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La separación de poderes en Venezuela

A diario escuchamos la repetición de frases que estructuran una de las más incisivas campañas publicitarias que se hayan diseñado y ejecutado en la historia.

Uno de esos temas que han tratado de introducir en nuestras mentes ha sido la supuesta vulneración del Principio de la Separación de Poderes por parte del Presidente de la República. Han tratado de convencernos acerca del dominio absoluto que habría ejercido, y seguiría ejerciendo, sobre las diversas instituciones que integran el Poder Público; esto con el fin de facilitar la transmisión de otros mensajes (como que «él lo tuvo todo para resolver los problemas, y no lo hizo» o «este es un dictador») y, también, para desacreditar a todo funcionario u organismo que tome una decisión contraria al interés de los grupos opositores.

Según nuestra Constitución, al Poder Nacional lo integran cinco poderes: ejecutivo, legislativo, judicial, ciudadano y electoral. Escrutemos uno a uno:

Poder Ejecutivo

Lo dirige el Presidente. La lógica indica que debería estar controlado por el jefe de gobierno, pero, y en virtud de la carga burocrática concentrada en los despachos ministeriales e institutos autónomos durante años, hay quienes creen en la infiltración de factores «democráticos».

Poder Legislativo

La correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional es cada día más equilibrada. Se dice que de los 166 diputados, 86 respaldan al gobernante contra 80 que le adversan.

Poder Judicial

El Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a los periodistas que cubren la fuente —basados en la decisión que tomara la Sala Plena en beneficio de los militares que actuaron en los hechos de abril—, está conformado por 10 magistrados opositores al gobierno y 10 magistrados que lo apoyan. Además, nos informan voces fidedignas que la designación de jueces y demás funcionarios judiciales, en todas las circunscripciones del país, ha sido conducida por sectores de oposición.

Poder Ciudadano

Sabemos que lo integran: la Fiscalía General, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo. De la Fiscalía General de la República, si bien su máxima autoridad proviene del partido de gobierno, se dice que el 90% de los fiscales, en todas las regiones del país, actúan contrarios a los supuestos intereses hegemónicos del Ejecutivo Nacional. De la Contraloría General se dice lo mismo. Y de la Defensoría del Pueblo que, por ser una institución recién nacida, aún no ha logrado consolidarse por carecer de recursos financieros. Pero debemos agregar que, durante los sucesos de Abril, el segundo a bordo de este organismo era un valenciano militante del partido más antiguo de la alianza opositora.

Poder Electoral

El Consejo Nacional Electoral, luego de la desbandada de la mayoría de los integrantes de su directorio y de la reincorporación peculiar de uno de sus miembros —quien habría participado abierta y activamente en la campaña contra el Presidente de la República—, es dirigido por una junta de 5 directivos de los cuales 4 han tomado decisiones que festejan los grupos de oposición.

Luego de este paseo institucional, ¿se puede creer que, hoy en día, el poder se concentra en manos de un solo hombre? Cierta sí es la confusión que han producido las empresas concesionarias de la señal televisiva al constituirse en actores políticos, y más si las cuatro emisoras privadas con cobertura nacional se han encadenado para promover la campaña «democrática». Cierto también es que aquel pacto, que suscribieron el MVR, AD, MAS y Proyecto Venezuela, incluidos los nuevos partidos Solidaridad y Podemos, es decir, de gobierno y oposición, de espaldas a la constitucionalidad, mediante el cual designaron magistrados y demás funcionarios de los poderes ciudadano, judicial y electoral, ha servido de caldo de cultivo para la «delincuencia legítima» que se ha desatado en el país. Por ello —y veámoslo como una necesidad básica que tiene el Estado, entre cuyos elementos se encuentra la sociedad—, resulta imperioso designar, nuevamente y en perfecta aplicación de la norma constitucional, las personas que habrán de regir los destinos de estas instituciones.

¿Del ejecutivo y el legislativo? Los elegirá el pueblo cuando llegue la hora.

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