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Compromiso para una Venezuela digna

Índice

Cinco Grandes Desafíos: cinco Grandes Revoluciones más allá de las palabras.

1. La Revolución Social: un compromiso de todos para combatir la pobreza y la inseguridad.
   1. Educación para ciudadanía y la producción
   2. Formar un ciudadano sano y eficientemente protegido
   3. Trabajar por una vivienda y un hábitat digno para todos.
   4. Luchar por la equidad y la dignidad de todos los venezolanos.
   5. Acordarnos por una política de seguridad y previsión social solidaria y eficiente.
   6. Seguridad de personas y bienes y Seguridad de Estado
2. La Revolución Económica: confianza, estabilidad, crecimiento económico y empleo.
   1. Estabilidad, prosperidad y empleo.
   2. La difícil coyuntura económica actual: punto de partida de grandes cambios
      1. Lineamientos de política macroeconómica.
      2. La reactivación económica y las políticas sectoriales
      3. Política industrial y comercio exterior
      4. Industria petrolera y política energética.
      5. El papel del sector construcción
      6. Energía eléctrica.
      7. Telecomunicaciones.
      8. Minería
3. La Revolución Descentralizadora para el Desarrollo sustentable.
   1. Ambiente
   2. Control de calidad ambiental urbana
   3. Ordenación del territorio
   4. Conservación de recursos naturales renovables.
   5. Agua
   6. Política de apoyo al sector agrícola.
   7. Desarrollo del potencial turístico
   8. Infraestructura y servicios públicos
4. La Revolución de la Imagen de Venezuela: Promoviendo al País
5. La Revolución modernizadora: un gobierno eficiente para el desarrollo de una sociedad productiva.

Me siento responsable, porque lo que nos planteamos originalmente fue liberar las fuerzas que le permitieran a Venezuela la construcción de un futuro mejor, y no la concentración de poder en un individuo con ínfulas mesiánicas; era luchar contra la corrupción y el tráfico de influencias y no encubrir la de nuestros amigos; lograr una economía próspera para todos y no hundirla en una profunda depresión; generar fuentes de empleo y no destruirlas; ganarnos la confianza en nuestra economía atrayendo inversionistas y no ahuyentarlos.

En definitiva, nuestro compromiso era enrumbar al país hacia la modernidad y no sumirlo en el atraso, la frustración y la desesperanza. Se trataba de resolver los problemas, que hoy se han agravado, y no crear más desconfianza, conflictos permanentes e incertidumbre.

Nos propusimos transformar la condición rentista de la economía, la práctica clientelar y poco participativa de las instituciones públicas y la asfixia centralizadora del Estado, en una Nueva República encaminada hacia la prosperidad, con mejoras reales en productividad y salarios, un empresariado innovador, creativo e involucrado en lo social, un ciudadano participativo y una sociedad civil organizada para la intervención y el control de la gestión pública.

Desde los años 80 veníamos observando a un país que perdía la confianza en sus instituciones públicas y en sus representantes políticos y se debilitaba socialmente. Lo lamentable es que esto se ha agravado en los últimos meses.

Ahora, en el año 2000, después de estos meses de gestión del Presidente Chávez, nos empobrecemos a una velocidad vertiginosa, a pesar de que el Gobierno ha recibido una gigantesca cantidad de dinero por el aumento de los precios del petróleo. El presidente y su gobierno han mostrado una absoluta incapacidad para resolver los problemas sociales y económicos de Venezuela. Darle más tiempo es prolongar la agonía nacional actual y profundizar una crisis de inmensas e impredecibles consecuencias para nuestro futuro. La economía venezolana no enfrenta una simple recesión. Se adentra cada vez más en el oscuro túnel de una depresión, caracterizada por la parálisis general del aparato productivo y masivo desempleo.

Creo en la gente y en la necesidad de gobernar para la gente. Por eso tengo el sincero propósito de lograr los consensos que comprometan y unan a todos los venezolanos en torno a una agenda pública que tenga como objetivos luchar intensamente contra la pobreza y las desigualdades, construir una economía moderna que genere riquezas para el bienestar para las mayorías y que profundice la democracia, en una sociedad sin excluidos. Esos son nuestros desafíos, vengo a enfrentarlos junto con ustedes.

Alcanzar metas de excelencia en educación, salud, seguridad, y justicia son pilares irremplazables de la transformación que los venezolanos reclaman hace tanto tiempo. La creación de empleos, la capacitación educativa, el desarrollo de nuestras ventajas comparativas para participar exitosamente en la economía globalizada, la garantía de acceso a la salud pública, la igualdad de derechos ante una justicia idónea, el total respeto a las libertades políticas y ciudadanas, la reactivación y profundización de la descentralización, la reconstrucción de las instituciones públicas para hacer al Estado eficiente y creíble, son todos objetivos ineludibles que darán respuesta a lo que la gente aspira.

Convoco al país, sin odiosas separaciones, no a una revolución de nombres, vocinglera, pintoresca y amenazante, sino a 5 grandes revoluciones centradas en la conciliación y el trabajo de todos los venezolanos y de todos los que escogieron a nuestra patria como su hogar. Cinco desafíos para acabar con el desempleo; imposibilitar la exclusión social; lograr que la educación de los niños y el servicios de la salud de los venezolanos sean de calidad; erradicar la corrupción y restablecer la confianza en la democracia y en las instituciones pública de nuestra nación.

Vengo a comprometerlos para que luchemos por:

1. Una Revolución Social, en donde todos trabajemos arduamente para superar la pobreza y la inseguridad.
2. Una Revolución Económica, en donde nos planteemos responsable y éticamente, la producción, la distribución de riqueza, en lugar de la distribución de promesas, y la creación de un clima de confianza en las potencialidades económicas de nuestra sociedad, para nacionales y extranjeros.
3. Una revolución política, descentralizando realmente al Estado venezolano y garantizando el desarrollo de todos y cada uno de los Estados y Municipios que conforman nuestra patria.
4. Una Revolución de la imagen de Venezuela, al hacer de nuestro país un espacio seguro y sólido para la inversión, sin conflictos y atractivo para los ciudadanos visitantes de otros países y
5. Una Revolución Modernizadora del Estado y la sociedad venezolana, para que tengamos el Gobierno eficiente que necesita una sociedad productiva.

Vengo a convocarlos para que el 28 de mayo Venezuela dé el verdadero salto hacia el siglo XXI.

La situación de pobreza en que se encuentran la gran mayoría de los venezolanos impide la creación de riqueza y compromete nuestra estabilidad política y social. Por ello, la erradicación de la pobreza es una tarea esencial para edificar un país próspero, con armonía social y verdadera democracia.

En el mundo de hoy, caracterizado por una fuerte competencia basada, crecientemente, en el conocimiento y una rápida capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, sólo la educación y el aprendizaje continuo de ciudadanos sanos garantizarán las condiciones para aprovechar las oportunidades de creación de bienestar, mejorar su distribución y así, superar las paupérrimas condiciones de vida de la muchos de nosotros.

Los resultados de la política económica de mi gobierno estará estrechamente vinculada a los objetivos sociales. Por ello, serán acompañados, en un adecuado balance, de programas sociales que asistan a los sectores más desposeídos de la población, que fortalezcan la familia y que estimulen la corresponsabilidad de la sociedad venezolana en la búsqueda del bienestar colectivo.

Aplicaremos un conjunto de políticas orientadas a lograr la integración y la participación de la sociedad en un proyecto centrado en mejorar el nivel y calidad de vida de la gente. En mi gobierno se producirán más y mejores servicios, en una acción coordinada entre el gobierno central, gobernaciones, alcaldías, comunidades organizadas e iniciativa privada. Me comprometo a hacer un gobierno amplio, ajeno a intereses grupales y personalistas. Con este propósito convocaré las voluntades del país dentro de una concepción basada en las siguientes premisas:

• La necesidad de establecer una alianza entre el sector público, la sociedad civil y el sector privado, con el fin de ejecutar y financiar políticas públicas para el desarrollo social, tomando en cuenta los diferentes niveles de gobierno.
• Un requisito esencial será el fortalecimiento de la capacidad reguladora del sector público en los servicios, tanto del gobierno central como de los entes descentralizados y de aquellas actividades transferidas al sector privado y a organizaciones de la sociedad civil, para hacer del Estado un promotor de eficiencia y de equidad.
• El objeto es estimular y consolidar una cultura de corresponsabilidad social, con el apoyo del sector empresarial y de todos aquellos sectores organizados de la sociedad civil con vocación de servicio en el área social. Estado, organizaciones sociales y empresas, constituirán el tejido fundamental para el éxito de una alianza reconstructora del país.
• La ejecución de las políticas públicas en áreas como educación, cultura y deportes, salud, vivienda y programas sociales, será transferida a los gobiernos regionales y locales, para fortalecer la relación del ciudadano con el Estado, mejora la calidad, cobertura y pertinencia de los servicios, quedando en manos del Gobierno Central el rol rector de esas políticas, la regulación de su prestación y el seguimiento de sus resultados, en términos de su impacto en el logro de objetivos sociales.
• Esto demandará una mayor solidez institucional Gobernaciones y Alcaldías, que estoy dispuesto a promover, para que respondan eficientemente a las necesidades de las comunidades, contribuyendo así al afianzamiento de la descentralización.
• Para mejorar la prestación de los servicios públicos se promoverán modelos innovadores de gestión de los mismos, con la participación activa de las comunidades.

Para avanzar en el camino de la sociedad productiva y justa que nos merecemos, propongo:

a) Educar para la ciudadanía y la producción.

La educación es la base principal que sustenta el programa de cambios que aspiramos implantar en nuestra sociedad. Es el mejor camino para hacer de Venezuela una sociedad más justa, equitativa, armónica y respetuosa de la diversidad cultural e individual y del ambiente y es el medio idóneo para formar un ciudadano productivo, innovador, emprendedor, competitivo y consciente de su papel en la creación y sostenimiento de una sociedad verdaderamente democrática.

La verdadera revolución que planteo es hacer de la educación la gran tarea nacional. Por ello, será una medida urgente e impostergable de mi gobierno, enfrentar y revertir el deterioro de nuestro sistema educativo.

Descentralizar su administración hasta el nivel municipal; darle autonomía a los directores de escuelas y de establecimientos de nivel medio; ampliar la cantidad de horas que los niños y jóvenes asisten a clases; dotar al país de una infraestructura educativa adecuada; modernizar los planes de estudio, capacitar permanentemente al docente y revalorizar su esfuerzo; diseñar nuevos sistemas de financiamiento de la educación; innovar en os sistemas de gestión educativa bajo criterios de excelencia; promover una educación de calidad como un valor fundamental que involucra al individuo y su familia, preparar a los ciudadanos en consonancia con el desarrollo productivo que requiere el país, son metas que les vengo a proponer.

Desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes se estimulará la movilización de la sociedad para producir un cambio cualitativo en la educación superando el concepto del Estado Docente por el de la sociedad del conocimiento. La transformación del sistema escolar la enfilaremos cada vez más hacia los siguientes objetivos:

i) Una educación verdaderamente participativa:

1. Aceptando los aportes de la sociedad para enriquecer el Proyecto Educativo Nacional evitando su ideologización.
2. Reconociendo la competencia de la sociedad en la gestión y evaluación de los procesos educativos.
3. Fomentando las asociaciones civiles y estimulando el diseño y ejecución de proyectos orientados a vincular la escuela, la comunidad, el deporte y la cultura en un mismo espacio.

ii) Con calidad, pertinencia y preparada para los cambios tecnológicos

1. Expandiendo la implantación de las escuelas de turno completo y mejorando la gerencia actual.
2. Estableciendo un mecanismo permanente de evaluación y actualización de los programas de estudio, con el apoyo de la sociedad y sin indebidos sesgos ideológico-partidistas.
3. Formando para el dominio de nuevas tecnologías de información y comunicación y para la sociedad informatizada
4. Promoviendo la reforma drástica de la educación media, a fin de que verdaderamente capacite para el trabajo.
5. Promover Escuelas técnicas y artesanales y cogestionarlas con asociaciones de empresarios a los fines de conciliar la producción de mano de obra calificada y empleable en el corto plazo, con los requerimientos de los sectores productivos.

iii) Más eficiente

1. Simplificando y desentrabando el complejo modelo burocrático que se implantó en el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
2. Instaurando la práctica de la evaluación institucional y laboral en todos los establecimientos educativos, de cualquier nivel del sistema.
3. Reformulando y reiniciando los proyectos del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes con la banca multilateral, hoy en trance de extinguirse como fuentes de recursos financieros.
4. Impulsando una política de dotación y rehabilitación de la infraestructura escolar a través de los Programas de Dotación de Materiales Educativos No Impresos, de dotación de mobiliario, de mantenimiento Preventivo de Planteles y el Programa de Rehabilitación de los Planteles de Educación Básica y media diversificada
5. Impulsando modelos innovadores de gestión en el sector con orientación fundamental al servicio de calidad.

iv) Con mayor equidad

1. Ampliando el acceso a la educación e incrementando la prosecución escolar, para alcanzar la meta constitucional de la educación obligatoria hasta el nivel medio.
2. Cambiando el patrón regresivo de distribución de la inversión educativa del Estado, incrementando los aportes para la educación inicial, básica, media, y para la atención a los excluidos del sistema escolar.
3. Estableciendo sistema de becas y sistema de vouchers para cualquier institución pública, como mecanismos de subsidios y de estímulo a la competencia por la excelencia en el sector.
4. Concertando una seria reforma de la educación superior, para que, en ejercicio de una autonomía responsable, mejore sustancialmente su rendimiento.

1. El ámbito de la cultura trabajaremos por:
   1. La consolidación del proceso de Descentralización y Municipalización Cultural y mejoramiento de la coordinación entre los entes dedicados a la Cultura.
   2. La promoción de los valores culturales nacionales regionales y universales.
   3. El estímulo a la participación efectiva de la Sociedad Civil en la producción y disfrute de los hechos y servicios culturales.
   4. El apoyo a la producción cinematográfica
   5. La preservación del Patrimonio estético y urbanístico del Estado
   6. La construcción, recuperación y desarrollo de la infraestructura cultural

1. Deporte para Todos: que incluye la promoción de programas de deporte recreativo, ambiental, estudiantil y sectorial, como es el caso de deportes para discapacitados
2. Deporte de Rendimiento: para seleccionar y preparar los talentos deportivos del país desde las escuelas y centros educativos.
3. Programa de Atención Integral al Atleta: para cubrir los requerimientos básicos del atleta que le garanticen un alto nivel de desempeño: salud y nutrición, educación, atención psicológica, instalaciones e implementos adecuados y personal de atención preparados.
4. Capacitación y adiestramiento: para la formación y especialización de recursos humanos que cubran las necesidades del sector.
5. Rescate y puesta a punto de Infraestructura Deportiva del país.

b) Formar un ciudadano sano y eficientemente protegido.

El Progreso de Venezuela sólo será posible con ciudadanos que tengan garantizado el acceso a una atención integral en salud. El modelo de prestación de este servicio requiere de una reforma que mejore la calidad de sus resultados. Diagnósticos realizados por especialistas en el campo de la salud señalan que para ello se hace imprescindible corregir los siguientes aspectos:

• El modelo centralista de gestión que concentra el Ministerio de Sanidad y Desarrollo Social todas las atribuciones y responsabilidades en materia de salud; desde su financiamiento hasta la prestación y operación directa de servicios, minimizando su papel como órgano rector de la salud.
• El colapso de los servicios de salud por carencias presupuestarias, de insumos y de infraestructura.
• Dispersión de recursos por ausencia de prioridades racionalmente establecidas.
• La cobertura limitada en atención médica en diferentes Estados con predominio de pobreza, ruralidad y necesidades básicas insatisfechas.
• La duplicación y superposición de la prestación de servicios por distintos organismos.
• La organización deficiente de los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento: laboratorios, radiodiagnóstico, anatomía patológica, anestesiología, banco de sangre.
• Deficiencias en la infraestructura de servicios e inadecuada jerarquización respecto a los servicios de Atención Ambulatoria y Primaria, lo que colapsa la capacidad hospitalaria.

Los lineamientos generales de las políticas en esta área serán los siguientes:

1. Énfasis en las acciones orientadas a prevenir enfermedades y promover la salud de todos y cada uno de los venezolanos, fortaleciendo los programas en las áreas de saneamiento ambiental, prevención y educación para la salud, colocando el acento en:

• Aumentar significativamente la cobertura de los programas básicos como suministro de agua potable, disposición adecuada de excretas y recolección de basuras.
• Multiplicar los programas que dirigidos a educar a la población para que eviten los riesgos que dañan su salud y para que utilicen más eficiente de los servicios que se le ofrecen, multiplicando su difusión a través de los medios de comunicación social, en forma de campañas educativas permanentes.
• Fortalecer los programas de protección de la salud, mediante la ampliación permanente de la cobertura de todos los elementos de lucha propios de este campo, como las vacunaciones de niños en general y de adultos en condiciones especiales de riesgo.

1. En cuanto al diagnóstico y tratamiento oportuno de enfermedades y para limitar el daño que ellas provoquen, nos planteamos:

• Proveer la asistencia fortaleciendo el modelo de niveles de atención por complejidad creciente, enfatizando en el desarrollo de la atención ambulatoria con el fin de descongestionar los hospitales y permitirles dar una asistencia oportuna y de calidad a aquellos casos que así lo ameriten.
• Cambiar el ineficiente modelo de gestión tradicional basado en el Estado como productor de servicios y la población como recipiente pasiva de los mismos, por otro que tenga las siguientes características:
  • Activa participación de la sociedad civil organizada en la administración de sus centros asistenciales. Esta es la esencia de la salud descentralizada.
  • Competencia entre los distintos proveedores de atención médica, tanto públicos como privados.
  • Separación de los componentes prestación directa del servicio, financiamiento y control de calidad.
  • Estimular la medicina familiar.

c) Trabajar por una Vivienda y un hábitat digno para todos.

El derecho a la vivienda digna es una de las principales deudas sociales del país. Mi gobierno establecerá como una prioridad ejecutar una eficaz política de construcción de viviendas acorde con las necesidades de los venezolanos.

Una política de vivienda de alto impacto dirigida hacia los sectores populares y sectores medios, debe considerar múltiples vías y modalidades, e implicar en su desarrollo no sólo a los Gobiernos en sus tres niveles, sino a promotores privados, organizaciones comunitarias de vivienda, que es un potencial que está presente en todo el país, y a los mismos individuos que aspiran a una vivienda digna, a través de modalidades de auto-producción.

En los barrios populares están los albañiles, plomeros, maestros de obra y obreros que se requieren para construir una cantidad significativa de viviendas en un lapso prudencial. Sólo hace falta quien organice y ponga en acción esos recursos, estimulando la autogestión, con orientaciones técnicas y con apoyos financieros que pueden provenir de varias fuentes.

Desarrollaremos, con la participación de todos estos actores, una estrategia nacional de construcción de viviendas, que diversificará la atención habitacional por estratos poblacionales y agentes que participan en el sector. El concurso del sector privado y de la comunidad organizada será indispensable para el éxito de esta estrategia.

En este sentido, la estrategia estará centrada en los siguientes componentes:

1. La combinación de recursos del Estado, y recursos del mercado para adelantar una agresiva política habitacional que se oriente en primer lugar a cubrir el crecimiento vegetativo de la población (90.000 viviendas por año), deteniendo el incremento del déficit habitacional.
2. Conjugar las acciones del Estado, los privados y los mismos ciudadanos aspirantes a una vivienda adecuada, organizando de manera coordinada los esfuerzos de cada uno de ellos dentro de la estrategia.
3. iii) En ella, el Estado orientará sus esfuerzos hacia los niveles de bajos ingresos, con capacidad de pago y las comunidades sin capacidad de pago, estimulando en éstas últimas la autoproducción asistida, y el sector privado hacia sectores con mejores posibilidades para financiarse esta necesidad, dentro de una política de construcción de viviendas sociales.
4. Privilegiar la autogestión y la organización comunitaria.
5. Definir reglas de juego claras, transparentes y estables para el sector.
6. Reestructurar la institucionalidad del sector a nivel central y delimitar claramente las competencias entre los tres niveles ejecutivos de gobierno, acentuando el proceso de descentralización.
7. Establecer el subsidio directo a la vivienda y no a las tasas de interés, garantizando la intervención del Estado, bien de manera directa, o apoyando a la comunidad organizada, en el caso de los sectores de menores recursos.
8. Priorizar la producción de tierras con servicios en volúmenes suficientes, para lo cual se coordinarán las acciones de los distintos organismos involucrados y
9. Aprovechar las mejores prácticas, reconocidas mundialmente, del sector.
10. En lo legal, a partir del catastro requerido, realizar un ambicioso programa de regularización de tenencia de la tierra y poner en práctica las leyes existentes, reglamentando la actual Ley de Viviendas.
11. En lo técnico y urbanístico:

1. Desarrollar una política de desarrollo urbano que permita el rescate de zonas subutilizadas de las ciudades y la aprobación de áreas para vivienda social, dentro de los (2) Planes Reguladores Urbanos.
2. Rehabilitar los barrios estables incorporándolos a las redes urbanas.
3. Facilitar los procesos de permisería.

1. Incorporar recursos financieros del mercado para la producción de vivienda social, incluyendo los de la seguridad social, mediante los adecuados estímulos.
2. Promover la creación de un ente financiero, con fondos mixtos, especializado en viviendas para los sectores de menores recursos, con una legislación adecuada. Este ente se convertiría en el motor para familias con potencial hipotecario, dejándole a los de más bajos ingresos los fondos públicos y otros fondos asistenciales, formando un mercado de viviendas definido según su capacidad financiera
3. Aplicar esquemas novedosos de financiamiento: cuotas ajustadas al ingreso, arrendamiento con opción a compra y leasing habitacional o sistema de compra -venta anticipada con cancelación pautada a mediano plazo de la inicial de la vivienda.
4. Aprovechar la actual disposición de los entes multilaterales en participar en diversos programas de vivienda, habilitación de tierras y rehabilitación de barrios.
5. Estimular, mediante desgravámenes fiscales, nacionales o locales, la producción de viviendas de menor costo.

Debo señalar, por último, que la ampliación de las fuentes de financiamiento impondrá de inmediato un efecto expansivo en la industria de la construcción, con el consecuencial impacto beneficioso en la economía y el empleo que caracteriza la construcción de viviendas.

d) Luchar por la equidad para la dignidad de todos los ciudadanos venezolanos.

Atacar agresivamente los índices de desnutrición infantil, morbi-mortalidad infantil y materna y deserción y exclusión escolar; y compensar a los sectores menos favorecidos con programas sociales dirigidos específicamente a los ciudadanos que viven en condiciones de pobreza extrema son una obligación social.

Para ello es importante reactivar, revisar, descentralizar y fortalecer los programas de atención nutricional, los programas de protección a la madre y al niño, los programas de capacitación de mujeres y jóvenes, los dirigidos a las comunidades indígenas y las personas con discapacidad, y los programas de abaratamiento de alimentos de primera necesidad, que hoy han sido prácticamente desmantelados y sustituidos por una intervención desordenada y de bajo impacto social por el Plan Bolívar 2000 y del Fondo Único Social.

Para activar y mejorar nuestros programas sociales, se requiere involucrar a los que más saben y mejor experiencia tienen en llevar servicios a la gente de menores recursos, apoyar a las comunidades organizadas, iglesia y otras instituciones sin fines de lucro, alcaldías y gobernaciones para que unan a todos los que puedan contribuir y organicen a los beneficiarios que puedan participar en la aplicación de respuestas eficaces. Las prioridades en esta área serán:

1. Atención a infantes desnutridos, desde el prenatal hasta la escolarización. Se requiere reactivar el Programa de Alimentación Materno Infantil, el de Alimentos Estratégicos y promover la innovación de gobiernos locales y regionales para adaptarlos o crear nuevos, de acuerdo a sus condiciones sociales y geográficas.
2. Atención a niños excluidos del sistema escolar formal. Se requiere de servicios sociales que hagan seguimiento desde la escuela a los niños que no ingresan y los que tempranamente desertan del sistema escolar, para asegurarles nuevas oportunidades y para propiciar su protección contra prácticas de explotación y contra los inicios en la drogadicción y la delincuencia.
3. Facilidades para el cuidado de menores a madres jefes de hogar, a través del Programa de Hogares de Cuidado Diario.
4. Programas preventivos contra el consumo de drogas y contra el embarazo precoz.
5. Programas de Desarrollo Integral para Comunidades Indígenas, que propicien su permanencia en sus territorios y su aprovechamiento sustentable, al tiempo que se facilitan los mecanismos para promover su crecimiento como ciudadanos, disponibilidad de servicios y adaptación de los mismos a su cultura e idiosincrasia.
6. Programas de protección social al adulto mayor, mejorando su atención a través de centros especializados, gerenciados en forma descentralizada y participativa, así como programas educativos para realzar la importancia fundamental de nuestros mayores.
7. Programas de inserción social y productiva de discapacitados mediante programas educativos para sensibilizar a la sociedad sobre su carácter ciudadano y la plenitud de derechos.
8. Programas contra la violencia doméstica, de prevención contra el SIDA y atención de niños con SIDA y niños con cardiopatías congénitas.

e) Acordarnos para una política de Seguridad y Previsión social solidaridad y eficiente

Debemos ponernos de acuerdo para desarrollar una auténtica política de seguridad social, sin demagogia y sin generar expectativas imposibles de cumplir. No podemos esperar que las políticas de seguridad social vengan a resolver los graves problemas de pobreza de millones de compatriotas, porque la única manera a partir de la cual se puede atacar efectivamente la pobreza es con la generación de empleos productivos y bien remunerados, y no pretendiendo distribuir entre millones los pocos recursos que se logran reunir por medio de la seguridad social contributiva.

A medida que crezca el empleo aumentará el número de personas afiliadas a la seguridad social contributiva, y en esa misma medida, el Estado podrá liberar mayores recursos para atender a los ciudadanos requeridos de su apoyo, a través de las instituciones de asistencia social financiada con recursos fiscales.

Resulta fundamental un sistema de seguridad social más eficaz que el que nos brindó el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

La seguridad social integral (salud, pensiones, vivienda, paro forzoso, riesgos laborales, recreación), requiere de un Estado moderno y eficiente, que delegue parcialmente, pero bajo su fiscalización y control, algunos de esos servicios a la competencia de la empresa privada. De esa manera, las opciones mixtas de gestión pública y privada, actuando bajo rígidos criterios de honestidad y eficiencia, son la mejor alternativa en esta crucial materia.

Por ello proponemos:

1. Un sistema de seguridad social, de carácter contributivo y en cuentas individuales en donde cada trabajador podrá elegir donde ahorra el dinero de su jubilación y escoger cual institución de salud le va a brindar atención médica.
2. La creación de un fondo contra el desempleo, tanto para compensar económicamente al que pierde su empleo hasta que consigue otro, como para pagar parte del adiestramiento necesario que facilite el acceso a ese nuevo empleo.
3. En el caso de las personas que no puedan participar del sistema contributivo recibirán servicios de salud del Estado, hasta que puedan irse incorporando, para lo cual el Estado facilitará mecanismos de acceso a los trabajadores informales.

f) Seguridad de personas, bienes y seguridad nacional.

Elevar la capacidad institucional del Gobierno Nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos, castigando severamente los actos criminales, evitando la impunidad, minimizando las oportunidades para el acto delictivo, educando para la seguridad personal y creando una nueva cultura en el tratamiento de la seguridad ciudadana, que se base en la cooperación y coordinación interinstitucional entre los cuerpos policiales y la incorporación de la comunidad organizada en su prevención y vigilancia, es uno de mis principales propósitos.

Para lograrlo mi propuesta se basa en tres elementos:

1. La prevención del delito, por medio de programas, planes y políticas sociales, deportivas, económicas y culturales orientados al acercamiento a la comunidad y a la garantía de condiciones dignas de vida.
2. La vigilancia policial previsiva regular y
3. El mantenimiento de la normal convivencia, tranquilidad y seguridad colectiva, por medio de presencia policial previsiva y preventiva.

Mi compromiso es atacar duramente la delincuencia y castigar el delito, acabando con la cultura de la complicidad, la impunidad y de irrespeto para la vida y la propiedad que se ha instalado en nuestro país.

Adelantaremos como líneas prioritarias en la política de seguridad:

1. Estimular la profundización de la reforma del sistema judicial y apoyar la implantación del Código Orgánico Procesal Penal a los fines de garantizar una justicia rápida, imparcial y efectiva que garantice la penalización del delito.
2. Adecuar el marco jurídico del sistema de seguridad ciudadana: Ley de Policía Nacional; Ley del Cuerpo de Investigaciones Científicas, penales y Criminalísticas; Ley del Cuerpo de Bomberos y ley de Organización de protección Civil; Ley Contra el Robo y Hurto de Vehículos.
3. Promover mecanismos de cooperación y coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad del Estado y entre los diferentes niveles ejecutivos, y delegar responsabilidades al nivel estadal y municipal clarificando las competencias entre los tres niveles ejecutivos.
4. Desarrollar una agresiva política de respuestas a las situaciones de emergencia, con sistemas automatizados y equipamiento adecuado de cuerpos de seguridad descentralizados.
5. Ampliar, agilizar, sectorizar y modernizar el sistema de vigilancia policial, basándolo en los principios de la previsión, prevención y evitación del hecho delictivo en las zonas urbanas, a través del incremento del patrullaje policial y la profundización de la política de dotación, capacitación del recurso humano y modernización del parque automotor de los cuerpos de seguridad del Estado
6. Estimular la implantación de Centros de Despacho de Emergencias telefónicos en los Estados y fortalecer los ya existentes, para que incrementen su capacidad de respuesta a las necesidades que, en situaciones de emergencias, se le puedan presentar al ciudadano, constituyendo una red de atención de emergencias que cubra todo el territorio nacional.
7. Unificar y computarizar los sistemas de información, para facilitar los intercambios y unificar códigos y criterios.
8. Minimizar substancialmente el tiempo de respuesta de los organismos de seguridad, fortaleciendo la coordinación de los organismos de seguridad nacionales, estadales y municipales, desde centros de control, haciendo que el ciudadano se sienta más seguro y mejor atendido, frente a situaciones imprevistas.
9. Desarrollar sistemas de inteligencia, con la incorporación de expertos nacionales e internacionales en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.
10. Garantizar la seguridad en zonas rurales y fronterizas.
11. Apoyar y coordinar con los cuerpos de seguridad estadales y municipales los operativos destinados a disminuir el robo y hurto de vehículos a través de asistencia especializada.
12. Garantizar la educación ciudadana en función de una transformación cultural orientada a la autoprotección ciudadana y la seguridad desde el hogar.
13. Estimular y garantizar la participación ciudadana en los procesos de prevención, prevención y evitación del delito.
14. Estimular programas de Educación y Seguridad Vial y la creación de Centros pilotos experimentales en los municipios para impartir educación vial a los jóvenes.
15. Mejorar y depurar los cuerpos de seguridad del Estado.
16. Estimular la creación y consolidación de centros carcelarios, humanizados y autorregulados y desconcentrar su ocupación y administración.

En lo que respecta a las políticas de seguridad de Estado, propongo revisar y redefinir las competencias de la Policía Política; revisar y redefinir el sistema de identificación y control de extranjeros y rediseñar Defensa Civil, en cuanto a sus competencias y estructura.

a) Estabilidad, prosperidad y empleo

La economía venezolana requiere de sanas políticas económicas y grandes cambios para aprovechar su potencial de crecimiento económico. No se pueden generar empleos ni mejorar los ingresos de los trabajadores sin una economía prospera con alta inversión privada, apoyada por políticas económicas que garanticen balance en las cuentas fiscales, estabilidad del tipo de cambio, y bajas tasas de interés y de inflación.

Además de lograr la estabilidad en los indicadores macroeconómicos, y promover la inversión y nuevos empleos en el corto plazo, debemos consolidar una estrategia económica de largo plazo, que nos indique el rumbo que va a seguir Venezuela para convertirse en una nación desarrollada, y que ofrezca oportunidades de bienestar para todos sus ciudadanos, sin excluidos ni marginados.

En esta estrategia de largo plazo Venezuela hará un uso intenso de sus vastos recursos de hidrocarburos y minerales, y requerirá de planes de atracción de capitales nacionales y extranjeros para desarrollar patrones de especialización industrial, agrarios, mineros, y de servicios técnicos, y también para la modernización de la infraestructura pública de comunicaciones y de telecomunicaciones.

Debemos garantizar también que un creciente número de venezolanos tenga acceso a los nuevos medios como Internet, y de otros servicios que la tecnología informática coloca a disposición del hombre del siglo XXI. .

Debemos alcanzar una tasa de crecimiento económico sostenido de al menos 8 % interanual durante las próximas dos décadas, y una tasa de inversión de por lo menos 25% del Producto Interno Bruto. Con un objetivo de inflación reducida a un dígito en el mediano plazo, este desempeño económico generará más de 500.000 nuevos empleos por año, y un crecimiento real sostenido en los salarios de los trabajadores.

Nos proponemos reducir en pocos años el tamaño del sector informal de la economía venezolana - el cual actualmente emplea más del 50% de la fuerza laboral — y lograr grandes mejoras en productividad y remuneración de los trabajadores.

Estos ambiciosos objetivos económicos que nos convertirán en la economía de más rápido crecimiento económico de América Latina, serán posibles de alcanzar mediante una reorganización profunda de nuestro sistema educativo y de adiestramiento, capacitación y formación del trabajador. También necesitamos un sistema de salud pública satisfactorio, y la efectiva promoción de la inversión pública y privada en una moderna infraestructura de comunicaciones y en investigación y desarrollo tecnológico.

Debemos asumir también la tarea de fortalecimiento de la estructura "intangible" de los modernos mercados, la cual exige la adopción de estándares de aceptación global de rendición de cuentas claras y transparentes, tanto en el sector público como en las empresas privadas.

Esto es indispensable para el clima de inversiones y para el desarrollo de una actividad financiera y de mercados de capitales fuerte, fundamentales para el rápido crecimiento económico de Venezuela, para aprovechar nuestra excelente posición geográfica en América Latina, y poder convertirnos en pocos años en un gran centro de servicios para la región.

Vamos a invertir masivamente en la formación de nuestros recursos humanos, pues este es el recurso más valioso de la moderna Economía del Conocimiento, y porque el hombre es a su vez el objeto mismo del desarrollo socioeconómico.

Para ello es fundamental transformar las condiciones sociales de vastos números de venezolanos marginados, y crear los estímulos a la participación en los grandes proyectos económicos del país. Es por estas razones que el verdadero desarrollo económico moderno no puede basarse solamente en objetivos económicos, pues sin desarrollo social es imposible contar con los recursos humanos educados y saludables necesarios para los desafíos de la competencia entre naciones y entre empresas a escala global.

Venezuela debe participar activamente en los procesos de integración económica latinoamericanos y mundiales, y debe realizar los cambios y las acciones que sean necesarios para que nuestros empresarios y trabajadores estén en la mejor capacidad de competir en la cada vez más compleja economía mundializada del siglo XXI.

Les propongo una política gubernamental - tanto macroeconómica como sectorial — que tendrá como único objetivo, transformar la economía venezolana para generar confianza de parte de los inversionistas, trabajadores y consumidores, en las bases sólidas de prosperidad que juntos construiremos.

Lo fundamental en el corto plazo, es crear un clima caracterizado por la estabilidad política, jurídica y macroeconómica, el cual nos permita a todos trabajar por un mejor futuro para Venezuela, y tener bases firmes para realizar grandes planes económicos y sociales.

Muchos venezolanos emprendedores, algunos muy jóvenes y otros de gran calificación y experiencia, han comenzado a emigrar a otros países, afectados por el pesimismo que embarga al país, sumido en la desesperanza del conflicto político estéril, de políticas económicas erráticas, de la inseguridad ciudadana, y de la incertidumbre generalizada.

Esta situación lamentable se puede revertir con gran rapidez, y podemos decir desde ahora, que las oportunidades que se abrirán con los cambios que propongo requerirán de todos estos venezolanos que buscan una vida productiva con paz y seguridad personal. Esperamos contar con ellos muy pronto, cuando el país comience a transitar por el camino de las transformaciones necesarias.

Un sistema jurídico estable, de responsabilidad y credibilidad en el manejo de la política gubernamental dará las señales necesarias de aceptación de las normas de una economía moderna, proporcionando un clima de confianza en el país. Ello significa una administración de justicia accesible a todos, oportuna, y eficaz en la resolución de conflictos; un régimen jurídico basado realmente en el Estado de Derecho, la independencia de los poderes públicos, la defensa de la propiedad privada y de los derechos humanos de todos los ciudadanos.

El rol de Estado es fundamental como promotor de las condiciones sociales y económicas necesarias para que la actividad privada sea el motor principal del desarrollo económico, garantizando a través de sus instituciones y sus políticas, la igualdad de oportunidades y la participación activa de las grandes mayorías empobrecidas y marginadas a una economía informal, la cual no ha disfrutado ni de seguridad social, ni ha tenido acceso a servicios de salud y educación pública de calidad.

El Estado, al estimular el desarrollo de un empresariado fuerte, emprendedor y preparado para la competencia internacional, contribuye a crear las condiciones para que se creen fuentes de trabajo y se reduzca la pobreza. También debe el Estado articular políticas de apoyo y estímulo a las pequeñas y medianas industrias y empresas, las cuales son importantes fuentes de empleo y de oportunidades para nuevos empresarios.

Realizaremos un plan nacional de desregulación y simplificación de trámites y normativas, especialmente en aquellos organismos que generan mayores costos para las empresas, y se iniciará de inmediato una reforma de los mismos con miras a disminuir estos costos innecesarios que restan competitividad a las empresas y productos venezolanos.

Por su parte los empresarios serán motivados a actuar guiados por una nueva ética empresarial que sustente y exprese su disposición a cumplir una importante misión social, a contribuir al desarrollo nacional, a competir a escala nacional e internacional, y a promover la mejora continua de sus procesos productivos a los fines de evitar el impacto contaminante sobre las comunidades y el medio ambiente.

b) La difícil coyuntura económica actual: punto de partida de grandes cambios

Venezuela vive actualmente una terrible situación económica, y a pesar de los altos precios del petróleo y de los importantes ingresos extraordinarios recibidos por el Gobierno del Presidente Hugo Chávez, no hay sino signos de profundización de la depresión económica, y de un desempleo que continua aumentando por encima de los 2 millones de trabajadores.

La estabilidad en las cuentas externas, medidas por un alto nivel de reservas internacionales, y de las cuentas fiscales, sólo se fundamenta en los ingresos petroleros extraordinarios. Se trata de una situación de parálisis, con el nivel de desempleo más alto de la historia moderna del país, y aún así vulnerable a un empeoramiento si los precios del petróleo continúan descendiendo. Se trata de una situación sumamente precaria, pues un país no puede depender en su totalidad de los volátiles precios del petróleo.

La ligera disminución de las presiones inflacionarias en 1999 a 20% anual — aunque fue la segunda de América Latina después de Ecuador —fue posible debido a una recesión económica sin precedentes, profundizada por la incapacidad del gobierno de responder con una política económica adecuada.

La estabilidad del tipo de cambio, deriva de un nivel de reservas construida sobre el excepcional nivel de precios petroleros, y el impacto de la recesión sobre las importaciones. Estos no son logros económicos, sino características de una frágil coyuntura, en la cual no hay confianza en el futuro, y por tanto no hay bases firmes para una reactivación económica.

El gran desafío en Venezuela es sentar las bases de una sólida estabilidad económica, sustentada en política fiscal y monetaria coherente, la cual debe lograr gozar de credibilidad en sus anuncios, en la voluntad política del gobierno de cumplir con los objetivos económicos, y en la calidad y responsabilidad del equipo económico.

Con claridad sobre las dificultades actuales, nos proponemos adelantar un programa económico con políticas fiscales, monetaria y cambiaria que se desarrollen en armonía con los lineamientos de la estrategia de crecimiento de mediano y largo plazo establecidos.

Para reactivar el aparato productivo venezolano requerimos restablecer los equilibrios macroeconómicos, y no hay forma de evitar este requisito básico. Esto significa reducir la inflación, bajar las tasas de interés, tener un tipo de cambio estable y predecible, salarios con creciente poder adquisitivo, y cuentas fiscales en equilibrio. Pero sabemos que todo esto no es suficiente para restablecer la prosperidad en Venezuela. Aspiramos a consolidar un ambiente económico propicio a la inversión privada y al crecimiento económico sostenido dentro de una estrategia de largo plazo.

Las medidas que desarrollaremos como incentivos microeconómicos para alcanzar altos niveles de inversión privada, crecimiento económico y nuevos empleos se pueden resumir en:

1. Apertura de nuevos espacios económicos e incentivos impositivos para la inversión privada.
2. Estímulos al ahorro por parte de los venezolanos, incluyendo la puesta en marcha de un sistema de fondos de pensiones.
3. Política comercial dirigida a la integración con otras economías latinoamericanas y del mundo, y fuerte promoción de la competencia en los mercados internos, combatiendo conductas oligopólicas en el mercado venezolano y la concentración de poder que conduce a la especulación.
4. Simplificación de procedimientos de registro y control gubernamental, y reducción de costos para instalar nuevas empresas y operar en Venezuela.
5. Reorganización y modernización del Instituto Nacional de Capacitación Educativa, como un sistema de adiestramiento de mano de obra calificada para la industria, la agricultura y los servicios, y multiplicación de Escuelas Técnicas Industriales, con una orientación en este mismo sentido.
6. Prioridades claras en la recuperación y ampliación de la infraestructura pública, y en particular para los sectores agrícola y turístico del país, y uso apropiado de las concesiones de obras y servicios públicos para ser administrados por empresas privadas.
7. Política tecnológica, de asistencia técnica, financiera, y de información sobre mercados de exportación y distribución interna a las pequeñas y medianas empresas industriales y agrícolas.
8. Creación o actualización de marcos regulatorios que estimulen el desarrollo del sector petroquímico, gas, minero, eléctrico, agua, y de telecomunicaciones, con activa participación de capital privado nacional y extranjero.
9. Consolidar el proceso de modernización de los entes encargados de la supervisión del sistema financiero y del mercado de capitales, y promover el desarrollo de estos sectores claves para el financiamiento de la actividad económica real en expansión.

c) Lineamientos de política macroeconómica

Para alcanzar la estabilidad macroeconómica, requerida para la recuperación del crecimiento económico sostenido y la creación de condiciones básicas para la inversión, definimos ahora los lineamientos de la política fiscal, monetaria y cambiaria, con los cuales nos comprometemos, como parte de la estrategia económica de largo plazo, que nos hemos propuesto iniciar.

Una política fiscal prudente que corrija los déficit del sector público es la mejor señal del compromiso del gobierno con la estabilidad de precios. Un clima de precios estables estimula las inversiones de largo plazo en la economía real.

La estabilización de las finanzas públicas demanda una reforma fiscal integral que resuelva los siguientes problemas: la volatilidad de las cuentas públicas asociada a las frecuentes fluctuaciones del ingreso petrolero, déficit fiscales recurrentes, corrección del carácter procíclico del gasto público, rigidez e ineficiencia del gasto gubernamental, insuficiente recaudación de ingresos no petroleros, elevado peso del servicio de la deuda en el presupuesto nacional, ausencia de una estrategia adecuada de financiamiento público, alta evasión fiscal y debilidad de las instituciones del área fiscal.

La reforma fiscal integral consistirá en:

1. El fortalecimiento de la estructura tributaria mediante las siguientes medidas: una simplificación de la estructura impositiva, una modificación de los principales impuestos (Impuesto al valor agregado; impuesto sobre la renta, Impuesto sobre los activos empresariales) con miras a aumentar la eficiencia en su recaudación y hacerlos equiparables a niveles de la región; revisión del Código Orgánico Tributario con el objetivo de reducir la evasión fiscal y establecer un esquema legal transparente y justo para los contribuyentes.
2. Definir y desarrollar las potestades tributarias de los gobiernos regionales con la finalidad de fortalecer el proceso de descentralización.
3. Mejorar la asignación y calidad del gasto público, mediante las siguientes medidas:
   1. Modificar y reorientar la estructura del gasto público dirigiéndolo hacia las áreas prioritarias del Estado, tales como: educación, salud, justicia, seguridad social integral, seguridad ciudadana, infraestructura básica de apoyo a la producción;
   2. Mejorar la gestión del gasto público tanto en su ejecución, seguimiento y evaluación en el cumplimiento de metas, para lo cual se debe contemplar en la reorganización del Ministerio de Finanzas y la creación de una unidad administrativa que cumpla las funciones mencionadas;
   3. Hacer un manejo transparente del gasto público mediante mecanismos de rendición de cuentas aplicados a todas las unidades ejecutoras de gasto:
   4. Profundizar la descentralización del gasto mediante la transferencia de competencia a los gobiernos regionales y municipales; El manejo eficiente del gasto exige la redefinición de las áreas de actuación del Estado, evaluando aquellas que puedan transferirse al sector privado y las comunidades, y un programa intensivo y permanente de modernización del Estado para elevar la productividad del sector público.
4. Definir una estrategia financiera que haga sostenible y viable las finanzas públicas. Para ello, se adoptarán medidas dirigidas a establecer un nivel de deuda razonable con la capacidad de generación de ahorro público suficiente para atender los compromisos con los acreedores.

• Como parte de esta estrategia se hace necesario emprender un plan de reestructuración de la deuda con el objeto de mejorar su perfil en cuanto a plazos de vencimiento, tasas de interés, amortizaciones, de manera de limitar su incidencia en el presupuesto anual;
• El programa de emisión de deuda pública deberá ser consistente con la estabilidad macroeconómica y las necesidades financieras del sector privado, a fin de evitar que el endeudamiento interno del sector público restrinja el acceso de las empresas al ahorro nacional; un componente importante de la estrategia financiera será obtener el máximo aprovechamiento de las fuentes de préstamos multilaterales en cuanto a montos, condiciones crediticias y desembolsos, para lo cual se mejorará la calidad en la gestión de proyectos de inversión pública;
• El desarrollo exitoso de esta estrategia financiera será posible con el diseño e instrumentación de un programa económico creíble que genere confianza en los inversionistas privados, condición imprescindible para reducir la prima de riesgo-país y así facilitar el acceso a los mercados financieros internacionales.

1. La reconstrucción de las instituciones del área fiscal es necesaria para garantizar unas finanzas públicas estables y sostenibles. El fortalecimiento del Ministerio de Finanzas y la OCEPRE, la consolidación del SENIAT como un ente autónomo de elevada capacidad técnica para lograr una administración tributaria eficiente, la modernización de la Tesorería Nacional y de las aduanas, son componentes esenciales para hacer realizable la reforma fiscal.
2. Reformar el Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica (FIEM) con el propósito de restablecer su espíritu original como instrumento de estabilización, para lo cual se plantea retomar las reglas de aporte y retiro previstas en la ley inicial sancionada. El plan contemplará la inversión en divisas para asegurar la equidad productiva del país. En particular, se eliminará el uso discrecional por parte del Poder Ejecutivo Nacional de los recursos depositados en dicho fondo, tal como se aprobó en su reforma del año 99.

Política Cambiaria

La política cambiaria seguida por este gobierno al favorecer un semianclaje del tipo de cambio ha tendido a desestimular la producción nacional y ha generado una cuantiosa fuga de capitales mayores, lo que ha coadyuvado a un incremento del desempleo sin que la inflación haya podido disminuir hasta los niveles de los socios comerciales de Venezuela.

La política cambiaria estará centrada en conferirle estabilidad al bolívar, lo cual se procurará mediante un sistema de flotación administrada por el BCV sin que ello implique una volatilidad excesiva del tipo de cambio ni que niveles de sobrevaluación afecten la producción nacional y se profundice el desempleo. En todo caso la estabilidad del bolívar se sustentará en una sólida política fiscal que corrija las expectativas inflacionarias.

De esta manera, no se permitirán excesos de liquidez que puedan presionar sobre el tipo de cambio y la inflación para lo cual el BCV instrumentará una política monetaria activa basada en títulos públicos, bajo condiciones de mercado, cuyo rescate no produce expansiones monetarias en el futuro. Ello implica dotar al BCV de una cartera de valores con los cuales realizar sus operaciones de mercado abierto, principal herramienta con la cual se ejecutará la política monetaria.

En cuanto a las tasas de interés, el mecanismo más expedito para su reducción es mediante una disminución sustancial de la tasa de inflación. Se arbitrarán medidas encaminadas a acortar el diferencial entre tasas activas y pasivas mediante la reducción del encaje, y de otras acciones dirigidas a disminuir los costos de la actividad bancaria. En todo caso se procurará que la tasa de interés de los ahorristas experimente una mejora sustancial de forma tal de evitar la actual situación de confiscación de los ahorros de los venezolanos que significan tasas de interés muy inferiores a los niveles de inflación.

La instrumentación de una política monetaria creíble solamente puede hacerse en el contexto de una autonomía efectiva del Banco Central, para lo cual se debe garantizar que las autoridades del Instituto Emisor sean seleccionadas atendiendo a criterios estrictamente técnicos y profesionales.

Estas medidas se complementarán con el impulso a una reforma del sistema financiero a los fines de mejorar su eficiencia.

d) Las políticas sectoriales y el crecimiento económico

Con la Transformación Económica promoveremos el desarrollo sostenible. La estrategia de crecimiento cubrirá sectores claves de la economía como son el comercio, la industria, el petróleo, la agricultura, el turismo y la construcción de infraestructura.

El futuro económico del país va a descansar en el desarrollo de una economía más diversificada y con capacidad de competir en los mercados internacionales. La fortaleza de nuestra economía estará determinada por una industria petrolera que aproveche al máximo las ventajas competitivas que posee, y un importante desarrollo de los sectores no petroleros donde el país tiene un gran potencial de crecimiento.

La iniciativa privada jugará un rol protagónico en la estrategia de crecimiento y el Estado creará los incentivos para que la inversión privada nacional y extranjera se sientan atraídas a participar en la transformación de la economía venezolana.

i) Política industrial y de Comercio Exterior

El país presenta una amplia y diversificada gama de recursos que ofrecen un importante potencial de crecimiento interno y para la exportación, los cuales no han sido suficientemente aprovechados.

Es importante llevar a cabo una política industrial que contribuya a diversificar la economía apoyándose en el potencial que tienen sectores, tales como: Químico-petroquímico, pulpa y papel, minero, agroindustrial, aluminio, entre otros.

El desarrollo de estos sectores contribuirá de manera fundamental a captar inversión privada nacional y extranjera, a generar empleos en la economía formal, y a reducir la vulnerabilidad de la economía ante perturbaciones externas. El Estado deberá desarrollar una política industrial que promueva la participación de las empresas privadas venezolanas en los mercados internacionales.

En una primera etapa, se enfatizará la exportación de productos hacia el área andina, países del MERCOSUR y Centroamérica. En una etapa posterior y con base en el desarrollo de ventajas competitivas, se ampliará la oferta exportable hacia países más avanzados.

La promoción de exportaciones será un objetivo central del gobierno, mediante mecanismos de financiamiento y estímulos fiscales para los exportadores. El servicio exterior a través de una política sistemática de nuestra Cancillería será promotor de las exportaciones venezolanas, se fortalecerán los vínculos comerciales con nuestros socios más importantes, y se promoverán lazos con nuevos socios comerciales.

ii) La industria petrolera y su contribución al desarrollo

Venezuela debe continuar desarrollando todo el potencial que ofrecen los vastos recursos de hidrocarburos del país, en una forma que complemente y potencié el desarrollo de la economía no petrolera fuerte y diversificada. La política de apertura del sector será profundizada con un sentido positivo, a fin de aprovechar las oportunidades que pueda representar para PDVSA y el sector petrolero privado nacional y extranjero. Dentro de los planes de negocios de la industria se estimulará la participación de los ciudadanos venezolanos en proyectos de inversión específicos a través de sociedades financieras petroleras.

El plan de inversión petrolera de PDVSA, estará encaminado a mantener y ampliar las ventajas competitivas de la industria, lo cual es crucial dentro de la globalización. Esto exige una industria petrolera manejada de forma transparente y con una visión de negocio alejada del proselitismo partidista. Los planes de inversión deberán contribuir al desarrollo de un sector privado nacional que atienda de manera competitiva la demanda de bienes y servicios petroleros.

Para esto nos planteamos darle un impulso inicial a la actividad privada nacional a través del uso de la inversión petrolera, de la política de compras de PDVSA, así como de una mayor participación privada en el negocio petrolero. Esto implica redefinir el papel de PDVSA, haciendo más transparente su administración. Es imprescindible una clara definición de su vocación comercial.

Potenciaremos la manufactura y la refinación de los hidrocarburos para que tomen un papel central como palancas de nuestra economía petrolera. Para ello nos planteamos darle un impulso definitivo, a través de la Industrialización de los hidrocarburos, con la participación de capitales privados, tanto nacionales como extranjeros, dada que la ventaja comparativa más importante que posee el país es el inmenso potencial de desarrollo de sus reservas de petróleos crudos, tanto convencionales como pesados, extrapesados y de gas natural. Esto nos situará en una posición privilegiada, al tomar en cuenta el crecimiento que la demanda energética mundial experimentará en el mediano y largo plazo y la limitada capacidad de la mayoría de los productores de satisfacer el incremento de esa demanda.

El proceso de reactivación del desarrollo petrolero debe ser sostenido. Vamos a restablecer el prestigio de Petróleos de Venezuela, haciendo transparente su administración y dirigiendo su plan de negocios con una clara definición de vocación comercial, a fin de tener éxito en atraer inversiones privadas tanto nacionales como foráneas. En este orden de ideas, la industrialización en las áreas petrolera, gasífera y petroquímica y el fomento de la formación de empresas nacionales para agregar valor a estas cadenas productivas, constituyen aspectos centrales de esta estrategia.

Venezuela debe convertirse en un importante suplidor internacional de productos manufacturados vinculados a los hidrocarburos. En ese proceso, la adquisición de bienes, servicios (ingeniería, procura y construcción) y la utilización de mano de obra nacional (obrera, artesanal, técnica y profesional) en condiciones competitivas, darán el empuje necesario para el resurgimiento de empresas especializadas y de la producción industrial nacional. Así mismo, la presencia de inversionistas privados, estimulará la introducción de innovaciones tecnológicas que redundarán en un incremento sustancial de la eficiencia y por lo tanto, en mayor competitividad del sector.

Líneas de política de producción petrolera y de productos derivados

La producción de hidrocarburos debe mantenerse a un nivel tal que responda fundamentalmente a los intereses nacionales y que, en concierto con los países de la OPEP y otros productores asociados, garanticen una sostenida defensa de los precios del petróleo crudo y sus derivados, en el mercado internacional. Para lograr ese cometido, Venezuela debe negociar en el seno de la OPEP una cuota de producción más acorde con su base de recursos.

En consecuencia, se requieren inversiones en el corto y mediano plazo para el desarrollo de nuevos prospectos exploratorios y de avanzada, incrementar el número de proyectos de recuperación adicional de crudos y mantener el potencial mediante niveles adecuados de reparación y reacondicionamiento de pozos y trabajos continuos de mantenimiento en la infraestructura de producción, de tal manera de expandir progresivamente la producción de petróleo y gas en función del crecimiento y/o requerimiento del mercado mundial. En ese orden de ideas, es necesario hacerle un seguimiento cercano al volumen y destino de los inventarios a nivel mundial y al desarrollo de las economías tanto emergentes como establecidas.

Hay que mantener la vigencia de los Convenios Operativos, Alianzas Estratégicas y otros contratos de Apertura firmados por PDVSA, evaluando continuamente las bondades de dichos negocios y supervisando las aplicaciones tecnológicas y los programas de inversión pactados en cada uno de ellos. Se le exigirá a cada consorcio o empresa asociada un mejoramiento progresivo en sus niveles de eficiencia con la adecuada aplicación de tecnologías; jerarquizando y gerenciando sus volúmenes de producción en relación a la calidad del crudo, sus costos operativos y el aporte de cada convenio al fisco nacional.

Nos proponemos profundizar las relaciones comerciales de PDVSA con las empresas transnacionales que operan en el país, a fin de promover el mejor uso del potencial de la mano de obra calificada nacional (obrera, artesanal, técnica, profesional y ejecutiva) y convertirla en un verdadero factor de desarrollo, mediante la plena utilización en condiciones de competencia del sector conexo, suplidor de bienes, servicios y productos manufacturados en el país y además, promuevan la transferencia tecnológica que permita el mejoramiento continuo de los procesos de exploración, producción, manufactura de hidrocarburos y producción petroquímica, en beneficio del desarrollo económico nacional.

Bajo cualquier escenario de producción es imperativo observar sanas políticas de explotación de los yacimientos de hidrocarburos, produciendo racionalmente los recursos disponibles bajo estrictas medidas conservacionistas, tanto del subsuelo como del medio ambiente; y considerando en la formulación de dichas políticas incentivos fiscales que fomenten el uso de tecnologías adecuadas para el mejoramiento del recobro de los yacimientos.

Vamos a profundizar la captación de mercados para la utilización en gran escala de Orimulsión, en el país como en el exterior, especialmente en áreas geográficas cercanas, como por ejemplo Brasil, Colombia, México y la cuenca del Caribe, para evitar que el costo del transporte le reste rentabilidad al negocio.

Planes de acción en gas, desarrollo petroquímico y carbón

1. Incentivar la exploración y desarrollo de yacimientos de gas no asociado, a fin de fomentar la Industrialización en todo el ámbito nacional, mediante el uso del gas seco, gas licuado del petróleo y procesos químicos y petroquímicos hasta de tercera y cuarta generación.
2. Plantear un proceso de apertura para captar capitales privados, tanto nacionales como foráneos, y enfocarlos a las actividades de exploración y producción de potenciales adicionales de gas no asociado, siendo esta una actividad prioritaria del Estado.
3. Ampliar y consolidar la infraestructura de gasoductos existentes, con el objeto de propagar la disponibilidad de gas metano en todas las áreas productivas del país y garantizar un suministro confiable de combustible tanto en volúmenes como en precios competitivos al consumidor final.
4. Exportar gas natural, o en forma de gas licuado, a países de la cuenca del Caribe, Centroamérica y Sur América
5. Desarrollar plantas petroquímicas para la manufactura de productos de Tercera y Cuarta Transformación, agregándole valor de 10 a 1 a los productos básicos petroquímicos; es decir, se incrementaría el valor de los productos petroquímicos que hoy se producen en el país, 16 en total, pudiéndose agregar otros 15 productos derivados de los 16 primeros. Este desarrollo generaría gran número de empleos directos y con ello se lograrían productos utilizados en las siguientes áreas: industria textil; industria de la construcción; industrias eléctricas; de telecomunicaciones y de computación.
6. Aprovechar al máximo el potencial carbonífero del occidente del país, diseñando un plan que incluya el desarrollo de todas las minas de carbón de cara al mercado internacional. El plan debe contener los programas de explotación de las principales fuentes de recursos carboníferos, la infraestructura requerida en términos de transporte ( terrestre, fluvial, lacustre, ferrocarriles, puertos, etc. ), los aspectos de conservación ambiental y las posibilidades de desarrollo de un mercado nacional fuerte y competitivo, en las áreas de generación eléctrica y siderúrgica.

El papel de PDVSA

• Vamos a fortalecer los procesos de Internacionalización de PDVSA como medio idóneo para la captación y mantenimiento de mercados mundiales. Preservar los mercados tradicionales y fomentar nuevos, sobretodo en los países Latinoamericanos y del Caribe, en los cuales Venezuela ejerce una importante influencia geopolítica.
• Racionalizar la organización jerárquica y funcional de Petróleos de Venezuela, S.A., convirtiéndola en una empresa enfocada a sus áreas medulares de negocios, es decir, producción, transporte, manufactura y mercadeo de hidrocarburos (crudos, gas, carbón, Orimulsión y productos refinados) y productos petroquímicos, incluyendo las actividades educativas y de desarrollo tecnológico.
• Fortalecer los mecanismos de Protección Ambiental y de Seguridad en el Trabajo, en todos los procesos productivos de PDVSA tanto en el país como en el exterior.
• Debe potenciarse la investigación científica y tecnológica en las áreas en las cuales Venezuela dispone de fortalezas en petróleo y gas, tanto en los campos productivos y comercial, como en recursos naturales. Es decir, debe focalizarse el desarrollo tecnológico mediante investigación aplicada en procesos de Crudos Pesados (incluida la Orimulsión), Gas y Manufactura (tanto en Refinación como en las industrias Químicas y Petroquímicas).
• Es necesario adoptar el renglón tecnológico como Política de PDVSA, y del Estado, a fin de respaldarlo oficialmente, incentivando su desarrollo hasta en el aspecto fiscal. Debemos cultivar las actividades de investigación en todas las instituciones nacionales aptas para tal fin y ofrecerle al personal calificado, en las distintas disciplinas del saber dedicado a dicha actividad, las mejores oportunidades académicas y de desarrollo personal, con remuneraciones dignas y competitivas a nivel mundial.

iv) El papel del sector construcción

Para lograr esa penetración exitosa del mercado mundial con productos manufacturados, se le plantea al país un doble reto, entre otros: (a) diversificar el aparato productivo, aprovechando los recursos naturales variados que posee, y (b) crear y mejorar la infraestructura de apoyo que facilite los procesos de producción y exportación

Venezuela requiere de un plan integral de obras de infraestructura, motorizado por el sector privado y en coordinación con los distintos niveles de gobierno. Este plan además de ser un generador eficiente y rápido de empleo a corto plazo, puede ser un motor de transformación de la infraestructura física y del desarrollo habitacional.

Como medida de emergencia, para la creación de corto plazo de empleos, adelantaremos un plan de financiamiento público de infraestructura, ejecutado en forma descentralizada que incluya inversiones en vialidad, vivienda, equipamiento de barrios, infraestructura educativa, ambulatoria, deportiva y carcelaria, proyectos de electrificación y telecomunicaciones.

Por otra parte, se apoyarán los procedimientos de concesión adaptando las leyes respectivas y se modernizará el Ministerio de Infraestructura, para planificar, proyectar, construir, mantener y operar obras eficientemente, y llevar un inventario presupuestario de obras inconclusas. Las acciones a adelantar en este aspecto las desarrollaremos más adelante cuando tratemos el tema del desarrollo de los Estados y Municipios.

v) Energía

La generación, transmisión y distribución de energía eléctrica debe estar al servicio del país, asegurándose en todo momento la calidad y confiabilidad del suministro de este servicio a los sectores industriales, comerciales y residenciales tanto urbanos como rurales.

La generación hidroeléctrica bajo la responsabilidad de EDELCA permanecerá en manos del Estado, a fin de garantizar su desarrollo integral dada la intensiva erogación de capitales que demanda y sus características estratégicas.

Las plantas de generación termo-eléctricas regionales podrán ser transferidas al sector privado, así como las redes de transmisión de fluido eléctrico que interconecta al país.

Se le exigirá a los operadores privados eficiencia y confiabilidad en el suministro de energía a las comunidades, incentivando el uso racional del servicio y el desarrollo del sector.

vi) Telecomunicaciones

En el área de telecomunicaciones promoveremos la apertura competitiva del sector, teniendo como objetivo el servicio universal, a partir de la permanente actualización tecnológica y con un servicio de calidad que tienda a igualar los estándares internacionales y a la convergencia de servicios.

La minería profesional en Venezuela está estancada y vulnerada por el auge de la minería ilegal y de garimpeiros. Esto no se debe a la ausencia de regulaciones adecuadas sobre la actividad, sino a la no aplicación o aplicación distorsionada de la normativa vigente, la adopción de políticas de restricción contra la actividad industrial, sin control de la actividad ilegal, la ausencia de una política coherente para la industria y la ausencia de mecanismos de coordinación entre las dependencias mineras y ambientales, entre otras.

Nos proponemos relanzar de esta actividad y rescatarla de su actual situación de depresión mediante la adopción de una política agresiva de atracción de capital y tecnología de punta para la exploración y desarrollo de proyectos mineros, que puede ser instrumentada rápidamente por el ejecutivo, con el fin de incrementar la eficiencia del sector. Las reformas legales y la modernización de la administración minera se realizarán de manera paralela. En tal sentido, como lineamientos generales de política adoptaremos los siguientes:

1. Promover la exploración sujeta a normas sobre ocupación del territorio y de impacto ambiental reducido y controlado.
2. Establecer un programa para la tramitación y toma de decisión fluida de las solicitudes de derechos mineros dentro de los lapsos establecidos en la ley
3. Titularizar a la pequeña minería
4. Coordinar las autoridades ambientales y las mineras en los tres niveles ejecutivos.
5. Educar a informar a la colectividad sobre la importancia de la minería industrial para la economía del país
6. Mejorar la infraestructura de administración y control de la minería y
7. Adecuar la legislación minera vigente.

Las dificultades que presenta la pequeña y mediana empresa tienen que ver con mercados restringidos y dificultades de comercialización, deficiencias técnicas y de organización de la producción, escasa preocupación por aspectos organizativos internos y falta de capacitación empresarial y laboral de sus propietarios y trabajadores. En consecuencia, una estrategia para fomentar la pequeña industria debe apuntar a mejorar el insuficiente nivel de capital y la baja capacidad técnica, derivada de una gestión empresarial ineficiente y de una escasa calificación laboral.

Estamos dispuestos a enfrentar los principales problemas que enfrenta la pequeña y mediana empresa en cuanto a:

• Dificultades de acceso al financiamiento..
• Problemas para comercializar sus productos, especialmente cuando se trata de exportaciones.
• Dificultades para licitar
• Dificultad para enfrentar la burocracia estatal, tanto para iniciar sus actividades como para su posterior manejo. Ello se ha traducido en que los pequeños empresarios más emprendedores, que no están en condiciones de enfrentar las barreras burocráticas, formen empresas de carácter informal.
• Problemas de productividad en el ámbito gerencial y laboral, producto de la baja calificación de los empresarios y de sus trabajadores para optimizar la administración y la calidad de los productos requeridos.

Para ello nos proponemos:

1. Revisar los programas existentes e idear nuevos planes, con la finalidad de apoyar los procesos de mejora de la competitividad de los pequeños empresarios.
2. Brindarles los apoyos necesarios para facilitarles el acceso a los sistemas financieros normales y a los beneficios de la capacitación y desarrollo tecnológico.
3. Aumentar la información técnica relevante respecto a la composición del sector, mediante la realización de un censo a nivel nacional para poder enfocar mejor los planes de fortalecimiento.
4. Perfeccionar los mecanismos crediticios; fondos de garantías y sistema de asesoría técnica y capacitación, entre otros. En relación con el fondo de garantía existente, se sugiere su modificación reglamentaria eliminándole las rigideces administrativas.
5. Apoyo para mejorar su productividad a través de programas de asistencia técnica, capacitación, formación empresarial, investigación y desarrollo tecnológico.
6. Estimular un uso intensivo de los establecimientos universitarios, de formación y de capacitación, y la coordinación de sus acciones en beneficio de la pequeña empresa.
7. Mejorar la normativa del INCE, de manera de fomentar la capacitación de los pequeños empresarios y colaborar en la formación de un organismo técnico intermedio de capacitación para la pequeña empresa.
8. Establecer incentivos a la contratación de asesorías profesionales por parte del sector para obtener su tecnificación gradual y permanente.
9. Dictar normas correctivas tendientes a fomentar la creación de nuevas empresas, a través de la revisión de la permisología para la iniciación de actividades
10. Promover una mayor fluidez de información entre las grandes, medianas y pequeñas empresa para fortalecer la integración entre los diferentes sectores empresariales y facilitar de esta forma las subcontrataciones y las ofertas de productos manufacturados y servicios.
11. Promover la creación de taquillas únicas para la recepción y procesamiento ágil de la permisería para crear o formalizar empresas en los Municipios
12. Fomentar la creación de incubadoras de empresas y parques industriales, orientados fundamentalmente a los nuevos empresarios que emprendan actividades económicas, a los fines de minimizar sus costos de iniciación, a través de la utilización de infraestructura y equipos instalados, y apoyarlos para la inserción exitosa de nuevos emprendedores en el tejido industrial, a través de cadenas productivas.

La descentralización es un mecanismo agilizador de los procesos de toma y ejecución de decisiones y garante de acciones conducentes a incrementar los niveles de eficiencia del Estado en su conjunto, porque es un reparto más equilibrado de las responsabilidades públicas.

Con ella, los Estados y Municipios se constituyen en los agentes de cambio que deben ser. La eficiencia que se le exige hoy al Estado venezolano, solo será posible a través de la sumatoria de eficiencias cotidianas y particulares de los gobiernos regionales y municipales.

Con la descentralización, el circulo vicioso que se produce entre centralismo, partidismo, clientelismo e ineficiencia pública se transformará en un círculo virtuoso de mayor eficiencia, respuestas adecuada y eficiente a problemas públicos como los de empleo, educación, salud, vivienda y seguridad, y servicios con mayor cobertura y de mejor calidad.

Este proceso, fortalecerá al Ejecutivo Nacional. Dejará de estar sobrecargado de tareas y presiones cotidianas para quedar con manos libres para definir líneas rectoras, controlar, evaluar y seguir la gestión nacional y regional y para preocuparse por sus resultados en términos de beneficios sociales e indicadores de bienestar social.

La descentralización, en lugar de ser una amenaza y un proceso que pone en peligro la integridad de la nación venezolana, es más bien un camino práctico para resolver problemas como los servicios colapsados, obras inconclusas y proyectos engavetados; es un mecanismo que permite liberar fuerzas sociales locales y viabilizar verdaderos polos de innovación y desarrollo por todo el país.

Es, en definitiva, una vía para reintegrar la nación, bajo otros supuestos como el diálogo, el consenso, la coordinación de acciones y una clara división del trabajo y responsabilidades entre los distintos niveles ejecutivos. Es un proceso que suma voluntades en lugar de dividirlas.

Por otra parte, el país logrará desarrollar su potencialidad en la medida en que los diversos sectores económicos que lo conforman, tanto industriales como comerciales y de servicios, alcancen un nivel competitivo en el ámbito nacional e internacional; generando riqueza, bienestar y prosperidad para la sociedad venezolana en su totalidad.

Esa recuperación del aparato productivo nacional pasa por el fortalecimiento del desarrollo individual e integrado de los diferentes Estados y Municipios del país, y de las actividades económicas que le son propias, promoviéndose condiciones de competitividad por parte del Estado y de los Entes Privados en cada uno de ellos.

El desarrollo sustentable articula las necesidades de sostenibilidad ambiental del desarrollo, con las de ordenación del territorio, la recuperación de cuerpos de agua, el manejo eficaz de las áreas bajo régimen especial, la conservación de los recursos naturales, la disposición de desechos sólidos y el desarrollo de la infraestructura y de los servicios públicos como soportes del desarrollo económico y social, y puntas de lanza de la modernización del país, desde y para cada una de las regiones y localidades del país.

Lograr que la propuesta de crecimiento económico esté en perfecta concordancia con el uso del territorio y de los recursos naturales de nuestro país significa generar riquezas en todos los rincones del país, a partir del uso optimo de los recursos que hoy explotamos y la racional incorporación de recursos naturales potenciales que deben ser integrados en lo inmediato al proceso productivo.

La mejor estrategia para lograrlo es la de motorizar los equipos sociales naturales, integrados por todos los entes representativos de las regiones, tales como gobernaciones, alcaldías, universidades, empresas y comunidades, con quien a partir de una visión, se adelanten planes que sirva de guía a para la acción en los Estados y Municipios.

1. Agua y ambiente

Uno de los problemas más graves que enfrentamos en Venezuela es la carencia del agua en nuestras ciudades, asf como la alerta sobre el deterioro de las cuencas, contaminación y cambio en el curso de los ríos producto de la mano inescrupulosa del hombre.

Si a la degradación ambiental, le agregamos el ingrediente del clima, el cual esta cambiando considerablemente en los últimos años en todo el planeta, es de esperarse que el recurso hídrico sea cada día más escaso en ciertas zonas y el problema del suministro de agua potable sea cada día más importante. Debemos enfrentar este problema del cual depende la vida humana.

En Acueductos y Cloacas nuestra premisa es más desarrollo Institucional y menos tubos. La calidad del servicio de agua potable depende fundamentalmente de la capacidad técnica y la solidez organizacional de las empresas de agua.

La rehabilitación institucional de las empresas hidrológicas con problemas organizativos y financieros es indispensable para transformar la calidad del servicio.

Para acometer un plan coherente diseñaremos una visión de largo plazo y una planificación integral del recurso hídrico. En este sentido nos planteamos:

• Reestructurar el sector.

Se creará una agencia nacional con poder suficiente para acometer la planificación integral y su reglamentación tanto legal como contractual entre todos los entes del poder central que manejen el recurso hídrico (generación de potencia y producción para consumo humano), con los entes estadales y municipales (acueductos).

El producto de esta normativa incluirá los aspectos financieros necesarios para garantizar la creación de infraestructura y permitir su desarrollo a corto, mediano y largo plazo. Este ente deberá tener también el poder suficiente, para integrar los sistemas de riego, las presas para la producción de energía hidráulica y las presas para agua de consumo humano, dentro del corto, mediano y largo plazo con una visión sistémica del recurso.

• Definición del rol del sector público y el sector privado.

El sistema de concesiones será un mecanismo para acometer el financiamiento compartido entre ambos sectores, con ayuda de entes bilaterales. Esto no sólo aportara soluciones financieras, sino también gerenciales y tecnológicas, abriendo el proceso a grupos nacionales a internacionales expertos en la materia. También es necesario hacer un inventario técnico de cada acueducto para definir claramente el plan de inversión en mantenimiento, repotenciación mayor y ampliación.

• Promover una campaña constante y masiva de educación ambiental.

Se realizara una campaña a fin concientizar a la población sobre la necesidad de preservar el uso del agua y equilibrar las tarifas en cuanto al costo de tratamiento, distribución y disposición final y de ser posible aportar a la inversión en los sistemas de producción. "El costo mayor del agua es cuando no se tiene".

• Acometer a corto plazo un plan de saneamiento y mantenimiento de redes urbanas.

Este plan se realizara en coordinación con los estados y municipios para restablecer la calidad y continuidad del servicio en las ciudades.

Para estar en sintonía con el modelo de eficiencia que el gobierno tendrá como norte, se descentralizarán las funciones del Ministerio del Ambiente para que los ejecutivos regionales y municipales tengan el verdadero control y poder decisorio sobre las cuestiones ambientales de sus comunidades. Por ser los municipios y alcaldías los mas interesados y los más cercanos a los problemas del día a día, son ellos los que deben contar con los recursos humanos y financieros para los programas ambientales.

Una tarea primaria será entonces la de reestructurar el Ministerio del Ambiente a fin de definir las funciones a nivel del ejecutivo nacional y de los ejecutivos regionales. Esta reestructuración ira acompañada de un profundo plan de capacitación del recurso humano, nuestro más importante y fundamental recurso nacional.

b) Control de la calidad ambiental Urbana

• El embellecimiento ecológico de barrios pobres: flores, jardines y árboles.
• La arborización, restauración y enriquecimiento de los bosques urbanos y las vías públicas.
• La construcción de barreras vivas para detener y controlar las invasiones urbanas.
• La adecuación ambiental de las industrias que operan dentro de las ciudades.
• En cuanto a la contaminación del aire, enfatizaremos los controles para extender el uso de gasolina sin plomo y para el control de emisión de gases.
• El control de ruidos.
• Control de vallas y avisos publicitarios.
• Fomento y desarrollo de parques y jardines urbanos.
• Restauración y embellecimiento de edificios urbanos.
• Eliminación de vertederos Ilegales.
• Control y disposición de desechos tóxicos y patógenos.
• Descontaminación de Playas.
• Desarrollo de parques deportivos y de recreación en los embalses.

Daremos mucha importancia a la reforestación urbana y al tratamiento de aguas servidas ya que la transformación de habitantes rentistas a ciudadanos productores de riqueza y calidad de vida, pasa por la construcción de ciudades saludables de alta calidad ambiental.

Por ello proponemos un esfuerzo colectivo formidable en la formación de bosques y jardines urbanos para transformar el ambiente y las condiciones de entorno de nuestras ciudades. Nuevas tecnologías y distintas formas de organización deberán ser ensayadas para masificar la construcción de bosques y jardines urbanos y la purificación de los efluentes cloacales.

c) Ordenación del territorio:

La ordenación del territorio constituye una materia pendiente y de urgente ejecución a los fines de crear un ambiente de seguridad y orden en todo el territorio nacional.

Durante nuestra gestión el tema será tratado con un enfoque integrador, con la presencia activa del Gobierno nacional compartiendo responsabilidades con los gobiernos estadales y municipales y donde confluyan los diferentes intereses económicos, políticos y culturales de la nación.

Se convocarán de manera inmediata todos los entes gubernamentales que tienen relación con este tema a los fines de crear un plan de acción coordinado la planificación de los procesos de urbanización, industrialización, poblamiento y desconcentración económica. Entendemos que la ordenación del territorio es un problema de urgente solución por las consecuencias que produce a nivel ambiental en todas las áreas. Por ello:

• Se revisarán e implantarán los planes de ordenación del territorio.
• Se revisarán e implantarán los planes de ordenación urbanística.
• Se revisarán e implantarán los planes de desarrollo urbano local.

Todo ello en coordinación con los gobiernos estadales y locales y aceptando el rol principal que tienen estos niveles ejecutivos en estas acciones.

d) Conservación de los recursos naturales renovables

Desde el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales Renovables se le dará un uso estratégico a los recursos naturales garantizando la actividad productiva en el tiempo, a los fines de aprovechar racionalmente los suelos, agua, flora, fauna, fuentes energéticas y demás recursos naturales continentales y marinos.

Nos proponemos adelantar una política de impacto para proteger, conservar y mejorar los parques nacionales, reservas forestales, monumentos naturales, zonas protectoras, reserva de regiones vírgenes, cuencas hidrográficas, reservas nacionales hidráulicas, refugios, santuarios y reservas de fauna silvestre, parques de recreación de campo abierto de uso intensivo, áreas verdes en centros urbanos o de cualesquiera otros espacios sujetos a régimen especial en beneficio ecológico y del bienestar colectivo.

f) Desarrollo del potencial turístico

Una política de Estado será garantizar las condiciones económicas y legales que permitan un acelerado desarrollo turístico, respetando el equilibrio ecológico, con gran énfasis en la capacitación del recurso humano.

Desde el gobierno se incentivará la inversión del sector privado en infraestructura turística a través de concesiones y otros mecanismos pertinentes. Se estimulará la inversión en el sector con medidas fiscales y la inversión complementaria del Estado a la del sector privado. Se promoverá la creación de centros de información y atención turística y de promoción del país en el exterior.

La estrategia será segmentar el mercado turístico y estimular la participación privada en turismo de sol y playa, ecoturismo y turismo de aventura, turismo cultural, orientado tanto al público interno, como al turismo receptor de visitantes extranjeros.

g) Desarrollo agrícola.

h) Infraestructura

Un plan de obras de infraestructura, además de ser un generador eficiente y rápido de empleo a corto plazo, es el soporte físico de los cambios económicos y sociales necesarios para modernizar a Venezuela.

La posibilidad de promover la participación de la sociedad civil y del sector privado en la construcción de obras de infraestructura motorizará la economía, mediante la creación de nuevas empresas y fortalecimiento de las existentes. Para ello se hace necesario definir claramente los roles del sector publico y privado.

La situación actual del sector de infraestructura, se caracteriza por la falta de una visión global a largo plazo y de planificación técnica y financiera, así como de una regulación integral. No existe una clara definición del papel que puede jugar el sector privado en lo relativo al financiamiento de la infraestructura, lo que facilita la politización de las asignaciones presupuestarias, las cuales cada día son más exiguas. En el área de la administración publica las tareas de planificar, proyectar, construir, mantener y operar las obras, han colapsado. Por ultimo existe una gran cantidad de obras inconclusas y déficit acumulado de nuevos desarrollos de infraestructura.

La situación planteada requiere de reformas que incluyan los siguientes aspectos:

• Acometer un plan integral, desde el nivel central hasta el regional y local, para la creación de infraestructura a corto, mediano y largo plazo.

El análisis de las necesidades de cada territorio partirá de la perspectiva de su potencial de desarrollo, reconocida por sus propios habitantes; de la capacidad de actuación de cada uno de los niveles de gobierno y la respectiva sociedad civil, para el incremento de la competitividad y productividad; del objetivo de un desarrollo equilibrado de las distintas regiones del país, y de la capacidad de cada Estado y Municipio para mejorar la calidad de vida de su población y conservar sus recursos naturales.

Esto nos permite establecer prioridades claras para la inversión en infraestructura en la siguiente forma: las inversiones dirigidas a favorecer el crecimiento económico y mejorar la competitividad; las inversiones para incrementar el atractivo y los potenciales de desarrollo de las ciudades y del territorio y las inversiones dirigidas a mantener el equilibrio medioambiental y regional.

Por ello consideramos de vital importancia adoptar la descentralización como línea maestra del cambio. Se necesita hacer un gran esfuerzo de coordinación intergubernamental para hacer un plan integral para el desarrollo de la infraestructura nacional, junto a planes de desarrollo regional y local en armonía.

De acuerdo a estos lineamientos, los objetivos fundamentales deben estar orientados a establecer un desarrollo integrado del sistema de infraestructura de transporte, para satisfacer en forma equilibrada las demandas de movilidad que respondan a las necesidades de cada área; a implantar planes coordinados de actuación en las ciudades para impulsar su desarrollo cualitativo; a establecer los lineamientos de una política hidráulica necesaria para asegurar a largo plazo la dotación equilibrada de los recursos hídricos a todas las regiones, y a mejorar la calidad ambiental.

• Desarrollo de un sistema multimodal de transporte

Desarrollaremos un sistema multimodal de transporte que incluye la integración física y productiva del país a través de una excelente vialidad rural, urbana, intercomunal y nacional; con Puertos y Aeropuertos con capacidad de almacenaje y conectados a Zonas Francas; sistemas naviero y ferroviario nacionales, Puertos de aguas profundas en el Zulia y en la región oriental; sistemas de generación de carga minera, agrícola y manufacturera, y la garantía de servicios operativos de agua y electricidad, y servicios especializados en todo el país, todo ello con una amplia participación del sector privado.

Las acciones a priorizar en este aspecto serán las siguientes:

• Finalizar las vías troncales en construcción
• Completar la red vial nacional por etapas
• Asegurar vías alternas gratuitas como complemento de las política de concesiones
• Desarrollar la vialidad rural
• Racionalizar el control de circulación
• Implantar programas de seguridad vial.
• Actualizar la planificación de la red ferroviaria priorizando los tramos en función de las necesidades de desarrollo de las regiones
• Aplicar una política de concesiones y vigilar por la aplicación de tecnologías modernas en las obras.
• Impulsar los puertos de aguas profundas en el Estado Zulia y en el oriente del país
• Completar el desarrollo de Puerto Cabello
• Desarrollar puertos de segundo nivel
• Estimular los aeropuertos internacionales regionales, adelantar una sólida política de equipamiento de estas estructuras e impulsar su gestión eficiente por concesiones.
• En cuanto a la infraestructura urbana apoyar a Gobernaciones y Alcaldías para el desarrollo de sus obras y sus políticas y programas de equipamiento y remodelación de barrios, vialidad y ornato público e infraestructura para la educación, salud, cultura, deportes y oficinas pública.
• Desarrollar sistemas de riego bajo régimen de corresponsabilidad con los productores.
• Enfatizar en obras para el control de inundaciones en zonas de riesgo y establecer un sistema de pronóstico y control de calamidades públicas.
• En cuanto a los servicios de acueductos y disposición de aguas servidas, los esfuerzos se orientarán a completar las obras de acueductos urbanos, las plantas de tratamiento de aguas servidas, el aprovechamiento de aguas tratadas, la búsqueda de financiamiento internacional y la gestión eficiente y eficaz por concesiones.
• Se trabajará en la implantación de sistemas de metro y monorriel para las principales ciudades del país con financiamiento internacional; el apoyo al transporte privado urbano e interurbano; la regulación de tarifas y la garantía de calidad y seguridad del servicio de transporte; la integración de sistemas urbanos e interurbanos de vialidad, y la seguridad policial en las rutas, con una franca política de apoyo técnico y financiero a las Gobernaciones y Alcaldías.
• Definir y garantizar la ejecución a largo plazo de un plan de financiamiento de proyectos de infraestructura en coordinación con un plan integral

Es necesario garantizar la ejecución financiera del plan integral de infraestructura a través del diseño del marco jurídico que asegure las fuentes de financiamiento para el desarrollo eficiente de un plan a largo plazo. En este sentido, se fortalecerá la participación financiera del Estado en los proyectos a desarrollarse.

En lo que respecta a la inversión privada en infraestructura, se definirá claramente el procedimiento de concesión correspondiente, para lo cual es importante reglamentar y aclarar dudas existentes en las leyes de concesiones y privatización y crear los organismos eficientes dentro del sector público o establecer la posibilidad de concesionar el proceso a empresas privadas, que posean la capacidad técnica adecuada para proteger al Estado, acelerar las labores de análisis técnico, financiero y legal, así como la calificación y otorgamiento al concesionario.

Para el caso especifico de las concesiones, este ente debe permitir recaudar fondos y manejar presupuestos de preinversión para poder planificar, jerarquizar y sacar a licitación las obras concesionables.

• Relanzar las estructuras organizativas del sector para planificar, proyectar, construir, mantener y operar obras eficientemente

En un sector tan técnico y complejo como el de infraestructura, las actuales estructuras organizativas no permiten resolver su colapsada situación. Debemos acabar con el clientelismo político para la designación de los funcionarios claves de estas organizaciones. Aumentar los bajos sueldos y crear un sistema de incentivos, que genere altos niveles de rendimientos y productividad. Así como contar con partidas de honorarios para realizar contratos con recursos externos para estudios y trabajos muy especializados, sin aumentar la nómina y seleccionando a los mejores.

• Concretar el inventarios técnico y presupuestario de obras de infraestructura.

Los venezolanos vivimos en el eje norte-costero del país, en ciudades como Maracaibo -Ciudad Ojeda, Coro - Punto Fijo, Valencia - Maracay, Caracas - Litoral y Barcelona -Puerto La Cruz. Todas estas ciudades tienen problemas de suministro de agua, de infraestructura y hay una gran cantidad de obras inconclusas.

En primer lugar hay que inventariar toda la infraestructura existente, tanto en sus aspectos técnicos como presupuestarios, así como cuantificar el déficit acumulado de obras bajo responsabilidad de la administración central. Se especificara por prioridades las obras urgentes de rehabilitar, concluir y ejecutar. impulsaremos la conclusión por parte de los estados y municipios, de aquellas obras que por sus características así lo permiten.

En segundo lugar se transferirán, para el desarrollo por parte de la empresa privada, todas aquellas obras que por su naturaleza incentivan las inversiones a través de asociaciones publico-privadas bajo diferentes esquemas, como el de las concesiones.

Una política exterior que, ante adversidades y obstáculos, sepa combinar la firmeza con la serenidad del lenguaje y se oriente por una lista de prioridades claramente definidas.

Las relaciones exteriores son el instrumento estratégico por excelencia para un gobierno consciente de la necesidad de insertarse en el escenario global propio de mundo moderno, buscando así participar en los términos de mayor paridad posible en la nueva realidad política, económica y tecnológica. Esto exige que la política exterior refleje políticas de Estado, cuidadosamente pensadas y planificadas, cuya ejecución recae en las misiones diplomáticas y consulares del país.

Con estos fines, nuestra diplomacia utilizará un estilo moderno y sobrio, de propuestas concretas y eficaces, sin desplantes vocingleros. Propongo adelantar una Política Exterior guiada por los siguientes propósitos:

1. Reconducir las relaciones exteriores hacia grandes lineamientos de una política de Estado basada en la democracia como sistema de gobierno, el respeto a los derechos humanos, el principio de la no intervención, el respeto a la integridad territorial de los Estados; el estímulo a la libertad de comercio y a la lucha por la eliminación de los obstáculos que lo limitan; la promoción de la paz y de la igualdad entre las naciones.
2. Propiciar la cooperación internacional política, económica, técnico-científica, ambiental y cultural.
3. Privilegiar e impulsar los procesos de integración, como factor fundamental de los mecanismos de intercambio regional y mundial.
4. Insertar la economía en los procesos de globalización de manera competitiva y concertada.
5. Estimular la inversión extranjera directa como estrategia para el desarrollo, mediante mecanismos de previsibilidad y predictibilidad.
6. En aras de la conveniencia económica y política (ampliación del espacio negociador), intensificar los esfuerzos por diversificar geográficamente nuestros intercambios y relaciones de cooperación entre: América Latina, Norteamérica, Europa, Asia y el resto del mundo
7. Reanudar y fortalecer la política en pro de la concertación de voluntades latinoamericanas a través del Grupo de Río y otros mecanismos, junto con la activa promoción de la integración subregional y regional de América Latina y el Caribe con métodos y el estilo modernos y prácticos
8. Realizar constantes e intensos esfuerzos de concertación y solidaridad con los países en desarrollo (Grupo de los 77). No Alineados, Grupo de los 15, etc.), con énfasis particular en el intercambio y la cooperación Sur-Sur.
9. En el entorno vecinal: restablecer la sintonía diplomática con Colombia y defendiendo firme y serenamente los derechos territoriales nacionales, reanudando la activa política de "presencia venezolana en el Caribe".
10. Cumplir los compromisos adquiridos y respetar rigurosamente el marco jurídico establecido, como elemento esencial de la imprescindible Seguridad Jurídica consustancial al Estado de Derecho y a la Democracia.
11. Luchar contra el narcotráfico y otros delitos internacionales, a través de la cooperación judicial y policial y
12. Modernizar la estructura institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores para que asuma a cabalidad, su papel como instrumento de una verdadera política de Estado.

Como les he demostrado, la modernización, descentralización, participación y Reforma del Estado se desarrollarán como ejes transversales para afectar toda la gestión y los proyectos de alta prioridad. Esto es imprescindible para lograr un gobierno más responsable, que faculte a las comunidades para autogestionarse, con el norte colocado en el ciudadano, previsor y basado en resultados.

Partimos del supuesto de que el Estado debe ser un ente coordinador, diseñador y regulador de las políticas públicas y de la acción de la sociedad civil, y cada vez menos operador directo de servicios, y que no debe seguir usurpando las funciones propias de la sociedad civil, asumiendo cada vez menos responsabilidades que no le competen. El Estado no debe ser empresario, sino garante de las condiciones para que las empresas se desarrollen.

En este sentido nos proponemos:

• Fortalecer al Estado y a toda la Administración Pública Nacional, Regional y Municipal, a fin de garantizarle a la sociedad una mayor eficacia y transparencia de los organismos y políticas públicas en todos sus niveles, dotándolo de una mayor capacidad para resolver los problemas que la aquejan.
• Esto sólo será posible a través de un cambio en el estilo de gestión que, a partir del 28 de mayo, estará orientado a superar la cultura clientelar, paternalista, centralista e intervensionista.
• Un cambio que nos permita centrar la acción del gobierno en el logro de resultados palpables en la mejoría de las condiciones de vida de toda la sociedad venezolana, la rendición de cuentas por parte de los servidores públicos y el control ciudadano.
• Un cambio que garantice esa transparencia, colocando el énfasis en aquellas instancias en donde el ciudadano se encuentra con más frecuencia con el Estado: las escuelas y centros educativos, los ambulatorios y hospitales, los espacios públicos y la infraestructura social, los organismos responsables de las políticas de vivienda, de la seguridad ciudadana y empleo, la Dirección de Información y Extranjería (DIEX), los servicios de trámites para el registro de empresas, y los organismos encargados de los procesos de permisería, entre otros.

Para el logro de estos objetivos desarrollaremos el proceso de modernización del Estado y de la Administración Pública en torno a cinco grandes líneas estratégicas:

1. Reactivar el proceso de descentralización político-administrativa del Estado venezolano, e impulsar su descentralización fiscal y judicial, democratizando a la sociedad y el poder decisional, e instaurando verdaderos mecanismos de coordinación de las relacione entre los tres niveles de la Administración Pública.

   En este sentido, como ya lo hemos planteado, iniciaremos acciones para descentralizar hasta el nivel municipal las competencias en las áreas de educación, cultura y deportes, salud, vivienda y seguridad ciudadana y las de planificación del desarrollo regional y local, impulsando, con el apoyo técnico de organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo y Comunidad Económica Europea para programas de fortalecimiento institucional y de estímulo al desarrollo local sustentable.

   Siempre manteniendo el rol rector, coordinador y regulador de las políticas públicas en el Gobierno Central, estimulando la participación de las organizaciones de la sociedad civil y garantizando el cumplimiento del principio de la corresponsabilidad social del empresariado y de las comunidades organizadas.

2. Reestablecer y consolidar las relaciones entre el Estado y la Sociedad Civil, a los fines de transferirle a ésta responsabilidades en el diseño y ejecución de programas y políticas públicas, estimulando la implantación de modelos de gestión que permitan incrementar la eficiencia de los servicios públicos, sobre todo en las áreas de las políticas y los programas sociales.

   Para lograrlo impulsaremos un cambio en la relación entre el Estado y la Sociedad Civil, ampliando los mecanismos de cogestión y corresponsabilidad social y abriendo cada vez mas espacios a la participación de individuos y organizaciones, con o sin fines de lucro, en la gestión de esos servicios.

   Además, trabajaremos con las Gobernaciones y Alcaldías para fortalecer a la sociedad civil organizada y para promover la planificación participativa a nivel local, vinculándola a las nuevas estrategias de desarrollo sustentable y de micro regionalización del desarrollo.

   Así mismo promoveremos mecanismos simplificados de participación de la sociedad en el control y la evaluación de la gestión de sus dirigentes públicos.

3. Ampliar la capacidad institucional del Estado y fortalecer la gerencia pública, entendida como la capacidad para formular, concertar, ejecutar y controlar políticas y planes nacionales, mediante la aplicación de herramientas modernas de gestión por personal altamente calificado.

   Esto pasa por el rediseño del rol del Estado y de su estructura organizacional, adecuando su estructura y tamaño a una visión del Estado centrada en su rol promotor del desarrollo económico y social del país.

   Este proceso modernizador debe abarcar ajustes inmediatos y de mediano plazo, y un cambio cultural que convierta en rutina la gestión transparente de los recursos públicos y su control ciudadano, alejada de las distorsiones que la han caracterizado hasta ahora.

   1. En el corto plazo, nos proponemos la creación de una instancia coordinadora del proceso de modernización del Estado, cuyo carácter será ejecutivo y no simplemente consultivo, que coloque al proceso modernizador como un eje estratégico de la gestión de gobierno. Esta instancia actuará descentralizadamente, promoviendo redes de modernización y reforma hacia los estados y los municipios, promoviendo la rendición de cuentas del funcionario público y las experiencias innovadoras de nivel local, regional, nacional e internacional, que sean compatibles con especificidades de cada espacio gubernamental.

      Por otra parte, adelantaremos la formulación y diseño de una política de recursos humanos, como parte sustantiva del proceso de reconstrucción de la administración pública, que incluya la educación y capacitación del funcionario para estimular su vocación de servicio por medio de sistemas de mérito y políticas de remuneración articuladas a su rendimiento y acordes con la misión que tienen encomendada.

      Promoveremos un nuevo marco de relaciones y de concertación laboral y funcionarial y revisaremos y simplificaremos los procesos, estableciendo un sistema de delegaciones de autoridad. También concretaremos un exhaustivo inventario de acreencias laborales y comerciales.

   2. En el Mediano Plazo.

   Modernizaremos cada uno de los ministerios y principales direcciones generales, institutos y servicios autónomos y otros organismos de la Administración Pública Nacional, y estimularemos los procesos modernizadores de las administraciones públicas estadales y municipales.

   Trabajaremos en el rediseño la estructura organizacional del Estado, adecuando su tamaño y estructura al nuevo rol de promotor del desarrollo económico y social y regulador de las acciones del resto de los agentes socioeconómico del entorno. El objetivo es ampliar su capacidad para responder a lo que la sociedad exige de él, optimizarlo y hacerlo más eficientes para que en el ejercicio de sus competencias llegue realmente al ciudadano.

   Desarrollaremos e implementaremos un sistema de planificación de recursos humanos, que bajo el supuesto de la existencia de perfiles de competencia para cada cargo, permita integrar acciones en las áreas de selección, adiestramiento, y desarrollo de carrera, que garanticen el efectivo funcionamiento del Estado y la motivación del empleado.

   Impulsaremos el desarrollo de un Sistema Nacional de Información automatizado que facilite el proceso de toma de decisiones con data en tiempo real y oportuno, rediseñando y simplificando los procesos y las prácticas de trabajo dentro de la administración pública en todos sus niveles.

   Impulsaremos modelos innovadores de gestión aplicables a servicios públicos, especialmente a salud y educación, que involucren a nuevos actores y maneras de abordar las responsabilidades, estableciendo sistemas de dirección estratégica con todos los sub sistemas de la administración pública, descentralizando las operaciones y centralizando la información.

   Promocionaremos la creación de la Escuela de Gobierno Nacional y estimularemos la creación en cada uno de los Estados que componen la geografía nacional de centros de formación para la gestión pública.

4. Impulsaremos un proceso de reinstutucionalización de la sociedad venezolana, a través del apoyo a las reformas de los partidos políticos, las organizaciones sindicales, el Sistema Electoral, el Sistema Judicial y los órganos de representación legislativa, sin amenazas y sin intenciones de concentrar el poder, sino con el único objeto de iniciar un contundente proceso de democratización de nuestro sistema político y de fortalecimiento del Estado de Derecho.

Muchas gracias.

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