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Economía, programa y candidato

Alexander Guerrero E.(*)

La campaña electoral comienza y si ello implica que habrá densa y extensa discusión de los problemas nacionales no tendremos nada en contra; por el contrario bienvenida.

El debate y las urgencias

En lo económico, materia que debe ser dominante del debate electoral, existen aspectos que acotaremos de urgencias económico-institucionales, y sin cuya (re)solución no habrá economía sana ni crecimiento sostenido en los próximos años. Sobre los temas que abarcan la economía, sus instituciones y estructuras debe girar el debate económico en la campaña electoral, y ello es importante cuando se quieren establecer nexos estrechos entre candidato, partido y programa. El debate económico debe conducir al programa de gobierno, el cual como un manifiesto de cambios y reformas institucionales debe discutir sin prejuicios los aspectos económico-institucionales que afectan y condicionan la actividad económica, en una ecomomía sin mayores problemas de pagos externos.

Lo institucional

En primer lugar, se debe des-ideologizar la discusión de la materia económica, para lo cual debemos soslayar el algunas veces estéril debate macroeconómico, el cual independiente de su elevado sex appeal, poco ayuda para deslindar los aspectos estructurales e institucionales que impiden y restringen el funcionamiento de los mecanismos que rigen una economía _social_ de mercado. De allí se desprenderán las premisas para una propuesta de gobierno en materia económica.

La costumbre de no hacerlo bien

Venezuela es un país petrolero, y quizás es por ello, que inclusive y hasta con mediocre conducción de la política económica, puede mostrar índices macroeconómicos, de relativa estabilidad, envidiables en economías con mayor apremio material; aunque esconden una realidad socioeconómica deprimente y explosiva. Sobre esto, la inflación como una especie de summum representativo de todo ello, nos presenta un patético compendio de innumerables errores en la conducción de la economía.

Menos retórica

Como punto de partida, es fundamental que el liderazgo político reconozca _sin retórica_ el predominio de las reglas del mercado en el proceso de creación y distribución de riqueza, independiente de que políticas públicas promuevan esquemas compensatorios congregados en programas sociales, los cuales en cualquier caso, son mecanismos administrativos que no deben colidir con las reglas transparentes del mercado.

Aceptado este principio, lo inmediato es acoger una reestructuración y creación de las instituciones que rigen la vida económica en una economía como la venezolana con cultura incipiente para competir con eficiencia, y acostumbrada a la deficiente protección del Estado tanto en la prestación de servicios públicos, como en la producción de bienes y servicios de naturaleza privada.

El objetivo

Así, es necesario comprender el objetivo de abatir la inflación y que paralelo a su causal monetaria, existe un trasfondo institucional que impide un acuerdo institucional entre Hacienda y el BCV y sin el cual no se podrá abatir la inflación. Por ello, se deben desdeñar presunciones de quienes afirman en algunos círculos que por ser un país petrolero estaríamos condenados a inflaciones entre 10 y 20%. Afirmaciones como estas condicionan, en el inconsciente, una debilidad institucional para abatir la inflación.

Veamos por qué hay que abatir la inflación, de inmediato. Para redistribuir el crecimiento económico de acuerdo al ritmo de productividad de cada quien, es fundamental que la tasa de inflación en términos absolutos se sitúe por debajo de la tasa de crecimiento económico. Si la inflación en 1998 se sitúa en 20%, para que tengamos un crecimiento económico que no cree pobreza y no tengamos la paradoja de crecer con caída del salario real, el crecimiento económico debe ser mayor que ese número (20%), algo difícil de lograr. El crecimiento con inflación reproduce empobrecimiento y perversa distribución del ingreso. De allí que es necesario abatir la inflación para lograr el objetivo de distribuir el ingreso en función del trabajo de cada quien, con progreso económico para todos. Los puntos cardinales de las políticas y las reformas estructurales están condicionados porque la tasa de crecimiento económico debe ser mayor en términos absolutos que las tasas de crecimiento poblacional y de inflación. Reforma monetaria

En este sentido, se deben establecer prioridades en lo estructural e institucional, y el acuerdo mencionado entre Hacienda y el BCV pasaría por una reforma monetaria que elimine los elevados costos de la política monetaria de endeudamiento del BCV; es decir, eliminación de la costosa prerrogativa de emitir pasivos no monetarios, TEM. Ello permitiría atar el bolívar al dólar como mecanismo de transitoriedad cambiaria para abatir la inflación. En el mediano plazo, un régimen cambiario más flexible, impondría un proceso de fortalecimiento del bolívar cónsono con la naturaleza petrolera de la economía nacional.

La reforma monetaria saneará el balance y el patrimonio del BCV, induciendo de inmediato un cambio de perfil de la deuda pública, reestructurando la costosa deuda de corto plazo y extendiendo en el futuro la madurez de los títulos a emitir. Esto reviste mayor significación, ya que la reforma social y pensional impone un reconocimiento de la deuda _

social_ implícita en la reforma del 8% del PIB adicional a los costos por pasivos laborales de otros 8% del PIB.

Finanzas públicas y privadas

La reestructuración de las finanzas públicas requiere de la creación del mercado de largo plazo _hoy inexistente_ de la deuda pública, lo cual requiere indexar el volumen de la deuda pública dedicada a financiar la deuda pensional y pasivos laborales, que permita cancelar la deuda contraída por Fogade y el fisco con el BCV y que actualmente es subsidiada con costos al patrimonio del BCV. Ambas reformas constituirían el piso institucional donde establecer las orientaciones de corto plazo de la política económica; es decir, las macroeconómicas.

En el campo de las finanzas privadas es necesario una mayor integración del sistema bancario con el mercado de capitales, lo cual exige una reforma de la Ley de Bancos para crear las microestructuras financieras requeridas para que la banca pueda accesar el mercado de capitales colocando títulos de deuda de largo plazo, los cuales crearían un amortiguador financiero _inexistente en Venezuela_ para equilibrar los flujos de capitales privados. La reforma de la Ley de Bancos complementaría las finanzas pensionales que se crearían con los fondos de pensión. Las experiencias internacionales en este sentido son importantes. Ello daría profundidad, liquidez y haría menos especulativo el mercado de capitales al mismo tiempo que redimensionaría el sistema bancario en cuanto a la madurez de sus colocaciones y obligaciones. Un mecanismo similar con resultados positivos fue establecido en Japón después de la guerra para asegurar fondos de largo plazo para proyectos de inversión. Los armadores japoneses se financiaron de esta forma.

Estas reformas tienen que ver con el reordenamiento de las finanzas públicas y privadas, así como de los entes encargados de regular los flujos de fondos en una economía; Hacienda y el BCV, así como los entes reguladores Comisión de Valores y SuperBanca.

Si no se emprenden esos cambios institucionales es imposible condicionar el sistema de pagos y transacciones en una economía con un sector público con elevado endeudamiento y un sector privado altamente integrado al mercado internacional de capitales. Las reformas traerían estabilidad cambiaria de largo plazo, base de acuerdo entre Hacienda y el BCV para abatir la inflación y atemperar un crecimiento económico sostenible y no creador de pobreza. Con ello ni el fisco se financiaría con devaluación, ni el BCV expendería el dinero base más allá de lo requerido por la economía.

Estas constituyen algunas de las urgencias estructurales y sin cuyo saneamiento no habría economía sana en los próximos años. Quedan muchas otras reformas y políticas públicas, las cuales iremos discutiendo en su oportunidad.


El Universal digital, 3 de octubre de 1997

(*)e-mail: Alex102@telcel.net.ve



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