Tulio Hernández, Presentación general del diagnóstico venezolano

Muy buenos días. Antes de entrar en materia quiero dar las gracias al doctor Alejandro Armas, al CONAC, a nuestros invitados internacionales y, muy especialmente, a Fernando Vicario, coordinador del Convenio Andrés Bello con quien, gracias a un encuentro casual en Bogotá, concebimos la idea de realizar este Taller Internacional.

Una de las preocupaciones que nos ha animado a promover este tipo de debate es tratar de dejar claro que, más allá de las buenas intenciones, las declaraciones de principios y la sensibilidad artística, hoy en día el desarrollo de la gestión cultural y el diseño de políticas culturales de Estado requieren instrumentos conceptuales, jurídicos y gerenciales altamente sofisticados. Y, por lo tanto, que el equilibrio en la atención a esas tres dimensiones, es una condición necesaria para alcanzar gestiones eficientes, democráticas y, sobre todo, viables a largo plazo.

En el caso venezolano, y eso probablemente vale para el resto de América el desarrollo de estos instrumentos no ha marchado a la misma velocidad. Sin duda le hemos prestado una gran atención a los aspectos propiamente sociopolíticos, a la reflexión desde el pensamiento social, al ejercicio de planificación, pero no ha sido así en cuanto a los temas gerenciales y organizacionales, y mucho menos aún a los aspectos propiamente jurídicos.

El encontrarnos frente a la inminencia de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, responsable de redactar la Constitución del siglo XXI, nos coloca frente a la obligación de asumir el tema jurídico en su justa medida y por eso tenemos entre nosotros a un par de invitados internacionales: Jesús Prieto de Pedro y Marcos Vaquer, porque queremos aprender de ellos y conocer las experiencias de España, donde hay un interés creciente por desarrollar el campo del derecho aplicado a la cultura.

En este marco diverso de intereses, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones, muchas de ellas compartidas ya en seminarios anteriores con Alejandro Armas, Domingo Miliani, Freddy Castillo Castellanos y un grupo de ponentes más o menos diversos que han comenzado a ocuparse del tema Constituyente y Cultura.

1. La ceremonia del reencantamiento

Lo primero que tenemos que entender desde nuestra particular perspectiva, es que la Asamblea Nacional Constituyente y el proceso que su elección, instalación y deliberaciones va a desencadenar será también, y sobre todo, un proceso cultural. Un proceso que debemos entender como fase de aprendizaje y renovación de la cultura política venezolana y, más específicamente, como una oportunidad para revisar las actitudes que los ciudadanos tenemos frente a la relación entre lo público y lo privado, entre destino individual y destino colectivo, y entre gobernantes y gobernados.

De alguna manera, el proceso constituyente es también un acto simbólico: una ceremonia colectiva que nos abre la posibilidad de conquistar un «reencantamiento» de lo público, un «reavivamiento» de los vínculos del ciudadano común con lo político -esa dimensión honorable de la vida social que entre nosotros, lamentablemente, se ha convertido en un estigma y en oficio de villanos- y, al mismo tiempo, una oportunidad excepcional para que logremos generar tanto en la dirigencia política como en el ciudadano común, una comprensión profunda de la importancia de lo cultural como un espacio fundacional y fundamental en la vida colectiva y, también, como territorio específico de los derechos ciudadanos.

La posibilidad de desarrollar un proceso de reflexión y de reinvención de lo nacional debe operar ante todo —y creo que así lo ha entendido el país— como una especie de firma de un acuerdo de paz. Norberto Bobbio, el notable analista y político italiano, ha dicho que las constituciones son, ante todo, acuerdos de paz. Yeso exactamente es lo que está sucediendo entre nosotros. El proceso constituyente está representando para Venezuela y para los venezolanos, la única salida que encontramos a una crisis de legitimidad del sistema político y de todas nuestras instituciones que —tal como lo muestran los hechos que han venido desarrollándose a partir del 27 de febrero de 1989 y el 4 de febrero de 1992— parecía llevarnos inevitablemente a una confrontación violenta.

Con la Constituyente, y por eso le adjudicamos un gran valor simbólico a este proceso, estamos generando una especie de acto de «reinauguración» del país, porque el país, efectivamente, había perdido la esperanza y la confianza en sí mismo: se había acostumbrado apenas a sobrevivir sin que sus élites dirigentes fueran capaces de tomar acciones de envergadura para corregir sus desaciertos. Ahora, en cambio, estamos preparándonos para comenzar otra vez, con reglas de juego nuevas y nuevo aliento.

En ese contexto se nos presenta una gran oportunidad para introducir el debate cultural. Pues, si bien desde la óptica de quienes nos ocupamos de esta área es común predicar la valoración de la importancia que tiene lo cultural en la vida colectiva, en líneas generales esa actitud y convicción no es compartida por los factores de liderazgo de la vida pública venezolana. Frases ampulosas como «la cultura es fundamental para el desarrollo de los pueblos», o «no existirá un desarrollo integral si no hay desarrollo cultural», a las cuales recurren periódicamente los gobernantes en sus 'discursos, no son asumidas responsablemente cuando llega la hora de tomar las grandes decisiones políticas y administrativas. Y esto ocurre por igual en los gobiernos centrales y en los gobiernos regionales y locales, en los gobiernos de los partidos tradicionales y en los de más reciente aparición.

La coyuntura actual parece ser, por tanto, una gran oportunidad para realizar una trabajo educativo y de sensibilización, y para fijar, en la misma Carta Magna que se va a redactar, principios y normas que contribuyan a liberar a la dimensión cultural de la incomprensión de su importancia, del rol segundo y secundario en el que se le coloca permanentemente, y de las concepciones reduccionistas con las que generalmente se les conceptualiza y se les gestiona.

2. Las estrategias en debate

En principio, en lo que a la presencia de la cultura en el debate que se avecina se refiere, vislumbramos dos grandes estrategias. Una que remite directamente a la presencia de le) cultural dentro de la nueva Constitución del siglo XXI. Y otra que remite a la evaluación, reconceptualización y reorganización institucional de la gestión cultural del Estado en el marco global del proceso de reorganización de la sociedad venezolana en su conjunto.

En el primer caso, el de la presencia de la cultura dentro de la nueva Constitución —tarea fundamental de la Asamblea Nacional Constituyente—, lo fundamental es lograr que se incluya un conjunto de principios que definan:

la naturaleza de los procesos culturales y su reconocimiento y respeto por parte del Estado, los derechos culturales de lo, individuos y los grupos, y las obligaciones del Estado y la sociedad en su conjunto para la prestación de servicios o preservación de los bienes asociados a la dimensión cultural.

En el segundo caso, la reconceptualización y reorganización del sector cultural (cuando decimos «sector cultural» lo estamos asumiendo como el espacio sujeto a principios político-administrativos), lo importante es tomar un conjunto de decisiones y diseñar estrategias en lo que se refiere a las políticas culturales y la institucionalidad cultural propiamente dichas. El objetivo ideal sería lograr que —previa identificación de las necesidades culturales de la población y luego de definir prioridades y estrategias nacionales en el sector— se pueda construir una visión y un plan de largo plazo que ataquen los problemas, carencias y desbalances fundamentales en el campo cultural nacional.

Son dos líneas de trabajo que, a pesar de guardar una íntima conexión, constituyen dos campos distintos que vale la pena distinguir y atacar simultáneamente, pero con instrumentos diferentes. En la Constitución debemos incluir los grandes principios y normas; en el diseño de políticas y gestión culturales debemos establecer prioridades y metas para un período o coyuntura particular y los mecanismos organizativos y programáticos requeridos para alcanzarlas. En resumen, desde ahora y hasta el mes de diciembre, se trata de establecer dos agendas: la primera, para pautar la discusión sobre la cultura en la Constitución, y la segunda, para establecer lo que debemos discutir en términos de la reformulación del sector cultural y la ejecución de políticas culturales. Para entrar en este tema me parece prudente revisar, aunque sea muy brevemente y a grandes rasgos, la situación cultural venezolana del presente.

3. La situación cultural

Cada vez que pretendemos hacer un diagnóstico de la situación cultural venezolana surge ante nosotros, como un primer síntoma, un primer y gigantesco obstáculo: la inexistencia de datos confiables que puedan servirnos de orientación. En Venezuela —salvo las excepciones del caso— no disponemos de evaluaciones, informes estadísticos o datos específicos que nos permitan decir con precisión algo así como: «Después de 40 ó 41 años de gestión cultural en un régimen democrático, hemos logrado tales metas, hemos mejorado en x dimensiones, hemos incrementado el alcance de los servicios a un tanto por ciento de la población».

Por ejemplo, sabemos por datos de la Unesco aproximadamente cuántos títulos estamos editando en el país, pero desconocemos plenamente cuáles son los índices reales de lectura de esos libros, qué porcentaje de la población tiene acceso a esos títulos, cómo son distribuidos o de qué manera la aparición de las grandes editoriales del Estado y el incremento en el número de títulos editados ha mejorado la disposición del venezolano hacia la lectura de calidad.

Lo mismo vale para otros campos. La conclusión pareciera ser que hemos tenido un gran interés por las acciones o por la creación de instituciones, pero muy poco por la evaluación de sus resultados y por el impacto de las mismas en la atención de las necesidades más notorias de la población. De hecho, el estudio de consumo cultural dirigido por el equipo de la revista Comunicación (1), que se publicó el año pasado, y a pesar de las limitaciones con las que fue hecho, es una excepción en el país.

Tampoco hemos tenido investigaciones sobre el impacto de las políticas, por lo que se hace prácticamente imposible hablar de sus resultados reales. No dudo que haya instituciones que saben lo que hacen y que han intentado medir sus resultados particulares: ¿cuántas personas asisten o consumen sus ofertas?, ¿qué nivel de satisfacción obtienen? Muchas lo hacen aisladamente pero, desde el punto de vista de las políticas públicas, no tenemos centros de estadística y de investigación que nos permitan saber exactamente qué ocurre con nuestra población en relación al uso de los servicios culturales que tanto el Estado como otros sectores ofrecen.

Sin embargo, y a pesar de esa carencia, la realidad nos muestra algunos indicios que nos permiten pensar que hay cuatro rasgos dignos de subrayar al momento de entender qué está ocurriendo en nuestro sistema cultural (2):

El primero es la pérdida de estima y de confianza en nosotros mismos, tanto en calidad de individuos como de etnia nacional. Los venezolanos de las últimas décadas hemos vivido una situación de tal incertidumbre y opacidad del futuro, de derrotas históricas sucesivas y de dificultades para terminar exitosamente grandes proyectos, que uno de los rasgos clave de nuestro sistema cultural lo constituye —y eso se manifiesta diariamente en las expresiones y diálogos comunes de los venezolanos—, la pérdida de confianza como colectivo, como sociedad e incluso como individuos.

El segundo elemento tiene que ver con el empobrecimiento general de la sociedad, lo cual ha conducido a un empobrecimiento cultural y a una notable caída en el consumo de bienes y servicios culturales. Hay algunos datos que hablan de esta situación, la cual coincide —y es inevitable que así ocurra— con aquello que viene ocurriendo en nuestra sociedad más o menos a partir de 1981: la caída brutal, no solamente de los salarios, sino de la capacidad de consumo y la calidad de vida en general. Así, tomando en cuenta lo que los economistas llaman salario real, el del año pasado (1998), medido en bolívares del año 84, es inferior a los salarios del año 1951. Esa involución obviamente ha repercutido en el consumo cultural y no se puede —o no se debería— hacer políticas culturales sin considerar a ese indicador como una variable importante.

El tercer elemento importante es la exclusión de las mayorías de los beneficios culturales ofrecidos por el Estado. En un documento redactado por un equipo del que formé parte, dentro de un programa llamado «Reinventemos a Venezuela» (3), publicado en noviembre de 1998 en el diario El Nacional, hablábamos de un desencuentro entre la oferta y las necesidades culturales reales del país. Hay, indudablemente, muchas instituciones que ofrecen muchos servicios —incomparablemente superiores cualitativa y cuantitativamente a todo lo que existía previo a la instauración de la democracia—, pero hay un vasto sector de la sociedad que no tiene acceso, ni tiene vínculos ni hábitos que le permitan disfrutar de esos servicios. De alguna manera, el Ministerio de la Cultura de Venezuela sigue estando encarnado por los dos grandes canales de TV, que son los que generan el vínculo cultural más intenso con la población venezolana.

A esta situación se añaden dos formas subsidiarias de exclusión. Primero, aquella que proviene de los elevados grados de concentración y centralización de la inversión cultural del Estado, del desequilibrio entre los centros y la periferia, y segundo, del predominio evidente de atención a determinado tipo de disciplinas y servicios artístico-culturales en desmedro de otros.

En relación a esta segunda forma de exclusión basta una rápida mirada al número de instituciones y los porcentajes asignados a cada una de ellas para entender, por ejemplo, la desatención a campos tan importantes como la memoria histórica o el patrimonio cultural, las industrias culturales o la música popular, en comparación con las artes plásticas o la música sinfónica.

El último elemento, más ligado al tema de las políticas, es el del agotamiento del modelo organizacional del cual se dotó el Estado venezolano a partir de 1975, con la creación del CONAC, para gestionar las responsabilidades públicas que, tanto la Constituyente de 1961 como los diversos Planes de la Nación, le han asignado. Este agotamiento se expresa en por lo menos tres elementos fundamentales:

la conversión, con intensidad mayor a partir de la gestión del doctor Sambrano Urdaneta, del órgano rector —el CONAC— en un aparato meramente administrativo, sin liderazgo y sin capacidad de concertar la acción de los diversos organismos culturales del Estado;

la ausencia de definiciones, en lo que a políticas nacionales, metas y estrategias culturales quinquenales se refiere;

la ausencia de Planes Nacionales de Cultura que aseguren la gestión cultural a escala nacional y, en particular, obligue a las alcaldías y gobernaciones a cumplir las competencias que la Ley de Descentralización y Transferencia de Competencias les asigna.

En términos generales, es esto lo que observamos con relación al sistema cultural venezolano. Ahora bien, en lo referido a las instituciones y políticas públicas, es preciso decir que nos encontramos frente a una situación paradójica. En primer lugar, porque en Venezuela hay que reconocer que, si en algún campo el sistema democrático creado en 1958 ha sido revolucionario y ha dotado al país de instituciones y de servicios que antes sencillamente no existían, ese ha sido el campo cultural. Buena parte de la institucionalidad cultural moderna: fundaciones, orquestas, museos, premios, televisoras educativas, editoriales —para citar las más evidentes que existen en el país— ha sido creada en estos últimos 41 años. En Venezuela se ha logrado un alto grado de profesionalización, tanto en muchas de sus instituciones, como en sus centros de reflexión. Se ha logrado también un desarrollo bastante amplio de instrumentos legales: aparte de la Ley del Consejo Nacional de la Cultura (CONAC), disponemos de una Ley de Cinematografía, otra de Artesanía, del Libro, del Patrimonio, de Derechos de Autor hemos suscrito todos los convenios internacionales de derecho de autor Y contamos con una infraestructura de servicios de alta potencialidad.

Sin embargo, esta realidad se contradice con la ausencia de un Provecto Nacional de Cultura que articule, multiplique y oriente estratégicamente la acción, no sólo del CONAC, sino también de los demás organismos gubernamentales del área y de los gobiernos locales. El Estado venezolano dispone de una serie de organismos: el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional, Venpres, la OCI, Venezolana de Televisión, la Radio Nacional, etc., pero cada uno de ellos actúa a su manera y sin estrategias globales, y esto, indudablemente, produce tanto una pérdida y una minimización de los recursos existentes, como una ausencia de sentido de la acción global del Estado en el campo cultural.

Por esta razón suelo afirmar que en Venezuela, en lo que a gestión cultural se refiere, las partes son mejores que el todo, los órganos que el corazón, o para decirlo más claro aún, los cuadros intermedios y los gerentes de organizaciones específicas han resultado ser mejores que las autoridades máximas del organismo rector: los cuadros medios mejores que los generales. Porque el desarrollo institucional que se ha logrado no se corresponde con la incapacidad y el caos organizacional que ha mostrado ese ente rector de la cultura para generar políticas y orientar a sus instituciones. Es por ello que, tanto las definiciones constitucionales como las de políticas, tienen ya un camino de experiencia recorrida y, a su vez, un vasto panorama institucional que corregir.

4. La cultura en las constituciones

Para avanzar hacia el diseño de una posible agenda cultural constituyente, comenzaría por revisar cómo aparecía la cultura en la vieja y «moribunda» Constitución y cómo ha comenzado a aparecer en las constituciones contemporáneas, redactadas y aprobadas en otros países democráticos en las últimas dos décadas.

Respondamos a la primera interrogante: ¿Cómo aparecía lo cultural en la Constitución del 61? Lo primero que hay que destacar, es que la cultura efectivamente se incluye en el texto constitucional, lo que significa un avance importante pues aún hoy existen constituciones democráticas donde el término ni siquiera aparece.

Hay dos artículos en los cuales se habla específicamente del tema cultura: el artículo 78 y el 83. En el 78 se establece que «Todos tienen derecho a la educación; el Estado creará y sostendrá escuelas, instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso a la educación y la cultura» (subrayado nuestro). El segundo, el 83, reza: «El Estado fomentará la cultura en sus diversas manifestaciones, velará por la producción y conservación de las obras, objetos y monumentos de valor histórico o artístico que se encuentren en el país, y procurará que ellos sirvan al fomento de la educación» (subrayado nuestro).

He puesto en cursivas cuatro términos: acceso, fomentará, producción y conservación porque, de alguna manera, en la Constitución del 61 se manifiesta una idea de la cultura asociada a una idea difusionista y patrimonialista de la gestión cultural, hoy absolutamente superada. Obviamente, y para ser justos, para ese momento no se habían generado internacionalmente los debates, las reflexiones y la profesionalización del campo de la gestión cultural que vino después. El «fomento» y la «protección» eran las ideas tradicionales que, para la época, se tenían sobre las responsabilidades del Estado.

En cambio, y así comenzamos a dar respuesta a la segunda interrogante. ¿Cómo ha comenzado a aparecer la cultura en las constituciones contemporáneas? Desde entonces hasta hoy se han debatido y consolidado nuevas ideas y conceptos que Van desde la inclusión de los derechos culturales como un componente específico y especial de los derechos humanos y sociales en general, hasta principios como la democratización y la participación cultural que llegan a determinar, no sólo la necesidad de que los Estados y otros niveles gubernamentales elaboren políticas, sino el derecho que tiene el ciudadano a, participar en la elaboración de dichas políticas.

Hoy, incluso temas clásicos como la identidad cultural, que se planteaba básicamente asociado al Estado-Nación, son sustituidos por temas un poco más complejos como el de la multiculturalidad, las identidades múltiples o el respeto a la diversidad, a lo pluriétnico y lo multicultural. Hay además un interés cada vez mayor en incorporar temas como el derecho de acceso a las nuevas tecnologías, como es el caso de Internet, o nuevas maneras de articular la relación entre lo global, lo local, lo nacional y lo regional e incluso lo micro. Porque pareciera ser que es en ese nuevo sistema de relaciones múltiples donde se juegan los términos de la identidad.

5. La Agenda Cultural Constituyente

A la luz de esos cambios conceptuales y políticos y de la situación de nuestro sistema cultural podemos realizar un intento de perfilar la que podría ser una primera aproximación a una Agenda Cultural Constituyente.

En primer lugar, incluiríamos todos aquellos principios asociados al papel fundacional de la cultura en la vida social. Creemos que la Constitución debe tener un enunciado tajante y preciso sobre el papel que juega la cultura en países como el nuestro, asumiendo que no hay cambio social real si éste no se convierte y se sustenta en un cambio cultural. Ya hay constituciones que en los primeros artículos incluyen lo cultural, junto a lo social y lo democrático como rasgos definitorios del Estado-Nación.

En segundo lugar incluiríamos los principios asociados a la ratificación y defensa de las características culturales básicas del país. Somos una nación pluriétnica y multicultural, con unas particularidades culturales regionales que deben ser preservadas sin obviar la relación tradición-modernidad. Debe incluirse un enunciado que ratifique ese rasgo particular que compartimos con otros países como Ecuador y Colombia. Por ejemplo, la Constitución de Ecuador es tajante en este sentido: se declara «un Estado soberano, independiente y multicultural y pluriétnico que tiene como base el respeto de la pluralidad».

Un tercer punto de la Agenda podría incluir los derechos culturales básicos de la persona y el grupo, para protegerlo tanto del poder el Estado como de los efectos que las aberraciones del mercado puedan generar. Nos referimos, por ejemplo, al derecho a la identidad, que es un derecho que prácticamente todas las constituciones contemporáneas nuevas mantienen; el derecho al patrimonio; el derecho a pertenecer a una cultura o a no aceptar la imposición de pertenecer a otra que no se elija libremente; la libertad de creación artística, la libertad de expresión, el derecho a la información, es decir principios que están más asociados a la protección de derechos individuales que a la prestación de servicios por parte del Estado.

Atención especial merecen en este punto los derechos de los grupos culturalmente más vulnerables y, en el caso venezolano, la nueva Constitución debería dar una atención especial a los pueblos indígenas y a la relación comunitaria con sus territorios ancestrales, a la educación multicultural bilingüe o a la preservación de sus identidades y de sus economías que, en particular, son muy importante en nuestro caso, ya que este último medio siglo ha sido escenario de un proceso de expoliación de nuestras poblaciones indígenas, no solamente cultural sino físico.

Un cuarto punto de la Agenda remitiría a las obligaciones y responsabilidades públicas del Estado,, tanto en lo referido a la prestación de servicios como en los mecanismos para hacer respetar los derechos culturales de los ciudadanos. En este punto habrá que ser tajantes y no limitarnos a enunciados generales del tipo «el Estado fomentará», «el Estado promoverá», sino fijar con claridad qué tipo de cosas y a través de cuáles mecanismos el Estado debe fomentar. Por ejemplo, qué tiene que hacer en términos de patrimonio —que en el caso venezolano es un tema clave, porque si algo nos ha caracterizado, por lo menos en este siglo XX, ha sido un gran desinterés por la memoria. En éstas y otras áreas de emergencias debe establecerse un compromiso preciso. Por ejemplo, con el diseño y aplicación de políticas culturales o con la preservación del idioma, que es otro punto de la agenda que debe ser trabajado y asumido como una responsabilidad pública del Estado.

Un quinto punto de la Agenda debería remitir a los principios y obligaciones culturales de los diversos niveles de gobierno —central, estadal, municipal— en el diseño de políticas y modelos de gestión cultural que hagan realizables los derechos y principios arriba sugeridos. Lo repetimos, mientras no exista una gestión cultural en los estados y en las alcaldías —un gran drama venezolano— no puede haber una política nacional de cultura, porque el CONAC no se puede descentralizar como se descentralizan los puertos o como se podría descentralizar la educación.

En sexto lugar se encuentra otro tema muy importante que también podría ser tratado conjuntamente con quienes se ocupen del campo de la comunicación y que necesariamente requiere de un enfoque cultural. Se trata de los derechos del individuo, del grupo y las instituciones, y las obligaciones del Estado en tomo a la información y a la comunicación en cualquiera de sus manifestaciones y soportes. Derecho a recibir información, acceso a la telefonía, acceso a Internet. Hoy en día estar al margen de la telefonía —y en Venezuela más del 40% de la población lo está— o estar al margen de Internet, por ejemplo, puede ser equivalente, desde el punto de vista cultural, a ser analfabeta hace 120 ó 140 años atrás. En medio de la situación de desigualdad en que vivimos, la Constitución debería velar porque el Estado apunte a garantizar el acceso a estos servicios. Los intercambios culturales se producen cada vez más a través de nuevas redes, nuevos soportes y hoy quien produce un libro está pensando inmediatamente en un CD-ROM.

Por último, como punto final de la Agenda, se encuentra la redefinición plena del tipo de institucionalidad cultural con el que hemos dotado al país. Pero este punto se debatirá más en el campo de las políticas que en el de la propia Constitución. Es necesario repensar si el Consejo Nacional de la Cultura, tal y como funciona, separado de los entes autónomos como el CNAC o la Biblioteca, tiene sentido, o si necesitamos una reformulación plena que permita atender verdaderamente las necesidades culturales de la población. Para ello hay que aprovechar la discusión constituyente y promover la revisión del conjunto de leyes muchas de ellas dispersas, insuficientes o contradictorias— que se han escrito y redactado, en los últimos tiempos y, a la vez, producir una gran reflexión sobre los mecanismos de financiamiento de la cultura porque, obviamente, los que existen en nuestros días, ya espurios, con la actual situación de empobrecimiento del Estado, no van a ser suficientes.

En conclusión, creo que estamos frente a una oportunidad excepcional de participar, tanto en la producción de un nuevo texto constitucional, como en el reordenamiento global del sector, y que esto lo podamos hacer a la luz de la nueva conceptualización internacional sobre el tema y de la identificación de la situación real de la cultura en Venezuela, es algo por lo menos esperanzador.

(1) Los resultados de este estudio han sido publicados en: Aguirre, Jesús María, «El consumo cultural del venezolano», Fundación Centro Gumilla y Consejo Nacional de la Cultura, Caracas, 1998.

(2) En este punto aceptamos la diferencia establecida por J. J. Brunner entre sistema cultural y políticas culturales. El primero se refiere a la vida cultural en su conjunto, incluyendo las esferas privadas, microsociales, y las esferas públicas, institucionales, donde la cultura es elaborada y consumida de manera especializada. Las segundas, las políticas culturales, a los intentos de intervención deliberada en la esfera de la Constitución pública, macrosocial e institucional de la cultura, con el objeto de obtener los efectos buscados. Cfr. Brunner, José Joaquín, América Latina: cultura y modernidad, México: Grijalbo, 1992, p. 211.

(3) «Reinventar a Venezuela Un gran cambio cultural para un destino en común». Suplemento encartado en El Nacional en noviembre de 1998.