Hugo Chávez

Durante la campaña electoral y luego del triunfo del 6 de diciembre, la propuesta de Hugo Chávez al país se ha sostenido sobre el rechazo categórico a las formas políticas del pasado, la condena a los partidos Acción Democrática y Copei y la crítica a lo que ha sido una práctica excluyente y enajenadora de una democracia efectiva. Como remedio impostergable a tal situación ha convocado una Asamblea Constituyente, instancia responsable de reordenar sobre bases distintas el funcionamiento del sistema político venezolano.

Las reacciones frente a la nueva situación han dividido la opinión. Un amplio sector de la población respalda entusiastamente la propuesta y el diagnóstico de Chávez. El apoyo popular al gobernante, la respuesta positiva a la idea de una Constituyente, la simpatía que despierta el estilo del mandatario, la idea de que se ponga en marcha un proceso radical de transformación del estatuto político y el rechazo categórico a los partidos tradicionales, constituyen un claro clima de optimismo frente a la posibilidad de que, efectivamente, ocurra un cambio

Quienes adversan al Presidente y a su equipo, cuestionan el contenido fatalista del diagnóstico, rechazan el estilo político del gobernante, denuncian la ausencia de un programa claro que oriente las reformas, oponen reparos a las medidas del gobierno y a la conducción del proceso y, finalmente, advierten la presencia de una vocación autoritaria por parte de Chávez, que pondría en peligro el sistema democrático. Esta opinión pesimista y crítica prevé un desenlace caótico y disolvente de la institucionalidad alcanzada luego de cuarenta años de experiencia democrática.

El ambiente es de enfrentamientos, reservas e incertidumbre, sin embargo, no es la primera vez en nuestra historia que se plantea un clima similar en una coyuntura en la cual se ofrece un diagnóstico fatalista referente al pasado inmediato y se postula una Constituyente como remedio para los males de la Patria.

En cuatro circunstancias claves de nuestra historia podemos advertir situaciones comparables a la del presente: en 1830, al momento de constituirse la República; en 1864, al sancionarse la Federación; en 1899, cuando se da inicio a la centralización y en 1945 con la instauración del sistema político de partidos. Pero también, en cada una de estas ocasiones, se hizo presente un nuevo elenco en la conducción del proceso político.

Valdría la pena preguntarnos, entonces, si cada cambio de elenco ha constituido efectivamente una situación de disolución política irreparable que ha conducido a la sociedad venezolana al abismo o si, por el contrario, en cada caso, se ha dado inicio a un proceso de reajustes y reacomodo político cuyos resultados fueron la formulación y ejecución de nuevas modalidades de acción política en la conducción del país.

1830. La creación de la República y los capitanes de la Independencia

La culminación de la Guerra de Independencia y la difícil convivencia en la unidad colombiana, traen como desenlace el ascenso de un personal político distinto al de los promotores del movimiento emancipador.

José Antonio Páez, Santos Michelena, Antonio Leocadio Guzmán, Miguel Peña, José María Vargas, Carlos Soublette, Santiago Mariño, Domingo Navas Spínola y muchos otros que formaron parte de la Sociedad Económica de Amigos del País y ocuparon cargos de primera responsabilidad en la creación de la República, no fueron parte de los fundadores de la nacionalidad.

Páez era un hombre rústico, formado en la guerra y claro disidente de la unidad colombiana. En 1826 su intervención decidida en el episodio de La Cosiata lo coloca en el centro de los acontecimientos que culminarán con la disolución de Colombia.

Santos Michelena, Antonio Leocadio Guzmán y José María Vargas, no vivieron la experiencia bélica. Sin embargo cuando regresan a Venezuela después de 1821 asumen diferentes responsabilidades administrativas en el gobierno colombiano para luego formar parte del movimiento que determina la muerte de Colombia.

Miguel Peña, uno de los agitadores de la Sociedad Patriótica, funcionario del gobierno de Bogotá sobre quien pesaba un juicio por corrupción, acompaña en 1826 a Paéz y se mantiene como uno de sus estrechos colaboradores en las acciones del año 30.

Domingo Navas Spínola había sido realista, Juez del Tribunal de Secuestros cuyo objeto era incautar los bienes de los patriotas y luego miembro del tribunal de censura. Después del triunfo de Carabobo se cambia de bando y adquiere una imprenta de uno de los españoles expulsados por la República.

Soublette y Mariño eran hombres de armas, formados durante la guerra, el primero próximo a Bolívar, el segundo disidente de sus ejecutorias en más de una oportunidad, ambos cerraron filas con Páez desde el año 1826.

No era en absoluto un grupo monolítico de experiencias afines ni de capacitación homogénea; sus intereses aspiraciones y expectativas eran diversas, no obstante se constituyen en parte sustancial del equipo que formula y ejecuta la creación del país a partir de 1830.

La propuesta del año treinta plantea una ruptura radical con el pasado inmediato, el rechazo categórico a la fórmula grancolombiana y la condena abierta a la hegemonía autoritaria de Bolívar y al centralismo.

Quienes se oponen a la ruptura acusan a Páez de haber traicionado el ideal de Bolívar; los hombres de armas rechazan la hegemonía del llanero y su exclusión de la cosa pública cuando eran ellos los que habían hecho posible el triunfo de la Independencia y los hacendados resentían la orientación económica de liberalismo extremo que afectaba sus intereses.

No obstante, quienes asumieron el control de la situación acordaron que, para resolver el destino de Venezuela, era preciso construir un Estado Liberal, a la usanza europea. Una Constitución sancionada en Valencia fijó la pauta política que regiría la ejecución del proyecto: un sistema censitario en el cual sólo los propietarios e ilustrados tendrían en sus manos el derecho a elegir y ser electos; un régimen centro federal que permitiese una dirección fuerte y controlada del Estado en manos del Presidente y el consenso político entre la élite de notables con el fin de garantizar la contención del descontento y repeler las aspiraciones de los adversarios.

Bajo estas premisas y con relativo éxito el proyecto se pone en marcha. Las disensiones son sometidas, la intranquilidad social reprimida, el debate es intenso y las posiciones diversas; sin embargo, el modelo liberal con sus altos y bajos se ejecuta bajo la dirección de los capitanes de la independencia: José Antonio Páez, Carlos Soublette y Jose Tadeo Monagas.

Es sólo a partir de la ruptura definitiva e irreparable del consenso entre los constructores de la República y del agotamiento del modelo excluyente del liberalismo, que tiene lugar un nuevo cambio de elenco y una nueva situación de incertidumbre producto de los desajustes que ocasiona la Guerra Federal.

1864. La oferta federal y los caudillos

Juan Crisóstomo Falcón

Antonio Guzmán Blanco

La derrota de Páez, dictador a destiempo de un gobierno sin soportes y el triunfo de los federales en 1863, heterogéneos en su composición y orientación, ofrece un cuadro aún más complejo que el de 1830.

Surge un nuevo elenco político: el de los caudillos triunfadores en el episodio bélico en su mayoría ausentes, hasta la fecha, de la escena política nacional: Juan Crisóstomo Falcón, Antonio Guzmán Blanco, José Desiderio Trías, Francisco Linares Alcántara, Joaquín Crespo, José Eusebio Acosta, Luciano Mendoza, Pedro Manuel Rojas y muchos otros jefes de las tropas federales.

Se trata de un conjunto de hombres cuya experiencia está asociada fundamentalmente a la beligerancia armada al mando de sus particulares montoneras. Ninguno de ellos goza de especial reputación por su figuración estelar en los años pretéritos.

La acción de Falcón se había circuncrito a los territorios cercanos a su localidad y había participado en escaramuzas menores para defender las cuotas de poder de los liberales vecinos. Trías era también un liberal que había apoyado con las armas a Monagas pero que inmediatamente cierra filas con el Ejército Federal; Linares Alcántara, liberal aragüeño, había combatido a Zamora en sus años iniciales y luego se asocia a los federales; Crespo, con apenas dieciséis años se había incorporado a la guerra con las tropas de un caudillo local conocido con el nombe del «Agachado» González; Acosta era de Carúpano y se había constituido en abanderado federal de los territorios orientales, se le acusaba de haber ejecutado a un grueso grupo de prisioneros gobiernistas que estaban a su cargo. Finalmente, Antonio Guzmán Blanco, hijo del fundador del Partido Liberal, era el único ilustrado y con título universitario de la comparsa federal. Había viajado a Filadelfia con un cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores en tiempos de Monagas, no tenía experiencia armada pero, en calidad de Secretario de Falcón, se une a los federales, único espacio efectivo para la acción política. Será él la pieza clave en la negociación de la paz.

Es este grupo diverso y de lealtades contingentes quienes asumirán el control del país para ejecutar la oferta federal sancionada en la Asamblea Constituyente de 1864. El planteamiento fundamental es derrotar al centralismo excluyente de las oligarquías liberal y conservadora, extinguir para siempre el autoritarismo de Páez, eliminar el continuismo de los Monagas, extirpar una manera cerrada de conducir el país y propiciar una transformación sostenida sobre la panacea salvadora del federalismo.

El ensayo es caótico. El gobierno no logra armar una base sólida de apoyo, la oposición se expresa nacional y localmente, se les acusa de promover la disolución social y el odio entre las castas. Ocurren levantamientos armados en la mayor parte del país, la federación se ejerce en la práctica mediante la convocatoria a asambleas populares, hay peticiones de revocatoria de mandato, gobiernos provisionales depuestos, mandatarios constitucionales cuestionados, denuncias por abusos de poder, corrupción e irregularidades administrativas; por la prensa se critica al modelo federal, recurrentemente se plantean conflictos de competencia entre poderes locales, estadales y nacionales, es permanente la confusión y los enfrentamientos entre las distintas instancias de poder civil y militar y los recursos son escasos.

La inestabilidad del gobierno y la imposibilidad de armar un mínimo consenso que de paso al ejercicio federal culmina con la salida de Falcón y el triunfo de la Revolución Azul. Dos años más tarde, en abril de 1870, la fragilidad de «los azules» coloca en la dirección del país a Antonio Guzmán Blanco apoyado en las tropas de los caudillos federales.

Es el momento de reformular la oferta de un Estado Liberal pero en el marco ampliado del estatuto federal y desprovisto de las restricciones censitarias del año 1830. La clave para la obtención de un clima de estabilidad pasa por un acuerdo político con los caudillos surgidos de la guerra federal, Guzmán les reconoce sus cuotas de poder local y al mismo tiempo ellos convienen en aceptarlo como jefe del poder central.

El modelo se mantiene hasta que su fragilidad y agotamiento favorece la incursión de un nuevo elenco: los andinos de la Revolución Liberal Restauradora.

1899. Los andinos y la centralización del poder.

Juan Vicente Gómez

Cipriano Castro

La hegemonía caudillista del liberalismo amarillo es sustituida por el proyecto centralizador y autoritario de los andinos. «Nuevos hombres, nuevos ideales, nuevos procedimientos» es el lema que sintetiza la oferta del Restaurador.

Otra vez una nómina desconocida para la totalidad del país asume el control de la situación: Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, José María Gómez, José Antonio Dávila, Santiago Briceño Ayesterán, entre otros, se convierten en ejecutores y guardianes del proceso restaurador.

Son hombres provenientes del Táchira, sin experiencia política en la administración central, cuyas trayectorias se circunscriben a las contiendas por el poder en los remotos parajes andinos.

El propósito de la nueva administración es desplazar a la «camarilla» excluyente del liberalismo amarillo, romper con el pasado. Para ello es imperativo liquidar el esquema de reparto del poder establecido por Guzmán, sancionar una nueva constitución y adelantar un proceso de reformas que garantice el control político y militar de todo el territorio.

Rápidamente se ejecuta una nueva práctica política, el jefe de la Causa desconoce la hegemonía local de los caudillos, impone a sus colaboradores incondicionales en cada región, se procede al desarme de los enemigos y se inicia la formación de un Ejército Nacional que responda a los designios del poder central.

La reacción no se hace esperar. Se condena el estilo político del gobernante, la exclusión de muchos liberales que apoyaron su ascenso al poder y la imposición de sus designios frente a banqueros y políticos capitalinos. En consecuencia, se promueve una acción cuyo objetivo es desalojarlo del poder. Los más importantes caudillos liberales y nacionalistas al mando de Manuel Antonio Matos, acaudalado hombre de negocios y figura prominente del tiempo guzmancista, se van a las armas.

La derrota de la Revolución Libertadora determina la liquidación política y militar de los caudillos y favorece el afianzamiento de la tendencia centralizadora, su consolidación tendrá lugar durante el período de Juan Vicente Gómez.

Los herederos del modelo andino, Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita, apoyados en el ejército, no pueden impedir el surgimiento de tendencias proclives a una ampliación de las fórmulas democráticas, sin embargo, herederos de una práctica política excluyente ofrecen resistencia a las demandas democratizadoras de la sociedad. El resultado es el surgimiento de un nuevo elenco que asume como proyecto la materialización de la democracia.

1945. Los Partidos Políticos y la democracia representativa.

Rómulo Betancourt

Con el golpe del 18 de octubre de 1945 ejecutado por un sector de las Fuerzas Armadas en alianza con un grupo de Acción Democrática se instaura una práctica política sostenida sobre el partido como instancia de participación de la sociedad.

Rómulo Betancourt, Gonzalo Barrios, Raúl Leoni, Carlos Delgado Chalbaud, Marcos Pérez Jiménez, entre otros, serán los responsables de liquidar la hegemonía centralizadora de los andinos.

Los civiles constituyen un grupo de dirigentes cuya figuración política había estado asociada a su oposición al gomecismo, a la lucha por la transformación profunda de la práctica política, a la creación de los partidos y al rechazo al «continuismo andino». Betancourt era bachiller, los otros dos egresados universitarios. Los tres habían incursionado sin éxito en diferentes intentonas armadas contra Gómez, estuvieron en las cárceles del dictador y vivieron en el exilio. Desde 1936 fueron activos dirigentes de la organización política que finalmente se convertirá en Acción Democrática.

Pérez Jiménez y Delgado Chalbaud eran hombres de las nuevas generaciones de militares formados profesionalmente, el primero estudió en la Academia de Chorrillos en Perú y el segundo se había formado en Paris, ambos propiciaban la modernización de las Fuerzas Armadas y la liquidación de la vieja cúpula heredada del gomecismo

El golpe del 18 de octubre en su momento y hasta el presente ha dividido la opinión. Fue rechazado abiertamente por quienes al quedar fuera del control interpretaron el episodio y sus ejecutorias como la materialización de la arbitrariedad y la ilegalidad. Se trataba de un acto usurpador contra un régimen liberal, llevado a cabo por un grupo de procedencia oscura y promotor de la disolución social.

Pero también fue saludado por amplios sectores de la sociedad que vieron en la llamada «Revolución de Octubre» la posibilidad de un reacomodo que permitiría la incorporación de nuevos actores y formas de acción política, una mayor participación, la modernización acelerada de la administración pública, la lucha contra el peculado y la derrota definitiva de las tendencias que impedían la práctica efectiva de la democracia.

La Asamblea Constituyente de 1947 sanciona la nueva Carta que recoge el sentido y orientación de la ruptura cuyo logro más representativo fue la consagración del sufragio universal.

El revés del 24 de noviembre de 1948, si bien suspende la oferta y práctica política del episodio octubrista, no logra aniquilarlas de manera definitiva. Por el contrario, el 23 de enero de 1958, reemergen fortalecidas por el auge de masas y la derrota ostensible de los antiguos aliados militares.

A partir de esa fecha y con la firma del Pacto de Punto Fijo se consolida la democracia de partidos. Su ejecución estará a cargo del mismo elenco que promovió los sucesos del 18 de octubre. Su perpetuación, sin mayores transformaciones, será responsabilidad de quienes heredan sucesivamente la conducción de los partidos. ¿Hasta cuándo?

Hasta que se produce su agotamiento y desplazamiento por otro desconocido elenco que promueve una oferta política cuyo propósito es romper con el pasado, cambiar de manera radical las formas y el contenido que ha regido el destino del país hasta ese momento y sancionar una nueva Constitución que oriente y regule la mudanza. Es eso lo que se ha planteado a partir de los resultados electorales de diciembre de 1998.

Los hechos referidos nos permiten algunas consideraciones pertinentes para la comprensión del momento presente:

• En todas las oportunidades en que se ha producido una ruptura política como las señaladas, los responsables de ejecutar la mudanza, quienes asumen el control de la situación, no han sido estadistas de larga experiencia, ni tribunos probos y virtuosos. Los cambios han estado en manos de hombres de acción, en quienes la audacia, el riesgo, la voluntad política y la irrupción contra el orden establecido son parte entrañable de su vocación de poder.
• En cada ocasión, no ha estado presente un plan acabado y preciso que norme la acción. Quienes asumen la conducción del proceso no están precedidos de la elaboración de un programa y una reflexión profunda que atienda la diversidad de aspectos que se espera modificar. Se trata de acciones que pretenden a partir de la experiencia, por la vía de las alianzas, del ensayo y error, atendiendo a las contingencias y exigencias del momento, dar forma y ejecutar el cambio que se aspira adelantar.
• En todos los casos la irrupción de un nuevo elenco está asociada a una situación en la cual los síntomas de agotamiento del esquema político existente se expresan en su incapacidad para generar los cambios que demanda la sociedad. La rigidez del sistema y la inflexibilidad para modificar las estructuras de poder establecidas son el argumento fundamental sobre el que se basa el rechazo al pasado y la vocación de ruptura de quienes promueven su liquidación.

Pero, igualmente, en todos los casos, es inevitable la presencia de un sector que se resiste a la mudanza, descalifica los méritos e idoneidad de los nuevos protagonistas, denuncia sus carencias, condena su irrupción contra el orden establecido y procura adelantar acciones que impidan el proceso transformador; es ello lo que activa el clima de enfrentamiento y conflicto que acompaña a todo intento de modificar el status quo.

Finalmente es oportuno señalar que en las circunstancias en se han producido los hechos señalados el cambio siempre ha tenido lugar. En 1830, en 1864, en 1899 y en 1945 se liquidaron las formas políticas pretéritas y se construyó un nueva fórmula de ejercicio político. Con mayor o menor grado de conflicto, con diferentes costos, con desenlaces contradictorios, pero con resultados que determinaron la muerte del pasado y el surgimiento de una posibilidad para el porvenir. El ritmo, éxito y permanencia de cada uno de ellos no estuvo en manos de sus propiciadores, ni de sus herederos más conspicuos, ha sido la sociedad venezolana la que en última instancia ha determinado la evolución y el desenlace de cada una de la experiencias citadas, a la hora de avalarlas pero también en el momento de condenarlas.