Acción Democrática, Propuesta de temas para la nueva Constitución que Acción Democrática presenta al pueblo de Venezuela

Acción Democrática
Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Comisión para Elaborar Documento Sobre la Experiencia Democrática Venezolana y Temas de la Constituyente

UNA CONSTITUCION DEL, POR Y PARA EL PUEBLO

Como una contribución al debate sobre el país que queremos, Acción Democrática presenta al pueblo de Venezuela los tópicos que estima deben ser debatidos en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente. No vemos a la Constitución como la panacea que resolverá los desafíos que tenemos como comunidad, pero sí como la expresión de los consensos y disensos que revelan un proyecto de país, el cual guiará a la sociedad venezolana para afrontar sus retos. Nadie es dueño de la constituyente y ningún grupo puede cerrar el debate sobre los temas constituyentes, que tendrán consecuencias sobre la vida de los venezolanos. El debate público tiene que ser la regla de oro en la asamblea constituyente, para producir una Constitución moderna y flexible a la vez, con capacidad para adaptarse a los cambios que ocurren en Venezuela y en el mundo.

Acción Democrática tiene mucho que decir en el debate constituyente. Como partido pionero que interpretamos y promovimos junto a los venezolanos, hace 58 años, las libertades políticas en Venezuela, queremos contribuir en el debate constituyente al ofrecer un conjunto de temas para la nueva Constitución, y avanzar a lo que consideramos la próxima etapa en el desarrollo político de Venezuela: la consolidación de la democracia a partir de las demandas de autonomía individual que hacen los ciudadanos; en asumir la complejidad de la sociedad venezolana. Acción Democrática nació en 1941 con un proyecto de país y el mejor regalo que el partido puede hacer a los venezolanos, en su 58 aniversario, es presentar un proyecto de país para la sociedad que queremos. De aquí nuestra consigna para el debate constituyente, "Construyendo de abajo hacia arriba la sociedad moderna del Siglo XXI".

El trabajo que AD presenta al país fue guiado por las palabras de uno de los más claros fundadores del partido, Valmore Rodríguez, quien afirmó "Una democracia otorgada no es democracia, sino simulación. La democracia hay que conquistarla y sembrarla como una estructura de acero sobre basamento inconmovible. No basta que esté en la conciencia. Debe ir más allá, hasta la raíz de la fuerza, ser la fuerza misma. El pueblo debe tenerla en sus manos como se tiene un arma. Nosotros no hemos comenzado aún por el basamento. Hasta hoy hemos creído conveniente edificar primero el techo".

La Constitución de 1961 sentó las bases, el basamento del que nos habla Valmore. Como partido que luchamos por la libertad y la democracia, es nuestra responsabilidad ofrecer temas para la nueva Constitución que apunten a reforzar el basamento de la democracia, su raíz; a estimular la participación del pueblo para que éste sea protagonista de su propio cambio, de su propia historia.

Como método de trabajo, AD partió de la Constitución de 1961, al contrastarla con la realidad venezolana actual, para aproximarse a los cambios que han ocurrido en Venezuela desde 1961. Se hicieron consultas puntuales a expertos y se recibieron comentarios a sendas versiones iniciales de esta propuesta; se revisaron, también, las intervenciones de Andrés Eloy Blanco, como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente instalada en 1946, algunos documentos de la Comisión Redactora de la Constitución de 1961, experiencias comparadas en otros países (las constituciones de Argentina, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos, Perú, y la Ley Fundamental de Alemania), los documentos de la Comisión Progreso Global que preside Felipe González, y el trabajo de la Comisión Bicameral para la Reforma Constitucional, en todas sus etapas, que van desde el informe presentado el día 20 de marzo 1992 hasta la primera discusión en el Senado, el día 3 de septiembre de 1992, trabajos de los que tomamos muchas de sus propuestas porque las consideramos pertinentes y vigentes en el debate que hay sobre las transformaciones institucionales que requiere Venezuela. La premisa que orientó el método seguido por AD es que en una Constitución no se trata de inventar nada nuevo, sino de conocer nuestra cultura, nuestra historia, y avizorar novedosas reglas políticas para avanzar en nuestro desarrollo como sociedad. Muchas de las propuestas que hoy se debaten en el país y que se dicen novedosas ya fueron recogidas en el trabajo de reforma a la Constitución presentado en 1992, y en los trabajos realizados por la Copre, comisión que, indudablemente, tuvo la nada fácil tarea de sistematizar los componentes de un nuevo proyecto de país, formulado con la participación de un amplio y representativo grupo de venezolanos. De lo que se trata, de acuerdo al criterio del partido, es cómo se ordenan las piezas constitucionales en una totalidad, porque esto permite conocer a qué modelo de sociedad nos referimos. Para esto, es importante primero tener una visión de país, de saber qué ha cambiado en Venezuela, qué concepción de pueblo tenemos, para poder darle forma a las propuestas constitucionales en una totalidad coherente, armónica, flexible, en donde las partes que conforman a la Constitución sean interdependientes, pero que la totalidad sea algo más que la suma de las partes. Para AD, una Constitución es la forma como, a partir de un debate en la esfera pública, el pueblo ordena las piezas de su historia para darle una nueva forma, una perspectiva diferente, en la que los ciudadanos se sientan identificados y ofrezca un proyecto de país que consolide nuestra conquista más preciada: la democracia. Esta es la experiencia venezolana del Siglo XX: la lucha por la libertad y la modernización en paz. Por esto nuestro trabajo parte de la Constitución de 1961: la nueva Constitución debe enriquecerla, no negarla porque ella resume los anhelos de los venezolanos, muchos logrados hoy día. Más importante aún, es que la Constitución de 1961 fue la primera Carta Magna que no se hizo copiando fuentes extrañas sino se elaboró con base en nuestra realidad nacional. Junto a la de 1947, es una Constitución de los venezolanos para los venezolanos.

También hay una razón que justifica nuestro método. Es el tiempo de seis meses para elaborar una nueva Constitución, de acuerdo a las bases aprobadas en el referéndum del 25 de abril. El proyecto de Constitución de 1961 se elaboró en 246 sesiones desde el 2 de febrero de 1959 hasta el 21 de noviembre de 1960, un total de 22 meses. Si las sesiones se hubiesen realizado por días continuos, el tiempo de trabajo hubiera sido ocho meses. La Constitución de 1961 se redactó partiendo de la Carta Magna de 1947. Esta, por su parte, se elaboró a partir de un completo anteproyecto de Constitución elaborado meses antes de la instalación de la asamblea en 1946, y la asamblea sesionó durante 309 días. Así las cosas, es razonable pensar que la nueva Constitución parta del texto de 1961, texto que recoge nuestra tradición constitucional e histórica, que ha sido desarrollada por la jurisprudencia.

Tampoco asumimos nuestra tarea como trabajo de eruditos en derecho constitucional. Con esto no afirmamos displicencia al conocimiento en esta importante área, sino que optamos por una perspectiva de ciudadanos para ofrecer los temas constituyentes. Durante la elaboración de estos temas, examinamos constituciones de otros países. Al revisar la experiencia norteamericana, pudimos comprender que la grandeza de esa Constitución no está tanto en su escaso número de artículos, sino que fue pensada por personas comunes, con intereses diversos pero con metas en común, que no buscaron el virtuosismo ni el heroísmo sino, sencillamente, cómo lograr un marco para que el individuo desarrollara sus potencialidades. La clave de la Constitución norteamericana es que puede ser cambiada. Quienes la diseñaron sabían que no podían preverlo todo y por eso dejaron un texto constitucional flexible; no pensaron en un gobierno de virtuosos, sino en un gobierno que escuchara. Por eso el presidente de los EE.UU no es un "rey electo", porque la Constitución, en su diseño flexible, ofrece pesos y contrapesos para que el presidente se oriente a servir al pueblo. Siendo nuestra tradición en mucho inspirada por Rousseau —una concepción estática, determinista, de un fin último al que llegaremos todos, que desprecia las asociaciones intermedias, que le teme a lo diferente, a lo diverso— y que es necesario tomarla en cuenta a la hora de elaborar una nueva Constitución, AD estimó prudente una lectura de Alexis de Tocqueville para entender que la experiencia norteamericana se basa en que nada está determinado, que no hay un fin último, una fe en el ensayo y error, que las sociedades se hacen sobre la base del trabajo cotidiano, que no hay que temerle a lo diferente, a lo diverso. Acción Democrática estima que una aproximación tocquevelliana a nuestro proceso constitucional es pertinente ya que en Venezuela todavía se mantiene la idea de que la Constitución tiene que ser un dechado de virtuosismo y no un texto para los ciudadanos, para que éstos se desarrollen. Nuestra perspectiva es hacer ciudadanos, no héroes épicos. Cambiamos a Rousseau por Tocqueville y Montesquieu en nuestro análisis: una Constitución hecha por gente común para gente común; como dijo Andrés Eloy Blanco al instalar la Asamblea Nacional Constituyente el 17 de diciembre de 1946, "frente a un pueblo que nos pide una Constitución que le sirva, como ropa fácil, para el trabajo de su destino".

Aunque estos temas que aquí se presentan fueron hechos por gente común, el partido estima pertinente que en la discusión en la asamblea constituyente se mantenga un elemento importante logrado en la Constitución de 1961, que significó un avance con respecto a textos constitucionales previos, y que reveló prudencia y conocimientos de Teoría General del Derecho de la Comisión Redactora del Proyecto de Constitución de 1961: al distinguir entre preceptos (equivalente a norma y, según la Comisión Redactora, se caracteriza "por su aplicación inmediata y directa"), principios (son valores, de acuerdo a la Comisión Redactora, "el conjunto de principios y aspiraciones que el pueblo venezolano considera imprescindibles en su destino histórico"), y disposiciones programáticas (no confundir con la expresión equivocada y contradictoria de ‘normas programáticas’; disposiciones programáticas "que aun cuando no constituyen preceptos de aplicación inmediata y directa, señalan a la acción futura de los poderes públicos aquellos objetivos que la realidad histórica y actual de nuestro país define como imperativos", afirma la Comisión Redactora de la Constitución de 1961).

La originalidad y el aporte de Acción Democrática al debate constituyente no está tanto en los temas sugeridos —aunque hay temas novedosos como la posibilidad de crear fondos para el mejoramiento de la calidad de vida de los venezolanos a partir de las regalías petroleras, la posibilidad de que los estados administren los recursos correspondientes al porcentaje de tributos nacionales recaudados en su territorio, la Constitución económico o los principios de información pública— sino en la forma en que fueron ordenados dentro de una estructura constitucional, orientados a hacer una Constitución flexible, que impulse el proyecto político que busca la sociedad venezolana para el Siglo XXI: el pueblo como sujeto histórico de su propio destino. Esta vez por sí mismo y ya no —como fue necesario al principio de la democracia, en 1936— impulsado por los partidos políticos, con lo que AD sigue fiel a las hermosas palabras con las que nació el partido; "Por una Venezuela libre y de los venezolanos".

LA DIVERSIDAD: EL LOGRO MÁS IMPORTANTE DEL PACTO DE PUNTO FIJO Y PUNTO DE ARRANQUE DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN

¿Cuál es la crítica que se puede hacer a la Constitución de 1961? No son aquellas que sugieren que es un texto constitucional estatista, en el que dominan los partidos, con muchos derechos y pocos deberes, que es inflexible, o que no permite que los militares voten. No. El punto relevante a analizar es que la Constitución de 1961 tuvo como propósito darle estabilidad al sistema nacido en 1958. Muchos han olvidado el precio que los venezolanos hemos tenido que pagar por nuestras libertades. Estas han sido paridas con sangre y no nacidas entre algodones. El 14 de febrero de 1936 el pueblo toma conciencia de su poder y sale a las calles a manifestar. No son ya las masas que encuadra el caudillo, sino es el pueblo que reclama derechos, que lucha por mayores espacios de libertad, que tiene conciencia de sí, de su rol histórico. Como resultado, la sociedad se organiza y los partidos políticos tuvieron un rol estelar en esta tarea. Los partidos sustituyeron el personalismo político del gomecismo —de aquí la boina vasca con la que se identificó la Generación del 28; uno eran todos— y organizaron a la sociedad civil e hicieron posible el régimen de libertades políticas que hoy disfrutan los venezolanos. Pero el aprendizaje ha sido también doloroso. Rómulo Betancourt confesó en una ocasión que al gobierno de Rómulo Gallegos no lo tumbó el cuartelazo del 24 de noviembre de 1948, "en 1948 —decía Rómulo— nos caímos, no nos tumbaron. Nos encerramos en un cuarto de espejos y pensábamos que estábamos rodeados por todo el país". El haber reconocido los errores de entonces permitió a Rómulo y a la dirigencia de la época, poder convertir el experimento democrático en una empresa popular por excelencia. La rectificación fue el Pacto de Punto Fijo, brillante acuerdo político que reguló las relaciones entre los actores sociales y tuvo como resultado un clima de libertades y estabilidad que hizo posible el desarrollo de una sociedad que luego devino en diversa, compleja, plural, diferente, heterogénea, que hoy reclama —con razón— su espacio en el debate político.

A partir de 1958, el país entró en un importante proceso de transformaciones. Algunos ejemplos pueden citarse. Al examinar trabajos de profesionales de la ingeniería que compararon el consumo de cemento gris durante los 10 años del gobierno militar y los primeros 10 años del gobierno democrático, el historiador Manuel Caballero encontró que los gobiernos civiles superaron al gobierno militar: en toneladas por año casi lo dobló y en toneladas per cápita también los superaron. En total, el consumo de cemento en la década 59-67 superó en un 19,4 por ciento a la década 47-57. Hay que imaginar lo que significó para el país la construcción de una red vial —por ejemplo, la Cota Mil, el distribuidor La Araña, la autopista Caracas-Puerto Cabello, el puente sobre el Lago de Maracaibo y el puente sobre el río Orinoco, la avenida Libertador— sin duda, la más completa de América Latina. Para 1958, existían en todo el país 6.500 km de vías, de las cuales 2.500 km eran asfaltadas. Para 1998, Venezuela contaba con 96.000 km de vías, de las cuales 65.000 km eran asfaltadas. Pero también puede citarse la electrificación de cientos de pueblos en toda la geografía venezolana, cosa que otros países de América Latina aún no han logrado, al tener centrales como Guri y Macagua. Pero hay más. En 1958, el agua llegaba a un millón y medio de personas y existían 114.000 letrinas. En 1998, el agua llegaba a 16 millones de personas y el sistema de aguas negras beneficiaba a 15 millones de venezolanos. En 1958 existían en Venezuela tres universidades; en 1998, más de 30 universidades. En 1965 se inaugura la actual sede de la Escuela Naval de Venezuela y en 1974 la sede de la Escuela de Aviación Militar. En 1976, se aprueba el Plan Andrés Bello para la formación de los cadetes de la Escuela Militar de Venezuela. En 1975, se crea el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional y el Instituto Universitario Politécnico de las Fuerzas Armadas. El campo civil no se quedó atrás. El programa de Fundayacucho formó a 150 mil venezolanos, y de este total, cinco mil están en el exterior, llevando con orgullo su formación profesional y el gentilicio venezolano. Finalmente, la esperanza de vida en 1958 era de 62 años. En 1998, la esperanza de vida alcanzó a 76 años. Es importante recordar esto cuando ahora muchos afirman que la "democracia no ha hecho nada". Los años de 1958 a 1978 han sido la mejor época que han tenido los venezolanos para desarrollarse: inflación baja, alta tasa de empleo, moneda sólida, estabilidad política, confianza en las instituciones, credibilidad internacional. La sociedad respondió a este desarrollo: en la década de los 70 la voz civil toma fuerza, y esto no fue entendido por los partidos políticos, quienes pretendimos mantener el encuadramiento partidista de la sociedad; una "democracia mínima" mediada por los partidos políticos. La dinámica del desarrollo político y del mercado ya no podían ser sostenidas por el Estado y los partidos. La "democracia mínima" prevista en la Constitución de 1961 para consolidar el sistema democrático ya no tenía razón de ser. Habíamos logrado lo que siempre habíamos anhelábamos desde nuestro nacimiento como República: la transformación política y social en paz. El Pacto de Punto Fijo rompió con el terrible péndulo del Siglo XIX: dictadura-anarquía. El silencio gomecista fue superado por el bullicio de las ciudades, la pluralidad de las ideas y la diversidad democrática, y esta posibilidad no la recogió la Constitución de 1961. No lo hizo, sencillamente, porque su diseño no fue para eso. Su diseño fue para sentar las bases para que esa pluralidad se desarrollara. Y logró su cometido. Al ser lo plural hoy una realidad, el modelo político nacido en 1958 tiene que ser debatido por todos, para considerar sus aciertos y errores, teniendo como premisa su mayor logro: una sociedad diversa, en la que la posibilidad de cambios no implique anarquía ni dictadura. Una sociedad en la que los venezolanos aspiran a transformaciones en un clima de libertades públicas, que ha sido el regalo más importante del Pacto de Punto Fijo a los venezolanos.

Acción Democrática tuvo como orientación, a la hora de discutir los temas para la nueva Constitución, que si la "democracia mínima" tiene que ser superada esto pasa, necesariamente, por acercar las estructuras del poder público al pueblo; en sustraer poder del cuerpo político para transferirlo y abrirle cauces a los ciudadanos. Es necesario, entonces, abandonar la dependencia a favor de la interdependencia. Es por esto que concebimos que la próxima Carta Magna debe estimular la interdependencia de las tres esferas que componen la sociedad: la economía, la sociedad, y la política. No es la dependencia en donde una fusiona o controla a las demás, pero tampoco la independencia, en la que cada una sigue su propio desarrollo sin tomar en cuenta a las otras, sino la posibilidad de un desarrollo autónomo dentro de un sano y exigente intercambio, que no excluye el disenso.

¿Cómo lograr lo anterior? Hoy en Venezuela se debaten dos modos de concebir a la sociedad. El primero, que concibe una sociedad centralizada, jerarquizada, en una concepción republicana que enfatiza lo guerrero, lo espartano, en la que el pueblo no es sujeto histórico sino masa que legitima decisiones previamente tomadas por una élite que se asume como vanguardia moral e ilustrada, con un control hegemónico de la sociedad. En fin, un modelo que tiene una fuerte contradicción y tensión: promueve un Estado más controlador, concentrador y hegemónico, con más poder, pero al mismo tiempo promueve un discurso de la participación ciudadana. Toda la base de apoyo a este modo se sustenta en una justificada crítica hacia fallas importantes del modelo de 1958 pero se basa, también, en una incapacidad de la sociedad venezolana para pensarse a sí misma, de superar sus complejos porque rechaza lo nuestro y no aprecia los éxitos, y de aquí que falsifique la realidad para evadirla. Los venezolanos parece que tenemos miedo al éxito y falsificamos la realidad para no enfrentarla. Este modo de concebir a la sociedad desideologiza para ideologizar. Por esto el lenguaje que deslegitima el pasado: el "puntofijismo", cuando la realidad es que desde 1958 hasta 1975 el país tuvo el crecimiento más espectacular de América Latina, crecieron los salarios reales, y a tasas de inflación bajas. La más baja no fue en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez sino en el gobierno de Raúl Leoni, en 1967 con 0% de inflación. Si se comparan los presupuestos de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez con los presupuestos de los gobiernos de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni, se observará que el modelo democrático, en sus inicios, concentró sus inversiones en agua, educación y salud, a diferencia de la dictadura que orientó el grueso de las inversiones a macroproyectos en la ciudad; Caracas era un espejo de la ciudad deseada, una fachada de modernización que ocultaba carencias en las regiones. Como confesó el presidente Betancourt en su segundo mandato (1959-1964), cuando viajaba a las regiones, la gente le pedía "agua, agua, agua". Pero la democracia también fue eficaz en la construcción de obras públicas. En 1958, la dictadura reveló que había realizado 140 km de autopistas a un costo de 600 millones de bolívares. En un tiempo similar, el gobierno de Rómulo Betancourt construyó 114 km de autopistas por un costo de 400 millones de bolívares.

Después de 1975, todos nos indigestamos —aunque hoy nos rasguemos las vestiduras y no lo reconozcamos y muchos se presenten hoy como si hubiesen estado ausentes desde 1958— con los petrodólares (el presupuesto nacional pasó de 14 mil millones a 40 mil millones de bolívares) y quienes se quejaron —por ejemplo, Juan Pablo Pérez Alfonzo, quien habló del desastre— no les prestamos la atención y los partidos políticos hicimos poco para evitar el desastre. Los partidos políticos nos acostumbramos a la comodidad y no tuvimos nada por qué luchar como lo tuvo la generación del 28. Se nos había dado todo y nuestro gran drama fue no saber qué hacer con todo lo que se nos había dado. En olvidar el precio que otras generaciones pagaron por la libertad. La actividad política se redujo a la administración de lo electoral, a la preservación de cuotas de poder. De líderes políticos con idea y coraje, pasamos a tener directivos que administraban las cuotas de poder, con pocas ideas. Hoy nos toca hacer una sincera y profunda autocrítica. Un acto de contrición. Sí, como partido nos hemos equivocado en el ejercicio del gobierno. Prometimos cosas que no cumplimos, colocamos a personas sin las credenciales éticas ni profesionales en puestos claves del ejercicio público, no siempre administramos los recursos del Estado en beneficio del interés común, favorecimos a grupos y no a la sociedad, saltamos muchas veces las reglas del juego, colonizamos a la sociedad civil, y toleramos hechos de corrupción. No lo vamos a negar y ese fue el mensaje que los venezolanos nos dieron el 6 de diciembre de 1998. Ignorar esta realidad sería irresponsable de nuestra parte. Pero de aquí a aceptar la deslegitimación y negación de las conquistas hechas por el sistema democrático nacido en 1958, es inaceptable y AD no lo tolerará, lo que justifica el balance que hicimos del modelo nacido en 1958 en nuestro mensaje aniversario transmitido por los canales de televisión el 13 de septiembre. De aquí que los venezolanos estén en la obligación de evaluar serenamente nuestro proceso de modernización y no dejarse arrastrar por la propaganda que lo niega todo. Por eso la gente, cuando se critica el "puntofijismo", en el corto plazo, cree que por fin es libre, pero su libertad es ficticia, no es real porque aunque cree la persona que es libre porque alguien o un grupo recrea sus frustraciones con la democracia, la realidad es que reduce sus opciones de acción y lo controla más. Lo controla haciéndole creer que lo libera, mediante un proceso de sugestión colectiva ¿Pero de verdad ahora somos más libres? Tenemos los venezolanos que reflexionar y contrastar esta visión con otras en el mundo, lo que nosotros llamamos "el control versus velocidad". Acción Democrática promueve la velocidad, no el control.

¿Qué queremos decir cuando hablamos de velocidad? Es la capacidad de la sociedad de usar la información para reinventar su propio funcionamiento. La reflexión es ¿Controlamos la información como quiere el primer modo de concebir a la sociedad o la democratizamos de verdad como lo quieren los venezolanos y AD?

Es este el segundo modo, que llamamos "democracia efectiva": el pueblo como sujeto histórico para darse sus propias instituciones, donde los partidos políticos interactúan con las organizaciones de la sociedad civil. Donde existe una conciencia ciudadana de los derechos y se caracteriza por cuatro elementos: mayor presencia de organizaciones no partidistas, la noción de ciudadano, un Estado de derecho, e información horizontal, de todos a todos, y participativa y plural.

Para este modo, la democracia es un proyecto que tiene su fe en las capacidades políticas del ciudadano, que no teme al ensayo y al error, que no busca héroes épicos sino batallas cotidianas, que no le teme a lo diferente; esto es, con las posibilidades que tiene el ciudadano de ser un sujeto político mediante el propio descubrimiento de intereses comunes y la existencia de modos de acción para lograrlos. De aquí que los temas analizados por AD y sugeridos para la nueva Carta Magna preserven contenidos del modelo liberal —la garantía de los derechos fundamentales anteriores al Estado y por encima de éste— y del modelo cívico-republicano —más próximos a AD, que fue el sustento de nuestro modelo político originario, cuando nacionalizamos el marxismo y lo combinamos con la vertiente democrático-liberal de Rómulo Betancourt— a través del necesario debate en la esfera pública, no ya a través del Estado sino de la sociedad. A diferencia de nuestro modelo político desarrollado en los 40, en donde el Estado sería la "congregación suprema de la moralidad pública", el que adelantaría las transformaciones de la sociedad, la diferencia es que ahora, al reconocer que el ejercicio de lo público debe estar precedido de una ética, hoy se tiene una sociedad madura y compleja; es la sociedad la que tiene que asumir el próximo peldaño en la modernización, con una concepción diferente de la ética no ya como división entre buenos y malos, sino como proceso de deliberación y reconocimiento mutuo de lo diferente a través del uso de la razón práctica. La intersección entre el liberalismo y la concepción cívivo-republicana es vital, porque ella conjuga la aspiración política de los venezolanos: la libertad con la participación en los asuntos públicos, en un marco ético. Este es el eje sobre el que se montaron los temas que AD ofrece al debate constituyente.

UN BREVE DIAGNÓSTICO DE VENEZUELA: LOS EJES ECONÓMICO, POLÍTICO Y SOCIAL, Y LO INSTITUCIONAL

¿Qué ha cambiado en Venezuela a partir de 1961? Responder a esta inquietud abre la posibilidad de ofrecer mejoras al texto constitucional de 1961. Acción Democrática estimó pertinente definir tres ejes que sintetizaran los cambios más relevantes ocurridos en el país: eje económico, político, y social, en el plano del proyecto de país.

Eje económico (EE): Venezuela sigue siendo una sociedad incapaz de crear riqueza, más bien está obsesionada en redistribuir la escasa existente, no con una visión liberadora del pueblo sino clientelar. Seguimos soñando con modelos económicos imposibles de realizar porque se sustentan en el clientelismo. Evadimos la realidad y la pretendemos sustituir con la repetición de políticas que no han funcionado, al recrear en el pueblo bonanzas económicas ficticias, no sustentadas en el trabajo, la productividad, la competencia, y la solidaridad, sino en el clientelismo.

Eje político (EP): Existe una brecha cada vez mayor entre los partidos políticos y la sociedad civil. El modo de relación de la política con la sociedad civil —el clientelismo y la colonización— está agotado, pero sin sustituto. Hoy tenemos una sociedad más compleja, que demanda una mayor autonomía, y unas instituciones políticas que niegan esta complejidad, que buscan reducirla a una simple relación patrón-clientela. La brecha de modernización sociadad-sector político se mantiene.

Eje social (ES): Nuestra sociedad aparece dividida entre pequeñas islas de privilegiados y grandes grupos de excluidos. La exclusión es el reto social para la Venezuela del Siglo XXI: en la no existencia de oportunidades para los venezolanos la principal amenaza para la experiencia democrática venezolana nacida en 1958. Cualitativamente, hemos desmejorado y podemos acostumbrarnos a una peligrosa desigualdad que niegue las oportunidades al otro; en acostumbrarnos a la pobreza, a tolerar la mendicidad de adultos, niños y ancianos en la calle sin hacer nada para que esto no ocurra, en la anomia de la violencia delincuencial y tomarlo como algo contidiano.

En el plano del diseño institucional, AD estimó que las debilidades en el caso venezolano son dos: la indecisión del Estado en materia de políticas públicas por un mal diseño de los procedimientos de gestión pública (muchas "alcabalas" administrativas y engorrosos procedimientos), y la influencia excesiva de grupos particulares en la toma de decisiones públicas, que pueden bloquear iniciativas. Esto porque se perdió la noción de un proyecto de país. Si algo caracterizó al Pacto de Punto Fijo en sus comienzos —y ese es otro de sus más importantes legados que hoy se niegan con cinismo— fue la continuidad administrativa a través de la planificación de programas, con un sentido, con una visión. Por ejemplo, El Metro de Caracas, Edelca, PDVSA, y el cauce profesional que la democracia dio a las Fuerzas Armadas. La planificación sigue siendo importante y no hay que temerle ya que, como afirmó Andrés Eloy Blanco en la sesión de la constituyente del día 10 de junio 1947, "planificación ejecutada por un Estado democrático es una cosa. Planificación ejecutada por un Estado totalitario es otra cosa. Pero no es la palabra ‘planificación’, puesta en el texto de una Constitución, lo que va a dar a un Estado su carácter de totalitario o democrático". No obstante, el sentido de la planificación se perdió y la indecisión del Estado comienza cuando no sabe qué va a hacer, qué actividades va a promover, a qué pueblo va a servir ni cómo lo va a servir. La no continuidad en la administración y el desperdicio de recursos por la poca disciplina, la confusión y el laxo ejercicio de autoridad, han sido tanto o más dañinas al país que la corrupción administrativa. Planes iban y venían, unos se ejecutaban, otros no; otros fracasaban y se volvían a ejecutar con más dinero, y así sin criterio y con mucho dinero, se fue desperdiciando buena parte de los recursos del país. De la pérdida de la planificación como visión, se reforzó la intervención de intereses particulares en las políticas públicas. Al no existir un criterio de lo nacional, los grupos que pudieron hacer presión fueron los favorecidos. De tal forma que muchos créditos para la agricultura se convirtieron en haciendas, cuentas bancarias, negocios particulares y avionetas; muchas de las políticas industriales se orientaron a subsidiar a industriales cuyas empresas fracasaron porque muchos empresarios se acostumbraron a hacer cabildeo al ministro de turno y no aprovecharon los subsidios para prepararse a competir aunque hablaban de competitividad, y se fue formando un círculo de intereses difícil de romper porque si no existía una visión de Estado que diera continuidad a un proyecto de país ¿para qué preocuparse en defender lo público? Era mejor ser cómplice silencioso de la destrucción nacional. La nueva Constitución debe ofrecer una visión de Estado, un proyecto de país, que permita reducir la presencia de intereses del Estado y hacer de lo público, en la mejor tradición de Marco Tulio Cicerón, algo que nos pertenezca a todos, que nos sea común a todos; la res publica.

Las soluciones que ofrece la ciencia política contemporánea a estas debilidades institucionales son cuatro: la separación de los poderes ejecutivo y legislativo; la separación del poder legislativo en cámaras; la separación de poderes entre distintos niveles de gobierno; y la separación de la aprobación e interpretación de las leyes. En la nueva Constitución estas soluciones tienen que ser consideradas y nuestra propuesta de temas constitucionales lo hace.

Al hacer coincidir los dos planos (el proyecto de país con el de diseño institucional) se tiene, entonces, un diagnóstico claro sobre los retos del país: en el plano de proyecto de país, con un modelo agotado en los tres ejes; en el plano institucional, con un diseño que tiende a la indecisión del Estado y a la influencia de grupos de interés. Es esto lo que hay que superar en la nueva Constitución, para hacer viable cualquier proyecto de modernización de Venezuela.

Las premisas operacionales que orientaron la estructuración de los temas fueron las siguientes:

1.-Buscar la simplicidad en el diseño constitucional: la idea no es hacer una Constitución tipo reglamento. La experiencia de las constituciones de Brasil (la de 1988, octava Constitución de ese país, con 245 artículos y 73 disposiciones transitorias), Colombia (la de 1991, con 380 artículos y 61 disposiciones transitorias) y Ecuador (la de 1988, la Constitución número 21, con 284 artículos y 46 disposiciones transitorias), revela que esta estrategia no es la más adecuada. La simplicidad consiste en vislumbrar un modo de relaciones económicas, políticas y sociales, que sirvan de piso para que el pueblo pueda desarrollar sus potencialidades. Cuando el partido conformó los temas, lo hizo no con la mente de expertos en derecho constitucional, sino como ciudadanos; al pensar cómo sería ese marco de relaciones desde la perspectiva de las personas comunes, para evitar la tentación de construir "repúblicas aéreas", perfectas e inflexibles; regalos a la utopía o al cinismo político. No empleamos un modelo rígido de buscar el virtuosismo constitucional; en la tradición roussoniana de una suerte de "sociedad automática", que llega a la felicidad a través de unas fórmulas correctas que hay que plasmar en la Constitución. Un determinismo cultural. Optamos por una tradición tocqueveliana y de Montesquieu: no hay nada determinado, no hay arreglos automáticos, sino que la sociedad se desarrolla sobre la base de consensos y disensos en un constante balanceo y rebalanceo de los poderes, en la posibilidad de acertar y errar, lo que requiere de instituciones que puedan trabajar juntas; de tener su identidad y una meta-identidad, de la unidad en la diversidad y la diversidad en la unidad.

2.-La búsqueda del compromiso mutuo. Una Constitución es un compromiso. Una Constitución es un asunto de Derecho pero, también, un asunto político. Las constituciones que no surgen del consenso y que son impuestas, duran poco tiempo. Es la enseñanza de la historia. Las constituciones de 1830 y 1961 se elaboraron sobre la base de consensos sociales: la República liberal y la República democrática. El éxito de la Constitución norteamericana es que, entre otras cosas, fue un compromiso entre los federalistas y los antifederalistas. De aquí que los temas que promovemos se orienten a buscar un núcleo de coincidencias básicas entre las distintas alternativas que se presentarán en la constituyente, de tal forma que pueda abrirse un espacio de diálogo entre el partido y la sociedad. Por esta razón, no ofrecemos como propuestas un articulado sino temas sobre los que hay que debatir en la asamblea constituyente y en la sociedad. Estos, a juicio de AD, abren un espacio más amplio para el diálogo, porque los temas pueden debatirse y concluir en una propuesta de redacción de un artículo. En cambio, si se presenta un articulado completo previamente, el debate será sobre el articulado y no sobre el tema en sí, lo que puede interpretarse como un intento por controlar la discusión por parte del partido en los artículos que le interesa. Al dejarlo abierto en temas, se toman en cuenta los puntos de vista de otros sectores de la sociedad. En otras palabras, al no redactar la propuesta como un articulado completo sino sobre la base de temas, AD quiso preservar un producto abierto y no cerrado —que sería entregar una Constitución ya hecha— para estimular el debate dentro y fuera del partido, con base en temas concretos.

3.-El balance entre los poderes. La Comisión, en su diseño de temas, estimó que si una rama del gobierno quiere balancear a las otras, debe existir una contraparte de los poderes bajo balance. Los pesos y contrapesos de los poderes deben ser balanceados en un esquema de división de poderes.

4.-Si Venezuela se define como un Estado federal, la Comisión consideró pertinente estimular los mecanismos de mercado y compensación en la política federal, de tal forma de estimular la competencia, la solidaridad y la coordinación en las subunidades, y de esta forma hacer real el federalismo venezolano, mediante la competencia y el manejo de competencias exclusivas y concurrentes de las regiones, que vaya más allá de recibir pasivamente un monto anual del gobierno central.

5.-La independencia del poder judicial, a través de mecanismos que garanticen la estabilidad e independencia de los magistrados y jueces, de tal forma de tener un poder con la capacidad de equilibrar y dirimir las controversias de la comunidad, ajeno a las circunstancias e influencias políticas.

6.-Consolidar el sistema de partidos venezolano a través de incentivos que reduzcan el faccionalismo de los partidos, a través de ofrecer incentivos para avanzar hacia partidos programáticos que compitan electoralmente, para reducir el fraccionamiento partidista. Todo esto con la idea de tener políticas públicas más ágiles, que puedan ser iniciadas por un gobierno y sean creíbles en su sostenimiento, al tener partidos políticos más sólidos; orientados a buscar mayorías, gobernables, con una rica vida programática, mecanismos de participación y una sana disciplina.

7.-El equilibrio entre los gobiernos federales y el centro. Acción Democrática estimó que un sano desarrollo del federalismo venezolano no debe realizarse sobre la base de la negación del centro o de las regiones, sino en la interdependencia entre ellos. Se buscó, entonces, temas propios para las competencias exclusivas de los estados, y otros que pudieran ser de común interés para ser abordados como competencias concurrentes. Por ejemplo, la educación, la salud, y el empleo.

8.-Una visión de la Presidencia de la República centrada en la coordinación de la ejecución de un programa en vez de dispensar favores clientelares, a través de incentivar la continuidad en los planes y programas, independientemente de la identiifcación política de la administración. La Presidencia de la República concentrada en la "gran pintura" del país, que pueda coordinar la realización del proyecto de país que todos los venezolanos acordemos en el debate constituyente, y dejar su rol de gran proveedor de favores. Ya en 1980, Rómulo Betancourt advertía la necesidad de buscar un programa de 15 años para que el país tuviera un rumbo.

9.-La creatividad individual como eje del desarrollo económico y espiritual del individuo y del país, con un sentido colectivo y espacial del desarrollo. Si se parte de la premisa del agotamiento de un modelo en donde el Estado hizo a la sociedad civil y que ésta ya está madura para construir al mercado, se procuró que los temas reforzaran el desarrollo de la sociedad a partir de la creatividad individual en el escenario del mercado. Dadas nuestras tradiciones históricas, posiblemente el capitalismo protestante, del que habla Max Weber en la "Etica protestante y el capitalismo" no sea posible entre nosotros. Pero sí creemos que nuestra sociedad, dada más al reconocimiento, a la estima, a ser queridos, a la pertenencia al grupo, pueda aceptar formas de capitalismo colectivo bajo la forma de pequeñas y medianas empresas, en un marco de libertades de mercado que permitan su desarrollo, sin excluir a la gran empresa. Aquí entra la visión espacial de la que habla el economista Amartya Sen, Premio Nobel de Economía en 1998: más que redistribuir prebendas y favores, lo que hay que redistribuir son oportunidades, las capacidades para que las personas y comunidades puedan tener un espacio para generar riqueza. Estimamos que en Venezuela existe la posibilidad de generar riqueza a través de un capitalismo colectivo —que no debe confundirse con un esquema donde la colectividad o un grupo es dueña de los medios privados de producción— sino un capitalismo relacional y no del individuo solo en donde, por ejemplo, un grupo de personas, al hacer uso de las libertades de mercado, puedan acceder a la riqueza bajo la perspectiva de un capitalismo que nace en pequeñas y medianas empresas, donde la persona puede relacionarse grupalmente con otras en el esfuerzo de generar riqueza y de aquí, con el tiempo, avanzar hacia el capitalismo asumido como perspectiva individual, del trabajador solo, si la sociedad así lo requiere.

10.-En lo social, el equilibrio entre deberes y derechos de los ciudadanos para romper con el clientelismo. La nueva Constitución tiene que romper con la visión del ciudadano dependiente, tal como lo halló Luis Britto García en sus análisis de los discursos del poder en la Venezuela democrática. Hay que pasar de la dependencia a la interdependencia. Como afirma la Comisión Progreso Global al examinar este tema en el marco de los partidos socialdemócratas, "el elemento ideológico que más nos identifica es la solidaridad, entendida como la lucha contra la desigualdad(…)la redistribución de actitudes emprendedoras, en materia social, económica, cultural o política, sería una nueva dimensión de la solidaridad en nuestros sistemas educativos y de formación profesional, en nuestras ofertas políticas a los ciudadanos, en nuestra cultura política". En síntesis, de la solidaridad dadora, dependiente a la solidaridad de oportunidades, de la interdependencia.

11.-El valor de la información. Si AD promueve la velocidad, el papel de la información en la sociedad es clave. En nuestra propuesta, ofrecemos mecanismos que contribuyen a reducir las asimetrías de información al hacerla pública. Le damos a la información un sentido liberador de las capacidades del pueblo, porque al hacerla pública se estimulará un comportamiento republicano: el debate en la esfera pública sobre los asuntos que nos interesan a todos.

Los temas de la nueva Constitución: una visión de conjunto en algunos temas relevantes

Aquí no se hará un tratamiento exhaustivo de nuestra propuesta porque la ofrecemos en una tabla en la que se recoge el articulado de la Constitución de 1961, a la que ponemos al lado nuestras propuestas, observaciones y, en algunos casos, sugerencias de artículos ya redactados. En esta parte, se presentará la lógica del proyecto —lo que está detrás, nuestra visión de la realidad— en algunos de los temas sugeridos para el debate constituyente. Por ejes, la distribución de los temas sugeridos es:

Si se sigue la estructura de la Constitución de 1961, se tienen los siguientes contenidos a estar presentes en la nueva Constitución:

Acción Democrática considera que una Constitución no es un contrato colectivo pero tampoco un plan de gerencia, con objetivos a cumplir en el tiempo. Es la Carta Magna la expresión jurídica de un contrato político sobre el deber ser de una sociedad y cómo alcanzar ese deber ser, estable en el tiempo. Nunca se cumple porque es universal; es un desideratum que cambia en el tiempo pero es permanente en la búsqueda del bienestar del pueblo. Siendo así, se consideró prudente afirmar una serie de valores universales: la libertad, la justicia, la igualdad de oportunidades, el pluralismo y otros que cobran vigencia: la transparencia y la diversidad cultural. Reconocerlos no es un acto de utopía sino de reafirmación de un deber ser de los venezolanos. Estimamos que la nueva Constitución debe reconocer, en sus valores, el ideal de democracia e igualdad y el reconocimiento de la diversidad.

También, como partido de izquierda democrática que es AD, reconocer el Estado social y democrático de derecho, como afirmación de un compromiso del partido con los cambios sociales en un marco de libertades y de solidaridad; y la descentralización como afirmación de un proyecto político que ha sido asumido por los venezolanos y que promueve la participación de los ciudadanos en la construcción de su destino, desde una perspectiva local y regional. En síntesis, reafirmar nuestros valores como partido de izquierda democrática, "Libertad, Igualdad, Fraternidad".

Acción Democrática propone que el "gobierno de la República de Venezuela es y será siempre democrático, representativo, participativo, descentralizado, responsable y alternativo". El partido estimó pertinente un equilibrio en las formas de democracia representativa y participativa. No creemos que la democracia excluya las dos formas sino que una relación entre las dos es necesaria. De aquí que propongamos, como redacción alternativa al artículo 4 de la Constitución, la siguiente: "la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce directamente mediante el sufragio y otras formas de participación política, e indirectamente, por los órganos del Poder Público. En ambos casos, en las formas previstas en esta Constitución y en las leyes".

En esta redacción se deja a salvo la forma directa de participación que la Comisión estimó conveniente no reducir sólo al voto y a los referendos, sino a otros mecanismos para incorporar a la sociedad civil como la redacción sugerida para el artículo 109 de la Constitución, que abre la posibilidad a explorar otras formas de democracia directa, tan eficientes y más económicas que, por ejemplo, los referendos.

También se deja a salvo la democracia representativa porque la democracia directa tiene debilidades: entre otras, la posibilidad de ser capturada por intereses particulares, su debilidad ante líderes demagógicos, y la ineficacia de estar permanentemente en un proceso electoral. La democracia tiene que ser un ejercicio responsable y eficiente, y la tarea es replantearse la idea de representación popular y no su desdeño, para cambiarlas por formas de democracia que pueden ser ineficaces y demagógicas. Acción Democrática consideró pertinente combinar mecanismos directos e indirectos de democracia y reafirmar el carácter descentralizado del gobierno de la República.

Al tener una visión especial del desarrollo, AD consideró prudente incluir a los municipios y parroquias como partes de la división del territorio, con lo que se hace justicia a un error cometido a la hora de pensar en la descentralización: los viejos distritos se elevaron a municipios y hoy tenemos una relación de aproximadamente 330 municipios con un promedio de 60 mil habitantes. Este error es viejo. En la sesión de la constituyente del 13 de junio de 1947, Andrés Eloy Blanco afirmó que "en el municipio venezolano se realizó una desfiguración de tipo político; esa desfiguración o desnaturalización del municipio vino a ser el distrito. El municipio, en su forma esencial, en su entidad de célula, es en realidad lo que hoy significa en Venezuela la comuna, o la Junta Comunal".

Esta alta densidad revela que el poder se halla alejado de los ciudadanos y al reconocer a las parroquias como parte del territorio nacional, AD estima que se promueve acercar el poder al ciudadano, al tener áreas geográficas con menor número de habitantes para que éstos puedan buscar una identidad común, con base en una geografía común.

Con base en la importancia de las ciudades, AD propone la posibilidad de establecer un régimen especial para el Area Metropolitana de Caracas (AMC) y la creación de los Distritos Metropolitanos, para lograr economías de escalas en la utilización de recursos con resultados favorables hacia el ciudadano y en abrir la posibilidad para ordenar el territorio del AMC al tomar en cuenta la población que se encuentra en esta zona. Nuestra propuesta es abierta porque consideramos que en la ley debe establecerse la mejor forma de gobierno y ésta puede cambiar en el tiempo. De aquí las propuestas a los artículos 12, 13 y 14. Por ejemplo, hasta ahora no ha sido posible una mancomunidad de transporte en el AMC por la diversidad de intereses en juego y posiblemente esta mancomunidad sería posible si existiese un régimen especial para el AMC o un Distrito Metropolitano que pueda planificar, coordinar e incentivar el transporte público para tener un servicio eficiente y cómodo el cual, a su vez, resulte en mejoras a la productividad y al tiempo libre al tener los ciudadanos una oferta de líneas, rutas, horarios, para su desplazamiento en el AMC. Esto se complementaría con una planificación del transporte superficial y subterráneo tipo metro, con el propósito de lograr economías de tiempo y ofrecerle al ciudadano la posibilidad de disponer de espacios para su crecimiento individual, familiar y social. El partido estima que las ciudades, como espacio político, serán de importancia clave en el Siglo XXI y la nueva Constitución tiene que ser flexible en este aspecto, al permitir que las ciudades pueden mancomunarse, crecer, planificarse, o fusionarse. Este ejemplo puede extenderse hacia los otros servicios y la idea es ofrecer la posibilidad de establecer mecanismos de sinergia a través de un punto de apalancamiento positivo como es un régimen especial para el AMC y los Distritos Metropolitanos. Verbigracia, un Distrito Metropolitano que apalanque una industria de servicios y una sana planificación urbana que evite el caos controlado de las ciudades, a su vez sinergizada con recursos de otros zonas del AMC, de tal forma de generar productividad y mejor calidad de vida a las personas.

El partido, por otra parte, estima que esta propuesta deja abierta la posibilidad de hallar fórmulas para ordenar el Distrito Federal, sin sujetarla a un sola opción. En el trabajo "Gobernabilidad democrática de Caracas", realizado por la Fundación Plan Estratégico de Caracas Metropolitana, se dice que "la ciudad a la que se le otorga el rango de capital de estado, cuenta con un régimen político, fiscal y administrativo especial, y sus autoridades deben ejercer acciones que rebasan las de ámbito municipal y a cuyos órganos de gobierno se les suele otorgar, mediante ley especial de base constitucional, competencias funcionales para que puedan decidir autónomamente sobre la adopción de políticas que desbordan o van más allá de las estrictamente locales".

Hay muchas alternativas para manejar el Distrito Federal. Verbigracia, que el territorio del Municipio Libertador se convierta en Distrito Capital y que las parroquias que componen a éste se eleven a municipios. Otra alternativa es la creación de una autoridad única, con competencias en determinadas materias, manteniendo la división territorial actual o una mancomunidad entre el D. F. y los municipios del estado Miranda en los asuntos que le son comunes. En todo caso, lo que promueve AD es que no se creen más instancias entre el poder público y el ciudadano, sino que la gestión municipal esté más próxima a la persona, y nuestra propuesta deja abierta la posibilidad de estudiar diversas formas ya que AD estima que el ordenamiento final debe ser producto de un debate entre los venezolanos y no ser definido, sin previa discusión, en la nueva Constitución.

En los estados, AD consideró pertinente lograr un balance entre las competencias exclusivas y concurrentes, de tal forma de ofrecer en el texto constitucional incentivos a la autonomía y al progreso de los estados. Es criterio del partido que la autonomía, coordinación y suficiencia de recursos es clave para el desarrollo de la descentralización. De aquí que se proponga en las competencias de los estados, en la nueva Constitución, que éstos puedan administrar los recursos correspondientes al porcentaje de tributos nacionales recaudados en su territorio, con la definición de porcentajes, y se incorpora la posibilidad de crear nuevos tributos a los estados, todo esto con base en los lineamientos titulados "Premisas para las reformas del corto plazo" expresadas en nuestro programa económico 1999-2004, presentado en mayo de 1998, con ocasión de las elecciones presidenciales. Dada la relevancia de los recursos para apoyar el proceso descentralizador, AD propone la modificación del artículo 229 en los siguientes términos:

"En la ley de Presupuesto Nacional se incluirá anualmente, con el nombre de situado, una partida a favor de los estados, el Distrito Federal y los territorios federales en la forma siguiente: un treinta por ciento (30%) en partes iguales y el setenta por ciento (70%) en proporción a la población de cada una de ellas.

"De la misma manera, a los estados corresponderá un porcentaje igual al del situado constitucional, del respectivo año fiscal, sobre los ingresos ordinarios que perciba la República.

"En las leyes de los presupuestos de los estados se incorporará una partida destinada a las municipalidades y denominada Situado Municipal. Este porcentaje será del veinte por ciento (20%) del total de los ingresos ordinarios estimados de la entidad federal. El Situado Municipal se distribuirá entre los municipios de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Régimen Municipal.

"El Ejecutivo Nacional remitirá el situado constitucional a las gobernaciones por dozavos, dentro de los primeros siete (7) días de cada mes. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción respectiva, lo harán las gobernaciones de los estados a los municipios, en lo que respecta al situado municipal".

"La ley orgánica podrá aumentar el situado y establecerá otros criterios junto al de la población, para la distribución del setenta por ciento (70%) del situado. Estos criterios serán aplicados para la distribución del Situado Municipal.

"La ley podrá dictar normas para coordinar la inversión del situado con los planes administrativos del Poder Nacional y fijar límites a los emolumentos que devenguen los funcionarios y empleados de las entidades federales y municipales.

"La ley establecerá las normas que regulen las relaciones de coordinación y compensación fiscal entre los niveles de gobierno nacional, regional y municipal, y podrán establecerse asignaciones en función del volumen de servicios y actividades asumidas por los distintos niveles, para garantizar un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio nacional".

"En caso de disminución o de aumento de los ingresos que impongan una modificación del presupuesto, el situado será reajustado proporcionalmente".

Acción Democrática estima que con esta propuesta la descentralización tendrá un piso seguro y ofrece la posibilidad de nuevos criterios para asignar los recursos, para innovar y no mantener un único criterio, estático (la población), cuando se propone que, "La ley orgánica podrá aumentar el situado y establecerá otros criterios junto al de la población, para la distribución del setenta por ciento (70%) del situado. Estos criterios serán aplicados para la distribución del Situado Municipal". Estos "otros criterios" pueden ser, por ejemplo, la pobreza o un índice de desarrollo social para estados y municipios. Lo que busca AD es promover la innovación en la descentralización y no quedarse en criterios estáticos.

También AD estima pertinente darle rango constitucional al Fides, en su versión original (1993, decreto Nº 3.265, G.O. Nº 35.359 de fecha 13-12-93), que era la de un fondo de compensación territorial y no lo que devino luego, en un fondo de inversión de obras en los estados y municipios. Para esto, AD propone la siguiente redacción de un nuevo artículo, siguiente al 229:

"Con el fin de apoyar administrativa y financieramente el proceso de descentralización, atendiendo a criterios de eficiencia, de compensación interterritorial, de desarrollo regional, y hacer efectivo el principio de solidaridad, el Fondo Intergubernamental para la Descentralización (Fides), determinará, asignará y administrará tanto global como individualmente, la participación de los estados, municipios, el Distrito Federal y los territorios federales, en lo recaudado por el Impuesto al Valor Agregado, con exclusión de lo que les corresponda por el Situado Constitucional. La participación de los estados y municipios de lo recaudado por el Ejecutivo Nacional por el Impuesto al Valor Agregado será de un treinta por ciento (30%), excluido lo que les corresponda por el Situado Constitucional. La ley determinará la organización, funcionamiento, criterios de administración y asignación de recursos del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (Fides)".

Dada la importancia y la asignación de recursos que se hará a los estados, AD propone tanto en las atribuciones del gobernador como de las asambleas legislativas, una disposición orientada a "involucrar a todos los sectores de la comunidad en el diseño, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, en especial en la materia de presupuesto del estado, para lo cual la ley estadal establecerá los mecanismos y las formas de hacerlo".

Al mismo tiempo, se balancean aquellas áreas de interés nacional en las competencias concurrentes (por ejemplo, la educación, la salud, la vivienda, y se agrega, para hacer más eficiente la administración de justicia, la descentralización de los registros y notarías), de tal forma de lograr planes coherentes que, respetando cada región, atiendan también a metas de la nación. Lo que busca promover AD son las condiciones institucionales para que se pueda generar una dinámica de desarrollo propia en los estados, con la suficiente fuerza para mantenerse y con la flexibilidad en los mecanismos que la promuevan. Por ejemplo, se agrega a las competencias del Poder Nacional un ordinal nuevo relativo a la ordenación del territorio de tal forma de ofrecer mecanismos para que, respetando nuestras tradiciones geográficas y poblacionales, se ofrezcan esquemas de desarrollo que impulsen el crecimiento sostenido y armónico de las regiones venezolanas. Esta competencia también se define como competencia exclusiva de los estados, en cuanto a la ordenación de su territorio.

Sobre la base de la importancia del territorio, AD estimó adecuado la posibilidad de establecer regímenes especiales de ordenamiento en las zonas fronterizas, sobre la base de planes específicos, para lograr su desarrollo y no dejar las tareas en estas regiones sólo en manos de las FF.AA. Esta propuesta, con base en las ideas que se infieren al analizar los documentos de la Comisión Progreso Global, que habla de promover mecanismos para la "integración de las zonas periféricas". De la misma forma, la posibilidad de establecer convenios con las entidades limítrofes de los países vecinos para adelantar programas de servicios públicos y desarrollo económico, con la aprobación de los convenios por parte del Senado de la República. Lo que está detrás de esta visión es incentivar a las regiones para que logren, al relacionarse, economías de escala que puedan generar una dinámica de desarrollo propia, no artificial, que combinada con las competencias exclusivas y concurrentes de los estados, puedan motorizar un crecimiento más firme de los estados y ayudar a reducir la pobreza, la delincuencia, el narcotráfico y la guerrilla.

Se toman en cuenta elementos que apuntan a limitar los gastos de la burocracia de los estados, la redefinición del rol de las Asambleas Legislativas para ajustarlas a las nuevas realidades de los estados más como cuerpos capaces de legislar que espacios para la repartición de prebendas políticas; la incorporación de todos los sectores en la formulación y ejecución de políticas públicas en los estados, y la elección por voto universal del gobernador del Distrito Federal, una vez que se defina cuál será el territorio del Distrito Federal, tal como lo permite las sugerencias que hacemos a los artículos 12 y 13 de la Constitución.

Finalmente, se le da rango constitucional al Consejo Federal de Gobierno, como instancia para dialogar y coordinar los esfuerzos que se hacen en materia de descentralización, con la propuesta de artículo siguiente:

"Corresponde al Consejo Federal de Gobierno la colaboración, coordinación y cooperación entre el Ejecutivo Nacional y los ejecutivos de los estados, en el desarrollo del proceso de descentralización y desconcentración, y en el diseño de políticas y armonización de decisiones que conciernan e involucren a los distintos niveles de gobierno, en áreas tales como la seguridad ciudadana, el desarrollo económico, el desarrollo social, el transporte, la protección ambiental, la ordenación del territorio y las materias presupuestaria y laboral relativas al sector público. La ley determinará la composición, organización, funcionamiento y atribuciones del Consejo Federal de Gobierno".

Acción Democrática estimó sugerir que en el texto constitucional se incorporen a las parroquias como componente fundamental de los municipios, para reforzar el rol de activador de ciudadanía de los municipios, de tal forma que se abre la vía para que en la LORM se especifiquen con mayor claridad las funciones de las juntas parroquiales. Al igual que en los estados, se recomienda que en la Constitución existan contenidos a favor de la incorporación de todos los sectores en la formulación y ejecución de políticas públicas del municipio, en especial en las relativas a la materia de desarrollo urbano local y del presupuesto municipal. Para esto, en el artículo 32 de la Constitución, se define que en materia de ejidos, se consulte a la comunidad de tal forma de tener un mecanismo de opinión a la hora de hacer uso de los ejidos y ofrecer vías para que las comunidades participen. Un elemento que halló AD en la evaluación de esta parte y que se repite en las consultas que realizamos, es que muchos gobiernos municipales disponen de los ejidos a espaldas de la comunidad.

Se consideró pertinente, dentro del principio constitucional e histórico de la autonomía municipal, consagrar que la gestión municipal se caracterizará por principios de igualdad de prestación de servicios, suficiencia financiera, autonomía financiera y de gestión, solidaridad, y equilibrio territorial, de tal forma de resaltar la cercanía del municipio con el ciudadano, al promover mejoras en la calidad de vida de las personas. Para ello, se propone consagrar la participación de los municipios en el situado y la desconcentración de los servicios locales.

Se incluye la posibilidad de que se cree la figura de municipios rurales e indígenas, con lo que se le daría un status a determinados municipios de estas características. Junto a las propuestas aquí sugeridas para los municipios urbanos y fronterizos, la idea es que estos municipios puedan definir programas conjuntos para incentivar su desarrollo, al darle herramientas institucionales para ello.

Finalmente, se propone para los municipios el desarrollo de proyectos cogestionarios de participación popular en las áreas de salud, educación, saneamiento básico y de servicios para el desarrollo social, al tener como referencia para esta idea la Ley 1552 de Participación Popular de Bolivia (1994).

Los derechos políticos de los venezolanos por naturalización recibieron atención preferente. Se propone que los venezolanos por naturalización puedan aspirar a cargos de representación popular y ejecutivos como ministros, concejales, miembros de junta parroquial, alcaldes, gobernadores, diputados y senadores, pero se dejó a salvo que para ciertos cargos como Presidente de la República, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Fiscal General, defensor de los derechos humanos e institucional o Primer Ministro, puedan optar solamente los venezolanos por nacimiento.

También AD propone, en una época de globalización y de movilidad de las ideas y del mercado laboral, que se consagre en el nuevo texto constitucional la doble nacionalidad, de tal forma de no limitar la circulación de ideas y personas que tengan cosas favorables que aportar al país, de manera que los venezolanos no pierdan su nacionalidad de origen por adquirir otra.

En este capítulo AD consideró diversos temas a ser debatidos en la asamblea constituyente. Lo primero que sugiere el partido que debe analizarse en este capítulo, es la clasificación de los derechos (individuales, económicos, sociales y políticos) de la Constitución vigente, ya que no existe una clara distinción por lo que un derecho puede ser de dos tipos al mismo tiempo. Por ejemplo, arts. 58 y 78, respectivamente; arts. 84 y 70, respectivamente; arts. 66 y 75 respectivamente; y arts. 79 y 61 respectivamente. Lo que se persigue con esta revisión es darle una mayor exhaustividad a los derechos de manera de no tener repeticiones. Mucho más, cuando se incluyen nuevos derechos. Se consideraron aquellos derechos que no constituyan una carga para el Estado en el sentido que se exija su cumplimiento inmediato, sino derechos que pueden ser promovidos por las condiciones que cree el Estado para que estos derechos se desarrollen. Por ejemplo, el derecho a la alimentación. Otros derechos se incluyeron pensando en su importancia para el Siglo XXI y para que la sociedad piense en éstos: verbigracia, el derecho a la conservación y adecuado uso del recurso agua, los derechos de los niños y los adolescentes, los derechos de las personas de tercera edad, los derechos de los incapacitados y discapacitados, el derecho a la maternidad libremente escogida, el derecho a solicitar la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, el derecho de seguridad jurídica, entre otros derechos para la Venezuela contemporánea que AD propone a los venezolanos.

De importancia para AD fue el tratamiento del tema económico. Es criterio del partido que el fundamento de la libertad civil es la libertad económica y la propiedad privada. La definición del régimen económico que proponemos en la siguiente:

"El régimen económico de la República es la economía social de mercado en la que coexisten la propiedad pública y privada, sustentada en los principios de libertad de mercados, regulación, competencia, innovación, productividad y solidaridad, para asegurar a todos una existencia digna y provechosa para vivir en sociedad. El Estado promoverá condiciones para que los particulares desarrollen económicamente el país, diversifiquen la producción con el fin de crear nuevas fuentes de riqueza, aumentar el nivel de ingresos de la población y su calidad de vida, para fortalecer la soberanía económica del país. La actividad empresarial pública y privada recibirán el mismo tratamiento legal".

De aquí que se haya reforzado el derecho de propiedad, elemento fundamental para generar riqueza en una sociedad libre. Acción Democrática sugiere agregar, al final del artículo 99, una redacción del siguiente estilo: "Ninguna autoridad podrá privar de su propiedad ni del uso, goce y disposición de sus bienes a persona natural o jurídica alguna, si no es en virtud de sentencia firme dictada conforme a la ley, precedida de una declaratoria de utilidad y necesidad públicas y justa indemnización al propietario de los bienes afectados, a determinarse en la forma que establezca la ley".

Se recomienda que en el texto constitucional se ofrezcan elementos que impulsen la libertad de mercado y AD propone alternativas en este sentido, congruentes con la idea de que el desarrollo está en manos de los ciudadanos. Con respecto al papel del Estado en la economía, se proponen mecanismos para incentivar el rol regulador del Estado al reforzar instituciones reguladores como Procompetencia, la Comisión de Subsidios y Antidumping, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Seguros, el Banco Central de Venezuela, entre otras; es decir, el marco regulador de la actividad económica. Se deja a salvo una redacción que dice "se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo, acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general. Esta intervención será temporal y orientada a restablecer la libertad de mercados y la competencia". El partido estima que la intervención del Estado en la economía debe ser la excepción y no la norma. Se consideró que el gasto público debe utilizarse preferentemente para la inversión, como mecanismo para estimular la demanda agregada. Empero, a diferencia de los programas de gasto público del pasado, AD consideró que no basta la inversión del Estado ni el impulso que pueda ofrecer la industria petrolera por sí sola para el desarrollo del país, sino que esto debe ser complementado con el desarrollo de cadenas de conjuntos competitivos en donde tenemos ventajas como la cadena hierro/acero y metalúrgica/metalmecánica y aluminio aguas abajo, petroquímica, turismo, sector agrícola/agroindustrial tropical, incluido el frutícola, el pecuario, la pesca y forestal industrial, de tal forma que la inversión pública es una etapa que se orienta a definir condiciones para estimular la tecnología, la productividad, la eficiencia, la competitividad, que se originarán en estas cadenas de propiedad privada y con libertad de mercado. Es criterio del partido, y así lo propone en sus temas, que la política fiscal esté en función de la política económica nacional, y no al revés, como ha sido hasta ahora. En otras palabras, que la labor del Estado consiste en crear la infraestructura para que los actores privados asuman el desarrollo. Por ejemplo, la construcción de vías de comunicación o redes de información vía internet, para que los agentes económicos públicos y privados puedan asumir una dinámica de desarrollo propia.

Vinculado a lo económico, AD estimó pertinente abordar mecanismos que incentiven competencias en las subunidades de la federación. Acción Democrática consideró que el mejor mecanismo para consolidar el federalismo, es a través de la competencia y de aquí que el partido haya dado especial importancia a los mecanismos de compensación territorial de tal forma de generar un equilibrio en el desarrollo de los estados a través de incentivos que estimulen la competencia, la eficiencia y la solidaridad, más allá del criterio del tamaño de la población de un estado determinado para asignar recursos públicos. Por ejemplo, un índice de distribución del situado y de las asignaciones especiales que tome en cuenta otros criterios al de la población como los indicadores de desarrollo humano, indicadores de competitividad, o de desarrollo industrial o agrícola, de tal forma de tener unos criterios más abiertos y dinámicos, que incentiven a los estados a promover la calidad de vida en las regiones.

Dentro de la idea de poner la riqueza en manos del ciudadano, AD estimó pertinente incluir lo relativo a establecer la propiedad de las tierras públicas a los propietarios que las han venido ocupando, incluyendo las comunidades colectivas. Más del 70 por ciento de las tierras de Venezuela están en manos del Estado. La idea es hacer un inventario de la naturaleza de la propiedad de estas tierras para reconocer la propiedad privada de las tierras públicas para aquellos venezolanos que las han venido ocupando de forma ininterrumpida y pacífica. El propósito de este reconocimiento es avanzar hacia un sistema de propiedad moderno que las ponga en manos del ciudadano y romper el esquema rentista para promover uno productivo, una vez que quienes hoy son pisatarios sean mañana propietarios de las tierras que han venido ocupando de forma pacífica e ininterrumpida. Esto incluye el reconocimiento de la propiedad de las tierras las comunidades colectivas (indígenas). La importancia de lo anterior es que consolida un sistema moderno de propiedad que beneficiará la titularidad de las construcciones en barrios populares hechas en ejidos y baldíos, a sus dueños.

Esta demanda tiene tiempo en los deseos de los venezolanos. En la sesión de instalación de la Asamblea Nacional Constituyente el 17 de diciembre de 1946, Andrés Eloy Blanco dijo que "y, en nombre del partido a cuyas filas pertenezco, os pido que, entre las providencias que tomeis, dejeis estampado, no sólo en el texto constitucional, sino, a ser posible en un estatuto eficaz, el régimen democrático del suelo y del derecho del campesino venezolano a tener un pedazo de tierra venezolana(…)Que la divisa de la Reforma Agraria sea el simple recordar que donde un niño está comiendo tierra, la tierra está comiendo niños".

Complementa lo anterior, la redacción sobre la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos y mineros no ya del Estado sino de la República. Sin embargo, AD sugiere que se ofrezca la posibilidad, partiendo de que la Constitución se haga viendo el largo plazo y no la coyuntura; en una economía sana, donde el petróleo sea una actividad más pero no la central sino que la economía venezolana esté realmente diversificada en áreas en las que pueda competir, que se permita a los entes privados participar en el negocio minero y de hidrocarburos, en sus distintas fases, siguiendo el espíritu del artículo 5 de la Ley de Nacionalización petrolera. Es criterio del partido que no se puede cerrar la puerta a la iniciativa privada en la actividad petrolera, si se tiene una visión a largo plazo y si se espera que la economía del país se recupere. Para esto, AD sugiere, a partir de este reconocimiento de la República como propietaria de los yacimientos de hidrocarburos y mineros, que se deje abierta la posibilidad de la participación privada en el negocio petrolero en la nueva Constitución. Al mismo tiempo, esta apertura tiene que llegar al ciudadano. Para ello se propone que, con parte de las regalías petroleras, se creen fondos mixtos (públicos y privados) para el exclusivo y único fin de financiar la mejora a la calidad de vida de los venezolanos mediante, por ejemplo, la educación y la formación de los venezolanos en las áreas donde tenemos ventajas comparativas para convertirlas en competitivas, todo esto inspirado en las lecturas de algunos trabajos de Douglass North, que se revierta a su vez en trabajo productivo, empleo y generación de riqueza. Con esto se persigue ser congruente con las premisas 9 y 10 de los lineamientos para elaborar estos temas, comentados arriba: no se trata ya de redistribuir prebendas sino oportunidades y, como lo sugieren los trabajos del BID realizados en América Latina, la educación es la mejor oportunidad que una sociedad le puede ofrecer a sus integrantes. La tan buscada "siembra del petróleo" puede hallarse, en el Siglo XXI, a través de ofrecer oportunidades para la formación de los venezolanos para que éstos, en un esquema de libertad de mercados, realicen una siembra y cosechen riquezas y bienestar para la sociedad venezolana, a partir de su propio esfuerzo y no de El Dorado petrolero.

En lo social, entre otros temas, se consideró que se debe eliminar el servicio militar obligatorio y ser sustituido por la objeción de conciencia para el servicio militar obligatorio y por el servicio social para quienes así lo elijan; y los incentivos para avanzar de unas Fuerzas Armadas de conscriptos hacia unas Fuerzas Armadas profesionales. Esto se fundamenta en la realidad de una sociedad plural, diversa, y no en el concepto monárquico de la homogeneidad de la nación en armas. El partido consideró que, ya que se habla de la relación pueblo-Fuerzas Armadas, esta no debe ser sólo en el discurso sino replantearse en los hechos. Una consideración es que la recluta no permite la elección del joven por lo que si se consagran diferentes derechos, uno de ellos debe ser el escoger si se quiere el servicio militar o social. Hay que ofrecer opciones. Por otra parte, la experiencia mundial en conflictos regionales —como pueden ser los venezolanos— tipo las Malvinas, reveló que los ejércitos de conscriptos tienen pocas posibilidades de éxito frente a ejércitos profesionales. Las Fuerzas Armadas venezolanas deben considerar la posibilidad de establecer el servicio militar voluntario y ofrecer incentivos para la carrera profesional de quienes se alisten en las filas. Finalmente, la eliminación del servicio militar obligatorio pondría fin a una tradición discriminatoria en la sociedad venezolana, que viene desde el Siglo XIX: la recluta forzosa en pueblos humildes y, parafraseando a Andrés Eloy Blanco, la recluta sustrae a un "hijo de esta tierra" que necesita del trabajo productivo, "en la tierra que está pidiendo hijos" para el trabajo productivo.

Acción Democrática consideró con interés el derecho al ambiente, como señal para comunicar que el tema ecológico es clave para el Siglo XXI. Es criterio del partido que un modelo de desarrollo que no tome en cuenta la ecología, está condenado al fracaso. Hay que repensar la relación del hombre con el medio ambiente en términos de un desarrollo sustentable y al considerar el derecho al ambiente y a su protección, AD estima que se afirma esta relación hombre-ambiente.

Como partido pionero en la promoción de la mujer, Acción Democrática considera indispensable que se aborde el tema de la mujer en el debate constituyente. En el nuevo texto constitucional, aspiramos ubicar a la mujer como protagonista de los cambios con plenas garantías de sus derechos ciudadanos. Planteamos la materialización práctica del principio de igualdad de oportunidades, que permita a la mujer crecer como ser humano integral, tanto en el ámbito público como en el privado, y autodeterminar su destino. La constitucionalización de los mecanismos de acción positiva como herramienta práctica para materializar la igualdad de oportunidades por encima de las leyes que prohiben solamente los tratos discriminatorios, representa una prioridad. La socialdemocracia internacional viene adoptando el sistema de cuotas, como mecanismo de acción positiva, en las relaciones internas de los partidos políticos, y en el derecho igualitario a la elegibilidad de la mujer en los órganos de representación popular. Organismos internacionales y países desarrollados han apelado también a estas acciones afirmativas para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso de la mujer a la economía, al mercado laboral, la seguridad social, la educación y, entre otros sectores, a los medios de comunicación social.

El esquema tributario fue considerado, como mecanismo para apalancar una estructura económica más transparente y que promueva la inversión. Es criterio de AD que más que la enunciación de derechos, la nueva Constitución debe ofrecer el diseño institucional para hacer efectivos los derechos enunciados. Uno es el sistema tributario. Se estimó pertinente que la nueva Constitución, al establecer las definiciones del modelo tributario, declare que el modelo tributario reducirá drásticamente las exenciones, de tal forma de tener unos impuestos más equitativos. Se propone que en al artículo 223 suprimir la expresión "atendiendo al principio de la progresividad", para dejar abierta la posibilidad de establecer impuestos proporcionales. Junto a esto, en el artículo 107 de la Constitución vigente, AD estimó pertinente, para mantener un sistema coherente de presupuesto, impuestos, programas sociales, la importancia de promover la inversión en la economía para generar empleo y riqueza. En el mencionado artículo, se sugiere la necesidad de incorporar mecanismos explícitos para incentivar la reinversión de utilidades. Hay, por ejemplo, la idea de tributaciones diferenciales según que se retiren o según que se inviertan las utilidades, lo cual es importante para promover los procesos de inversión en la economía. Acción Democrática estima que con estos mecanismos, junto a otros que se hallan en el texto constitucional propuesto abajo, se crea un marco que incentiva la generación de riqueza lo que hará efectiva el cumplimiento de los derechos que consagre la nueva Constitución. Es criterio de AD pasar de la enunciación de derechos a los incentivos para hacer efectivos los derechos.

Dos elementos de participación política se consideraron, entre otros: la democratización de los partidos políticos mediante procesos internos que estimulen la competencia y la democracia, la vida programática, la presencia generacional y de género, y un esquema más transparente para el financiamiento de la actividad de los partidos, que acepta el financiamiento mixto (público y privado). Es criterio del partido, con base en el estudio de las experiencias de reformas de los partidos venezolanos en los últimos 20 años, que si no existe una rica vida programática, los cambios más atrevidos en materia organizacional, no tendrán sentido. A título de ejemplo, algunos partidos venezolanos han reconocido la presencia de tendencias internas en sus estatutos. Sin embargo, la experiencia es que las tendencias se han convertido en facciones que pugnan por cargos públicos. La interrogante que surgió en AD es ¿la falla es por la existencia de tendencias o por la presencia de una tercera variable que la explica? Ciertamente, sin vida programática, las tendencias se pragmatizan y devienen en facciones. La reforma de los partidos debe comenzar por introducir elementos que incentiven la presencia de contenidos programáticos dentro de los partidos. Lo que se conoce como capacitación y doctrina cobra hoy especial relevancia para la vigencia de los partidos políticos. Proponemos, en consecuencia, la siguiente redacción del artículo que tiene que ver con los partidos políticos (art.114):

"Todos los venezolanos aptos para el voto tienen el derecho de asociarse en partidos o agrupaciones para participar, por métodos democráticos y sobre la base de programas, en la orientación de la vida nacional. La ley establecerá los deberes y derechos de sus miembros, a quienes se les garantizará el derecho a elegir y ser elegidos en la selección de sus autoridades y de candidatos a optar a cargos de representación popular. Para tal fin, la ley establecerá mecanismos para la renovación periódica por métodos democráticos de las autoridades de los partidos y definirá mecanismos que garanticen la representación en los organismos de dirección, de la pluralidad política interna de los partidos.

"En razón del interés público de la función que cumplen los partidos, se garantizarán los principios de democracia, pluralidad, participación y alternabilidad en su dirección, constitución, funcionamiento e igualdad ante la ley, y el uso y acceso equitativo a los medios de comunicación. Se acepta el financiamiento público y privado de la actividad política y la ley regulará el financiamiento de los partidos, los límites de gastos en campañas electorales, la licitud de las contribuciones económicas que puedan recibir y los mecanismos de transparencia y control en la pulcritud en el manejo de las mismas. Los partidos políticos tienen la obligación de dar periódicamente publicidad a sus estados financieros, en la forma que determine la ley.

"El financiamiento público para la actividad ordinaria de los partidos políticos les impone la obligación de ejecutar programas de formación y educación política de los militantes y educación cívica del pueblo para el ejercicio de los derechos y responsabilidades que conlleva la democracia, y también la obligación de definir mecanismos para que la opinión de los electores llegue a los organismos de dirección de los partidos. La ley establecerá mecanismos para aumentar el financiamiento público de aquellos partidos que incentiven la formación y educación política de sus militantes y la democratización y vida programática en su funcionamiento interno.

"Ninguna persona que esté en ejercicios de cargo de dirección en partidos, asociaciones políticas o grupos electorales, podrá por sí, ni por interpuesta persona, ni en representación de otra, celebrar contratos con fines lucrativos, con entes del sector público, ni ser beneficiario de concesiones sobre bienes o servicios estatales.

"La ley dictará normas relativas al funcionamiento de grupos electorales y otras formas de asociación y participación política diferentes a los partidos".

También se consideraron nuevas formas de participación ciudadana, al sugerir, con base en ideas de la experta Eva Guerón, una sustitución al artículo 109 de la Constitución, de la siguiente forma, "Para la participación de la población en la gestión pública, la ley regulará la creación de cuerpos plurales así como instancias y procedimientos para el asesoramiento, decisión, ejecución y fiscalización de las políticas públicas del Estado. Igualmente preverá la creación de formas de participación directa de los ciudadanos en el diseño, funcionamiento y control de calidad de los servicios públicos". Dentro de esta idea, AD consideró elementos para promover la participación ciudadana en los órganos electorales. Se consideró, también, pertinente que en la nueva redacción del artículo 114 de la Constitución vigente, se consagren mecanismos para que la opinión del votante llegue a la dirección de los partidos. Esto, porque ya la política no se hace sobre criterios de clase o funcionales, sino el voto se ha hecho más personalizado, sobre la base de propuestas y de candidatos, y el votante tiene hoy una presencia relevante a la hora de definir los resultados electorales. La idea es abrir los partidos a la sociedad y una forma es a través de la incorporación del votante en la dirección de los partidos.

Finalmente, la salvaguarda de la Constitución ante amenazas al régimen democrático. Esto es importante. Acción Democrática consideró, luego de examinar las experiencias de las caídas de la República Española en 1936 y de la República de Weimar en Alemania, que una Constitución no puede seguir, simplemente, la pirámide kelseniana y consagrar sólo procedimientos; no puede ser axiólogicamente neutra. La Constitución tiene que defender determinados valores cuando amenazas internas o externas los pongan en riesgo.

Es opinión de AD que la "degollina" de la Constitución de 1961 no es el artículo 4 sino el 50. Este artículo, inspirado en la novena enmienda de la Constitución norteamericana que afirma que "no por el hecho de que la Constitución enumera ciertos derechos, ha de entenderse que niega o menosprecie otros que retiene el pueblo", la que reconoce una suerte de plano supraconstitucional; en el caso venezolano se sustituye al pueblo por la "persona humana" lo que abre la posibilidad a que cualquiera se alce contra la Constitución, alegando derechos "inherentes a la persona humana". El partido estima que al artículo 50 debe agregarse que los "derechos inherentes a la persona humana" no podrán ir en contra de las Disposiciones Fundamentales de la Constitución, de tal forma de mantener el disenso —si fuere el caso— dentro de límites de la convivencia democrática.

Finalmente, en una época de globalización, AD estimó pertinente modificar el artículo 108 de la Constitución de 1961, y agregar el fomento de los mercados regionales y el intercambio comercial, dentro del planteamiento de "regionalismo abierto" que hace la Comisión Progreso Global, al mismo tiempo que se cambia la redacción al afirmar que la "República fomentará las relaciones económicas", y se le suprimió "latinoamericanas" ya que se consideró restrictivo en un mundo globalizado ¿Qué si Venezuela quiere establecer relaciones económicas con la Unión Europea?

Finalmente, se propone un artículo que promueva la relaciones de nuestros países, en los siguientes términos:

"El Estado promoverá el desarrollo de los procesos de integración y la creación de organismos supranacionales que fomenten la comunidad latinoamericana de naciones. Los miembros del Parlamento Latinoamericano y del Parlamento Andino se elegirán por votación universal y directa, y con representación proporcional de las minorías".

Un primer elemento que examinó el partido es que la nueva Constitución debe promover un diseño que incentive una administración pública profesional. El partido, luego del estudio de los programas de ajuste y el desarrollo de políticas públicas en América Latina y en Asia durante los ochenta y noventa, y de su propia experiencia como partido de gobierno, halló que una condición de éxito es que haya una burocracia profesional, aislada de las presiones políticas, con una remuneración adecuada, para instrumentar políticas públicas. Acción Democrática consideró pertinente que en el texto constitucional se reconozca la necesidad de una administración pública profesional, con principios que orienten el ingreso a la carrera pública.

En línea con lo anterior, se propone la eliminación de los ministros de Estado y consagrar el Consejo Asesor de Estado (CAE), como órgano asesor de máximo nivel en las políticas del Estado, con participación de la sociedad civil en su conformación. La idea es tener un cuerpo multidisciplinario que pueda ofrecer diversas aristas a un problema, y evitar la proliferación de ministros sin cartera los que, en muchos casos, sirvieron para complacer favores o amistades, con poco rendimiento en las tareas asignadas.

Acción Democrática consideró el mecanismo de los referendos como formas directas de participación política. Se consideró pertinente que la nueva Constitución consagre esta figura en las modalidades consultivo, aprobatorio y abrogatorio. No se consideró pertinente que se incluya el referéndum revocatorio ya que el partido consideró que este tipo de referéndum no incentivará la toma de decisiones duras cuando sea necesario por parte del Jefe del Estado, porque esto generará impopularidad —todos los presidentes pasan por momentos de impopularidad— y estará sujeto a un clima de opinión volátil que lo podrá destituir y retrasar los necesarios cambios. Venezuela tiene experiencias de como los cambios llevan más de 15 años represados.

Con esta postura, Acción Democrática no pretende cerrar los deseos de participación del pueblo sino darle gobernabilidad y dinamismo al nuevo esquema político que defina la nueva Constitución. En nuestra propuesta, se ofrecen mecanismos de participación para canalizar las demandas sin poner en riesgo la estabilidad del sistema: la reforma al artículo 109, el primer ministro, la reducción del mandato presidencial y la reelección, son mecanismos que estimamos permiten canalizar las demandas en tiempos de normalidad pero, también, en momentos de crisis.

Sólo se consideró el referéndum revocatorio en el caso de la improbación de la memoria y cuenta de los gobernadores y alcaldes, esto como incentivo a los legisladores estadales y locales a no improbar una memoria y cuenta por razones políticas para sacar a un mandatario y sustituirlo por otro, sin mayores razones. Con esta disposición, los legisladores regionales y locales, si no aprueban una gestión regional, tendrán que tener justificadas razones para hacerlo, ya que la cabeza de los legisladores estará en juego en un referéndum que puede revelar que la improbación de la memoria fue un simple juego político por parte de los legisladores.

Adicionalmente, para proteger a los gobernadores y alcaldes de la presión política indebida que puede significar una Asamblea Legislativa contraria, se propone que la improbación de la memoria y cuenta sea aprobada con el 75% de los votos de quienes conforman la asamblea y no con el 66% de los votos, tal como lo establece el artículo 24 de la Constitución.

Finalmente, el tema de las Fuerzas Armadas Nacionales. Acción Democrática consideró pertinente mantener el artículo 132 de la Constitución y no favorece el voto de los militares en servicio activo. La razón es evitar que la política cree división y fragmentación dentro de las FF.AA. Sin embargo, dado el debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas, se agrega en el artículo 132 el principio del profesionalismo de la corporación armada y que las Fuerzas Armadas participen en el diseño, planificación, instrumentación y evaluación de las políticas públicas de seguridad y defensa nacionales, para reforzar el rol de la corporación militar en una sociedad democrática.

Dentro de la idea de una verdadera federación, AD sugiere que en la nueva Constitución se consagre un fondo de compensación territorial para promover un crecimiento regional equilibrado, más que como fondo para la inversión de obras en los estados, que es la visión que se tiene actualmente.

Acción Democrática consideró pertinente que la palanca para el desarrollo de las regiones es la clara definición de mecanismos de compensación territorial, que equilibre las fortalezas y debilidades de las regiones. Entre otras alternativas, AD propone que, entre las atribuciones del Senado, se refuerce el carácter de representación regional del Senado al establecer una suerte de "Comisión federal del Senado" o "Cámara territorial" que examine todo lo relacionado a la descentralización y también el presupuesto de la nación, de tal forma de jugar un rol como "cámara de compensación territorial" para que la distribución de los recursos no se haga de forma inequitativa, en beneficio sólo de los estados grandes. En otras palabras, ejercer funciones de estudio, consultas y deliberaciones sobre los asuntos financieros y las políticas dedicadas a la corrección de los desequilibrios territoriales, que promuevan condiciones para un desarrollo sustentable de las regiones.

Acción Democrática consideró pertinente que en la nueva Constitución se consagre que los diputados y senadores representan a sus comunidades, para reforzar el deber hacia las comunidades y atenuar el mal uso que se ha hecho de la identidad partidista, en la llamada "línea partidista". Con esto AD no niega la necesidad de una disciplina partidista que considera necesaria, pero lo que rechaza es el abuso de la disciplina, al censurar expresiones diferentes, como ha ocurrido en Venezuela, donde las llamadas "maquinarias partidistas" han sido trituradoras de lo diferente y de nuevos liderazgos. Es esto lo que cuestiona el partido y no una sana disciplina partidista que se sustente no en la línea partidista sino en la identidad partidista y en los programas de gobierno.

Acción Democrática considera pertinente que se elimine la figura de los senadores vitalicios, ya que su función no se justifica hoy en día.

Acción Democrática se pronuncia por mantener el sistema parlamentario bicameral pero redefiniendo las atribuciones de las cámaras. Por ejemplo, se sugiere que el Senado, dado que representa a las regiones, ejerza atribuciones, entre otras, como suerte de "cámara federal" para incentivar y regular el proceso de descentralización. La Cámara de Diputados, como representación del pueblo, entre otras cosas, centrarse en el control de la administración y de la materia de política económica y fiscal, ya que éstas tienen impacto en la sociedad. Lo que se busca es cambiar la noción de representación a través de una nueva definición de lo que se entiende por representante y cuáles son sus funciones, para acercarlas al ciudadano.

Finalmente, AD estimó prudente poner un límite a la reelección de senadores y diputados. Sobre la base de un período de cuatro años, se estimó un total de cuatro reelecciones para los senadores (máximo 16 años) y cuatro para diputados (máximo 16 años). El propósito de esta propuesta es preservar el buen trabajo parlamentario al establecer límites de permanencia razonables, al mismo tiempo que se incentiva la circulación de liderazgo dentro del Congreso.

Se mejora a la iniciativa popular en materia de leyes, al clarificar la redacción del artículo correspondiente en la Constitución de 1961, y la inclusión de la iniciativa popular en la agenda legislativa, para evitar el "engavetamiento legislativo" de los textos nacidos en los ciudadanos.

Otro elemento relevante es que se establecen mecanismos para hacer públicos los proyectos de leyes, de tal forma que la sociedad puede conocer los mismos y emitir opinión y que ésta pueda llegar al Congreso de la República, con lo que se ofrece otro mecanismo para la participación ciudadana en las políticas públicas.

Acción Democrática considera reforzar la figura del Presidente de la República, que en nuestro país tiene tradición histórica, a través de dos mecanismos: la reelección presidencial, bajo el esquema norteamericano (4x4) y la doble vuelta en la elección del presidente, cuando los candidatos obtengan menos del 51 por ciento de los votos válidos.

Con la reelección, se buscan dos cosas. Por una parte, darle continuidad a políticas públicas y que esta continuidad sea aprobada en votación popular, con lo que una gestión se pone a prueba a los cuatro años. Esto, a juicio de AD, promoverá gobiernos con programas ya que lo que se evaluará será una gestión de gobierno y ésta tendrá que enfatizar logros y programas cumplidos. Por otra parte, en Venezuela la responsabilidad presidencial está diluida en el actual diseño constitucional. No sólo los partidos liberan a los presidentes de disciplina sino que la reelección, luego de 10 años, diluye su responsabilidad. Al someterse a la reelección, el mandatario asume la responsabilidad de su gestión y el elector la acepta o la rechaza. Esto, en criterio de AD, estimulará gobiernos que respondan y sean responsables.

Con la doble vuelta, se busca darle legitimidad a una nueva administración y reducir la fragmentación de partidos, al ofrecer incentivos para el acuerdo en dos opciones que irán a una segunda vuelta. Esta propuesta generó debate en el partido. Para tratar de superar el disenso, se buscó en los trabajos de la Copre, en el Plan de Reforma Integral del Estado (PRIE, 1988), y éste no consideró prudente la segunda vuelta porque el país tenía sus mecanismos para lograr la legitimidad del presidente. No obstante, el debate en el partido concluyó que la situación en Venezuela ha cambiado radicalmente desde 1988. El país ha visto presidentes con un 12 por ciento de respaldo y es prudente un mayor apoyo, si se toma en cuenta que lo que caracteriza hoy la política en Venezuela es el fraccionamiento y volatilidad partidista. Por otra parte, al romperse el esquema bipartidista y algunos de sus mecanismos, como el llamado "pacto institucional" que garantizaba los apoyos al presidente porque había acuerdo entre las fuerzas políticas con respecto a la conformación de los otros poderes, estos mecanismos del sistema no funcionan y tienen que ser compensados o sustituidos por otros. En consecuencia, se estima que con la segunda vuelta se promueve un sistema de negociaciones entre los diferentes actores políticos antes de llegar al gobierno, lo que facilitará acuerdos cuando se esté en la administración, entre el gobierno y la oposición. Ciertamente, estos acuerdos pueden ser para unirse en contra de una opción —de la que hay tradición en el país en otras áreas como para la conformación de las directivas del Congreso; un todos contra uno, en una cultura de destruir al adversario— o para la repartición de puestos públicos y prebendas clientelares pero también —objetivo que persigue AD con estos mecanismos— pueden ser sobre la base de programas y políticas públicas a instrumentar.

Se propone la figura del Primer Ministro nombrado por el presidente con control parlamentario, no sólo para descargar al Presidente de la República de actividades, sino como figura que tendrá una función política de buscar acuerdos entre los diferentes actores políticos, para apoyar una gestión de gobierno sobre la base de un programa, lo que supone el intercambio y la negociación. De aquí que, entre otras responsabilidades, el Primer Ministro coordine los planes y políticas con los estados y municipios, los órganos de la administración centralizada, descentralizada y las empresas públicas, coordine la ejecución del Plan de Desarrollo Nacional y el cumplimiento del programa de gobierno que presentó la opción en el gobierno al momento de las elecciones. También, que el Primer Ministro presente a la Cámara de Diputados un informe con los objetivos y metas del gobierno y, luego del mensaje anual del Presidente de la República, un informe con los objetivos y metas cumplidos por el gobierno, de tal forma de incentivar el debate programático en el Congreso. Igualmente, para generar el debate y el contrapeso político, se propone que este Primer Ministro asista trimestralmente al Congreso, para dar cuenta de las actividades del gobierno y escuchar la opinión de los parlamentarios.

Acción Democrática consideró elementos para la nueva Constitución que promuevan la independencia, transparencia y equidad de la justicia: el presupuesto para la administración de justicia (sin establecer algún porcentaje fijo), la independencia del poder judicial, la justicia de paz, la participación de la sociedad civil en el Consejo de la Judicatura y el rediseño de este cuerpo; la carrera judicial, estable y profesional; el régimen disciplinario de la justicia, y la Alta Magistratura de la Justicia como instancia de contrapeso en el poder judicial y AD buscó, a partir de esta idea de la Comisión Bicameral de 1992, mecanismos para incentivar la participación de la sociedad civil en esta Alta Magistratura de la Justicia. En otras cosas, se propone que esta alta magistrartuta elabore un anuario sobre el estado de la justicia en Venezuela, para sistematizar la data en este campo y puedan formularse mejores políticas públicas. Sería una suerte de contrapeso dentro de la justicia, al hacer pública la información sobre el estado de la justicia en Venezuela, de forma independiente.

Se ofrecen mecanismos para darle publicidad a la selección de los magistrados de la CSJ, de tal forma de reducir la intervención de intereses particulares en este proceso y lograr nombramientos sobre la base de la competencia y la transparencia. Se abre la posibilidad, también, de que puedan ser magistrados personas con postgrados diferentes al área jurídica aunque vinculados a ésta, para darle pluralidad y un carácter multidisciplinario a la CSJ. Por ejemplo, un jurista con un Ph. D. en análisis económico del derecho, indudablemente ofrecería nuevas vías de interpretación a las leyes.

Acción Democrática estimó importante incluir, entre las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, la interpretación de las leyes vinculadas a lo económico, de tal forma de generar jurisprudencia en tan importante área para promover instituciones más sólidas y un mejor desarrollo económico. Para ello, se propone la creación de una Sala de Jurisprudencia Económica del Derecho, que haga un análisis económico de las leyes.

Finalmente, la inclusión de la Sala Constitucional, como instancia que aborde de forma expedita, entre otras cosas, las diferencias entre los poderes que generará el proceso de descentralización.

Acción Democrática considera que con el COPP, en la nueva Constitución se debe adecuar el rol de la Fiscalía General de la República como institución con un rol acusador, por lo que se propone separar el rol de acusador del de defensa de los derechos humanos y se propone la figura del defe

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS QUE JUSTIFICAN LOS TEMAS PARA EL DEBATE CONSTITUYENTE