El caso del teniente Alessandro Siccat

1.

Inmediatamente después de Carabobo, desde el primer momento de nuestra vida republicana independiente, los reclamos del mundo civil al mundo militar coparon la escena política nacional.

Casi no hay episodio en la agonía del fracasado experimento fundacional que fue la Gran Colombia que no tuviese expresión dramática en una querella ente civiles y militares.

Uno de ellos fue el escandaloso proceso que, por un homicidio de oscuros móviles —pasionales o de juego— y con razonables indicios de culpabilidad, fue incoado en Bogotá contra un oficial venezolano del ejército libertador, el coronel Leonardo Infante.

Infante era de Chaguaramal, en lo que hoy es el estado Monagas, y se la jugó con Páez en las Queseras del Medio (el bravo coronel llanero estuvo entre los primeros que recibieron la Cruz de los Libertadores), vio acción en Pantano de Vargas y en Boyacá. Terminó su carrera inválido por heridas de guerra.

Como era humano, tenía vicios y lo arrebataban las pasiones. Jugaba, bebía y era de natural violento. Algo vería la Alta Corte de Justicia que lo halló culpable de la muerte del teniente Francisco Perdomo y lo condenó a muerte, sin que hubiese forma mi manera de que los militares venezolanos de entonces, en actitud precursora de las solidaridades automáticas de hoy, no vieran en la sentencia sino perfidia colombiana en lugar de un acto de justicia. Drástica justicia, es verdad, como era la de esa época, pero justicia al fin.

El magistrado venezolano Miguel Peña era nada menos que el presidente de la Alta Corte de la Gran Colombia y se negó a firmar la sentencia, cobrando por esa razón especial notoriedad política. Dicen las malas lenguas que de esta forma ganó muchos puntos en la estima del secesionista Páez, amigo personal de Infante.

Consumada la disolución de la Gran Colombia, la querella entre civiles y militares se ha prolongado durante casi 200 años, y el tópico primordial de su historiografía es el del doctor José María Vargas.

Vargas fue atropellado durante su presidencia constitucional por unos golpistas prevalidos exclusivamente del prestigio que entrañaba (y el temor que infundía en los demás mortales) el haberse dedicado profesionalmente a exponer el pellejo en las batallas.

Los golpistas eran nada menos que altos oficiales del ejército libertador, de esos que salen en los libros ilustrados de historia patria: se llamaban Santiago Mariño, Pedro Briceño Méndez, José Tadeo Monagas o Pedro Carujo. Muchos ellos epónimos de nuestros batallones y cuarteles.

¿Cuándo llevará el nombre de José María Vargas una de nuestras agrupaciones militares? Regalo la idea a José Vicente Rangel.

Eran, como imaginará el lector, tiempos muy duros para todo el que no hubiese quemado un cartucho ni recibido un tiro o siquiera un botellazo en la guerra de independencia.

Baste recordar que el mismísimo Libertador, en una carta al general Páez, allá por el año 26 ó 27(usted me corrige, doctor Velásquez), justo cuando trataba de disuadir al catire de que «se abriera» de la Gran Colombia, lo pone sobreaviso de los enredadores, de los leguleyos, de los abogados, de los intrigantes, de los indisciplinados y mezquinos civiles que, como el doctor Miguel Peña, «le daban muela» y lo mareaban, instigando la ruptura con Bogotá.

En aquella carta al Libertador se le iba la mano y describía excluyentemente al mundo civil como integrado por «sujetos a quienes no hemos visto nunca en las batallas».

2.

Entre esos tipos que los generales de la Independencia no habían visto jamás en las batallas, se contaba el hijo natural de un antiguo carcelero del cuartel San Carlos, de la época en que el San Carlos era prisión de la corona española: se llamaba Antonio Leocadio Guzman, que había nacido en Caracas y llegaría a ser fundador del Partido Liberal y papá de Antonio Guzmán Blanco.

Quería un lugar en aquella naciente república pero, como dicen en Cuba, «la tenía en dos strikes» porque no había peleado en la guerra ni era militar ni contemporáneo de los generales.

Como todavía se temía que el rey de España no hubiese tenido bastante con el knock-out de Ayacucho y quisiera venir por más, llegó una orden del gobierno central de Bogotá: Páez tenía que llamar a filas a un contingente determinado de tropas.

La orden exigía atenerse escrupulosamente a los usos constitucionales: convocar a los voluntarios primero, publicar una serie de avisos, advertir al público de los lapsos y de las sanciones, admitir excepciones debidamente documentadas, etcétera.

En lugar de ello, el catire Páez, a quien todavía no había amaestrado el doctor Diego Bautista Urbaneja, ordenó una brutal leva forzosa que no se compadecía en absoluto con la convivencia republicana: las «comisiones», como dieron en llamarse desde ese mismo día, sacaban de su casa a la gente a los templones, se metían en las iglesias a reclutar a los fieles a los porrazos, fuesen de la edad que fuesen y de la condición que fuesen, repartieron plan de machete a diestra y siniestra y encima vejaron a las madres, esposas, novias e hijas de los secuestrados cuando estas iban a los cuarteles a indagar por ellos.

La tristemente célebre institución de «la recluta» habría de enseñorearse en las relaciones ente civiles y militares durante todo el siglo XIX y buena parte del XX. En el imaginario venezolano de todos los tiempos la recluta ocupa un lugar preeminente que mereció los versos de Andrés Eloy: «Pasó la comisión y me dejó el corazón como capilla sin santo».

Contra ella escribió el corajudo chamo que era Antonio Leocadio Guzmán, quien por entonces era todavía idealista y desprendido y no se nos había echado a perder. Su protesta interpretaba la indignación de la mayoría de los venezolanos de entonces. Por supuesto, fue a dar con sus huesos a la cárcel, por orden expresa del catire Páez.

Lo interesante del cuento es que aquel primer round terminaron por ganarlo los civiles: el capítulo caraqueño de la Alta Corte atendió los reclamos implícitos en los artículos de Guzmán y puso fuera de la ley al general Páez y a sus bárbaros reclutadores. Y mandó poner en libertad a Antonio Leocadio.

Con lo que puede decirse que en aquel episodio se prefiguraba ya el papel que los medios de comunicación han de tener en el debate constitucionalista que, en rigor, es una democracia todos los días del mundo. Y con el papel de la prensa, también el de los magistrados dignos y verdaderamente independientes.

3.

El proceso abierto por el homicidio del conscripto José Alberto Febres Narváez, presuntamente cometido por el teniente Alessandro Siccat, reviste sin duda alguna características históricas, más allá del elemental reclamo de justicia para una vida segada brutalmente.

Considérese: el caso ha sido virtualmente elevado al Tribunal Supremo gracias a la prensa: Teodoro Petkoff, el director de TalCual, se ha colocado en el mismo cuadrante del joven Guzmán hace casi 180 años.

Los hechos que se juzgan ocurren durante un gobierno que inaugura un nuevo régimen constitucional, el de la Constitución del 99, cuyo capítulo referido a los derechos humanos es sin duda alguna paradigmático y ejemplar. En esto último coinciden hasta los más enconados enemigos del régimen.

La Constitución bolivariana es inequívoca cuando dice en su artículo 29 que «las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados por los tribunales ordinarios».

En el plano político, los más caracterizados hombres del Gobierno ostentan una hoja de servicios en la que la lucha por los derechos humanos es elemento capital.

En este sentido, los valores civilistas y de defensa de los derechos humanos que en el pasado llevaron a José Vicente Rangel a enfrentar (con valentía y tenacidad que ni siquiera sus peores enemigos le mezquinan) los desafueros militares en el ámbito de los derechos humanos, resplandecen de modo obligante para él en el caso del teniente Siccat.

Es justo señalar que hasta el momento de consignar esta entrega las cosas discurren como deben discurrir en una democracia: ha habido encomiable diligencia de parte del fiscal general, doctor Isaías Rodríguez, quien atendió prontamente el requerimiento de la doctora Liliana Ortega, valerosa ciudadana al frente de una intachable organización no gubernamental. El conflicto de jurisdicción luce debidamente planteado y, al menos hasta esta hora (jueves en la tarde), el presidente Chávez ha guardado al respecto un silencio muy de agradecer.

La decisión está, pues, solo en manos de los magistrados del Tribunal Supremo. No depende del Ejecutivo, no depende del ministro Rangel, no depende del presidente Chávez. Solo depende de ustedes.

Señores magistrados: José Febres Narváez, humilde soldado venezolano, murió a manos de un bárbaro oficial indigno.

Señores magistrados: las atrocidades que se le imputan al teniente Siccat en modo alguno configuran delitos militares, únicos merecedores de las provisiones del estatuto específico de la Fuerza Armada: no se le señala como cobarde en presencia del enemigo, ni como traidor a la patria, ni como desertor, ni como espía, sino como autor de un delito de lesa humanidad en la persona de un subordinado inocente e inerme.

Señores magistrados: no es el momento de incurrir una vez más en la obsecuencia con que con razón los señala la opinión pública, sino de dar sin vacilaciones un paso histórico en el camino del imperio de la Constitución y de las leyes: el caso del teniente Siccat debe ser competencia de la justicia ordinaria.