América Latina: Una visión
panorámica de logros y avances.
Edmundo González Urrutia* Deseo agradecer al instituto de
altos Estudios Latinoamericanos de la universidad Simón Bolívar
por la invitación que gentilmente se me ha formulado para dirigirme
ante esta audiencia, a fin de sostener un intercambio de ideas relativas
a los logros y avances experimentados por América Latina en sus relaciones
internacionales. Especialmente, quiero agradecer al profesor Khaldone con
quien compartí algunos años de formación universitaria
en aquellos tiempos en que su experiencia y madurez servían de ejemplo
a muchos jóvenes que acudíamos a las aulas de la Universidad
Central de Venezuela.
Se me ha pedido desarrollar el tema de los progresos registrados en América
Latina en el año 1997, lo cual me obliga a remontarme a algunos años
anteriores a fin de contar con un marco de referencia apropiado que nos
permita dar una visión general de los avances y desafíos de
la región.
Comparto la visión de que en los últimos años, la región
ha experimentado cambios sustanciales tanto en el plano económico
como en el ámbito político y social. Sostengo que América
Latina ha tenido avances de crecimiento económico, cuando la tasa
promedio de hoy alcanza el 45% muy similar a la registrada en algunos países
asiáticos. En materia de control de la inflación, en la década
pasada la región tenía una tasa de 300%, mientras que en esta
década la inflación promedio del continente alcanza el 35%,
un caso que ilustra esta descripción es la economía boliviana.
Bien conocido por todos es la circunstancia cuando la situación en
ese país superaba los tres dígitos y la moneda virtualmente
no tenía casi ningún valor. Contrastada la realidad de hoy
cuando por varios ininterrumpidos ha logrado controlar en forma efectiva
el fenómeno de la hiperinflación luego de aplicación
de un riguroso programa de estabilización macroeconómico.
En materia política los progresos no han sido menos significativos.
Atrás han quedado los años en donde la presencia de dictaduras
y gobiernos de facto, estaban a la orden del día. Hoy todos los países
de la región, con una sola excepción, disfruta de gobiernos
democráticos libremente electos. Nuestra región se consolida
como un continente en donde la práctica democrática constituye
un elemento común y un valor en torno al cual nuestras sociedades
se aglutinan. De esta manera, tal como lo han reflejado diversos analistas
la defensa de la democracia pasó a ser una preocupación interna
para convertirse en una prioridad para los países del hemisferio.
Por otra parte, los procesos de descentralización político-administrativos
constituyen hoy una práctica en la mayoría de los países
de la región. Dichas propuestas se orientan hacia la modernización
del estado tanto en su estructura como en su funcionamiento, bajo criterio
más eficiente, que apuntan al refortalecimiento de la democracia
y a la creación de las condiciones necesarias para superar los problemas
de gobernabilidad que se ciernen sobre nuestras sociedades. Se trata de
cambios políticos e institucionales de gran alcance que han generado
nuevas instituciones, han proporcionado nuevos liderazgos y nuevas formas
de relacionamiento social donde la ciudadanía adquiere un mayor protagonismo
en la búsqueda a los problemas que le conciernen.
Un ejemplo de esta nueva realidad lo constituye, por citar alguno, los procesos
de reforma del estado en materia electoral que se adelantan en varios países
de América Latina que han permitido la elección directa de
autoridades regionales y municipales. En este mismo proceso de descentralización
los niveles regionales y municipales vienen adquiriendo cada vez mayores
responsabilidades que antes no tenían. Al propio tiempo, estos procesos
de descentralización y reforma del estado han generado un amplio
abanico de oportunidades para la participación de la sociedad civil
en la gestión pública, en los servicios que directamente le
conciernen como los servicios públicos fomentando al propio tiempo
una nueva conciencia hacia el administrador quien se siente más comprometido
a realizar una gestión pública más eficiente.
En este mismo orden de ideas surge hoy en América Latina una fuerte
corriente de pensamiento que ha impulsado la puesta en práctica de
programas orientados a la reforma del sistema judicial, conscientes de la
importancia que reviste una justicia fuerte e independiente en donde la
transparencia, competencia, accesibilidad e integridad son principios fundamentales
para la consolidación efectiva del estado de derecho y nuestras sociedad.
Persuadidos de la necesidad de adelantar reformas orientadas al fortalecimiento
del sistema judicial, América Latina se ha embarcado en esta empresa
y muchos de nuestros países avanzan hacia la puesta en práctica
de medidas que rescaten la confianza y la credibilidad del sistema. Ello
ha sido asumido por nuestras naciones tanto a nivel hemisférico como
en otros mecanismos donde la región participa activamente.
Señoras y Señores:
Nunca como en la hora actual, la región latinoamericana se ha mostrado
al mundo con un perfil tan sólido en lo que respecta a la consolidación
de espacios políticos dentro de la estructura internacional cada
vez más dominada por las fuerzas de la globalización, convirtiéndonos
en actores fundamentales de un escenario mundial con tendencias raras a
la multipolaridad. Este nuevo crecimiento exógeno que apunta hacia
una profundización del diálogo y a la cooperación con
vistas a una mayor integración.
Ciertamente, este proceso se ha fortalecido gracias a la vigencia de la
democracia cada vez más consolidada en la región, la cual
entendemos como un modo de vida coadyuva al logro de objetivos e intereses
comunes. Estamos convencidos que la democracia se constituye en el vehículo
idóneo para la configuración de un orden internacional basado
en la justicia social y al respeto de los derechos humanos y a las libertades
fundamentales.
Muestra de este apego y compromiso de la región con la democracia
y la libertad se expresa en los pronunciamientos formulados en el marco
de los mecanismos de consulta y concertación política y organizaciones
regionales., como el Grupo de Río y la Organización de Estados
Americanos (OEA). Así pues, en la XI Cumbre de Jefes de Estado y
de Gobierno del Grupo de Río, celebrada en Asunción, Paraguay,
en agosto de este año, se adoptó una declaración que
prevé un mecanismo de salvaguarda conocido comúnmente como
cláusula democrática que establece la convocatoria de una
reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los países
miembros en caso de producirse, en cualquiera de ellos, hechos que alteren
el estado de derecho o impliquen una ruptura del orden democrático.
Esta Declaración reafirma el alcance del Protocolo de Washington
de 1992, el cual entró en vigor el pasado 25 de septiembre, una vez
depositado por parte de Venezuela instrumento de ratificación. Este
instrumento permitirá sancionar a un estado miembro de la Organización,
en casos en que su Gobierno democráticamente constituido, sea derrocado
por la fuerza.
A la par de estos avances no podemos dejar de mencionar la importancia de
las deliberaciones que tuvieron lugar en el contexto de la VII Cumbre Iberoamericana
de Jefes de Estado y de Gobierno efectuada en Margarita en noviembre pasado,
bajo el tema de los "Valores Eticos de la Democracia". En este
sentido, la Declaración de Margarita ratificó la voluntad
de la comunidad iberoamericana de "continuar en el camino de fortalecer
y perfeccionar nuestros sistemas democráticos de progresar cada vez
más en el respecto y protección a los derechos humanos de
garantizar el respecto al Estado de derecho de lograr un óptimo equilibrio
entre equidad y eficiencia en nuestros sistemas económicos con el
objeto de la búsqueda de la justicia social y velar por la libertad
de expresión como elementos fundamentales de nuestros sistemas democráticos
y de incentivar a nuestros pueblos para su participación activa en
la consecución de tales propósitos".
Siendo la ética un valor intrínseco al efectivo funcionamiento
de la democracia, deseamos subrayar que la región, a iniciativa de
Venezuela, se ha dirigido como líder en lucha contra la corrupción
al suscribirse en Caracas, en marzo de 1996, la convención Interamericana
contra la Corrupción el primer instrumento a nivel hemisférico
y mundial de esta naturaleza.
La corrupción se presenta como una de las principales amenazas para
las sociedades democráticas. Es al propio tiempo un obstáculo
para el desarrollo económico y social que exige se combata de manera
integral con el esfuerzo mancomunado y solidario de todos los países.
Por ser éste un fenómeno global abrigamos la esperanza de
que un día este esfuerzo se vea igualmente materializado en una Convención
mundial bajo el influjo de la Organización de las Naciones Unidas,
en la cual se refleje la preocupación de todos los países
por este problema y la necesidad de concertar estrategias que permitan combatir
este delito.
Ya en este sentido, se han aprobado importantes resoluciones en el marco
de este foro multilateral que buscan combatir el soborno internacional en
las prácticas comerciales. De igual manera, muy recientemente la
Organización para la Cooperación y desarrollo Económica
(OCDE), que agrupa a las naciones económicamente más desarrolladas
adoptó una resolución mediante la cual se sanciona el soborno
dentro de las prácticas comerciales.
En el ámbito latinoamericano, varios países han creado organismos
gubernamentales de vigilancia, preservación y fomento de la ética
pública. Así por ejemplo, Argentina promulgó la Ley
de Control y Administración Financiera, Colombia aprobó en
1995 un Estatuto Anti Corrupción y constituyó una consejería
Presidencial para la Administración Pública con el mandato
de diseñar un programa destinado a sanear la gestión gubernamental
basado en la transparencia administrativa. Varios países latinoamericanos
cuentan con Códigos de Ética Profesional del Servidor Público,
entre ellos Brasil y Perú. Vale igualmente destacar las acciones
desplegadas por numerosas Organizaciones. No Gubernamentales, las cuales
están cumpliendo un importante papel como entes de la sociedad civil
encargados de la vigilancia de la gestión pública y privada.
Conscientes de la importancia de reafirmar la ética en el ejercicio
de la política se ha iniciado una importante reflexión en
el seno de la organización de Estados Americanos, sobre la urgencia
de acordar medidas pendientes a impedir que los partidos políticos
sean objeto de manipulaciones por parte de las mafias internacionales del
crimen organizado. La corrupción política vía el financiamiento
a los partidos y a sus candidatos es un tema que ha generado preocupación
en los países latinoamericanos.
A tal efecto, por decisión de la XXVII Asamblea General de la O.E.A
de junto de este año y a propuesta de Venezuela se tiene previsto
para febrero del próximo año la celebración en Caracas
de una Reunión de Representantes Gubernamentales sobre Contribuciones
en Campañas Electorales. La celebración de este encuentro
busca prevenir la corrupción política vía el financiamiento
a los partidos y sus candidatos revalorizar la actividad política.
*Director general de política del MRE |
