Funcionó la bolivariana

Vulnerada y peor administrada durante 40 años de puntofijismo tribal, la justicia venezolana tuvo su día de júbilo el jueves 25 de mayo de este año 2000. El fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), conforme al cual suspendió la megaelección a solicitud de dos organizaciones civiles (Cofavic y Queremos Elegir) provocó un asombro positivo hasta en los más escépticos.

«¿Asombro porque la justicia funcione?», se preguntarán los observadores extranjeros que se encuentran en el país. Pues sí, hasta hace poco menos de dos años una decisión como la que acaba de tomar el TSJ era sencillamente impensable. La solicitud de amparo de Liliana Ortega y Elías Santana hubiese sido entonces el primer paso de un engorroso periplo que traspasaría las fronteras patrias y los pliegues del tiempo hasta perderse en la memoria. De aparecer por allí algún juez con dudas de conciencia, el secretario general del por esos días partido mayor, habría ordenado mandarlo al carajo. Así eran las cosas en aquel «estado de Derecho».

Pero el país ha cambiado y así continuará sin marcha atrás posible. Plena de vida está la letra de la nueva Constitución de la República. Su artículo 26 desarma a las tribus y a los traficantes del foro al garantizarle a todas las personas «una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles». Ya no son posibles, pues, las trampas davideanas que hicieron de abogados chimbos «genios» del foro y, de mediocridades asociadas, millonarios bufetes.

La bolivariana, como llama el pueblo su Constitución, establece que «el procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad». De allí que la decisión del Tribunal Supremo, ante la solicitud de las citadas organizaciones civiles, haya sido más rápida que una flashcard. También se le garantiza al ciudadano el derecho a una información veraz y oportuna, tan atacada en su momento y hoy reivindicada como uno de los mayores logros de la sociedad en su conjunto.

Venezuela sabe del via crucis que tuvieron que sufrir los sobrevivientes de la masacre de El Amparo. Eran tiempos de Lusinchi. No sólo se les negó justicia, sino que se les persiguió como delincuentes siendo víctimas. Tuvieron que huir a México y defenderse en instancias internacionales. Igual ocurrió con los familiares de las víctimas del 27 de febrero de 1989. Larga fue la lucha de Cofavic. La extinta Corte Suprema de Justicia no oía a los desamparados porque tenía sus orejas pegadas, una al CEN y la otra a la Dirección Nacional de los dos partidos que por 40 años se repartieron el país y pisotearon la justicia.

El 25 de mayo de 2000 debió ser un día común y corriente. Sin embargo, por la ausencia de Estado de Derecho durante décadas, se hizo una fecha extraordinaria. El brillo de la justicia resultó algo excepcional. De allí el asombro y el júbilo. Que esto se haga cotidiano y que la administración de justicia verdadera no sea motivo de sorpresa para nadie es un ideal de pueblo, y su concreción, un mandato de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Ese es el camino que hemos empezado a andar, con buen pie.