I

Si como siempre se sospechó, al actual alcalde Peña deben las instituciones culturales más importantes del país adscritas por entonces al Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, el zarpazo artero que las condujo a la quiebra desde que él dirigiera dicho despacho, en verdad no se sabe ahora a quién o a quiénes atribuir —se dice que al gabinete económico— tal distinción.

Extraña situación, pues el presidente Chávez ha dicho y reiterado que la cultura es prioridad del Gobierno y de la revolución recién iniciada. Prioridad.

Porque sin desarrollo cultural no habrá revolución posible. Y no estamos asociando desarrollo cultural sólo con recursos financieros, pero sin éstos resultaría ilusoria toda acción contundente, masiva y sostenida para transformar la realidad. Los propósitos y las ilusiones, si son fértiles, se nutren con estímulos y recursos, y un buen libro, obra plástica, disco o película, así como el laboratorio para el científico, no se logran por gracia del espíritu santo.

Si por cultura entendemos toda hechura humana que trascienda, parecerá perogrullada afirmar que no puede existir desarrollo económico ni social sin desarrollo cultural. Como lo ha demostrado la historia, la cultura es eje primordial de todo progreso de humanidad.

En la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 debatimos con intensidad, tanto en el seno de la Subcomisión de Cultura que tuve a honra presidir como en los múltiples escenarios en donde el país cultural se pronunció, las inquietudes y propuestas que permitieran hacer de Venezuela un Estado de cultura. Lo cual significa contrarrestar, mediante acción rotunda y permanente, las degradaciones y servidumbres del atraso y el subdesarrollo, las pretensiones hegemónicas de los imperios y los estragos de sus mass media. Las transformaciones sociales, si no transforman las mentalidades, zozobran en despropósitos. Las verdaderas transformaciones ocurren en las conciencias y uno puede afirmar sin sonrojarse que donde existe cultura no hay miseria.

En la Constitución del 99 se establecieron, y me cupo el honor de redactarlos por delegación de mis compañeros, no sólo los principios rectores sino la preceptiva apropiada, de carácter vinculante, para conformar el diseño y aplicación de las políticas culturales de la nueva República y no de un gobierno en particular.

II

Por primera vez en la historia constitucional de nuestro país el acceso a la cultura se incluye desde el Preámbulo como un derecho fundamental que el Estado debe asegurar junto al de la vida, el trabajo, la educación, la justicia social o la igualdad ante la ley. En el artículo 99 se recalca además el carácter de la cultura como bien irrenunciable del pueblo venezolano y la obligación inexcusable del Estado para garantizar y fomentar «procurando las condiciones, instrumentos legales, medios y presupuestos necesarios».

Estos solos enunciados bastarían para conformar los deberes del poder público si no fuera porque el resto del articulado precisa, casi minuciosamente, los alcances y la importancia que los constituyentes, como representantes del pueblo, otorgamos al desarrollo cultural y a su gran herramienta, la educación.

Pero ella entrañaba y entraña, más que declaraciones, acciones.

Por ejemplo, para hacer válida la norma constitucional que establece el principio de autonomía de la administración cultural pública, disponer la creación de un ministerio de cultura, de Estado o no, pequeño y desburocratizado al máximo, con entes autónomos —autónomos para organizarse, administrarse y elaborar y ejecutar sus programas dentro de los límites que la propia Constitución establece— dotados por ley de recursos y presupuestos que garanticen, en todo el país y a escala municipal y estadal, la acción cultural democratizadora y la gestión meritocrática.

Cada municipio y cada estado, es decir, cada alcalde, cada gobernador y cada consejo legislativo deben por su parte, según la normativa constitucional, dedicar a la acción cultural y a los organismos culturales de su jurisdicción no solo los recursos financieros, sino la infraestructura adecuada. Nos consta que algunos gobernadores, consejos y alcaldes han comenzado a hacerlo, más por convicción que por obligación, pero son pocos.

En lo sustancial persiste la vieja consigna transformada en estigma, según la cual la cultura no da votos. Como si se tratara, en esta vez, de unos votos y no de la esencia misma del futuro.