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Se reserva el derecho de admisión

Alberto Aranguibel
diagonal@cantv.net

Marzo de 1999

aaranguibel
Alberto Aranguibel
Paradójicamente, las diversas apreciaciones sobre el significado correcto del término «democracia», antes que ir reduciéndose a una sola, consistente y de aceptación universalmente generalizada, se extiende a niveles impensables a medida que avanzan y evolucionan la sociedad y las ideas políticas. Estaba más o menos bien con aquella definición de Lincoln, en lo que él mismo, ante las tumbas de los caídos en la batalla de Gettysburg consideró que serían unas palabras que el mundo apenas advertiría y que incluso no recordaría, según la cual «la «democracia» es el gobierno del pueblo y para el pueblo», hasta que el carnefritismo intelectual invadió de lleno las ciencias sociales y cual ambientalistas de nuevo cuño (que se empeñan a más no poder en adosarle el tan redundante «sustentable» a todo lo que sea desarrollo), se regó la olla del festival de adjetivos que pretendieron precisar definiciones particulares de «democracia», llegando incluso a institucionalizarse algunas de ellas absurdas y contradictorias como «democracia social», «democracia política», «democracia económica», o «democracia liberal» y «democracia totalitaria», pasando por conceptos que van desde el derecho de la gente a autogobernarse, hasta el derecho de cada quien a gobernar a los demás a su antojo (es decir; al estilo Alfaro), los cuales han servido a lo largo de la historia para enconchar a hordas de tránsfugas del más variopinto pelaje, así como para colocar la dirección del término en el sentido conveniente y rentable a la oligarquía o al populismo, según fuese el caso.

Han servido para eso porque el rasgo fundamental de tan dialéctico ejercicio (salvedad hecha de Tocqueville, de Rousseau y de Marx, por supuesto), ha sido precisamente su enorme capacidad para confundir al prójimo y mantener en la ignorancia de sus legítimos derechos al promedio de la gente. Bajo la «umbrella» de la «democracia» han surgido los más grandes hombres y procesos de la historia, es verdad, pero también se han levantado las más abyectas y recalcitrantes clases dominantes, por ejemplo, que erigidas a punta de obligar a los pueblos a consagrar la «libertad económica» como un valor preciado, inalienable e irrenunciable, de la sociedad, le ceden como un don infinitamente supremo a las mayorías sólo lo que está reducido a una intangible «libertad de expresión» y una que otra «libertad de pensamiento» o de culto. En esto, a riesgo de aparecer aquí como reaccionario o demasiado simplista, la mayoría de los intelectuales, a través de una defensa a ultranza del libre debate de las ideas y del pluralismo ideológico (en el cual, tal como advierte Pacheco, «se colean por igual los zorros y camaleones»), comete recurrentemente el error de hacerle concesiones de atributos a los grandes poderes económicos de la sociedad, distraídos o cegados por el afán de reivindicación de un derecho (como el de libertad de expresión) que cuesta traducir, quizás más que ningún otro, en activo fundamental del colectivo, incluso como componente de bienestar intelectual y espiritual. Trate Ud. de ir al mercado y pagar con un artículo de opinión suyo y después me cuenta qué le dijo el portugués.

En la práctica, esta persistente distorsión del sentido correcto de «democracia», la expresa cabalmente el siempre inquietante letrero de los restaurantes en los que se declara públicamente que se ejerce el libre derecho a dejarlo entrar a uno para que gaste su dinero a raudales, pero ... «¡sin protestar ni alzar mucho la voz porque lo saco!». No es casual que en ningún caso esté contemplado en lugares como esos el derecho de la contraparte, sin la cual no podrían ellos existir, porque el principio mismo de esa concepción de la «democracia» como garante de la «libertad del individuo» trocada en «libertad económica» (o viceversa) determina que, en caso de reclamo... vaya Ud. y monte el suyo. Es decir; cuente con su derecho a hacer lo que quiera, pero hasta tanto no llegue Ud. al poder, no puede reservarse ningún derecho. Resulta absurdo, pero se pretende defender al pueblo negándole sus prerrogativas.

En la formulación de una idea cabal de «democracia», que exprese substancialmente la posibilidad de la sociedad a orientarse de acuerdo a sus propios intereses (sin que ello implique necesariamente que ella deba operar como conductor único y definitivo del proceso que eso comprenda), debe tenerse presente que el rechazo a uno u otro actor o sector es un aspecto directamente proporcional e intrínsecamente ligado a su derecho a impulsar esa orientación. Si bien es cierto que en la estructuración del modelo de «democracia directa» incluso una porción de sus ciudadanos (el «cuerpo electoral» como le han definido) es quien ejerce el derecho del cual se beneficia el colectivo, entonces su rechazo a un determinado sector político o dirigencial también debe ser asumido como expresión cabal y legítima de los derechos de la ciudadanía y en ningún caso vulgarizado como simple odio, venganza o retaliación (como gusta definir hoy Salas Römer a la necesidad de cambio de la gente). Es allí, precisamente en la condición de alternabilidad, donde reside el sentido más justo y preciado de la «democracia» y no en la acepción distorsionada y acomodaticia del concepto de participación que persigue incorporar de manera determinante en las decisiones y actuaciones del proceso de transformaciones que reclama nuestra sociedad, casualmente a quienes se ha relevado de esa responsabilidad por desgastados e ineficientes y, en definitiva, contrarios a los intereses del colectivo, mediante dramáticas y sensibleras invocaciones al llamado consenso nacional, que no es más que el empeño pertinaz de los politiqueros de siempre por seguir en la jugada. Por supuesto que es imprescindible la participación de todos los sectores de una nación en sus procesos de construcción y de transformación, pero ello no debe ser confundido con una supuesta obligación a incorporar necesariamente a quienes de manera por demás irresponsable y reiterada hayan arruinado al país. Sería una solución tan eficaz como poner zamuros a cuidar carne.

Vulnerar un principio tan fundamental de la «democracia» es atentar contra las posibilidades de satisfacción de la gente y agotar la credibilidad en el modelo, producto de la frustración y el desencanto a que ello conlleva, con el alto precio que involucra tan riesgoso e impredecible escenario. Hacer que el pluralismo mal entendido o a ultranza se convierta en la respuesta de las instituciones a las demandas de la sociedad es vaciar a la «democracia» de sentido y oponerse, por lo demás, al curso natural de la historia. Como decíamos hace poco en medio de estas lides; así fue siempre, y así podría perfectamente ser ahora, sin que ello representase un atraso o un signo de intolerancia. Por el contrario, es ésta la oportunidad de demostrarle al mundo un claro signo de sano equilibrio y madurez política, así como capacidad de un pueblo para la alternabilidad democrática. ¿No fue así en el ’46, cuando AD integró de manera casi total la Asamblea Constituyente?, y ¿no fue así como se asumió desde siempre que Caldera era el autor de la actual Constitución en forma casi absoluta? No se recuerda a la gente con esa quejadera rasgándose las vestiduras del Derecho Constitucional. Sencillamente se estaban reservando el Derecho de Admisión.


Alberto Aranguibel B., especialista en imagen corporativa y política, es reconocido como creador de un modelo de planificación estratégica de imagen y campañas políticas sin precedentes en el ámbito latinoamericano. En Venezuela ha asesorado y dirigido desde hace más de quince años campañas para importantes partidos y dirigentes políticos a nivel nacional y regional. Actualmente dicta conferencias en esta materia y es colaborador de opinión en Venezuela Analítica, diarios El Nacional , Últimas Noticias y la revista Calidad Empresarial. Preside las empresas Optimisa C.A., centro profesional para la optimización de imagen y gestión pública, y Promociones Diagonal C.A. de servicios publicitarios integrales.



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