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En días recientes, un columnista hacía referencia a la «orgía verbal» que se produce cada vez que el Presidente electo se yergue ante un micrófono. Pareciera que, así como el período calderista se caracterizó por la mediocridad y el silencio, el que ahora se inaugura, brillará por la incontinencia de los adjetivos y la prolongación de los discursos. Ahora bien, los fuegos artificiales del encendido verbo ocultan en ocasiones lo esencial. Lo de menos son las citas indigestas de Federico Nietzsche, Mahoma, Cristo y Simón Bolívar. Lo clave está en la visión del mundo y de la política que se pone de manifiesto cuando, por ejemplo, el Presidente electo afirma como en efecto hizo que con su triunfo comicial él, personalmente, posee el poder constituyente. Lo que ocurre, es que, mediante una especie de graciosa concesión de su parte, nos permite a los demás discutir sobre el proceso.

Mi convicción es que Hugo Chávez, y un nutrido grupo de venezolanos, están imbuídos por una «cultura del despotismo», que tiene profundas raíces históricas, y que continúa ejerciendo un significativo influjo sobre nuestra manera de actuar en el terreno político. Al fin y al cabo, cuarenta años de democracia constituyen un período relativamente corto, a lo que hay que añadir el hecho de que hemos vivido bajo una democracia muy limitada, y contaminada hasta los tuétanos por el ejercicio arbitrario del poder, con fronteras ambiguas entre lo legal e ilegal, y con un Estado de derecho en no poca medida ficticio, erosionado por la corrupción de la justicia.

En estos tiempos de incertidumbre y volatilidad, estamos presenciando una demostración clara y terminante de la influencia de esa «cultura del despotismo» a que he hecho referencia. Como diría Habermas, «su efecto se comunica más bien en el gesto del pensamiento que en la forma de argumentación». Cuando relevantes figuras públicas sostienen, sin pizca de vergüenza, que «lo jurídico no debe entrabar la realidad política», y otras frases por el estilo, en realidad se están pronunciando por el ejercicio arbitrario del poder por encima de las normas y limitaciones impuestas por una juridicidad, en todo caso, muy precaria en nuestro medio, una juridicidad que de poco ha servido ahora o en el pasado para contener los bríos de ese «hecho político» (la cruda e inequívoca realidad del poder), ante la que constantemente tiemblan las piernas de muchos. No por casualidad son el oportunismo y la adulancia dos de las actividades más eficazmente practicadas en Venezuela.

¿Por qué tanta premura con la constituyente, en medio de los gigantescos problemas sociales y económicos que padece la inmensa mayoría de la población? ¿Por qué si es obvio que, casi sin excepción, existe buena disposición por parte de los diversos actores de la escena pública nacional para llevar adelante una constituyente, el Presidente electo y sus seguidores se empeñan en romper con la legalidad establecida y violentar la Constitución vigente? ¿No será acaso que buscan avasallar en un referéndum convocado lo antes posible, mientras aún están en la cresta de la ola de su popularidad? ¿Y qué consecuencias podría tener una constituyente sometida a la hegemonía exclusiva del Polo Patriótico? ¿Acaso no conocen la experiencia de la constituyente de 1946, y sus nefastas consecuencias?

Una constituyente hegemónica, formada en el ojo del huracán de una polémica sobre su legalidad y legitímidad, no estará en ningún caso en capacidad de estabilizar el país y orientarlo hacia un mejor porvenir. Una ruptura revolucionaria traería igualmente resultados catastróficos para una sociedad en la que, sin duda, se ha producido una elección que abre paso a importantes cambios, pero que no fue más decisiva que otras que hemos experimentado en el pasado (como las de 1973, 1983 y 1988). Ninguno de los presidentes entonces electos con 50% y más, se atribuyeron a sí mismos un poder constituyente, ni pretendieron asfixiar al nutrido porcentaje del electorado que no votó por ellos o sencillamente se abstuvo. Es fácil percibir un peligroso triunfalismo de parte del nuevo primer mandatario y sus acólitos. No parecieran tener conocimiento de nuestra historia ni la elemental prudencia para administrar su indudable victoria. Están actuando con un sentido de las prioridades que parecieran indicar que lo único que realmente les interesa es consolidar y prolongar su poder político, escapando de los desafíos sociales y económicos que afectan a la gente y a los cuales millones aspiran que el nuevo gobierno halle soluciones. Se trata de un rumbo preñado de peligros, y hacemos la advertencia, a tiempo, como ciudadanos comunes y con la mejor de las intenciones. Venezuela requiere unidad y no más divisiones. La confrontación deliberada está repleta de riesgos que sería preferible evitar.

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