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El proyecto de transfiguración completa de un país arranca en Venezuela con un sólido saldo a favor: un amplísimo sentimiento nacional que dice ¡basta! a las aberraciones acumuladas en medio siglo. Pero este poderoso combustible político reclama de inmediato un piso de cosas hechas (de políticas efectivas) que vaya transformando la rabia en voluntad constructiva, el malestar acumulado en esperanza de país posible, el resentimiento engendrado por la exclusión en fuerza viva que construye desde abajo.

Ese pasaje no es una operación retórica que se proclama desde alguna tarima. Se trata en verdad del más urgente desafío de una conducción política que no puede confundir la querella partidaria con las cuestiones de un Estado en transición. Una cosa es dirimir una disputa electoral de cualquier género y otra bien distinta es dirigir los destinos de un país: complejo, contradictorio, cruzado por diferenciaciones de lo más disímiles. Esto último requiere de condiciones excepcionales para las élites que lideran estos procesos.

El solo planteamiento de una transformación a fondo de la sociedad venezolana levanta de inmediato resistencias y oposiciones que provienen de muchos lugares: resisten los intereses en juego; resisten las prácticas y modos de hacer largamente enraizados como subcultura; resisten las mentalidades que se aferran a la tradición y al sentido común dominante. Esta resistencia suele ser inercia sorda que boicotea todo cambio sin chillar demasiado. Pero también es acción de choque que se descarrila fácilmente hacia modalidades de violencia irracional. Es esa precisamente la tónica actual de una derecha histérica que luce desesperada por la improductividad de hacerle frente al Gobierno en el marco estricto de la confrontación de masas.

Mas la dirección política del proceso no puede conducir las cuestiones centrales del Estado con el estilo de ataque y contrataque que es típico de las contiendas de facciones.

Desde el Gobierno y el Estado tiene que enviarse una señal clara de voluntad constructiva, un mensaje consistente de diálogo democrático (que maneja la diferencia y asume los conflictos naturalmente). No se trata de fingir amplitud para distraer al oponente; se trata de propiciar de verdad espacios de negociación fundados en el debate, en la capacidad de escuchar al otro, en el compromiso expreso de tolerancia y respeto por la opinión ajena.

Esta no es una proclama bobalicona que disfraza los conflictos para que parezcan consensos. De lo que se trata es de promover de verdad una amplísima plataforma de diálogo (a escala nacional y en todos los ámbitos) que transmita a la gente de forma contundente la imagen de un país que se construye manejando los conflictos, negociando las diferencias legítimas, haciendo viables los antagonismos antes de que adquieran la forma fatal de dispositivos de guerra. Este camino no sólo es posible sino de una urgencia patente.

Cumple allí un papel muy especial el debate de ideas, el diálogo intelectual, la confrontación de visiones. Es justamente en este punto donde vienen impulsándose valiosas iniciativas que conjugan el interés compartido de habilitar espacios de verdadero diálogo. Cabe destacar los esfuerzos que está haciendo el amigo Manuel Espinoza por acercar a gentes valiosas que sostienen posiciones políticas diversas para generar en común un espacio de debate seriamente asumido, sin ocultar las diferencias, sin pretender acuerdos artificiales donde persisten enfoques encontrados.

Lo importante de iniciativas como ésta es precisamente la señal que envía al país: «¡Podemos vivir juntos!» (este ha sido el emblema que Roberto Hernández Montoya recogió de una tormenta de ideas sobre el asunto, donde han participado un destacado grupo de intelectuales de distinta orientación política).

Pronto veremos los primeros resultados de este esfuerzo. Hay muchas personas e instituciones ganadas para impulsar este tipo de trabajo común. Iniciativas similares aparecen en muchos lugares del país. Parece el síntoma de un proceso que pugna por aflorar. Más allá de la radicalización mediática de ciertos discursos intolerantes, bulle en todos lados una voluntad de hacer un común que debe ser estimulada sin reservas. Discutir abiertamente con todos los actores es una condición básica de este proceso. Es posible mostrar en los hechos que la diferencia de opiniones no es un «defecto» sino una propiedad intrínseca de la sociedad que se construye. Debatir libremente los enfoques diversos no es un divertimento intelectual sino la condición más esencial de una democracia que vale la pena.

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