el ahorro neto es diferente. Si, por el contrario, se exagera la magnitud de ese ahorro imputándole beneficios que no tiene y no se toma en cuenta, o no se dice expresamente que el servicio de la deuda se extendió en 7 años, se invita a una discordia en los terrenos menos relevantes. Ahora que la discusión obligó a los economistas a refinar sus cálculos, a acordar algunos supuestos de entrada, a los políticos a descubrir sus manejos e intereses, de lado y lado, quizá podamos darnos cuenta que la operación fue muy similar a la que hace todo el mundo. Igual que en años anteriores, cuando se refinanció la deuda por primera y segunda vez. Recuerdo bien a los criticados de la época, demostrando con lujo de detalles cómo 'su' esfuerzo le había significado tanto bien al país. Al final lo que todo esto demuestra es que, cuando los economistas se meten a políticos y éstos a economistas terminamos en una exponencial confusión que se suma a la presente. Por lo pronto veremos el tema olvidado, en realidad es una operación financiera normal que, por mal manejada produce las típicas 'ronchas' de la política. El Universal digital, 17 de octubre de 1997 José Ovidio Salgueiro(*) En una oportunidad me vi en la necesidad de aportar en juicio una prueba que debía obtener en Internet. Este caso se resolvió sin llegar a juicio, pero me quedó la inquietud acerca de la existencia de Internet en el Derecho venezolano. Esta surgió de nuevo cuando en los últimos días visité un tribunal que curiosamente carecía de las máquinas de escribir dignas de un museo que adornan la mayoría de ellos. Sí, aunque parezca mentira, este tribunal tenía una red de computación en la que, es cierto, se trabajaba con Word Star, pero no deja de ser un avance para lo que es la forma usual de trabajar de los tribunales de nuestro país. Al entrar al despacho del juez, noté que detrás de su escritorio (sobre el cual reposaba un ejemplar de Ultimas Noticias y un radio en el cual sonaba una guaracha) había una computadora con Windows 95 instalado. Hasta aquí, todo parece bien. Es lógico que el juez use el mejor equipo disponible. La parte triste de la historia es que el juez en cuestión escribía una sentencia a mano. El lector que nunca visitó un tribunal en Venezuela se sorprenderá con esta narración, pero no es mi intención exponer aquí el problema de la justicia y los tribunales en Venezuela, sino el valor que ese juez que seguramente no sabe cómo se enciende una computadora dará a un documento obtenido de Internet. No cabe duda que la existencia de Internet es un hecho notorio. Los hechos notorios son aquellos que no requieren ser probados. ¿Qué habría pasado si cuando tuve la necesidad de presentar en juicio pruebas obtenidas de Internet me topaba con el juez de la historia anterior? Qué pasa si debo intentar ante este juez una demanda por la publicación en Internet de un montaje de una foto comprometedora o de algún artículo en el cual se difama a alguien. O algo más complicado, qué pasa si debo hacer uso en juicio del contenido de alguna página publicada en Internet por una organización seria como las Naciones Unidas, o la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos, o de una universidad... ¿Qué hacer? Llevar estas pruebas a juicio es sumamente fácil. El Tribunal designa el experto que revisa las páginas que se le indican, imprime su contenido y las presenta en el expediente con un informe dejando constancia de la fecha y el equipo en que se hizo la investigación. Si la información está en inglés u otro idioma deberá ser traducida al castellano por un intérprete público. Pero nuevamente, ésta es la parte más sencilla del problema. Lo importante es determinar lo que puede interpretar un juez del contenido de unas páginas inertes, provenientes de una fuente que él desconoce y que carece del más importante requisito, un sello de algún organismo público o un timbre fiscal. ¿Cómo hacerle entender a un juez que existe una red mundial llamada Internet y que dicha red no es para expertos sino que está al alcance del ciudadano común como usted y como yo? Es importante que el lector y el juez estén claros en que no todo lo que se publica en Internet es verdad sólo por el hecho de aparecer allí. Internet carece de censores por lo que cualquiera puede publicar una página en la que puede desde expresar sus especulaciones acerca de la veracidad de la teoría atómica hasta publicar las fotos de su matrimonio. La información obtenida de Internet tiene la misma credibilidad que tiene su autor o quien la publica. Igual sucede con un libro o un artículo publicado en un periódico o revista. ¿Seguiría usted las recetas médicas de un libro escrito por algún político? La interrogante sobre la valoración de la prueba obtenida de Internet es de difícil, sino de imposible respuesta. No hay duda que Internet no requiere de una ley que admita su existencia, pero para que un juez evalúe una prueba de allí obtenida debe al menos conocer Internet y tener una noción mínima de su funcionamiento. Lamentablemente, hasta donde mi experiencia me lo indica, ésta es la excepción en los jueces venezolanos, y de ese mínimo de jueces que conocen y entienden Internet, alguno debe ser el valiente y osado que admita y valore por primera vez una prueba de esta naturaleza. La ley y la jurisprudencia venezolana no han tocado estos tópicos. En lo personal, no me atrevería a intentar un juicio basado en una prueba obtenida en Internet y no conozco ningún caso en que se haya siquiera intentado. Como conclusión, al igual que en el caso del correo electrónico, las pruebas obtenidas de Internet no pueden aspirar más allá del carácter de presunciones, es decir, no podrá hacer plena prueba en juicio. La valoración de las mismas por parte del juez estará limitada a que otras pruebas corroboren lo que en ellas se expone. El Universal digital, 16 de octubre de 1997 (*)Josalgueiroa@etheron.net/José OvidioSalgueiro A. es abogado especialistaen derechos intelectuales.