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Indigestión cultural

No importa cuál sea su destino final. Que termine, como tantos proyectos, de cabeza en los gabinetes del olvido, o que un proyecto alterno —ya sea el propuesto por el Conac o cualquier otro— encuentre el apoyo de los legisladores para que surja una ley digna de un país con tanto saber acumulado en el terreno cultural.

Lo cierto es que la sola existencia de este proyecto es tan grande exabrupto que, de no haber sido presentado públicamente por la subcomisión de Cultura de la Asamblea, cualquiera pudo haber caído en la tentación de pensar que se trataba de un documento escrito por inteligentes estrategas de la oposición para reunir, en un solo texto, todos aquellos lugares comunes y prejuicios —fundamentalismos, simplismos y confusiones conceptuales, predominio de lo ideológico y declarativo sobre los aspectos tangibles de la gestión— con los que se suele descalificar al Gobierno bolivariano. Hay artículos, como el número 8, por ejemplo —y por citar el más burdo de todos—, que aun haciéndole la más abierta, generosa y comprensiva lectura, aun atribuyéndoselo a una probable inexperiencia de sus autores, producen escalofrío. Hacen aparecer el Decreto 1011 como un simple juego de niños. Y nos remiten directamente a una de las más espantosas y tristes experiencias que haya conocido el siglo XX en lo que a la gestión cultural del Estado se refiere: la política cultural del estalinismo. Aquélla que acabó con el revolucionario proceso artístico que se había gestado en los primeros años de la Unión Soviética —con las bellezas formales y políticas de Eisenstein, la desmesura de los artistas plásticos futuristas o el vuelo poético de Maiakovsky—, para terminar convirtiendo la creación y la divulgación artística en un asunto de burócratas y komisarios, que hizo al país de Dostoievsky y Chéjov un lugar de creadores grises, regidos por un dogma del que muy pocos se pudieron liberar.

«Toda cultura globalizadora, impuesta, de masas y hegemónica, originada a partir de la degradación de componentes tradicionales propios de la cultura venezolana y de la degeneración de la cultura occidental, elaborada en los centros transnacionales de poder, pervierte las conductas, modos de vida y valores específicos de los venezolanos», reza el artículo 8. Y, por lo tanto, es la conclusión evidente, el Estado venezolano está en la obligación de impedir que se produzca o circule aquello que la Ley establece como fuente de perversión de las conductas, los modos de vida y los «valores específicos de los venezolanos».

En ese punto, uno toma aire, lee el artículo, lo vuelve a leer y se pregunta: ¿de qué se trata? ¿Será que estamos frente a unos inmensos mamadores de gallo que quieren ponernos a debatir sobre algo que no tiene siquiera coherencia lógica en su enunciación y mucho menos posibilidades de aplicación alguna? ¿O la práctica de fumarse una lumpia —descrita con claridad científica por Aristóbulo Istúriz antes de su rompimiento con el Presidente— se ha generalizado en el equipo?

Porque, suponiendo que aceptáramos la existencia de una cultura originada a partir de la degradación de los «componentes de la cultura venezolana», habría que preguntarse de inmediato quién fijará los límites de esa degradación y cuáles serán los patrones para hacerlo. ¿Se podrá decir que los músicos llaneros contemporáneos han degradado esos componentes al introducir bajos eléctricos, teclados, maracas inteligentes y otros elementos que no se encuentran en la tradición original? ¿O que los portugueses de Las Mercedes son delincuentes culturales al haber introducido arepas rellenas con Gouda, un queso absolutamente ajeno a la tradición láctea nacional?

La cosa se complica más todavía cuando se trata de «la degeneración de la cultura occidental». ¿A qué se referirá el proyecto en este punto? ¿A la pérdida de los valores del cristianismo en su versión romana primitiva; a las escabrosas escenas escritas, dibujadas, filmadas o fotografiadas por Georges Bataille, Anaïs Nin, Pier Paolo Pasolini o Cindy Sherman; a las versiones facilonas de Bach o Mozart vendidas por millones gracias al suave toquetear de Clayderman, Di Blasio o Ray Conniff; o a los millares de sites dedicados a la pornografía y el neofascismo en Internet? Y cuando se habla de los centros de poder transnacional en relación a la cultura occidental, ¿a qué se refieren? ¿Sólo a Hollywood, que es el más evidente imperio cultural norteamericano; o incluye a Santillana y Planeta, parte del emporio transnacional de las editoriales españolas; a O Globo, baluarte de la producción televisiva transnacional del Brasil; o al imperio de Rupert Murdoch en la prensa y el entretenimiento europeos? Y si son todas ellas, ¿deberíamos, como Libia o Albania antes de la debacle, impedir a toda costa la circulación de sus productos, especialmente a través de la televisión por cable, en defensa de la soberanía cultural nacional?

Es en apariencia un solitario e indefenso artículo del proyecto de Ley —hay más—, pero es la señal de que un Frankenstein indigestado de conceptos confusos anda suelto, y que, aun cuando representara un sector minoritario, es, por los momentos y hasta que se demuestre lo contrario, una voz autorizada del partido de Gobierno, que ha venido a traer más a confusión a esto que se denomina revolución cultural. ¿Quién lo aclara?

Se comienza condenando abstracciones y se termina persiguiendo creadores.

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