Ramón Guillermo Aveledo
El ajuste presupuestario merece más de un comentario. Comenzando porque luego de un primer paso en falso, se lo concibió y anunció unilateral e inequitativamente por el gasto afectado y su proporción antes de su entrada en vigencia el año nuevo; ha sido otra buena oportunidad para que queden demostradas la sensatez y disposición de colaboración del Congreso, las cuales deberían ser aprovechadas por un hombre serio como el ministro Rojas Parra. Trabajar juntos es lo que se impone en los momentos difíciles, cada uno en su ámbito de competencia, sin innecesarias caídas en tentaciones de 'astucia política' de corto plazo.
La verdad hay que afrontarla, pero sincera y completa. Que la verdad no es arma arrojadiza para dar golpes, mayores o menores, a los demás. El ajuste es necesario, principalmente porque seguimos dependiendo en demasía del ingreso petrolero. Si ese no fuera el caso, otra sería la historia. Allí el error de los propagandistas al proclamar los éxitos, léase reservas y equilibrio fiscal, que se basaban más en las viejas razones provenientes del subsuelo que en las nuevas 'agendas' por ejemplo, provenientes de los despachos de vista panorámica, sea sobre el valle cararqueño o el Potomac. Ahora, y sin que le falte razón aunque sea parcial, el titular de las finanzas habla de nuevos ingresos tributarios ¿Nos acordamos de la pertinaz negativa al impuesto al valor agregado que se convirtió en buque insignia de la flota argumental oficial en aquellos dos iniciales e interminables años? Pero, y en el gasto, ¿Qué se ha hecho? Digo, de verdad.
Si, de 1996 para acá, hicimos dieta y engordamos, o la dieta no sirve, o le hicimos trampa a la dieta. Tal vez sea que, además, como suele suceder, la dieta sola no basta, hay que hacer ejercicio y cambiar los hábitos y eso ¿fue lo que hicimos? Pues que yo recuerde, no.
Otro análisis, no menos importante, es en qué gastamos y su consecuencia a la hora de ajustar. O sea ¿en dónde recortamos?
¿Cuál es el gasto para salir de abajo? Lo que llaman inversión. Tomemos la social, por ejemplo. El Ministerio de Sanidad recibe el 6,30% del presupuesto de gastos, pero de eso, invoco el testimonio autorizado del ex viceministro Rondón Morales, sólo una microscópica proporción llega al paciente, lo demás se queda en el camino de la burocracracia, el desorden y la mala gerencia.
El Ministerio de Educación exhibe un porcentaje importante 16,47, pero todavía muy por debajo de lo que hace falta para colocarnos al nivel de los países que toman en serio eso del futuro, en Norteamérica, Europa y las turbinas asiáticas. Ayer no más tuvimos algo muy parecido a un debate nacional sobre la inversión educativa, a raíz de las palabras del presidente del Consejo Nacional del área. Lo cierto es que nuestra inversión en educación viene cayendo desde 1983, y eso no es una buena noticia.
En infraestructura, el gasto no llega al diez por ciento, incluyendo personal y todo el funcionamiento. ¿Cuánto va a mantenimiento? ¿Cuánto a obras nuevas? El deplorable estado de la red vial, las edificaciones en construcción detenidas y abandonadas, las obras hidráulicas interminables y cada día más costosas, son testimonios elocuentes de este tremendo problema que afecta nuestro presente y nuestro futuro económico y social.
Finalmente, con ánimo más político que de política fiscal, el ministro de Hacienda, de quien sigo teniendo un buen concepto, exigió un ajuste en los presupuestos de los órganos que son autónomos a su gestión. Muy sonoro y efectista, sí, pero ¿cuán efectivo?
Todos esos organismos, el resto del Estado: Contraloría, Corte y Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Supremo Electoral y Congreso, representan el 3,36% del gasto, frente al 96,94% administrado por los ministerios. Hablamos del presupuesto ordinario, que es sólo parte de lo que gasta el Gobierno.
El Ministerio de la Secretaría es importantístimo, quién lo dudaría, pero ¿tanto así para gastar en él más que en la Corte, el Consejo de la Judicatura y todos los tribunales del país sumados? Pues mientras el MSP recibe el 1,27%, éstos el 1,16%.
Si Gobierno y Parlamento insistimos en nuestro compromiso con la reforma judicial y acabamos de aprobar el nuevo Código Orgánico Procesal Penal, que impone inversiones en la transformación y se ha firmado un convenio para la modernización de la justicia con el Banco Mundial, el cual exige desembolsos nacionales, ¿cómo vamos a quitarle al presupuesto del Poder Judicial y el Ministerio Público algo de su ya magro 1,46%? Se hacen observaciones al gasto en la Fiscalía, es cierto, y hay que averiguarlas bien y tomar decisiones, pero esa institución no debe ser castigada adicionalmente, pues su tarea será mucho más exigente con el nuevo proceso penal.
Si reformamos la legislación electoral para atender el reclamo de transparencia presentado por la sociedad toda y una de las claves es la automatización, ¿Cuál es la lógica de disminuir los recursos precisamente en el año de los comicios?
Independientemente de la disposición personal del contralor, cuyo esfuerzo modernizador del organismo es justamente reconocido, ¿Es razonable para Venezuela invertir el 0,29% en control? ¿Estaremos controlando de verdad? Una elemental coherencia entre intenciones y acciones, entre promesas y hechos, hay que ofrecer al país.
El ajuste, como el gasto, como la política fiscal, deben obedecer a una lógica. Ignorarlo nos ha salido carísimo. Nunca es tarde para comenzar.
El Universal Digital, 20 de febrero de 1998
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