La Isla de los Justos

Creo que un grupo no mayoritario de venezolanos ha agregado un nuevo sentimiento de perplejidad a la ya innumerable lista de perplejidades que nos ha impuesto el fin de siglo. Sin duda alguna, la vida política y social de todos los que habitamos este territorio, ya sea física o espiritualmente, se ha cargado de acontecimientos, cuando el aburrimiento, la inercia y la ausencia de ellos parecía casi insuperable.

Desde el proceso electoral que acaba de culminar, una especie de repolitización del campo social se está produciendo en el país. Incluso antes, quizá, cuando de una manera intuitiva y aún irracional, una porción importante de ciudadanos incorporó las consecuencias de las decisiones políticas, económicas, fiscales y financieras del gobierno de Carlos Andrés Pérez a su esfera personal de afectación. La subida de los precios de la gasolina, el pago oneroso de la deuda externa, el fin de las políticas de bienestar social, y otros items, empezaban a formar parte de las variables que había que considerar para tomar decisiones que involucraban nuestro presente y futuro: si nos casábamos o no, si teníamos hijos o no, si comprábamos un carro o no, si escogíamos estudiar la carrera que nos gustaba de espaldas al mercado de trabajo o no, si invertíamos nuestras magras prestaciones en ahorros nacionales o comprábamos dólares que guardábamos debajo del colchón.

De golpe comprendimos que el futuro nos había sido confiscado, ya se tratara de un futuro inmediato como ir el fin de semana a la playa, para un merecido descanso, comer pescado cerca del mar y luego ir al cine con la novia; o de un futuro más mediato y ¿trascendental? como planificar una carrera que incluyera la formación de cuarto nivel en un país serio, de esos que saben valorar los estudios y la investigación. En este caldo de cultivo, la incorporación del pastiche enunciativo que trajo Chávez a la escena terminó por preñar nuestras vidas de reflexiones y consideraciones sobre el arte de gobierno y sus consecuencias.

Nadie puede negarle al presidente la sintonía que parece tener con importantes manifestaciones de sentimiento nacional: esta sensación de que el futuro nos fue arrebatado en un país pleno de riquezas y potencialidades; la apreciación de que el abaratamiento de nuestra existencia y la flaqueza de nuestra estima están relacionadas con el saqueo de las arcas públicas, en un ambiente de absoluta impunidad y protección de los presuntos culpables; la certeza de que los responsables de esta expropiación deben ser castigados, como una manera de recuperar la confianza en los líderes y las instituciones del país. El presidente expresa todas estas percepciones, además, en un lenguaje llano y sencillo que traduce lo que parece ser un compendio de buenas intenciones y sensibilidades sociales. En esta sintonía y esta manera de decir se funda la popularidad presidencial, su ascendencia sobre la comunidad que lo escucha con la respiración en suspenso, esperando las buenas señales y las buenas nuevas. Sin embargo, Chávez habla y no terminamos de saber que va a suceder, salvo que en la maraña de ambigüedades, anécdotas, citas descontextualizadas provenientes de toda clase de fuentes ideológicas y órdenes casuales como «Pacheco dale un cafecito a estos periodistas», volvemos a sentir, siempre presente, la buena intención del presidente y su sensibilidad social.

El signo dominante de los discursos más que el autoritarismo es la ambigüedad. Ambigüedad que se alimenta de una retórica grandilocuente basada en anacronismos abstractos como pueblo y soberanía popular. Recibimos con escepticismo y a beneficio de inventario el estilo retórico del presidente, cuando en realidad los tiempos claman por precisiones, mesuras y bajos perfiles. Y atención, no quiero que se me malinterprete y se me tilde rápidamente de elitesca, clasista o antipatriótica, pero me parece que la historia nos ha dado suficientes muestras de que la soberanía popular, el ejercicio del poder político por una masa abstracta e indiferenciada llamada pueblo, es un destello que dura muy poco y que pensadores febriles de la Ilustración acuñaron en sus textos y bibliografías, ya sea para consagrar y alabar su potencia, ya para canalizar su flujo. Por tanto, parece no haber soberanía popular sin representación y cesión de mandato que contenga la fuerza de la masa anónima que ejerce el poder, es decir, sin mandatarios que nos digan cual es el camino recto, justo y conveniente.

Chávez nos dice que el camino recto y conveniente es la militarización de las instituciones, porque los militares son disciplinados, organizados, eficientes, severos y por lo tanto —¡oh, extraña causalidad!— constituyen una isla de moralidad en el país de los pícaros. Y por supuesto esta afirmación encuentra eco en la percepción popular de que realmente estamos en el país de los pícaros, y a la cabeza los políticos y los funcionarios (civiles) del Estado. Por lo tanto, la alternativa de salud política es colocar militares «impolutos», de probada eficiencia y férrea moral en ministerios e institutos; y sustituir a la maltrecha administración de justicia ordinaria por la muy probada imparcial y severa, pero recta, justicia militar. El presidente ha designado una buena cantidad de colegas en el gobierno, no sabemos si por el hecho de que no confía en lo civiles o porque tiene deudas inmensas que pagar a sus amigos y colegas golpistas. Cualquiera de las dos posibilidades es sutilmente aterradora. Cabe recordar, por otra parte, que importantes escándalos de corrupción administrativa provienen de las filas castrenses; que buena parte de los colegas golpistas del presidente, hoy en funciones de gobierno, fracasaron en la ejecución de lo que supuestamente mejor saben hacer: operaciones militares; y que la justicia militar, debida a la subordinación y jerarquías propias de esa institución, difícilmente puede ser imparcial y justa. Cuando la tendencia en el mundo del derecho continental es a abrir los sumarios y eludir los secretos procesales para facilitar la defensa del acusado, la percepción popular interpretada por el gobierno reclama para los funcionarios de Sucre un juicio en oscuridad y secreto.

Chávez nos dice que el camino recto y conveniente es la operación cívico-militar. Y aplaudimos el propósito de movilizar uno de los aparatos de antiproducción más típicos de cualquier sociedad: el sector militar. Pero nos queda la duda de si el presidente y su equipo de asesores estarán abriendo los cuarteles y la academia sólo para favorecer un plan social que de otra manera costaría mucho dinero; o se trata de una advertencia al soberano pueblo y una manera de mostrarle los dientes a sus enemigos. De cualquier manera, como los procesos sociales no son nunca de un solo signo, la operación cívico-militar puede dar pie a que la misma institución castrense entre en el molino de las reflexiones que ha puesto en duda todas las instituciones de la democracia formal, y llegue la hora de plantear, aunque ya fue planteado por la solitaria voz de Salvador Garmendia, la disolución o al menos la minimización de la institución militar.

María Eugenia Esté: abogado graduada en la Universidad Central de Venezuela, candidata a doctor en el postgrado de FACES, UCV con un trabajo de tesis en torno al tema de la construcción de subjetividad y la tecnología. Es profesora de «Sociología de la Técnica y la Tecnología» en la Escuela de Sociología de la UCV e imparte un seminario en el postgrado de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, titulado «Dispositivos Tecnológicos».