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Política Interna
Analítica mensual

1958-1998

 Guido Grooscors

 

Cuarenta años han transcurrido desde el 23 de enero de 1958, fecha ya incorporada por derecho propio a la historia patria, identificada con el derrocamiento de la última dictadura padecida por los venezolanos y reconocida como la del surgimiento del sistema democrático representativo que, desde entonces, ha conducido los destinos del país. No es el propósito de este breve comentario presentar un balance de lo acontecido durante estos cuatro decenios en la esfera política, aunque es necesario señalar que en el devenir histórico de Venezuela éste ha sido el período de mayor disfrute de las libertades públicas y del ejercicio de algunos de los derechos humanos pautados por nuestra Carta Fundamental, entre otros, el de elegir y ser elegido en comicios universales y directos, así como también el que consagra la libertad de pensamiento y, consiguientemente, la libertad de expresión. Señalo éstos porque posiblemente sean, desde mi punto de vista, dos de los que mejor contribuyen a caracterizar el tipo de régimen que, en el campo de la democracia representativa, ha gobernado a Venezuela con resultados beneficiosos -a lo sumo, medianamente satisfactorios, diría un crítico del sistema- para la ciudadanía puesto que las mayorías se han pronunciado regularmente a través del sufragio, para seleccionar sus mandatarios, y por su parte los medios de comunicación masiva, en términos generales, han cumplido su rol en la sociedad, sin mayores contratiempos, mereciendo el reconocimiento público y el respeto de la clase gobernante, salvo excepciones puntuales que no es del caso indicar.

En otros campos las deficiencias han sido notorias sobre todo en el terreno socioeconómico, y, por ello, en los últimos años han recrudecido las críticas contra el sistema, en particular contra los partidos políticos que son fundamento de su misma existencia. Esta situación se ha ido acentuando, al punto que para el próximo proceso electoral se estima que será una figura independiente la que sea escogida para acceder a la primera magistratura del país. De cumplirse esta predicción pudiera el actual sistema democrático estar llegando a término puesto que los partidos políticos, en la estructura actual de los mismos no estarían en capacidad de enfrentar el reto que está planteado para llevar adelante un proyecto de país distinto al presente, capaz de iniciar el nuevo milenio bajo otros enfoques y concepciones que sitúan a Venezuela en un escenario diferente tanto dentro del orden interno como del internacional. Por supuesto, debo aclarar que no es deseable tal circunstancia por cuanto afecta la existencia misma de los partidos políticos que, sin duda alguna, deben reconocerse como instrumentos idóneos e indispensables para el exitoso funcionamieno de la democracia. Los próximos meses serán indicativos de su capacidad para corregir el rumbo erróneo que el electorado potencial, a través de los sondeos de opinión, les atribuye. De acertar, será posible trazar nuevos rumbos en la conducción del país, con apego a las reformas necesarias del sistema por vías pacíficas, en cuenta un gran acuerdo de gobernabilidad o entendimiento nacional, tal como viene siendo planteado desde distintas posiciones, todas ellas respetables y dignas de encomio. De no ser así, comparto el criterio de quienes se muestran angustiados con relación al futuro patrio y avizoran tormentas terribles e indetenibles que pueden dar al traste con la experiencia política de los últimos cuarenta años que, mal que bien, ha mantenido vigente el funcionamiento de un sistema democrático caracterizado por la convivencia en libertad, el "valor supremo" cuyo disfrute en mayor o menor grado marca la diferencia entre los distintos regímenes políticos de nuestra época.

En esta última hipótesis, no debe descartarse la posibilidad de una crisis de grandes proporciones que conduzca a los venezolanos a un enfrentamiento fratricida o a privilegiar algún tipo de régimen autoritario que, entre otras consecuencias negativas, puede causar el colapso de nuestro incipiente Estado de derecho y, por supuesto, del sistema democrático en su totalidad.

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