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Los nudos de la Constituyente

Todo parece indicar que la oposición se hará visible a la hora de tratar la principal bandera del presidente electo: la Asamblea Constituyente. Es probable que su actividad opositora se centre en buscar los modos de no quedar fuera del proceso, y parte de ella ha anunciado que no obstaculizará su convocatoria. Por su parte, el presidente electo ha anunciado que, de no hacerlo el Congreso, el 15 de febrero mudará la capital a Angostura por un día, y que allí firmará el decreto de convocatoria al referéndum.

No obstante, existen muchas incertidumbres en el proceso. Gobierno y oposición tienen ante sí la formidable tarea de ponerse de acuerdo sobre una serie de aspectos que permitan materializar la propuesta. Esta última afirmación puede parecer un tanto ingenua: ¿por qué el Gobierno desearía llegar a acuerdos en esa materia? Después de todo, la fecha anunciada da un margen de apenas tres semanas para que las cámaras convoquen al mencionado referéndum, lo cual no es mucho tiempo para el diálogo. Sin embargo, tanto el presidente electo como dirigentes de su agrupación política han reiterado que desean la participación de los partidos políticos de la oposición, y han invitado al diálogo al respecto. Chávez ha advertido que no entrará en «negociaciones que desvirtúen el proceso», pero, a menos que su invitación sea simplemente a plegarse incondicionalmente a los deseos del Gobierno, resulta legítimo esperar que la participación de los partidos políticos contendrá, como mínimo, un intercambio de opiniones respecto a los distintos puntos mencionados, y una voluntad de aceptar los argumentos de las otras partes si éstos fuesen convincentes.

En este sentido, hay varios asuntos respecto a los cuales podemos esperar que haya alguna polémica entre las partes, como por ejemplo, la mecánica de convocatoria al proceso, las preguntas del probable referéndum, los lapsos, los alcances del mandato de la Asamblea Constituyente y la manera de designación de sus miembros. Las implicaciones para cada uno de estos puntos dan para desarrollar un artículo de cada una, así que sólo mencionaré algunas cuestiones que parecen pertinentes.

Respecto de la convocatoria, las afirmaciones de miembros del Gobierno y la oposición coinciden en la figura del referéndum consultivo, pero hay diferencias en cuanto la necesidad de una reforma constitucional para ello. Parte de la oposición ha declarado su disposición a emprender esa reforma, y el presidente Caldera ha apoyado esta idea, pero personeros del Polo Patriótico han afirmado que no debería haber demoras a causa de lo que consideran un formalismo injustificado, mientras que la Corte Suprema de Justicia está revisando si la Constitución permite la realización de referenda consultivos para temas constituyentes. Por otro lado, las preguntas que se hagan en el referéndum resultan de crucial importancia, ya que le permitirán al convocante imprimir características al proceso, por lo que la oposición posiblemente insista en tener voz en su redacción.

Los lapsos son un tema del cual poco se ha dicho, pero que incidirán notablemente en la calidad del proceso constituyente. Aún cuando es dudoso que una demora en la convocatoria al referéndum altere sus probables resultados, plazos más largos en la instalación y/o funcionamiento de la Asamblea significaría más oportunidades para que los posibles temas a incluir en la nueva Constitución sean objeto del debate público. Sin embargo, el presidente electo no quiere dilaciones, lo cual resulta contradictorio con su deseo expreso de que el proceso incorpore a la sociedad.

Otro tema de discusión es el mandato de la Asamblea. Aún cuando Chávez ha afirmado que sus propuestas son para incidir en el sistema político, y no en el económico, ha defendido la tesis de que el alcance del mandato sea ilimitado. Algunos voceros han afirmado que el único límite será el carácter democrático de la Constitución.

Quizás el asunto más controversial será la integración de la Asamblea. Se discute quién debe estar presente en ella y cómo se seleccionarán sus miembros. Se han propuesto criterios corporativos, como la presencia de los indígenas o la «sociedad civil», y ya voceros de Fedecámaras han afirmado que los empresarios quieren sumarse al proceso. En todo caso, en el chavismo se ha insistido que la condición de asambleísta es incompatible con el ejercicio de algún cargo público. Por otro lado, hay que decidir si las postulaciones deben ser nominales, por planchas, u otros. Miembros del Polo Patriótico han afirmado que debería haber una lista alfabética de los postulados, sin identificación de la agrupación postulante. Aún cuando no queda muy claro qué fuerza resultaría (des)favorecida con ese sistema (los resultados de las elecciones de noviembre y diciembre son contradictorios para predecir el arrastre de las agrupaciones políticas), se le estaría negando al elector la posibilidad de asegurarse que determinadas corrientes estén reflejadas en el proceso. Es posible que el sistema final involucre algún tipo de compromiso que permita la postulación de agrupaciones no partidistas y la representación proporcional de las minorías, pero la mecánica del mismo promete ser intrincada.

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