La AMIA sólo pide justicia

El lunes 18 de julio de 1994 a las 9:53 de la mañana, cuando la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, se preparaba para festejar 100 años de vida, una carga explosiva de 300 kilos estalló en sus sótanos, devastando por completo el edificio de la institución, dejando 85 víctimas, 300 heridos y asestando un irremediable golpe en el centro vital de la vida judía argentina. Siete años después de la tragedia el caso no está resuelto y el juicio oral en puertas someterá a veinte acusados y obligará a evaluar las pruebas recolectadas y quizá obtener otras nuevas

Hoy no hay un solo ciudadano argentino que no sepa lo que es la AMIA. Más aún, que no reconozca que el horror vivido en la Asociación Mutual Israelita Argentina el 18 de julio de 1994 —en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires— representa el lado más oscuro de la crónica judicial sureña. Pero tanta conciencia y asco no han servido, sin embargo, para desenmarañar el encangrejado caso de terrorismos fundamentalista en el que están implicados policías y altos personeros del Gobierno.

«No cesaremos hasta que se descubra el último culpable de este hecho atroz», sentencia Hugo Ostrower, presidente de la AMIA, con la certeza de que el juicio oral y público al que será sometida parte de la causa judicial —la causa principal continúa en instrucción— y que tendrá lugar el próximo 24 de septiembre significará mucho, no sólo para la comunidad judía, sino también para la prensa y la opinión pública internacional, que desde ya ha sancionado su repulsa a este hecho terrorista y ha apostado en Buenos Aires a más de 300 corresponsales.

«Después del atentado a la AMIA estuvimos obnubilados por un tiempo prolongado y casi concentrados en ese tema», indica José Hercman, presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, DAIA. «Hasta psicológicamente nos estaba costando afrontar otros temas que nos competen. Hoy estamos lanzados, sin dejar que el tema del atentado sea el centro de nuestra gestión —porque entendemos que, si no hay justicia, va a ser mucho más difícil para los judíos desarrollar una vida dentro de una viabilidad lógica— a una división de tareas. Para ello tomamos algunas decisiones, entre las cuales está tratar, en la medida de lo posible, sin ofender a nadie, de no ser judíos diaspóricos en el sentido de reconocer que tenemos todo el derecho y la fuerza necesaria para encarar día a día nuestra posición de iguales ante la ley, ciudadanos exactamente como otros. Nos hemos propuesto defender nuestros derechos como corresponde, haciendo uso del derecho de los ciudadanos a exigir a las autoridades y no a pedir ayuda y favores para que nos protejan».

La comunidad judeoargentina sufrió el peor atentado antijudío ocurrido después de la Segunda Guerra Mundial fuera de Israel y no cesa de luchar para arrancarse tan doloroso estigma. «Pensamos que como judíos tenemos todo el derecho a reclamar la justicia de ser considerados como lo que somos, iguales, de tener el derecho a vivir con dignidad y en un esquema de democracia absolutamente amplio y responsable desde los otros y hacia los otros», añade Hercman.

«Estamos frente a uno de los episodios más importantes del caso. El juicio oral, aunque es una parte muy pequeña dentro del tema total del atentado a la AMIA, nos va a dar la muestra de si en este país hay impunidad o todavía impera la justicia, si nuestra comunidad puede vivir en un país viable o si esto no tiene más arreglo y debemos redoblar los esfuerzos», remata Hercman.

La verdad en entredicho

Marta Nercellas, jefe del equipo de abogados de la DAIA, habla pausadamente, con un convencimiento que parece estar más allá del bien y del mal. Para ella, Argentina tiene especiales características que la hacían ver, desde la mirada terrorista, como un blanco blando. «Por eso, cuando estalló el edificio en el que funcionaban las instituciones más importantes de la comunidad judía en el país, nosotros no solamente sentimos horror, sino que tuvimos que despertarnos del sueño en el que nos habíamos sumido pensando que el conflicto del Medio Oriente nos era ajeno y lejano. Nosotros no supimos leer el significado de la columna de fuego que se había elevado 28 meses antes, cuando una bomba semejante había derribado la Embajada de Israel en Buenos Aires. Creíamos que era un hecho aislado, irrepetible. Por eso, después del estupor inicial, cuando la investigación se convirtió en una parodia, en una teatralización de un acto judicial, nos quedamos con la indiferencia. Cuando sufrimos el atentado a la AMIA, supimos que teníamos que empezar a verlo de otra manera, supimos que no podíamos dejar que se repitiera lo que había ocurrido, que todos éramos actores y debíamos impedir que continuara viéndose nuestro país como un blanco posible».

Según Nercellas, y para aumentar el desconcierto, los terroristas habían inaugurado, en el caso de la AMIA, un patrón diferente de actuación, donde los hechos se cometían sin firma y contratando mano de obra local: un prototipo de una actividad espectacular a bajo costo. «Nosotros habíamos sufrido violencia interna e inestabilidad, pero evidentemente no teníamos los reflejos condicionados para poder reaccionar cuando un blanco civil, desprotegido, fuera atacado por fuerzas externas. Por eso, frente a los escombros, muchos brazos solidarios se extendieron para tratar de rescatar a las víctimas atrapadas en la mampostería. Junto a esos brazos solidarios ingresaron también periodistas, curiosos, fuerzas de seguridad que borraron algunas de las huellas que dejan en el lugar del crimen los atentados de esta naturaleza».

Así, pues, no eran pocas las dificultades con las que la comunidad judía argentina debía enfrentarse. «Nada habíamos aprendido del anterior atentado; por lo tanto, seguíamos con los mismos déficits estructurales del Estado, no teníamos ningún control fronterizo: ingresar, egresar y transitar por nuestro país no sólo era fácil, sino que en muchos casos no quedaban siquiera registros precarios. Tampoco teníamos registros de dónde había explosivos, ni de cuándo transitaban. No teníamos una legislación adecuada para estudiar hechos de esta complejidad y realizados por estructuras celulares. No teníamos infraestructura investigativa. No teníamos siquiera traductores que nos ayudaran a entender lo que se hablaba en otro idioma entre los teléfonos que nos parecía que debían ser investigados».

Con todas estas dificultades, no es de extrañar que naciera el desconcierto al comenzar esta investigación y que desvíos, pistas falsas, testigos mendaces, pudieran ser incorporados casi sin que nadie se diera cuenta. «Pero en septiembre de 1997», continúa Nercellas, «las instituciones querellantes realizaron una denuncia donde dieron cuenta de numerosos hechos y abrieron cerca de 50 causas. Esta investigación, que tuvo más de 300 pistas, hoy se encuentra bifurcada. Hay una parte que está próxima a ser debatida en un juicio oral, cuyo objeto es la detención de cinco personas acusadas de haber entregado a los terroristas el auto utilizado como coche-bomba. En la instrucción quedó todo lo que se refiere a quiénes organizaron este acto destructivo, a quiénes financiaron el acto, quién manejó la camioneta, quién detonó el explosivo. Se han recolectado pruebas, hay algunas respuestas parciales, pero todavía no hay nombres de responsables por esos tramos de la investigación. De la parte que va a juicio oral se encuentran detenidos un civil y cuatro policías, de los cuales sostenemos que son partícipes necesarios del atentado, que prestaron a los autores del hecho criminal una colaboración esencial, que les dieron el arma con la que perpetraron el delito. Sostenemos que no sólo entregaron la camioneta que se utilizó para el atentado, sino que además sabían que se iba a utilizar para un hecho equivalente».

«En el caso de Carlos», acota Nercellas, «que es el único civil acusado de participación, es un doblador de autos, un individuo que se dedica a poner en el mercado automóviles robados con papeles comprados a compañías de seguro que debieron darlos de baja, cuando los que legitimaban habían sufrido un siniestro total. Este hombre realizó una tarea a la que estaba habituado; sin embargo, en este caso sabemos que sabía que lo hacía para un atentado terrorista, porque procedió de una forma absolutamente diferente. Este individuo, hijo del comisario que presidiera la División de Investigación de la policía cordobesa durante la dictadura militar y que fuera acusado ya en los años 70 del atentado contra la AMIA de La Plata, también trabajó en esa fuerza junto a su padre. Pero además de esta formación ideológica, que es de suponer por estos hechos, en este caso armó dos camionetas semejantes y dirigió la investigación durante todo el tiempo hacia aquella que no explotó en la AMIA. Y esto podemos afirmarlo con seguridad, porque entre los escombros fueron encontrados más de 60% de los restos de la camioneta utilizada por los terroristas, y las pericias realizadas en esos restos nos permiten determinar que la carrocería en la que él pretende haber colocado el motor quemado, y que fue hallado entre las estructuras del edificio, no corresponde a la carrocería encontrada. Este individuo, además, contradiciendo sus costumbres, comunicó a su entorno que había vendido la camioneta a unos orientales. Luego falsificó un boleto de compra-venta diciendo que el comprador había sido un tal Ramón Martínez, cuyo nombre y dirección eran muy semejantes a uno de sus consortes de causa. También trató de mudarse ese mismo día del atentado y su mujer le dijo a la vendedora de la inmobiliaria que el auto utilizado por los terroristas era el que había vendido su marido. Claro, por ese entonces los investigadores no sabían que el auto utilizado había sido una camioneta. Es decir, toda esta cantidad de hechos, y muchos otros, prueban que él prearmó todo antes del atentado, así como toda su conducta posterior de huir a la zona de las tres fronteras, casualmente cuando estaba siendo buscado para que nos explicara qué hizo con el motor que le comprara a Alejandro Monjo. Sus mentiras constantes y permanentes, aun después de haber sido acusado de participar en el atentado, nos están indicando que oculta a los terroristas que sí conoce. Este delincuente actuaba con otros delincuentes uniformados. Era socio de los policías bonaerenses que le daban protección y, por eso, durante tantos años de cometer hechos ilícitos, nunca sufrió una detención legal. Estos policías que se llevaron la camioneta y que fueron realmente quienes se la entregaron a los terroristas pocos días antes del atentado, también sabían para qué iba a ser utilizada. Lo decimos con seguridad, porque Ribeli, al día siguiente de la entrega de la camioneta, pretendió blanquearla con la escritura pública de una supuesta donación de 2,5 millones de dólares de su padre, un jubilado ferroviario que nunca ganó más de 500 dólares: no hay ninguna camioneta con ese valor. Evidentemente, estaba comprando otra cosa. Ribeli, además, fue quien actuó incorporando pistas falsas a nuestra investigación, desde antes de que la policía bonaerense resultara imputada por el delito. Él intervino en los allanamientos en Campo de Mayo, una de las pistas con las que pretendieron desviarnos de la verdad, diciendo que habían intervenido determinados carapintadas, sin que nadie nos sepa explicar por qué concurrió a ese allanamiento: todos nos dicen que por orden superior, pero nunca supimos quién fue ese superior».

Lo cierto es que Ribeli siempre estaba cerca de la investigación pese a no ser de su competencia ni de su jurisdicción. «También estuvo cerca de las fuerzas de rescate israelíes», aclara Nercellas, «cuando vinieron a ayudarnos inmediatamente después de ocurrido el atentado. Casualmente se hospedó en el hotel donde estaban las fuerzas de rescate israelíes y en la habitación de al lado de unos de los generales en los días en que ellos estuvieron en Buenos Aires. Se registró con un nombre falso, pero pagó con su tarjeta de crédito; por lo tanto, no existe ninguna duda de que era él quien se encontraba allí. Ribeli también fue el que incluyó a un testigo, un triple homicida, para que avalara la mentira de que la camioneta había sido vendida a un tal Ramón Martínez. Este sujeto, que nada tenía que perder porque ya estaba destinado a reclusión perpetua, manifestó ser testigo de la venta de esa camioneta y conocía detalles muy importantes de la causa. Tiempo después, nos enteramos de que quien le había dado los datos para que declarara en la causa había sido el propio Ribeli. Ello, sin considerar que la carta dirigida al Embajador de Israel, para notificarle que tenía datos muy importantes del atentado que quería comunicar, la llevó un comisario a las nueve de la noche al juzgado. En general, los comisarios no son tan colaboradores con sus detenidos, y mucho menos en esos horarios».

La abogado Nercellas asegura que podría seguir enumerando cantidad de indicios que señalan a Ribeli y a sus hombres como colaboradores del atentado, pero cree que los más indicativos son las conversaciones que ellos mismos tuvieron pocos días antes de ser detenidos y en las que mostraban su preocupación por la proximidad del segundo atentado contra la AMIA: «Decían, ‘ojo, limpien sus escritorios, tengan sus casas en orden, está por llegar el segundo aniversario’. Este temor no tiene justificativo alguno, salvo el de saber de su participación. También, una vez que se ordenó su detención, sellaron un pacto de silencio, pacto que se encuentra grabado y que aún hoy sigue siendo cumplido».

Con estos elementos y muchos más se desarrollarán las audiencias orales del próximo juicio, en el que serán sometidos unas veinte personas acusadas de ayudar en este acto terrorista. «Pensamos que vamos a conseguir una condena de reclusión perpetua para estos colaboradores con los terroristas. De cualquier manera, la bomba intentó destruir la convivencia pacífica de los argentinos de diferentes orígenes. La única forma de impedir que realmente triunfen en su objetivo es no sólo que consigamos estas condenas —aplicando las instituciones legales en el marco del estado de derecho—, sino que además continuemos esta investigación hasta encontrar todas las respuestas y el nombre de todos los culpables».