Caracas, Jueves, 24 de abril de 2014

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Anteproyecto de Ley del Cuerpo de Policía Nacional

República Bolivariana de Venezuela, Asamblea Nacional

Versión del 21 de marzo 2001

ASAMBLEA NACIONAL
COMISIÓN PERMANENTE DE
  POLÍTICA INTERIOR
ANTEPROYECTO  DE LEY DEL CUERPO DE  POLICÍA NACIONAL

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Objeto. El objeto de esta Ley es la organización, coordinación, funcionamiento y competencias del Cuerpo Uniformado de Policía Nacional. 

ARTÍCULO 2. Servicio de policía nacional. Corresponde al Cuerpo Uniformado de Policía Nacional desarrollar el servicio de policía nacional.

ARTÍCULO 3. Naturaleza.  La naturaleza del Cuerpo Uniformado de Policía Nacional es de carácter civil y, la coordinación, conducción, dirección, supervisión, control  y evaluación del mismo serán ejercidos por el Ministro o Ministra de Interior y Justicia.

El Cuerpo Uniformado de Policía Nacional es un órgano de seguridad ciudadana, forma parte de la Administración Pública, dirigida por sus mandos naturales, esencialmente profesional, preventiva, jerarquizada, ajena a toda actividad partidista, con un régimen de disciplina.

ARTÍCULO 4. Autoridades. Son  autoridades de policía:

  1. El Ministro o Ministra de Interior y Justicia.
  2. Los Gobernadores.
  3. El Alcalde Metropolitano.
  4. Los Alcaldes.
  5. Los demás agentes jerárquicos establecidos como tales en esta Ley.

 ARTÍCULO 5. Composición: Son cuerpos del servicio de  policía en la República Bolivariana de Venezuela los siguientes:

  1. El Cuerpo Uniformado de Policía Nacional;
  2. La Policía Metropolitana;
  3. Las policías estadales;
  4. Las policías municipales;
  5. El Cuerpo Técnico de Vigilancia del Tránsito y Transporte Terrestre.

Parágrafo Único: El Ministerio de Interior y Justicia desarrollará un plan de integración del Cuerpo Técnico de Vigilancia del Tránsito y Transporte Terrestre, que preserve los derechos adquiridos de los funcionarios adscritos al mencionado organismo.

ARTÍCULO 6. Finalidad: El Cuerpo Uniformado de Policía Nacional se encargará de proteger la vida, la integridad física, la seguridad de las personas y sus bienes, el libre ejercicio de los derechos y libertades, así como la seguridad vial. Asimismo se encargará de prevenir el delito, preservar el orden y la seguridad pública y colaborará con el Ministerio Público, cuando éste así lo requiera, en la investigación de los hechos punibles según lo establecido en la ley, con estricto apego al respeto por los derechos humanos y el cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes.

CAPÍTULO II

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO UNIFORMADO DE POLICIA NACIONAL

Sección Primera: del Presidente

ARTÍCULO 7. Del Presidente. El Presidente de la República en Consejo de Ministros establecerá la organización y estructura del Cuerpo Uniformado de Policía Nacional mediante Reglamento dictado a tal efecto, dentro de los principios y lineamientos señalados en esta Ley.

 Sección Segunda: de la Ministra o Ministro de Interior y Justicia como coordinador de los cuerpos policiales de la República Bolivariana de Venezuela

ARTÍCULO 8. De la Ministra o Ministro de Interior y Justicia. La Ministra o el Ministro de Interior y Justicia es el coordinador, supervisor, controlador y evaluador de todos los cuerpos que prestan el servicio policial en la República Bolivariana de Venezuela.

 Al Ministro o Ministra de Interior y Justicia le corresponde la elaboración y planificación de la Política en Seguridad Ciudadana del Estado; en consecuencia, adoptará las medidas que sean necesarias para resguardar la seguridad pública y coordinar los cuerpos policiales.

ARTÍCULO 9. Atribuciones. Son atribuciones de la Ministra o Ministro de Interior y Justicia:

  1. Diseñar políticas de coordinación en materia de seguridad ciudadana para el Cuerpo Uniformado de Policía Nacional, los cuerpos policiales estadales, la Policía Metropolitana y para las policías municipales.
  2. Elaborar y establecer todo tipo de normas relacionadas con la participación de los cuerpos policiales en la seguridad ciudadana.
  3. Supervisar y evaluar el buen desenvolvimiento de los cuerpos policiales en el desempeño de sus funciones.
  4. Supervisar la aplicación de los planes de seguridad y desenvolvimiento de los cuerpos policiales.
  5. Dictar normas  para autorizar el funcionamiento de los servicios de vigilancia privada y custodia de personas, bienes o servicios; y supervisar y controlar su desempeño.

ARTÍCULO 10. Órgano Superior. La Ministra o el Ministro de Interior y Justicia es el órgano superior del Cuerpo Uniformado de Policía Nacional, y su estructura y organización serán desarrolladas en el Reglamento Orgánico respectivo, conforme a los principios de economía y optimización de recursos.

La organización de las policías de los estados, de la Policía Metropolitana y de las policías municipales corresponde a los gobernadores, al Alcalde del Distrito Capital y a los alcaldes respectivamente, conforme a los principios establecidos en la Constitución y esta Ley.

ARTÍCULO 11. Dotación de materiales. Todo lo relacionado a dotación de materiales del Cuerpo Uniformado de Policía Nacional será de competencia exclusiva de la Ministra o Ministro de Interior y Justicia, conforme al Reglamento que se dictará al efecto.

ARTÍCULO 12. Comisionados. La Ministra o el Ministro de Interior y Justicia podrá delegar la evaluación y supervisión de las políticas de seguridad ciudadana en Comisionados del Cuerpo Uniformado de Policía Nacional, quienes actuarán como agentes del Ejecutivo Nacional.

CAPÍTULO III

DEL SERVICIO DE POLICÍA NACIONAL

 ARTÍCULO 13.  Competencias. El Cuerpo Uniformado de Policía Nacional actuará exclusivamente dentro del ámbito de sus respectivas competencias, sin perjuicio de las competencias concurrentes establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en materia policial. Su actuación se regirá por los principios de interdependencia, coordinación, cooperación, corresponsabilidad y subsidiariedad.

ARTÍCULO 14. Otras autoridades.  Los Gobernadores, Alcalde Mayor del Distrito Capital y Alcaldes, ejercerán las funciones de policía que les sean atribuidas conforme a la Constitución y a esta Ley. A tal efecto,  actuarán según  las instrucciones que en materia de seguridad ciudadana y orden público les imparta el Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio de Interior y Justicia

CAPÍTULO IV

ATRIBUCIONES DEL CUERPO UNIFORMADO DE POLICÍA NACIONAL

ARTÍCULO 15. Funciones.   Para el cumplimiento de su misión el Cuerpo Uniformado de Policía Nacional de la República Bolivariana de Venezuela tendrá las siguientes  funciones:

  1. Preservar la seguridad ciudadana con apego al respeto de los derechos y garantías consagrados en la Constitución.
  2. Garantizar la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden público en todo el territorio de la República.
  3. Ejercer el control sobre el ingreso, registro, permanencia, salida y actividades de extranjeros en el territorio.
  4. Colaborar con organismos internacionales del ramo, en la prevención y represión del delito, sin menoscabo de la soberanía nacional.
  5. Diseñar y ejecutar planes de prevención del delito conforme a la política criminal del Estado.
  6. Ejercer las funciones de auxiliar de policía judicial que le sean atribuidas por el Código Orgánico Procesal Penal y demás leyes especiales.
  7. Prestar servicios de protección a personas en circunstancias especiales.  El reglamento determinará quiénes y en qué condiciones recibirán este servicio.
  8. Dirigir la vigilancia del tránsito y transporte terrestre en todo el territorio de la República.

ARTÍCULO 16. Medidas de Seguridad:  Teniendo en cuenta que la seguridad es una de las condiciones para el ejercicio efectivo de los derechos humanos, los funcionarios de policía podrán adoptar las medidas de seguridad necesarias para dar cumplimiento a los fines previstos en el artículo anterior de esta Ley, pudiendo aplicar entre otras las siguientes:

  1. Adoptar medidas preventivas de control de la criminalidad, dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes, y guardando el respeto debido a los derechos humanos.
  2. Acordar el cierre y evacuación preventiva de lugares, áreas e inmuebles cuando exista amenaza grave e inminente a la seguridad pública, durante el tiempo que perduren esas circunstancias y dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes, y guardando el respeto debido a los derechos humanos.
  3. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la utilización pacífica de las vías y espacios públicos y procurar que no se perturbe la seguridad ciudadana.
  4. Impedir el porte o utilización ilegal de armas, aún de aquellas con licencia o permiso cuando fuere necesario para prevenir la comisión de un delito o se amenace la seguridad de las personas o bienes.
  5. Limitar o restringir temporalmente la circulación o permanencia en vías o lugares públicos de personas o vehículos, para garantizar la seguridad ciudadana y el orden público.
  6. Adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar el orden, seguridad y desenvolvimiento  del tránsito terrestre.
  7. Dictar cualquier otra medida que sea necesaria para garantizar la seguridad y orden público, guardando la debida proporción con los hechos que se tratan de evitar o corregir.

ARTÍCULO 17. Calamidad Pública. En casos de calamidad pública, las funcionarios de policía podrán adoptar, mientras duren esas situaciones,  todas las medidas que las circunstancias ameriten.

CAPÍTULO V

DE LAS POLICÍAS ESTADALES Y MUNICIPALES

Sección Primera: De las policías estadales y del Distrito Capital

ARTÍCULO 18.  Funcionamiento.  En cada estado la función policial se organizará de conformidad con las leyes estadales siguiendo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los principios establecidos en esta Ley.  El Gobernador o Gobernadora ejercerá la dirección administrativa de la policía en su respectiva entidad.

ARTÍCULO 19. Atribuciones.   La policía de los estados y del Distrito Capital tendrán a su cargo las siguientes funciones:

  1. Mantener el orden y la seguridad pública dentro de la entidad federal respectiva.
  2. Actuar en función de prevención de delitos y faltas en la respectiva entidad federal y en cumplimiento de funciones de policía nacional.
  3. Proteger el ejercicio de los derechos y garantías de los ciudadanos de la respectiva entidad federal.
  4. Actuar en función de policía nacional en los casos de calamidad pública dentro de la entidad federal.
  5. Las funciones específicas que la ley estadal les confiera en su organización como policía urbana o rural según las características de cada entidad federal.

Sección Segunda: De la policía municipal

ARTÍCULO 20. Organización.  Corresponde a los alcaldes adoptar y ejecutar las medidas de policía relativas a las ramas de este servicio asignadas a la competencia municipal por esta Ley y las leyes de policía de los estados.  Las alcaldías de cada municipio dictarán las ordenanzas que regulan la organización y funcionamiento de la policía municipal.

ARTÍCULO 21. Atribuciones. Sin perjuicio de las atribuciones del Cuerpo Uniformado de Policía Nacional, de los Estados y del Distrito Capital, la policía municipal tendrá a su cargo las siguientes funciones:

  1. Velar por el mantenimiento del orden público en los espectáculos, ferias, mercados y demás lugares de reunión pública,
  2. Ordenar y vigilar la circulación de vehículos y personas en las vías municipales,
  3. Vigilar la buena marcha de los servicios de transporte público urbano,
  4. Inspeccionar el buen funcionamiento de las pesas y medidas y, la higiene de comestibles y bebidas,
  5. Preservar la seguridad de los monumentos artísticos e históricos situados en el municipio,
  6. Proteger el ambiente y cooperar con el saneamiento ambiental,
  7. Cooperar con la salubridad y atención primaria en la salud,
  8. Ejercer funciones de seguridad vecinal con la participación ciudadana,
  9. Ejercer el control social en los demás aspectos de la vida comunitaria que le sean asignados en la ordenanza municipal respectiva.

CAPÍTULO VI

COMISIONADO O COMISIONADA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y MEDIADOR O MEDIADORA DE LA COMUNIDAD

ARTÍCULO 22. Comisionado para los derechos humanos. El alcalde o alcaldesa mayor, los gobernadores o las gobernadoras de estado y los alcaldes o alcaldesas, para el mejor cumplimiento de su deber de velar por el respeto por los derechos humanos con ocasión de las actuaciones de los funcionarios policiales sujetos a su autoridad, designarán a un funcionario o funcionaria que cumplirá tal cometido con absoluta independencia funcional, bajo la denominación de «Comisionado o Comisionada para los derechos humanos y la policía». Serán de su libre nombramiento y gozará de estabilidad, debiendo reunir las cualidades para ser magistrado judicial y gozar de reconocida probidad e independencia política.

El Comisionado o Comisionada para los derechos humanos y la Policía, durará en sus funciones el lapso del período constitucional y únicamente podrá ser removido en casos de falta grave, de conformidad con la ley de carrera administrativa.

ARTÍCULO 23. Funciones. Serán las funciones del Comisionado o Comisionada de derechos humanos y la policía:

  1. Recibir reclamos por la ciudadanía, relativos a las actuaciones de los funcionarios policiales que sean constitutivas de violación de derechos humanos o de hechos de corrupción, sustanciarlos y tramitarlos ante la dirección general del cuerpo las denuncias para aplicación de los correctivos y las sanciones disciplinarias a que haya lugar. Si de la investigación se desprende la comisión de presuntos delitos remitirá ante la Fiscalía general.
  2. Hacer seguimiento a los procedimientos seguidos por las instituciones policiales y velar que estén apegados al respeto de los derechos humanos.
  3. Velar porque los funcionarios o funcionarias policiales no sufran menoscabo de sus derechos y garantías, promoviendo actuaciones oportunas encaminadas a impedir eventuales violaciones o a garantizar el pleno disfrute por aquellos, de esos derechos y su ejercicio.

ARTÍCULO 24. Mediadora o mediador comunitario. Se crea la institución del mediador o mediadora comunitario que tendrá como finalidad primordial, representar a la sociedad civil organizada ante la dirección de los cuerpos de policía con el objeto de facilitar la comunicación entre las máximas autoridades de la policía y las comunidades de la respectiva jurisdicción, así como para asegurar el cumplimiento de los programas de seguridad sobre la base de la cooperación.

ARTÍCULO 25. Elección. El mediador o mediadora será elegido por las asociaciones de vecinos en cada municipio y cumplirá sus funciones por 4 años, con carácter ad honorem y podrá ser removido cuando la comunidad que lo eligió, considere que no cumple con sus funciones, por referéndum revocatorio.

ARTÍCULO 26. Funciones. El mediador o mediadora comunitario cumplirá las siguientes funciones:

  1. Representar a la comunidad que lo eligió ante las autoridades de la policía.
  2. Informar a la dirección de la policía las preocupaciones de la comunidad con relación a la seguridad ciudadana.
  3. Evaluar el comportamiento de los funcionarios de la policía en el cumplimiento de sus labores y comunicar a la  dirección de la policía sus observaciones y recomendaciones.
  4. Generar mecanismos para que la comunidad participe en el diseño de los planes de seguridad ciudadana.

CAPÍTULO VII

DE LA COORDINACIÓN POLICIAL

 ARTÍCULO 27. Definición. Se entiende por coordinación de los órganos de policía la ejecución de políticas integrales para vincular adecuada y efectivamente la participación y actuación de los distintos cuerpos policiales que comparten la competencia concurrente de actividad policial en sus distintos niveles territoriales.

ARTÍCULO 28. Finalidad. La coordinación policial tiene como finalidad lograr la eficacia y mayor eficiencia en la actuación de los cuerpos de seguridad ciudadana y demás órganos de policía. Al efecto, el Ministro de Interior y Justicia dictará los lineamientos de política criminal y de seguridad ciudadana que  serán de obligatorio cumplimiento por las policías estadales, la Policía Metropolitana y las policías municipales.

ARTÍCULO 29. Cumplimiento de Funciones.  En situación de normalidad, los cuerpos de policía de la República Bolivariana de Venezuela ejercerán sus funciones dentro de los respectivos ámbitos de su competencia, sin menoscabo de la cooperación que deben prestarse en el eficaz ejercicio de sus funciones.  En los casos de situación excepcional actuarán de conformidad con lo establecido en la Constitución y las leyes que rigen la materia.

ARTÍCULO 30. Dotación. El Ministro de Interior y Justicia establecerá los criterios que los cuerpos de policía de la República Bolivariana de Venezuela deberán seguir para la adquisición, distribución y control de armas, equipos, uniformes, vehículos, distintivos y dotaciones en general.

El Ministerio de Interior y Justicia supervisará el armamento y demás equipos en poder de los diferentes cuerpos policiales.

ARTÍCULO 31. Servicio privado de vigilancia.  El Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Interior y Justicia, podrá autorizar el funcionamiento de servicios privados de vigilancia, protección e investigación.

Compete al Ministerio de Interior y Justicia el control sobre el armamento y demás equipos de prestación de este servicio en manos de las empresas autorizadas.

El Ministerio del Interior y Justicia determinará las condiciones y demás requisitos para el otorgamiento del permiso de funcionamiento.

ARTÍCULO 32. Carácter Obligatorio. Las instrucciones en materia de seguridad ciudadana y orden público emanadas del Ministro o Ministra de Interior y Justicia son de obligatorio cumplimiento por todos los cuerpos de policía de la República Bolivariana de Venezuela.

 La inobservancia de la política criminal del Estado dictada por el Ministro de Interior y Justicia acarrea responsabilidad penal, civil y administrativa.

Sección Única: Del Consejo de Coordinación Policial  

ARTÍCULO 33. Creación. Se crea el Consejo de Coordinación Policial para garantizar la ejecución coordinada de la política criminal y de seguridad ciudadana del Estado, presidido por el Ministro o Ministra de Interior y Justicia e integrado por los representantes de todos los cuerpos de policía de la República Bolivariana de Venezuela.

ARTÍCULO 34. Funciones del Consejo de Coordinación Policial. El Consejo de Coordinación Policial ejercerá las siguientes funciones:

  1. Aprobar los planes de coordinación en materia de seguridad y de infraestructura policial.
  2. Informar las plantillas de los cuerpos de policía de los estados, de la Policía Metropolitana y de las policías municipales, así como sus modificaciones.
  3. Informar las disposiciones  que dicten los estados, el Distrito Capital y los municipios en relación con sus propios cuerpos de policía, así como de la creación de éstos.
  4. Las demás que le atribuya la Ley.

 ARTÍCULO 35. Reglamento. Para su adecuado funcionamiento La Ministra o Ministro de Interior y Justicia elaborará un reglamento de funcionamiento interno, aprobado en el seno del ministerio.

CAPÍTULO VIII

DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN POLICIAL

Sección Primera:  Principios básicos de actuación

 ARTÍCULO 36. Principios de actuación. Todos los funcionarios y funcionarias de los órganos de policía:

  1. Respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación alguna.
  2. Ejercerán su función con absoluto respeto y cumpliendo los deberes que le impone la Constitución de la República y demás leyes.
  3. Servirán a su comunidad y protegerán a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto nivel de responsabilidad exigido por su profesión.
  4. No cometerán ningún acto de corrupción y se opondrán rigurosamente a todos los actos de esa índole y los denunciará.
  5. Tratarán dignamente y con respeto a toda persona bajo su custodia, a las víctimas y los testigos.
  6. Impedirán, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral. Por el contrario, observarán en todo momento, un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos y ciudadanas a quienes procurarán proteger y auxiliar en las circunstancias que fuere requerido.
  7. Deberán identificarse como tales, de manera que el afectado pueda reconocerlos por su nombre o número de identidad. Cuando la urgencia requerida por una determinada situación en la cual los funcionarios o funcionarias hayan de intervenir, que no permita el cumplimiento previo de la obligación antes señalada, la identificación se deberá hacer tan pronto como las circunstancias así lo permitan.
  8. En los casos que sea procedente una detención de conformidad con la Constitución y las leyes, la cual deberá ser practicada por agentes debidamente identificados.
  9. Toda persona detenida deberá ser informada en el acto de su captura, sobre las razones que determinan su detención así como de los derechos que la asisten.
  10. No podrán infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ni invocar la orden de un superior o circunstancias especiales como estado de guerra o amenaza de guerra, amenaza de la seguridad nacional, inestabilidad política interna o cualesquiera otra emergencia pública como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por  el cual se inflijan a una persona penas, dolores o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación a una persona de métodos tendientes a anular su personalidad o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.
  11. Cuando los funcionarios o funcionarias tengan motivaciones para creer que se ha producido o va a producirse un acto de tortura, están en el deber de informar a sus superiores y si fuese necesario, cualquier autoridad u organismo apropiado que tenga atribuciones de control o correctivas, para que se proceda a subsanar dicha violación.
  12. Deberán asegurar plena protección de la salud de las personas bajo su custodia y, en particular, tomar las medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando ello sea preciso.
  13. Deberán recurrir a medios no violentos para resolver los conflictos y utilizarán la fuerza cuando sea estrictamente necesario y de forma proporcional a los objetivos lícitos y no se admitirán excusas para el uso ilegítimo de la fuerza.
  14. Utilizará el arma de fuego sólo en circunstancias extremas:
    1. En defensa propia o en defensa de otros en caso de amenaza inminente de muerte; o de lesiones graves.
    2. Para evitar un delito particularmente grave que entrañe un serio peligro para la vida o con el objeto de defender a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a la autoridad.
    3. En todos los casos, sólo cuando las medidas menos extremas resulten insuficientes.
  15. Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los miembros de los cuerpos policiales, están en el deber de:
    1. Ejercerlo con moderación y racionabilidad, actuando en proporción al presunto delito y al objetivo legítimo que persigue.
    2. Reducir al mínimo los daños y lesiones, respetando y protegiendo la vida humana.
    3. Proceder de modo tal que se preste, lo antes posible, asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas.
    4. Procurar y notificar lo sucedido, con la mayor brevedad posible, a los parientes o amigos íntimos de las personas heridas o afectadas.
    5. Notificará los incidentes a los funcionarios superiores, quienes los examinará y asumirá la debida responsabilidad cuando tenga conocimiento de que los funcionarios a sus órdenes han cometido abusos.
  16. Cuando los funcionarios o funcionarias policiales se vean por razones legales, obligados a disolver manifestaciones públicas vinculadas al disfrute y ejercicio pacífico del derecho de reunión y de manifestación, deberán utilizar los medios menos peligrosos para la vida y la integridad de las personas y en las mínimas proporciones necesarias.
  17. 18.Podrán abstenerse de cumplir sus funciones durante una ocupación, por consideraciones de conciencia, lo cual no redundará en la modificación de su estatuto.
  18. 19.Dispondrán de una serie de medios que permitan un uso diferenciado de la fuerza y recibirá adiestramiento en el uso de los distintos medios para el uso ponderado de la fuerza.
  19. 20.Podrán negarse a cumplir una orden ilegal y además, gozarán de inmunidad y no podrán ser procesados o sancionados por incumplimiento de una orden ilegal de sus superiores.
  20. 21.Deberán impedir la victimización de las mujeres, y se asegurarán que no vuelva a producirse como consecuencia de omisiones de la propia policía o de prácticas de aplicación de la ley  que no tengan en cuenta la condición específica de la mujer.
  21. 22.Tienen la obligación ética de denunciar las violaciones a los derechos humanos que se hayan producido o exista amenaza de que se van a producir.
  22. 23.Deberán proteger la integridad física y garantizar la plena protección de la salud de toda persona que se encuentre bajo su custodia.
  23. 24.Vigilarán que en todos los procedimientos y actividades de la policía se observen los principios de legalidad, necesidad, no discriminación, proporcionalidad y humanidad.
  24. 25.No deberán discriminar por motivos de raza, sexo, religión, idioma, color, opinión política, origen nacional, posición económica, nacimiento o cualquier otra índole.
  25. 27.Aplicarán medidas para proteger los derechos y la condición especial de la mujer, en particular de las mujeres embarazadas y las madres lactantes, los niños y los jóvenes, los enfermos y las personas de edad u otras personas que necesiten un trato especial de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.
  26. 28.No podrán alegar el acatamiento de órdenes superiores para eludir la responsabilidad en caso de abuso de estas normas.

 Sección Segunda: Derechos, prohibiciones y obligaciones

 ARTÍCULO 37. Derechos. Son derechos de los miembros de los cuerpos policiales de la República Bolivariana de Venezuela:

  1. No ser destituidos de la institución sin el cumplimiento del debido proceso.
  • Tener la oportunidad de realizar estudios de especialización, cursos o materias relacionadas con el área policial, en centros universitarios o instituciones nacionales o extranjeras.
  • Tener la oportunidad de participar en actividades formativas promovidas por la institución durante el tiempo efectivo de trabajo.
  • Ser remunerado de acuerdo a su tiempo de servicio, jerarquía, capacidad y mérito que les asegure un nivel de vida digno para sí y su familia. En el Reglamento respectivo se establecerán los incentivos que correspondan por prestar servicio en determinadas regiones del territorio nacional.
  • Obtener ascensos al grado inmediato superior, previo cumplimiento de los requisitos de la presente ley y el respectivo Reglamento.
  • Ser dotados de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, especialmente lo concerniente a equipos y demás apoyo logístico.
  • Recibir las prestaciones laborales y de seguridad social a la que tienen derecho los servidores públicos.
  • Recibir el apoyo necesario para una adecuada promoción social, profesional y humana.
  • Recibir defensoría legal por la imputación de hechos que puedan resultar constitutivos de delitos o faltas con ocasión de fiel y estricto cumplimiento de sus funciones.
  • Recibir tratamiento adecuado para su recuperación, por el tiempo que sea necesario, cuando como consecuencia de un acto del servicio, sufran problemas físicos, emocionales o psíquicos.
  • Inscribir a los miembros de su grupo familiar, en centros educativos y de formación públicos, en todo tiempo, cuando por las necesidades del servicio sean trasladados a cualquier lugar del territorio nacional.
  • Afiliarse en la asociación gremial de su preferencia y participar en negociaciones colectivas.
  • La protección a su honor, reputación y vida privada en conformidad con lo dispuesto en la Constitución Nacional.
  • Ejercer el derecho al voto sin que ello significa libertad de participar activamente en proselitismo político.
  • Tener una jornada de trabajo que no exceda las 176 horas mensuales, distribuidas de tal manera que considere un descanso proporcional al trabajo realizado.

    ARTÍCULO 38. Prohibiciones. Los funcionarios o funcionarias de los cuerpos policiales de la República Bolivariana de Venezuela, por prestar servicio esencial, tienen prohibido:

    1. Ejecutar actos contrarios al servicio o abandonar el mismo.
    2. Participar en actividades de proselitismo político.
    3. Las demás prohibiciones establecidas en otras leyes y reglamentos de la República.

    ARTÍCULO 39. Obligaciones. Los funcionarios o funcionarias de los cuerpos policiales de la República Bolivariana de Venezuela tienen las siguientes obligaciones:

    1. Servir a la Patria, la sociedad y a la institución con honradez, justicia, lealtad, disciplina y ética profesional.
    2. Proteger y respetar la dignidad de las personas, los derechos humanos, la Constitución, leyes de la República y los Convenios Internacionales suscritos por el Estado, cualesquiera que sean las circunstancias en que hayan de cumplir con su misión.
    3. Respetar las órdenes e instrucciones emanadas de sus superiores jerárquicos, las cuales deben estar ajustadas a la Constitución y las leyes de la República. La obediencia a una orden superior no justifica ni exime de responsabilidad en la comisión de hechos punibles.
    4. Mantener en sus relaciones con el público, con sus compañeros, superior y subordinados la consideración, respeto y cortesía debidos.
    5. No recibir remuneración económica, dádivas o recompensas adicionales que no sean las inherentes al ejercicio de sus funciones.
    6. Ser responsables por los actos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

    Parágrafo único.

    Las obligaciones son de orden taxativo y no eximen todas aquellas de orden moral y ética propias de todo funcionario público encargados de cumplir y hacer cumplir la Ley.

    CAPÍTULO IX

    DE LA CARRERA POLICIAL 

    Artículo 40. Carrera policial. Los funcionarios policiales son servidores públicos que, en virtud de legítimo nombramiento y previo juramento de fidelidad a la Constitución y las leyes, prestan servicios permanentes de seguridad ciudadana a los habitantes de la República.

    Artículo 41. Principios. La carrera policial estará basada en criterios de profesionalidad y efectividad, por ello, el Estado proporcionará las condiciones más favorables para una adecuada promoción humana, social y profesional de los miembros de los cuerpos policiales de la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo a los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, tiempo de servicio, méritos y capacidad.

    Artículo 42. Agentes. En el ejercicio de sus funciones, los funcionarios de la carrera policial, son agentes de autoridad y guardianes de la seguridad ciudadana.

    Artículo 43. Reglamento. La carrera policial se regulará reglamentariamente.

    CAPÍTULO X

    ESCALAS JERÁRQUICAS, GRADOS Y ASCENSOS

    ARTÍCULO 44. Creación. Se crea la carrera policial, según la cual los funcionarios policiales ingresarán previo cumplimiento de requisitos mínimos previstos en el Reglamento, y ascenderán conforme a principios de profesionalidad, experiencia, méritos y eficiencia en el desempeño de sus funciones, desarrollados igualmente en el Reglamento de la Ley.

    ARTÍCULO 45. Requisitos. Los aspirantes a ingresar a los cuerpos policiales de la República Bolivariana de Venezuela, además de las prohibiciones establecidas en el reglamento respectivo y de los requisitos para su ingreso, deben ser bachilleres, mayores de edad, tener una conducta intachable y no haber sido condenado en juicio penal.

    ARTÍCULO 46. Requisitos adicionales.  Además de los requisitos previstos en el Reglamento para ingresar a la carrera policial, el funcionario deberá someterse a:

    1. Un informe médico psiquiátrico que demuestre su idoneidad para el ejercicio del cargo atinente a las funciones policiales.
    2. Un examen de aptitud física.
    3. Una prueba psicotécnica.

    ARTÍCULO 47. Grados. El ingreso a la carrera policial, sólo se producirá con los grados de  Sub-Inspector u oficial y agente, egresados del Instituto Universitario de Formación Policial o de los diferentes centros de formación policial del país, respectivamente, nacionales o extranjeros, en cuyo caso se requiere de las equivalencias correspondientes.

    ARTÍCULO 48. Escala. La carrera policial contará con las siguientes escalas jerárquicas:

    Escala jerárquica de oficiales superiores que corresponde a los siguientes grados:

    • Comisario General.
    • Comisario Jefe.
    • Comisario.
    • Sub-Comisario
    • Inspector Jefe.
    • Inspector.
    • Sub-Inspector

    Escala jerárquica de oficiales subalternos, que corresponde a los siguientes grados:

    • Oficial Técnico General.
    • Oficial Técnico Jefe.
    • Oficial Técnico Mayor.
    • Oficial Técnico I
    • Oficial Técnico II
    • Oficial Técnico.
    • Oficial.

    ARTÍCULO 49. Reglamento. La situación personal de cada miembro de la carrera policial  referida a ingreso, escala jerárquica, promoción, nombramiento y destinos, estarán establecidas en el Reglamento de la Carrera Policial.

    ARTÍCULO 50. Nombramiento. Todo funcionario o funcionaria que ingrese al Cuerpo Uniformado de Policía Nacional, indistintamente de su condición, cargo o jerarquía, lo hará en virtud de nombramiento. Dicho nombramiento lo hará la autoridad correspondiente en los términos previstos en el Reglamento.

    ARTÍCULO 51. Servicio. La base para asignación de cargos, ascensos, transferencias y otras situaciones administrativas de los funcionarios y las funcionarias de Carrera Policial, es la calificación de servicio. La calificación consiste en la evaluación de las condiciones éticas, morales, intelectuales, profesionales, técnicas, físicas y psicológicas del funcionario o funcionaria, que lo acrediten para la obtención de una determinada asignación.

    ARTÍCULO 52. Ascenso. El ascenso de los funcionarios o funcionarias al orden jerárquico superior responderá al reconocimiento de los méritos profesionales, rendimiento en las funciones y cargos desempeñados, antigüedad en el grado, aprobación de los cursos de desarrollo profesional  que se exijan y a la disponibilidad de plazas vacantes para cada grado.

    Parágrafo único

    El ascenso obedecerá a la disponibilidad de plazas vacantes para cada grado.  No obstante, el Director o Directora General de la organización policial podrá incluir en el proyecto de presupuesto anual, una partida destinada a compensar a aquellos funcionarios o funcionarias que encontrándose en la lista de méritos para ascender,  no lo hubieren hecho por falta de vacantes.

    CAPÍTULO XI

    RÉGIMEN DISCIPLINARIO

    ARTÍCULO 53. Responsabilidad. El funcionario o funcionaria de Carrera Policial responde penal, civil, administrativa y  disciplinariamente por los actos u omisiones cometidos en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, en consecuencia, queda sujeto a las disposiciones del ordenamiento jurídico venezolano.

    ARTÍCULO 54. Procedimiento disciplinario. No podrán imponerse sanciones disciplinarias sin la previa instrucción del procedimiento disciplinario correspondiente, que será escrito y basado en principios de legalidad y celeridad. El procedimiento disciplinario deberá observar las garantías legales del imputado, sin que en ningún caso pueda producirse la indefensión.

    ARTÍCULO 55. Principios. El procedimiento disciplinario aplicado se llevará a cabo, considerando el respeto por la dignidad humana, los principios de no discriminación y ajustados al Reglamento sobre Régimen Disciplinario.

    ARTÍCULO 56. Responsabilidad. La responsabilidad del funcionario o funcionaria de Carrera Policial es personal, no pudiendo excusarse en órdenes superiores por la comisión de actos contrarios al ordenamiento jurídico vigente ni al régimen disciplinario institucional, constituyendo para sí, aquellos actos ilegales cuya comisión conozca, el deber ineludible de denunciar, so pena de la responsabilidad derivada de tal omisión.

    ARTÍCULO 57. Obligaciones. No podrá el funcionario o funcionaria policial, pretender la sustitución en la institución policial de las obligaciones contraídas por daños causados durante el desempeño de sus funciones; sin embargo, en los casos de responsabilidad civil, siempre que el hecho dañoso derive de un acto propio del servicio policial y sin que se determine culpa o dolo por parte del funcionario o funcionaria, la institución policial se hará responsable del resarcimiento al que hubiere lugar.

    ARTÍCULO 58. Detención. La detención preventiva y el cumplimiento de las penas privativas de libertad por los miembros de los cuerpos policiales de la República Bolivariana de Venezuela se realizarán en establecimientos penitenciarios ordinarios, con separación del resto de la población reclusa hasta que exista sentencia definitivamente firme.

    CAPÍTULO XII

    RÉGIMEN EDUCATIVO

    ARTÍCULO 59. Sistema educativo. El Sistema de Educación Policial debe ser un conjunto orgánico, integrado, de políticas y servicios que garanticen la unidad del proceso de formación y el desarrollo profesional permanente, a lo largo de la Carrera Policial.

    Todos los Funcionarios y Funcionarias de Carrera Policial tienen el derecho y el deber de acogerse al proceso educativo que el ente rector de la Educación Policial  implante con el fin de asegurar la educación del personal policial.

    Se promoverá la formación de personal especializado para la prestación de servicios extraordinarios, así como de servicios en áreas rurales y la nivelación educativa entre todos los funcionarios de carrera policial, conforme a los programas establecidos al efecto.

    ARTÍCULO 60. Instituto Universitario. Los cuerpos policiales de la República Bolivariana de Venezuela contarán con un Instituto Universitario de Formación Policial el cual titulará técnico superior en ciencias policiales (3 años) y licenciatura en ciencias policiales (5 años).

     ARTÍCULO 61. Extensiones. El Instituto Universitario de Formación Policial contará con núcleos y extensiones en todo el territorio nacional y deberá utilizar sus recursos humanos, materiales y financieros en la formación, capacitación, especialización y adiestramiento de los efectivos policiales.

    Los Planes y Programas Académicos que implemente, deberán ser avalados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

     ARTÍCULO 62. Funcionamiento. Todo lo concerniente al funcionamiento, administración y control de la actividad educativa de los cuerpos policiales de la República Bolivariana de Venezuela, se regulará en los reglamentos respectivos y bajo el régimen de la Ley Orgánica de Educación Superior.

    CAPÍTULO XIII

    RÉGIMEN FUNCIONARIAL

    ARTÍCULO 63. Régimen funcionarial. Todo lo relativo al régimen laboral y de previsión social de los funcionarios del Cuerpo Uniformado de Policía Nacional será regulado por la ley que norme la función pública, por la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la Ley Orgánica de Seguridad Social y la Ley Orgánica del Trabajo supletoriamente, así como su Reglamento Orgánico y otros instrumentos jurídicos elaborados a tal fin.

    CAPÍTULO XIV

    SITUACIONES ADMINISTRATIVAS

    ARTÍCULO 64. Situaciones administrativas. Las situaciones administrativas en que puede encontrarse el personal de la carrera policial serán las siguientes:

    • En Actividad
    • En Jubilación

    ARTÍCULO 65. Situación de actividad. Se encuentra en situación de actividad, el funcionario o funcionaria  de Carrera Policial que efectivamente cumpla con las funciones propias de su cargo y aquél que sólo transitoriamente y dentro de un límite de tiempo determinado, no pueda laborar por cualquiera de las causas previstas en el Reglamento. En consecuencia, la actividad comprende tres (3) situaciones: la de servicio efectivo, la de disponibilidad y la de servicio pasivo, las cuales deben estar reguladas en el Reglamento de situaciones administrativas.

    ARTÍCULO 66. Jubilación. Se encuentra en situación de jubilación aquellos funcionarios que hayan cumplido 30 años de servicio.

    ARTÍCULO 67. Reglamento. Todas estas situaciones y lo relativo a remuneraciones, cómputo de tiempo de servicio y licencias serán establecidas en el Reglamento de situaciones administrativas.

    CAPÍTULO XV

    DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

    ARTÍCULO 68. Transición.  Primera: El periodo de transición para la coordinación de la policía nacional no excederá de un año a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley.

     Segunda:  Los reglamentos de la presente Ley y los instrumentos técnicos para su aplicación deberán encontrarse en vigencia, a más tardar, un año después de la publicación de la misma.

    Tercera: Se ordena la integración de los Cuerpos de Control y Vigilancia del Tránsito Terrestre  al Cuerpo Uniformado de Policía Nacional.

     ARTÍCULO 69. Vigencia y Derogación. Esta Ley entrará en vigencia desde el momento de su promulgación y publicación en Gaceta Oficial. Quedan derogadas a partir de su vigencia toda ley, decreto, estatuto o reglamento que colida con las disposiciones aquí sancionadas.  A falta de ley especial la materia en cuestión se regirá por las normas y principios generales aquí establecidos.

     Versión del 21 de marzo 2001

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