Investigación de unos medios por encima de toda sospecha

Índice

• Introducción
• 1. Auge y caída del golpe mediático
• 2. Primero la sentencia, después el juicio
• 3. Sangre, mentiras y videos
• 4. Los traficantes de difuntos
• 5. La mediocracia

Introducción

Afirmó Simón Bolívar que «la imprenta es la artillería del pensamiento». Entiéndase bien: los medios de comunicación son y deben ser armas del pensamiento, no del dinero, de la rapacidad o de la ignorancia. No es deseable que un hombre acapare artilugios de destrucción masiva para uso particular, ni que una camarilla monopolice la comunicación para servicio de sus intereses.

Y sin embargo, bajo tal amenaza inaugura Venezuela el tercer milenio. Los partidos que abandonaron a las masas son abandonados por ellas. Los grandes capitales apuestan a la solución final de la antipolítica: abolición de partidos y dirigencias a favor del totalitarismo de un gremio de patronos y otro de sindicaleros que intentan confiscar el Estado por la fuerza bruta, legitimados o más bien dirigidos por una fracción de los medios que actúa como partido político, designa o destituye a los líderes de la oposición y les dicta estrategias y programas.

Este modelo opera en dos instancias. Frente al público, tergiversa la información haciendo pasar suposiciones, opiniones o deseos por noticias, omite hechos y suplanta a los actores políticos clausurando de hecho la democracia. Como concluye el analista Joaquín Villalobos, ex guerrillero salvadoreño y actual docente del Saint Antony’s College de Oxford: «En Venezuela, la contradicción entre medios de comunicación y partidos, que es universal, se convirtió prácticamente en sustitución. Una emisora, periódico o canal de televisión es más importante que cualquier partido y los periodistas y reporteros sustituyeron a los activistas y a los políticos» (TalCual, 26-5-03). Contra ello se pronuncian lúcidamente personas cercanas a los medios, tales como la libretista de telenovelas Mónica Montañés, quien expresa que «extraño mucho un periodismo menos protagónico, en el que el periodista sirva más como enlace entre el lector y el creador, o el político, o el economista. No me gusta esta etapa del ejercicio de la profesión en la que el periodista opina sin necesariamente estar capacitado para hacerlo. [...] Definitivamente, lo que se está viendo en los medios dista años luz de lo que a uno le enseñaron acerca de ser periodista» (Juan Antonio González: «Extraño mucho un periodismo menos protagónico», El Nacional, 2-6-03, p. A-14). En las páginas que siguen citamos numerosos juicios coincidentes.

Pero el modelo de confiscación de lo político por algunos propietarios de los medios opera también en el interior de las redes. Sus primeras víctimas son los mismos comunicadores, a quienes ciertos propietarios proscriben, censuran o cesantean cuando desacatan la línea impuesta. Se desencadena así una purga ideológica que en los primeros meses del año 2003 integra una lista negra de casi medio millar de comunicadores, columnistas y artistas despedidos o vetados. Una fracción de dueños de los medios prohíbe toda disidencia y clausura de hecho la libertad de expresión y creación.

Con esta doble táctica opera un aparato mediático que auspicia y aplaude la supresión de los poderes públicos constitucionales, la destitución de todos los funcionarios electos, el sabotaje de la principal industria de Venezuela, el desconocimiento de la voluntad soberana expresada en el sufragio, el odio étnico y la guerra civil, e instaura la censura. Como bien apunta Augusto Hernández: «Esta ley mordaza se le impuso al país el 12 de abril del 2002. Los medios privados no la protestaron, ni antes, ni durante, ni después. Más bien aplaudieron» («Una buena Ley mordaza»; Últimas Noticias, 1-6-03, p. 31).

De tal manera pretenden algunos inversionistas —muchos de ellos por cierto extranjeros— que comprar un medio es adquirir un actor político, y que poseer el actor es confiscar lo político con miras a la incautación de las reservas de hidrocarburos más grandes del hemisferio a favor de una potencia hegemónica foránea. Para ejemplo del mundo, a los venezolanos nos ha correspondido mostrar que su poder tiene un límite en la voluntad soberana.

Como regla de esta investigación pionera privilegio la cita textual, el señalamiento de las fuentes y los testimonios de opositores abiertos, que hablan por sí mismos. Si la lengua es el castigo del cuerpo, las comillas son el de la palabra escrita. Como método adopto la confrontación de unos mensajes con otros, de unos medios con otros, de los titulares con el cuerpo de la noticia, de lo que se denota con lo que se connota. No tengo la pretensión de haber sido exhaustivo. Apenas abro un campo de indagación inagotable y urgente para las confrontaciones que se avecinan.

Dedico este trabajo a los comunicadores y a los propietarios de medios que respetando las normas constitucionales y los principios éticos de la profesión mantienen un difícil equilibrio en situaciones turbulentas y respetan el derecho de su público a una información veraz, imparcial y oportuna. De su exigente tarea cito abundantes ejemplos en las páginas que siguen. Lo dedico también a quienes por mantenerse fieles a su conciencia y a su deber han sido vetados o excluidos, sin que en su defensa se hayan movido hasta el presente gremios ni organizaciones supuestamente defensoras de la libertad de expresión. Su escogencia los honra.

En Venezuela a los intelectuales o los vetan, o se vetan. Cada vez somos más quienes ni nos vetamos ni dejamos que nos veten. Después de todo, a nadie le interesa participar como colaborador o público de unos medios unánimes.

1. Auge y caída del golpe mediático

Los venezolanos inauguramos tres experiencias históricas trascendentes. El 19 de abril de 1810, la Independencia latinoamericana. El 27 de febrero de 1989, la primera rebelión masiva contra el Fondo Monetario Internacional. En la semana más larga de la década, la que concluyó el 13 de abril de 2002, padecimos y vencimos el primer golpe mediático.

El cierre patronal

Los hechos siguen un guión preciso, que vale la pena examinar. No solo repite en algunos aspectos el golpe chileno: anuncia la tentativa insurreccional de diciembre del mismo año y seguramente será instrumentado en otros países. La nómina mayor de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) empresa de propiedad exclusiva de la República, rechaza una directiva nombrada por su único accionista, se niega a rendirle cuentas, convoca a un paro no justificado por ninguna reivindicación laboral ni apoyado por los sindicatos petroleros, sabotea algunas plantas. La federación de patronos (Fedecámaras) llama a un paro nacional para el martes 9 de abril. La Confederación de Trabajadores de Venezuela (que no representa ni al 17% de la fuerza laboral, cuya dirigencia no es nombrada en votación directa por esta, y en cuyas últimas elecciones desaparecieron la mitad de las actas y la otra mitad resultó nula) se une al cierre patronal. Los medios de comunicación divulgan sus llamados en forma unánime y abrumadora.

El martes 9 y el miércoles 10 de abril camino por Caracas. Verifico que transportes, metro, bancos, comercios, farmacias, institutos educativos e industrias funcionan en un 80%. Las televisoras privadas y parte de la prensa convierten el cierre patronal en un paro virtual. Transmiten a las nueve de la mañana calles desiertas filmadas de madrugada, centros comerciales cerrados por sus dueños, y reducen Venezuela a unos dos millares de manifestantes que apoyan a la nómina mayor de Pdvsa a las puertas de la sede de Chuao. El embajador estadounidense Charles Shapiro y los representantes de la Venezuelan American Chambers se convierten en estrellas mediáticas de las transmisiones.

Crónica de una agonía anunciada

La oposición convoca por prensa, radio y televisión a una marcha desde el Parque del Este para el 11 de abril. El Dayly Journal, periódico en inglés de Caracas, da al gobierno por muerto mientras todavía gobierna: “State of agony stunts governement,” titula su edición de ese día. El Nacional encabeza en primera plana su edición extraordinaria de esa mañana: «La batalla final será en Miraflores». Es profética la prensa venezolana. Antes de que suceda, sabe que el gobierno será mortalmente herido, que habrá una batalla, que se librará en el Palacio de gobierno, que resultará «final».

Culmina así una campaña que durante años incita públicamente a los militares a la rebelión y que desde febrero del 2002 celebra como héroes a los uniformados disidentes que sin recibir ninguna sanción se pronuncian contra el gobierno electo, en actos públicos preparados con gran cobertura mediática. La mañana del 11 de abril el Presidente del gremio de patronos y el de los sindicaleros, de acuerdo con las pautas del Dayly Journal y El Nacional, desvían la nutrida multitud de clase media que se dirige desde el Parque del Este hacia Chuao, a un nuevo destino en el centro de la ciudad: contra el palacio de Miraflores. El cambio de rumbo ha sido prefigurado en las cuñas televisivas de los días anteriores, cuyo texto convoca para el Este, cuyas imágenes presentan como meta el centro de la ciudad. Los canales comerciales presentan al general oposicionista Guaicaipuro Lameda, ex presidente de Pdvsa gritando «¡a Miraflores!» mientras señala el nuevo rumbo con el brazo. Para facilitar el desvío, alguien hace circular el rumor de que Hugo Chávez ha caído.

Las primeras bajas fueron del oficialismo

Mientras avanza la marcha opositora desviada, una muchedumbre de simpatizantes bolivarianos rodea el palacio. Chávez empieza a hablar por televisión en cadena. Las televisoras privadas le superponen sus propias imágenes, cortan la cadena. Las policías de los alcaldes opositores Alfredo Peña y Capriles Radonsky interfieren en las marchas.

En las adyacencias del palacio de Miraflores suenan disparos. Caen manifestantes con certeros balazos en la cabeza. Como titula El Nacional del viernes 12: «Las primeras bajas fueron del oficialismo» (p. D-4).

Vale la pena detenerse en esta reseña de un diario opositor, firmada por Roselena Ramírez Prado, quien refiere que muchos de los bolivarianos gritaban «Patria o muerte»: «Y muerte fue la que tuvieron algunos. Sin saber de parte de quién, los tiros comenzaron a segar vidas revolucionarias. Las primeras cuatro bajas se contaron entre la avenida Baralt y el Palacio Federal Legislativo. Al parecer, el autor de los disparos fue un francotirador. Nadie sabe quién comenzó. De lo que dan fe los testimonios es de que los primeros muertos tenían boinas rojas; y temprano, por lo menos diez heridos eran atendidos»(ibid.).

En la edición del día siguiente del mismo diario, Rafael Luna Noguera titula «Muertas 15 personas y heridas 350 durante reyerta del jueves». Y precisa que según las estadísticas del coronel Rodolfo Briceño, jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano, «siete de las personas fueron ingresadas en el servicio de urgencias del Hospital José María Vargas, dos murieron en la esquina de Capitolio —sus cadáveres fueron llevados directamente a la Medicatura Forense de Bello Monte— y seis perecieron en las cercanías del palacio de gobierno, cuando defendían la toma de ese recinto, presuntamente a manos de la policía y de militantes de la oposición» (13-4-03, p. D-13).

Todos los testimonios confirman lo indicado: un número considerable de las víctimas fatales cae «presuntamente a manos de la policía y militantes de la oposición» mientras bloquea con sus cuerpos la vía hacia Miraflores. Un año más tarde Wilmar Pérez, defensor inerme del Palacio y sobreviviente de graves heridas en el vientre declara que «a mí me hirió un agente de la Policía Metropolitana». José Marcelino Roa, quien estaba en la concentración que defendía Miraflores y recibió un balazo en la rótula «asegura que quienes lo hicieron fueron agentes de la Policía Metropolitana que, inexplicablemente, le venían abriendo paso a los manifestantes de la oposición» (Últimas Noticias: 11-4-2003, p.7). En El Universal del día siguiente varios heridos testimonian: «La Policía Metropolitana apuntaba a mansalva a todo el mundo» y «era un Policía Metropolitano que me sacó de la camioneta donde venía, me tiró al piso y me disparó» (p. 4.4).

Es exactamente lo que el día 11 presentan también las imágenes todavía sin editar de los canales de televisión. Hombres con distintivos bolivarianos cargan a heridos con distintivos bolivarianos. En Venezolana de Televisión, el diputado Juan Barreto denuncia que las bajas son chavistas.

Desde que truenan los disparos la marcha se transforma en caos. Centenares de partidarios del gobierno constitucional reptan en el puente de Llaguno, cercano a Miraflores, eludiendo la balacera. Tres de ellos la contestan con armas cortas.

Poco antes las televisoras comerciales interfieren y luego cortan y desaparecen la imagen de la cadena en la cual habla el Presidente electo. Aparece en las televisoras comerciales un grupo de militares que desconoce al gobierno. Un piquete toma la televisora del Estado y la deja sin señal. Otro contingente ocupa Miraflores, secuestra a Chávez, informa falsamente que el mandatario renunció. También anuncian a los venezolanos que Pedro Carmona Estanga, presidente del gremio de patronos, será ahora también Presidente de la República.

La oposición reinante

Dijo Montesquieu que todo estaría perdido si una sola persona concentrara el poder Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial. Pedro Carmona Estanga acapara además el poder económico y el mediático. Solo le falta declararse Dios. Tal cúmulo de potestades no lo conoció Luis XIV ni lo anticipó George Orwell. A tal neoliberal, tales medidas. En las primeras horas de su reinado, Carmona el Breve anula la Constitución sancionada por voto popular, desmantela los poderes públicos, destituye a todos los funcionarios investidos por elección popular, disuelve el «espúreo» Tribunal Supremo de Justicia, encierra centenar y medio de ciudadanos, entre ellos representantes y gobernadores electos (en tres años Chávez no había tenido un solo preso político). Esa misma noche anula las medidas que restringen la usura sobre los créditos indexados, y hombres armados desalojan campesinos de las tierras repartidas por el gobierno y queman sus viviendas. Al día siguiente, ignorando toda norma de Derecho Internacional grupos violentos y armados comandados por el alcalde de Baruta, Capriles Radonski, asedian la Embajada de Cuba, saltan sus muros, destruyen automóviles y ventanas, cortan agua y luz y pretenden penetrar por la fuerza a la misma sede diplomática.

Los medios apoyan la dictadura

Es el último engendro postmo: el empresario que intenta gobernar sin la mediación de los políticos: el capital que sustituye los mediadores por los medios. «¡Un paso adelante!» titula admirativamente en primera plana El Universal del sábado 13 de abril. Sobre la disolución de los poderes constitucionales, editorializa El Nacional de ese día que «ha hecho bien el nuevo presidente Pedro Carmona Estanga en prescindir, de un plumazo, de estos esperpentos institucionales, devaluados ética y moralmente por la escasa gallardía con que sus representantes ejercieron el cargo» (p. A-10). En reconocimiento a la complicidad comunicacional, en la misma página celebra Ibsen Martínez: «En sinergia con el decidido papel de los medios de masas, la rebelión de los gerentes petroleros fue lo que logró imprimirle un promisorio aire modernizador al movimiento con que la sociedad civil organizada derrocó a Hugo Chávez» [¡Pdvsa a la Junta de Transición!, El Nacional, 13-4-02, p. A-10]. Para evitar la divulgación extemporánea de expresiones parecidas luego de la restauración de la democracia, algunos medios destruyeron las ediciones en las que adulaban la efímera autocracia. Tal sucedió con el tiraje de esa semana de la revista Bohemia, de cuyo contenido solo quedó testimonio en algunas copias fotostáticas

Una importante fracción de los medios, que a través de campañas sistemáticas auspiciaron e invocaron el golpe de Estado, y censuraron todo contenido adverso a este durante el 12 de abril, se reúne el 13 con el déspota Carmona para consagrar el contubernio del poder mediático con el dictatorial. Como testimonia catorce meses más tarde José Gregorio Vásquez, viceministro de la Secretaría de la autocracia:

Reporteros sin Fronteras, en su análisis de una confesión del fugaz viceministro que circula por Internet, cita ese testimonio como un indicio sólido de que los empresarios de los medios informativos habrían optado por cartelizarse en pro de la estabilización del gobierno interino, tras la reunión convocada en palacio por José Gregorio Vásquez. Añade dicha organización: «El contenido de este documento nunca ha sido desmentido por los interesados. [...] Lo paradójico es que, de esa forma, avalaron un gobierno que, en apenas 48 horas, llevó a cabo una represión mucho más severa contra la prensa considerada próxima a Hugo Chávez que las emprendidas por este contra la prensa privada» (loc. cit.).

Incomparable candor evidencian unos medios que esperan que se «respetaran los principios básicos de la democracia», y que «se demostrara que no era un gobierno dictatorial» el que acababa de secuestrar por la fuerza al Presidente legítimo, disolver arbitrariamente la Constitución aprobada por mayoría popular, destituir a todos los funcionarios electos e iniciar una política de detenciones masivas.

Todavía mayor ingenuidad muestran gerentes tan poco informados de lo que sucede en el país y que sin embargo están dispuestos a «sugerirle nombres a Carmona para que se encargaran de la gestión comunicacional», en el mejor estilo del bipartidismo, cuando los propietarios de los medios designaban a los encargados de controlar su gestión, y especialmente a la directiva de Conatel. En declaraciones rendidas posteriormente por el Canal 8, el presidente Chávez revela que las diferencias con los medios se agravaron cuando no asintió a una petición que en tal sentido le formularon los principales propietarios.

El pueblo reimpone la constitucionalidad

Al amanecer del día 12 hablo con gente del pueblo. Recurre una frase: «Es como si se nos hubiera muerto un familiar». Una anciana negra resume su estado de ánimo: «Hasta Dios nos abandonó». Las televisoras entrevistan a la gente que declara dirigirse a su trabajo «como todos los días», en rotundo mentís al supuesto paro. No consiguen ni una expresión de júbilo, ni una muestra de asentimiento. Por el contrario, recogen declaraciones que serán censuradas y solo teledifundidas posteriormente, como la de una mujer que grita: «¡Yo voté por él, respeten mi voto!».

El pueblo no se entrega. Esa noche se reúne una muchedumbre desarmada cerca de Fuerte Tiuna, donde se dice que está prisionero el Presidente electo. Estallan lacrimógenas y disparos al aire, que no la dispersan. El sábado 13 multitudes inermes copan Miraflores, la ciudad, las capitales de los Estados del país. La policía del alcalde opositor Alfredo Peña dispara, acumula en pocas horas decenas de muertos. Bajo la presión de las masas desarmadas, grupos militares respaldan la Constitución Bolivariana. Un pueblo privado de dirigentes por una camarilla castrense revierte la situación en pocas horas. Son liberados los ministros y las autoridades locales detenidas, que reinstauran el imperio de la Constitución. La telefonía celular corta sus redes a las cuatro de la tarde, en un intento de impedir la comunicación. Enormes multitudes rodean las televisoras. Esgrimen en sus manos un pequeño librito, que enseñan a las cámaras: la Constitución Bolivariana. Los medios que las quisieron dejar sin voto las transmiten sin voz.

El apagón comunicacional

Así como las televisoras privadas hacen aparecer una realidad que no existe —inflan concentraciones oposicionistas, convierten en paro total un cierre patronal parcial, inventan la renuncia de un Presidente que no ha renunciado— también desaparecen la realidad que existe.

La experiencia sin precedentes del apagón comunicacional —la asombrosa desaparición de todo un país de su propio espacio mediático— comienza con el desencadenamiento del operativo del golpe de Estado. Señalamos que los transmisores de las plantas privadas interfieren y desaparecen del aire la cadena presidencial que comienza el 11 de abril a las 3:45 pm. Grupos armados toman posteriormente el Canal 8 y paralizan sus transmisiones. «A esa basura la vamos a sacar del aire», declara desembozadamente en las plantas comerciales el gobernador del Estado Miranda, Enrique Mendoza.

En todas ellas circula la orden categórica de censurar cualquier actividad de los simpatizantes del Presidente electo. Andrés Izarra, para el momento gerente de producción de El Observador, el noticiero de RCTV, declara: «Renuncié porque en el canal se impuso una línea editorial de arriba que censuraba toda información relacionada con el chavismo. Se prohibió que apareciera en pantalla personero alguno del chavismo». Explica Izarra que «es por eso que cortaron las declaraciones del Fiscal Isaías Rodríguez en rueda de prensa del viernes por la tarde. Preparó una treta inteligente: hizo creer que iba a anunciar su renuncia, pero cuando comenzó a condenar el golpe, lo cortaron al aire» («Nunca la censura fue tan vulgar», Marcos Salas, TalCual, 24-4-2002, p.15).

Y en efecto, ratifica Isaías Rodríguez que fue repentinamente sacado del aire: «Era como si hubieran puesto presa a la libertad de expresión, como si un hecho no tangible pudiera ponerla tras rejas». A pesar de ello, la entrevista truncada fue retransmitida por BBC de Londres, CNN, Televisión Española, Televisión Argentinas, Telemundo y otras, y «eso rebotó y acabó con la agresión a la libertad de información». Se iniciaron allanamientos en persecución del fiscal, quien tuvo que asilarse en la embajada de México (Marianela Palacios: «Rodríguez propone tipificar silencios informativos como deluitos penales», El Nacional, A-4, 16-4-03, p. A-4).

Añade Izarra que «no se cubrió las protestas pacíficas de los chavistas en Fuerte Tiuna, tampoco otros disturbios. La línea era transmitir la idea de que todo estaba tranquilo en Caracas. Y no era cierto». Debido a las mismas órdenes, tampoco se divulgó la noticia transmitida por María Gabriela Chávez, de que su padre no había renunciado, ni la rueda de prensa de los paracaidistas que apoyaban al Presidente electo. Concluye Izarra que la censura no había sido impuesta «nunca de una forma tan explícita y vulgar como esta»(TalCual, loc. cit). Andrés Izarra es destituido de inmediato y vetado para ocupar cualquier otro cargo en las televisoras comerciales. Los gremios de comunicadores no lo defienden. Se inicia una purga ideológica que culminará con el despido de cerca de medio millar de trabajadores de los medios a comienzos de 2003.

Similar censura opera en los demás canales comerciales, y en la casi totalidad de la prensa. El general Baduell pide la restitución del Presidente electo, y los medios no lo divulgan. México, Francia y Argentina condenan el golpe de Estado, y las televisoras difunden solo la posición aprobatoria de Colombia y Estados Unidos. Hay manifestaciones a favor del Presidente electo en la avenida Morán, barrio Coromoto, Parroquia Sucre, 23 de Enero, Catia, Petare, autopista Caracas-La Guaira, Guarenas, Guatire y El Valle, y María José Mairena informa que «los presentes pedían la presencia de los medios audiovisuales, pero lamentablemente estos no acudieron, algunos de ellos porque ya habían acudido a los saqueos ocurridos en Guarenas y Guatire, donde recibieron disparos en los vehículos» (El Nacional, 13-4-02, p. D-14).

¿Qué información dan los canales comerciales al pueblo luego de imponer esta rigurosa censura de la libertad de expresión y de información? El 12 de abril presentan en pantalla las aparatosas detenciones de funcionarios considerados como adeptos al proceso, empujados a empellones hacia los vehículos que los llevan a la cárcel, como sucede con el ministro de Interior y Justicia Ramón Rodríguez Chacín. El opositor Antonio Ledesma aparece en cámara con una lista de casi dos centenares de personas, cuya inmediata detención exige. También figuran en pantalla Luis Miquilena y Alejandro Armas, elevados a cargos representativos por el movimiento bolivariano, para negociar sus votos a los efectos de una farsa parlamentaria que legitimara al dictador Carmona. Represión, delación y venta de votos dejan los entretelones vergonzantes para postularse como componentes estelares del rating.

El apagón comunicacional llega a su tope a medida que la marejada popular del 12 de abril demuestra que la dictadura está aislada. Durante esa noche y el día siguiente los canales comerciales solo exhiben películas, dibujos animados, eventos deportivos enlatados. Para tener algún indicio de lo que sucede en su país, los selectos usuarios de la televisión por cable tienen que sintonizar CNN. El avestruz del poder mediático sepulta su cabeza en videos importados. Cegándose, quiere cegarnos. Quieren que no veamos: nadie los ve. De esta semana estremecedora todos debemos extraer lecciones. Ojalá los medios que quisieron ser el mensaje aprendan que golpe mediático solo impone dictador virtual.

Siguientes capítulos (por publicarse):

• 2. Primero la sentencia, después el juicio
• 3. Sangre, mentiras y videos
• 4. Los traficantes de difuntos
• 5. La mediocracia