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El andaluz y las leyes

Esta semana voy a hablarles del «tres punto tres». No, no se trata de una dirección de Internet (no se me vayan ya al ordenador), sino de uno de los artículos de la Constitución Española. En él se hace referencia a la especial protección que se ha de prestar a las diversas modalidades lingüísticas del español. No es muy famoso, el pobre, sobre todo si lo comparamos con el 3.2, que establece la cooficialidad del catalán, el gallego y el vasco. Y menos aún si lo hacemos con el 3.1, que instituye que el castellano o español es la lengua oficial de todo el Estado. Pero a pesar de todo, a mí me cae bien este «tres punto tres». Me gusta como suena. Parecido a eso de «seis toros, seis». Como sentando cátedra, vamos, y además hace referencia concreta al andaluz, una de las dos variedades principales del español de España. Pero, a pesar de lo que dice la Constitución, creo que Andalucía es una de las comunidades españolas donde menos atención se presta a los asuntos relacionados con la lengua. Será por eso que dicen algunos de que no tenemos «lengua propia».

Como ya sabrán, al artículo 3.2 consagra a nivel lingüístico lo que se ha dado en llamar el «hecho diferencial». Galicia, Cataluña y el País Vasco insisten a menudo en que sus lenguas las diferencian del resto del país. Y esto, qué duda cabe, les está resultando muy ventajoso. Los ejemplos abundan, y así —basándose en lo de «tenemos una lengua y una cultura propias»— lo mismo se pide una autopista, que se pretende que el Estado financie las selecciones catalanas (lo ha propuesto un diputado de ERC); o que las clases de las autoescuelas se den sólo en catalán (no vaya a ser —digo yo— que los conductores catalanes no entiendan la señal de stop...) En fin, ya saben que el «hecho diferencial» está resultando muy lucrativo para estas comunidades. Tanto que se está produciendo un movimiento de mimesis en el resto del país. Desde el gobierno de Asturias se intenta establecer el bable (las hablas asturianas) como la lengua oficial de esa región; en Extremadura se ha llegado incluso a editar una gramática del extremeño (?); y algo similar ocurre en la comunidad de Valencia, donde las autoridades insisten en que el valenciano no es una variedad del catalán, sino un idioma bien diferente (?). Hablar una lengua distinta —distinta de la que sea— se ha convertido en una fuente de privilegios, y por eso no es raro que hayamos pasado del «España es diferente» de los años sesenta al «toda España quiere ser diferente» de finales de siglo: ¡Qué puñetas!, ya puestos, café, copa, puro... e idiomas para todos.

Pero es innegable que el «hecho diferencial» ha promovido el interés por los idiomas españoles. Un interés que se plasma en la existencia de políticas de planificación lingüística. En Cataluña, el catalán es motivo de estudio y de debate, y en la TV3 (la televisión pública de esta comunidad) existe un nutrido grupo de lingüistas que se ocupa de aconsejar a los periodistas sobre el uso del catalán. Y lo mismo pasa en otras televisiones autonómicas, salvo, claro está, en Canal Sur porque, total, como los andaluces no tenemos lengua propia...

En Andalucía es tan claro que hablamos español que parece que esto careciera de importancia. Frente al «hecho diferencial» catalanogallegovasco, el «hecho integrador» andaluz ofrece pocas ventajas, y, lo que es peor, exige pocas responsabilidades. Esto es resultado de la miopía cultural de nuestros políticos, que no creen que los andaluces tengamos nada que decir a la hora de estudiar, difundir y prestigiar el español. Ya les digo, será que hablamos otro idioma...

Y ello a pesar de lo que dicen las leyes: nuestro Estatuto de Autonomía establece como uno de sus objetivos básicos: «Afianzar la conciencia de identidad andaluza, a través de la investigación, difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales y lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad». Sin embargo, poco se ha hecho por llevar a la práctica tan buenas intenciones. Es más, siempre ha habido opiniones contrarias a que esto sucediera. En el Congreso de los Diputados, un congresista pidió hace años que se defendiera el habla peculiar de Andalucía: «Que tendría que ser utilizada de manera oficial en los medios de comunicación para acabar con la discriminación que sufren los andaluces por su forma de hablar». Como se pueden imaginar, la propuesta fue desestimada: creían los políticos de entonces —y muchos de los de ahora— que la mencionada discriminación no existía. Y hay ejemplos aún más llamativos. El primer director de Canal Sur se enojó en una ocasión porque le recriminaron que el andaluz se utilizara tan poco en la cadena: «Que venga Dios y me diga —argumentó— cuáles son las hablas andaluzas, porque qué tiene que ver un cordobés con un granadino o un malagueño?» Y digo yo, ¿si tenía tantas dudas, por qué invocó al Altísimo en vez de consultar a un lingüista? ¿O es que le parecía un problema teológico que, en su opinión, no tuvieran nada que ver un cordobés con un granadino o un malagueño? A este señor le ocurría que, como era incapaz de enfocar la cuestión, creía que no existía cuestión alguna. Vamos, que está bien que los catalanes defiendan su lengua porque es minoritaria, pero ¿para qué nos vamos a preocupar del español, si es una lengua hablada en todo el mundo? Mayor miopía imposible.

Otra posibilidad, creo que más sensata, es que desde Andalucía afrontemos la necesidad de establecer una política dirigida a afrontar los problemas que el español tiene en nuestra comunidad. La diversidad de nuestras hablas produce gozo en los dialectólogos, pero es, al mismo tiempo, una fuente de problemas. En la variedad está el gusto, pero también está el disgusto. La modalidad lingüística andaluza no está nivelada —a diferencia de la castellana—, y por eso no existe una manera clara y establecida de hablar buen andaluz. Y esto afecta de manera negativa al conjunto de la lengua española. Si el andaluz no está nivelado, el idioma común tampoco puede estarlo (recuerden que somos el 20 por ciento de la población española). Y, que yo sepa, mirar por el buen estado del idioma es tarea de todos, incluidos los andaluces.

No les vendría mal a nuestros políticos recordar lo que dice el artículo 3.3 de nuestra Constitución y lo que dice nuestro Estatuto de Autonomía. Quizás así se acometa de una vez la necesaria política lingüística en nuestra comunidad. Una política encaminada a prestigiar el español de Andalucía, y a cuidar —en definitiva— el prestigio del idioma común. El cómo hacerlo es un asunto complicado, y por eso mismo urge comenzar cuanto antes y contar con el apoyo de especialistas. Mientras tanto, seguiremos teniendo la única radiotelevisión autonómica donde la figura del lingüista ni siquiera existe. Aunque bien pensado, ¿para qué? Total, si ni siquiera tenemos lengua propia...

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