Caracas, Jueves, 24 de abril de 2014

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Recurso de nulidad y amparo constitucional

Henrique Capriles Radonski

La Asamblea Nacional Constituyente en La BitBlioteca
La Corte Suprema de Justicia en La BitBlioteca
Constitución de 1961

Ciudadanos Presidente y demás Magistrados de la Corte Suprema de Justicia
Su despacho.

Henrique Capriles Radonski, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº 9.971.631, e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 60.450, asistido en este acto por el abogado Leonardo Palacios, también venezolano, mayor de edad, domiciliado en Caracas y titular de la cédula de número 5.530.995, e inscrito en el Inpreabogado bajo el número 22.646; ante ustedes respetuosamente ocurro actuando en mi carácter de Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la República y en mi condición de venezolano elector, a los fines de interponer el presente recurso de nulidad y solicitud de amparo constitucional, contra el acto emanado de la Asamblea Nacional Constituyente el 25 de agosto de 1999, mediante el cual se decretó la regulación de las funciones del Poder Legislativo Nacional, por ser violatorio de sus bases comiciales octava y novena contenidas en el referéndum consultivo de fecha 25 de abril de 1.999, que fijó los límites y atribuciones de la Asamblea Nacional Constituyente, así como también por violar y dejar sin efecto la mayoría de las atribuciones y competencias legislativas que asigna la Constitución de la República al Congreso Nacional. Acompaño al presente escrito marcado «A», copia del decreto impugnado; también marcada «B», copia de la Resolución del Congreso en la cual se me designa como Presidente de la Cámara de Diputados; y marcada «C» comunicación de fecha 25 de agosto del año en curso, signada ANC 34, suscrita por el Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente ciudadano Luis Miquilena, mediante la cual en mi carácter de Presidente de la Cámara de Diputados, la Presidencia de ese Organismo me remite el decreto objeto de esta impugnación y solicitud de amparo constitucional, acciones legales éstas que paso a fundamentar en las siguientes razones:

I. Legitimación para recurrir

El acto objeto del presente recurso es un acto de efectos generales susceptible de ser impugnado por toda persona que se sienta afectado por el mismo, en ejercicio de la acción popular de impugnación de los actos generales de Poder Público, estando legitimados para ello todos los venezolanos electores.

En mi caso particular, mi legitimación es evidente, no sólo en mi condición de ciudadano venezolano, sino además en virtud de ser Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la República, en pleno ejercicio de las facultades que la Constitución vigente de 1961 me otorga y, en tal sentido, soy afectado directo por el acto impugnado.

En cualquier caso, ostento la legitimación para impugnar el presente acto, en mi condición de venezolano elector en pleno ejercicio de mis derechos civiles y políticos, afectados por el acto aquí impugnado, ya que el mismo vulnera de manera directa la voluntad expresada por el cuerpo electoral, del cual formo parte, en el referéndum decisorio de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, en los términos de las bases comiciales sometidas y aprobadas mediante consulta popular por el cuerpo electoral en fecha 25 de abril de 1999.

II El decreto impugnado

En sesión de fecha 25 de agosto de 1999, la Asamblea Nacional Constituyente decretó la regulación de las funciones del Poder Legislativo Nacional.

En tal sentido, el Artículo 1 de dicho Decreto limitó las funciones del Congreso de la República únicamente a las siguientes materias: 1) la formulación de la legislación sobre el régimen financiero y presupuestario imponiendo para su validez la posterior ratificación de la Asamblea Constituyente ; 2) la formulación de la legislación relativa la régimen tributario, sujetándola también a la ratificación de la Asamblea ; 3) la habilitación al Ejecutivo Nacional para dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera, 4) legislación aprobatoria de tratados y convenios internacionales debiendo también ser ratificados por la Asamblea ; 5) legislación sobre telecomunicaciones con igual obligación ratificatoria; 6) legislación referida al problema informático del año dos mil, ratificada posteriormente por la Asamblea ; 7) Autorizar al Presidente de la República para salir del país; 8) el ejercicio del control de la Administración Pública Nacional; 9) la autorización del nombramiento del Procurador General de la República; 10) Autorización a los funcionarios públicos para aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros; 11) Acuerdos para recibir honores en el Panteón Nacional; 12) el allanamiento de la inmunidad de senadores y diputados; y 13) las investigaciones que den cumplimiento al decreto.

El artículo 2 del decreto que se impugna establece que el Congreso de la República ejercerá las anteriores funciones sólo por órgano de la Comisión Delegada, las omisiones de Finanzas, Contraloría y las Comisiones Especiales para el estudio del Informe Anual del Contralor General de la República y la Reestructuración Administrativa del Congreso y, de inmediato decreta la suspensión de cualquier otra actividad de las Cámaras, de las otras comisiones e incluso prohibe la celebración de sesiones ordinarias o extraordinarias.

El artículo 3 establece un nuevo procedimiento para la formación de las leyes, distinto al previsto en el orden constitucional vigente. En tal sentido establece que los proyectos de ley serán presentados a la Comisión Delegada del Congreso de la República en la cual se realizarán dos discusiones en días diferentes.

El decreto impugnado en definitiva desactivó los mecanismos constitucionales vigentes para el proceso de formación de leyes, suprimió las potestades constitucionales del Congreso de la República, y pretende que la Asamblea asuma funciones privativas y exclusivas del Poder Legislativo Nacional ejercidas por el Congreso de la República como poder constituido.

Le eliminó la facultad que tiene el Congreso para realizar el control político sobre el Ejecutivo Nacional y sobre los Gobernadores de Estado; la autorización del enjuiciamiento del Presidente de la República; el voto de censura a los ministros; la destitución de los gobernadores de Estado; el control sobre la declaratoria de estado de emergencia, así como sobre la restricción y suspensión de las garantías constitucionales que decreta el Ejecutivo Nacional; la designación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Fiscal General de la República, Contralor General de la República, Consejeros del Consejo de la Judicatura y miembros del Consejo Nacional Electoral; la aprobación de amnistía por ley especial; la autorización del empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país, a solicitud del Ejecutivo Nacional y; las demás unciones del Poder Legislativo constituido que en virtud del decreto impugnado dejarían de ser atribuciones específicas del Congreso de la República, al limitarlo a sólo las facultades señaladas en el artículo 1, muchas de ellas facultades irreales pues deben ser posteriormente ratificadas por la Asamblea Nacional Constituyente.

Es evidente, que al asumir la Asamblea Nacional Constituyente las funciones del Poder Legislativo se está acordando la cesación del Congreso de la República como órgano del poder constituido suspendiendo las actividades el Senado y de la Cámara de Diputados así como las actividades inherentes a las Comisiones Permanentes y Especiales del Congreso de la República de Venezuela.

El Artículo 4 del Decreto en cuestión establece que la samblea Nacional Constituyente elegirá una Comisión Legislativa integrada por siete miembros designados de la siguiente manera: «cuatro constituyentes y tres miembros más electos fuera de su seno». Así mismo decide que la Presidencia de la Comisión Legislativa la ejercerá el constituyente que decida la Asamblea Nacional Constituyente».

Por su parte, el Artículo 5 del Decreto aquí impugnado establece las competencias de la Comisión Legislativa de la Asamblea Nacional Constituyente, a la cual le corresponderá: estudiar y elaborar los proyectos de reglamentos, acuerdos y resoluciones para la consideración de la Asamblea Nacional Constituyente, de conformidad con el presente Decreto; elaborar el plan de actividades legislativas y el correspondiente presupuesto especial para la consideración de la Asamblea Nacional Constituyente; ejercer la vigilancia sobre la ejecución de los reglamentos, acuerdos y resoluciones de la Asamblea Nacional Constituyente y; ejecutar las demás actividades que le ordene la Asamblea Nacional Constituyente.

El acto emanado de la Asamblea Nacional Constituyente aquí impugnado, modifica la organización y funcionamiento así como la estructura del Poder Legislativo y reduce el Congreso a las Comisiones Bicamerales de Finanzas y Contraloría, ordenando la suspensión de las actividades de las Cámaras y de las otras comisiones del Congreso de la República (Artículo 2).

Así, el Congreso de la República actuaría sólo a través de estos órganos y, conforme al Artículo 1 antes mencionado, con las competencias limitadas que allí se exponen y que antes se mencionaron.

III Solicitud de amparo constitucional

En forma previa solicito a ese Supremo Tribunal de la República se sirva tramitar la siguiente solicitud de amparo constitucional, contra el mismo decreto de la Asamblea Nacional Constituyente objeto de esta impugnación, por cuanto el mismo viola flagrantemente derechos y garantías constitucionales que me corresponden en mi condición de Presidente de la Cámara de Diputados, legítimamente electo y designado.

A tal efecto, fundamento esta solicitud en los artículos 49 de la Constitución vigente, así como en los artículos 1°, 3° y 7° de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. En cuanto a la competencia de esa Sala para conocer y resolver esta solicitud previa de amparo constitucional, invoco expresamente el artículo 42 ordinal 1° de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia que la faculta para anular las leyes y demás actos de los Cuerpos Legislativos Nacionales, por lo que, presentando tal carácter la Asamblea Nacional Constituyente, sus actos deben ser revisados por esa Suprema autoridad judicial, tal y como lo señala el artículo 43 eiusdem.

Señalo expresamente como derechos y garantías que el acto impugnado me conculca, el derecho a ejercer mi unción de Diputado al Congreso de la República y Presidente de la Cámara de Diputados, en los términos y condiciones establecidos en los Títulos IV y V de la Constitución de la República, esto es ejercer todas las unciones legislativas correspondientes y las atribuciones que además me corresponden en mi pública y notoria condición de Presidente de la Cámara de Diputados, cargo que tampoco podré ejercer debido al acto impugnado, por cuanto el Congreso de la República quedaría reducido a actividades puntuales muchas de ellas sometidas a la ratificación de la Asamblea Nacional Constituyente y exclusivamente ejecutadas por la Comisión Delegada del Congreso, mas no por la Cámara de Diputados.

Muy especialmente señaló en este mismo sentido que el mandato que me fuera conferido en las elecciones libres, válidas y legítimas, celebradas el pasado mes de noviembre de 1998, en las cuales resulté electo como Diputado al Congreso Nacional, tiene una duración de cinco años tal y como lo consagra y asegura el artículo 135 de la Constitución de la República, mandato y función pública ésta que no podré ejercer en los términos previstos en la misma Carta Magna debido a los efectos del acto impugnado emanado de la Asamblea Nacional Constituyente, plenamente identificado en el capítulo precedente.

Debido a lo anterior y con fundamento en las normas antes invocadas, pido a ese Supremo Tribunal se sirva establecer la situación jurídico-constitucional infringida por el Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente que limita las funciones del Poder Legislativo, el cual imposibilita el ejercicio de las funciones atinentes a mi diputación y al Cargo de Presidente de la Cámara de Diputados que legítimamente me corresponde . Así pido expresamente sea declarado en el mandamiento de Amparo Constitucional que ordene a la Asamblea Nacional Constituyente abstenerse de perturbar las funciones que corresponden al Congreso de la República, según nuestra única Constitución vigente.

IV Solicitud de nulidad del acto impugnado

Como veremos seguidamente, el acto impugnado al limitar y asumir funciones propias del Congreso de la República, no solamente ha violado las bases comiciales del referéndum consultivo que determina sus competencias y le dio vida, sino que también, en forma flagrante y contradiciendo las decisiones previas de esa Suprema Corte, vulnera los artículos de la única Constitución vigente en la República que consagra la separación de los poderes públicos y sus respectivas competencias, como eje central de un Estado de Derecho democrático. Seguidamente doy fundamento a esta afirmación.

1.- Las Bases Comiciales para el Referéndum Consultivo obre la Convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, aprobadas por el electorado mediante referéndum del 25 de abril de 1999, disponen lo siguiente:

«Octavo: una vez instalada la Asamblea Nacional Constituyente, esta deberá dictar sus propios estatutos de funcionamiento, teniendo como límites los valores y principios de nuestra historia republicana, así como el cumplimiento de los tratados internacionales, acuerdos y compromisos válidamente suscritos por la República, el carácter progresivo de los derechos fundamentales del hombre y las garantías democráticas dentro del más absoluto respeto de los compromisos asumidos».

De ello se desprende, siguiendo la lectura y análisis de la decisión de esta Corte Suprema de Justicia en Sala Político Administrativa Accidental, contenida en la sentencia dictada en fecha 13 de abril de 1999 y la pregunta primera del Referendo Consultivo, que la Asamblea Nacional Constituyente tiene por objeto transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento de una democracia social y participativa, todo ello a través de una nueva Constitución de la República de Venezuela.

Asimismo, se establece que los límites de la actuación de dicha Asamblea Nacional Constituyente son el respeto a los tratados internacionales, acuerdos y compromisos válidamente suscritos por la República, así como el carácter progresivo de los derechos fundamentales del hombre y las garantías democráticas dentro del más absoluto respeto de los compromisos asumidos.

Como vemos, y siendo consecuentes con los criterios emitidos por esa Corte Suprema de Justicia en la sentencia antes citada, la Asamblea Nacional Constituyente tiene como función primordial la sanción de un nuevo orden constitucional, dentro de los límites antes establecidos. Tanto es así, que la base comicial novena, igualmente aprobada en el referéndum del 25 de abril de 1999, establece que la Constitución sancionada or la Asamblea Nacional Constituyente, transformando las instituciones constitucionales, sólo podrá entrar en vigencia si es aprobada por el electorado mediante un referéndum, con lo cual, mientras esta aprobación no tenga lugar y durante el funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, no se puede ejecutar ninguna transformación del Estado ni crear ni poner en vigencia orden jurídico alguno.

Partiendo del análisis de las bases en cuestión, la Asamblea Nacional Constituyente es un órgano con potestad de transformar las instituciones político-constitucionales y el orden constitucional existente, dentro de los límites antes establecidos de respeto al sistema de las libertades públicas, y siempre que dicho nuevo orden sea aprobado por los electores mediante referéndum. En ningún caso, tal y como lo dispuesto esa misma Corte Suprema de Justicia, podría la Asamblea Nacional Constituyente ejecutar actos que vulneren total o parcialmente el ordenamiento constitucional vigente y las competencias de los Poderes Públicos en ella previstas.

Cualquier transgresión de estos límites, es violatorio a la soberanía popular expresada en la aprobación de las bases comiciales analizadas, mediante el referéndum de fecha 25 de abril de 1999.

De acuerdo al mandato popular, el objetivo y tarea fundamental de la Asamblea Nacional Constituyente es crear un nuevo texto constitucional, el cual entrará en vigencia única y exclusivamente sí el electorado, mediante referéndum, convocado a tales efectos, así lo considera.

La Asamblea Nacional Constituyente, por naturaleza, debe y tiene que respetar el orden constitucional vigente, así como los límites que le impuso el poder soberano mediante referéndum, límites contenidos en la pregunta Nº 1 del Referéndum y las bases comiciales aprobadas el 25 de abril de 1999. La Asamblea Nacional Constituyente debe asumir cambios de transformación profundos de nuestras instituciones jurídico-constitucionales, pero ello solamente puede hacerlo respetando siempre el orden jurídico-constitucional vigente y la seguridad jurídica, así como el Estado de Derecho y el régimen aplicable al sistema de libertades públicas, lo cual conlleva a que la Asamblea Nacional Constituyente no es, ni puede pretender serlo, órgano de ejecución ni de gobierno y, por lo tanto, no puede asumir ni sustituirse en los órganos del Poder Público, ni en el ejercicio específico de las atribuciones que le han sido conferidos a los mismos.

La Asamblea Nacional Constituyente, en virtud de su naturaleza y con base en lo antes expuesto, no puede asumir ni limitar la función legislativa ejercida por el Congreso de la República, no puede ordenar a su solo criterio, sin que se apruebe una nueva Constitución mediante referéndum, reorganizar y reestructurar el Poder Legislativo, y menos aún modificar el proceso de formación de las leyes.

2.- El decreto aquí impugnado está viciado de nulidad y sí debe declararlo esta Corte Suprema de Justicia, porque el órgano del cual emana, esto es la Asamblea Nacional Constituyente, se extralimitó en las funciones que le han sido conferidas de acuerdo a las bases comiciales mediante referéndum por el electorado en fecha 25 de abril de 1999 y, en específico, la pregunta Nº 1 del referéndum en cuestión y las bases comiciales octava y novena del mismo. Insistimos una vez más en que esas funciones han sido también analizadas y determinadas por ese Supremo Tribunal el cual ha ratificado que la Asamblea Nacional Constituyente debe en todo caso respetar el orden constitucional vigente hasta tanto no se sancione uno que lo sustituya previa aprobación popular.

Igualmente, el decreto objeto de esta impugnación constituye una usurpación de las funciones que la Constitución de la República confiere exclusivamente al Poder Legislativo Nacional, al limitar las competencias de éste último y asumir directamente la Asamblea Nacional Constituyente competencias propias y exclusivas del Congreso Nacional.

En efecto, la Asamblea Nacional Constituyente, al decidir mediante el decreto aquí impugnado la cesación del Congreso de la República, suspendiendo las actividades del Senado y de la Cámara de Diputados, así como de las comisiones permanentes del mismo, pretende reorganizar la estructura y funcionamiento de un órgano del Poder Público como es el Poder Legislativo Nacional. Así, mediante el acto aquí impugnado, la Asamblea Nacional Constituyente pretende ordenar la cesación del Congreso y la suspensión de sus leyes; se pretende así de revocar el mandato legislativo , modificando la organización y estructura de dicho Poder Legislativo y ordenando que solamente actúen la Comisión Delegada y las Comisiones Bicamerales de Finanzas y Contraloría del Congreso de la República.

El Decreto de regulación de las funciones del Poder Legislativo Nacional, aquí impugnado, reduce al Congreso a una Comisión Delegada y a las comisiones bicamerales de Finanzas y Contraloría, eliminando el bicameralismo y la estructura organizativa de un órgano del Poder Público Nacional. Además, a dicha Comisión Delegada y las Comisiones Bicamerales de Contraloría y Finanzas les asigna unas limitadas funciones previamente establecidas que se reducen solamente a las materias presupuestaria, tributaria, leyes habilitantes y aprobación de tratados y convenios internacionales, y lo que es aún más grave, deben obligatoriamente ser ratificadas por la Asamblea Nacional Constituyente.

Es de hacer notar, que con el objeto de reorganizar y reestructurar las funciones de un órgano del Poder Público Nacional, como es el Poder Legislativo, la Asamblea Nacional Constituyente asume directamente las funciones atribuidas constitucionalmente al Poder Legislativo ejercidas por el Congreso de la República como poder constituido.

Así mismo, el Decreto de regulación de las funciones del Poder Legislativo Nacional, modifica todo el proceso de formación de las leyes y asume la legislación en materia de competencias nacionales atribuida por la Constitución Nacional vigente al Poder Legislativo Nacional. Se establece un nuevo procedimiento de formación de la ley en flagrante violación de los artículos 162 y subsiguientes de la Constitución de la República de Venezuela, los cuales se ven absolutamente modificados. Pero además, en el artículo 5 del decreto analizado, atribuye a la Comisión Legislativa de la Asamblea Nacional Constituyente la elaboración de los proyectos de reglamento que son competencia, ahora, de la Asamblea Nacional Constituyente para ser sometidos a la consideración de la Asamblea Nacional Constituyente quien, no se sabe bajo qué procedimientos, los debe aprobar.

Todo ello, sin lugar a dudas, constituye una subversión del orden jurídico vigente y la implementación de un nuevo orden sin ser aprobado mediante referéndum por los electores.

El control político sobre el Ejecutivo Nacional y sobre los Gobernadores de estado es asumido ahora por la Asamblea Nacional Constituyente al habérsele excluido de las competencias del Congreso. El voto de censura, la autorización de enjuiciamiento al Presidente de la República, el control de los decretos de emergencia y de suspensión y restricción de garantías son ahora asumidos directamente por la Asamblea Nacional Constituyente, en flagrante violación al mandato que los electores le otorgamos a dicha Asamblea el 25 de abril de 1999, mediante el referéndum aprobatorio de las bases comiciales que regulan la actividad de la Asamblea Nacional Constituyente, sin que medie la aprobación del nuevo orden constitucional por parte de los electores mediante referéndum.

En este orden de ideas, además la Asamblea Nacional Constituyente excluye las competencias del Congreso referidas a la designación de Magistrados a la Corte Suprema de Justicia, del Fiscal General de la República, del Contralor General de la República, de los Consejeros del Consejo de la Judicatura y del Consejo Nacional Electoral, y al suprimirle esas competencias a la Asamblea, las asume la Asamblea.

Todo ello, evidentemente, constituye una ejecución indebida de la reorganización del Poder Legislativo decidida por la Asamblea Nacional Constituyente y la usurpación de funciones del Congreso nacional, sin que medie referéndum aprobatorio de un nuevo orden constitucional por parte de los electores, en flagrante violación de las bases comiciales aprobadas por nosotros.

Lo anteriormente expuesto muestra claramente, que al dictar el decreto aquí impugnado, la Asamblea Nacional Constituyente se extralimitó en las funciones que le han sido atribuidas, convirtiéndose a sí misma en un organismo ejecutor que pretende asumir las funciones y actividades inherentes a los otros órganos del Poder Público, concretamente del Poder Legislativo, usurpando competencias propias y privativas del legislativo. Esta Corte Suprema de Justicia debe censurar esa extralimitación y usurpación de funciones de la Asamblea Nacional Constituyente, la cual ha decretado ilegítimamente y le ha dado vigencia, desde ya, y sin que medie la aprobación en referéndum de una nueva Carta Magna, la suspensión de artículos constitucionales vigentes, relativos a la forma de organización y funcionamiento del Poder Legislativo Nacional y en general del Poder Público.

En consecuencia, además de las bases del referéndum decisorio antes mencionadas, concretamente denuncio la violación por parte del acto impugnado de los artículos siguientes de nuestra única Constitución vigente:

A. Artículos 138, 139, 150, 151 y 153 de la Constitución de la República que establecen la existencia del Senado y de la Cámara de Diputados, así como sus respectivas competencias como rama legislativa del Poder Público.

B. Artículos 154 al 161 eiusdem que consagran las disposiciones comunes al funcionamiento de ambas Cámaras del Poder Legislativo, y dentro de ellos, con especial énfasis la violación del artículo 159 de nuestra Carta Magna según el cual los actos de estos cuerpos legislativos no están sujetos al control, veto o examen de otros poderes.

C. También denuncio la violación de los artículo 162 al 177 de la única Constitución vigente, que conforman el Capítulo V, de su Título V, el cual contiene el único procedimiento legal previsto en ella para la formación de las leyes en nuestro Estado de Derecho.

D. Finalmente denuncio la violación por parte del acto impugnado, de los artículos 117, 118, 119 y 135 eiusdem, los cuales conforman parte del Título IV, Capítulo I, relativo a la Conformación del Poder Público y sus funciones. De estas normas se desprende la nulidad de los actos dictados por autoridades usurpadas; los principios básicos de separación funcional y colaboración de los tres Poderes Públicos y sus atribuciones, así como la duración quinquenal del mandato constitucional conferido al actual Congreso de la República.

Insisto en que la Asamblea Nacional Constituyente no puede alterar y vulnerar el orden constitucional actual como pretende hacerlo mediante el acto impugnado. La entrada en vigencia de una nueva Constitución que elabore la Asamblea Nacional Constituyente requiere que el pueblo, mediante referéndum, la apruebe conforme a las bases votadas en el Referéndum del 25 de abril de 1999; hasta tanto ello no ocurra, limitar y usurpar funciones propias del Poder Legislativo Nacional, como lo pretende el acto impugnado, representa una violación directa del estado de Derecho previsto en la Constitución vigente, al hacer nulo el contenido de las normas que organizan los poderes públicos del estado, citadas en los literales anteriores, cuya vulneración insisto en denunciar y así solicito expresamente sea declarado por esta Corte.

3.- Conforme a la base comicial octava antes citada, los límites de la función de la Asamblea Nacional Constituyente están determinados por los valores y principios de nuestra historia republicana, así como por el cumplimiento de los tratados internacionales, acuerdos y compromisos válidamente suscritos por la República, el carácter progresivo de los derechos fundamentales del hombre y las garantías democráticas dentro del más absoluto respeto de los compromisos asumidos.

No obstante lo anteriormente expuesto, el contenido del decreto conduce a todo lo contrario, es decir, a vulnerar de manera directa, inmediata y flagrante la seguridad jurídica, ejercicio de derechos fundamentales, razón por la cual esta Corte Suprema de Justicia, en defensa del sistema de libertades públicas debe declarar su nulidad.

En primer lugar, el decreto aquí impugnado viola un principio fundamental pilar del sistema democrático como es el de la separación orgánica de poderes ya que, mediante el decreto en cuestión, la Asamblea Nacional Constituyente concentra en su seno la función legislativa y la función controlara inherentes al Poder Legislativo Nacional y, además, tal como es del conocimiento de esta Corte, mediante el Decreto de reestructuración del Poder Judicial, asume el control absoluto sobre las funciones inherentes al Poder Judicial Venezolano.

En efecto, la Asamblea Nacional Constituyente, encargada de hacer una nueva Constitución de la República de Venezuela que debe ser sometida a la aprobación mediante referéndum una vez que haya sido sancionada por la propia Asamblea Nacional Constituyente, tiene como tarea fundamental hacer esa nueva Constitución y no convertirse, en este momento, en poder constituido que concentre las funciones inherentes a los órganos del Poder Judicial y del Poder Legislativo, todo ello sin lugar a dudas lesiona de manera flagrante y directa el principio básico de la separación de poderes que constituye una reivindicación del sistema democrático, de nuestra Historia Republicana, del estado de Derecho y es una garantía del sistema de protección del sistema de libertades públicas.

Así mismo, al producir la cesación del Congreso y la suspensión de las actividades del Senado y de la Cámara de Diputados así como del mandato legislativo, se viola de manera flagrante, directa e inmediata el principio democrático de representación concretado en las recientes elecciones de diputados y senadores producidas en noviembre de 1998.

Al modificar el proceso de formación de la ley determinando un nuevo órgano para ejercer dicha función y un procedimiento, expedito para el caso en que sea la Comisión Delegada, e inexistente en caso de que sea la Asamblea Nacional Constituyente, constituye una violación de la garantía de la reserva legal como derecho fundamental, consagrada no solamente en el artículo 162 de nuestra Constitución, sino en diferentes acuerdos y tratados internacionales suscritos por Venezuela que además constituye un derecho humano reconocido en el sistema de libertades públicas.

Así mismo, viola el principio básico de la legalidad tributaria, derecho éste reconocido ampliamente en acuerdos y tratados internacionales suscritos por Venezuela y que constituye un derecho inherente a la persona humana. Además, al modificar el proceso de formación de la ley y hasta cierto punto dejarlo incierto, plantea problemas de orden práctico, ya que la comunidad internacional no reconocerá dicho mecanismo omo aprobatorio de tratados y acuerdos internacionales y con ello importantes inconvenientes para recibir el derecho supranacional en el derecho interno venezolano.

Tal como es del conocimiento de esa Corte, Venezuela suscribió el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Sociales de Naciones Unidas y la Comisión Americana de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos , instrumentos plenamente vigentes en el derecho interno mediante leyes publicadas en las Gacetas Oficiales No. 2146 extraordinaria del 28 de Enero de 1978 y Nº 31256 del 14 de Junio de 1977, respectivamente. Conforme a dichos acuerdos internacionales, el Estado venezolano está comprometido ante la comunidad internacional a respetar los derechos, libertades y garantías reconocidos en los mismos y, entre ellos, el principio cardinal a la separación orgánica de poderes, el respeto al principio democrático representativo, el principio a la reserva legal y a la legalidad tributaria.

Además, es evidente, el derecho a la reserva legal, el derecho a la legalidad tributaria, el derecho al principio de la separación orgánica de poderes y el principio democrático representativo, constituyen valores de nuestra historia democrática que son límites impuestos por el soberano a la Asamblea Nacional Constituyente mediante referéndum del 25 de abril de 1999.

Sin lugar a dudas, la violación de dichos derechos y principios puede dar origen a que los mecanismos de control internacional previstos en tratados y acuerdos internacionales se activen a través de los órganos supranacionales del sistema interamericano encargado de la defensa del sistema de libertades públicas.

Por todo lo expuesto y en base a las anteriores consideraciones, el decreto dictado por la Asamblea Nacional Constituyente el 25 de agosto de 1999, vulnera de manera flagrante, directa e inmediata la base comicial octava aprobada mediante referéndum de fecha 25 de abril de 1999, por lo cual debe ser declarado nulo y así lo solicito una vez más a ese Supremo Tribunal. La alegada violación a esta base comicial octava deriva del hecho de que el decreto aquí impugnado no respeta los valores y principios de nuestra historia republicana, ni los tratados internacionales, acuerdos y compromisos válidamente suscritos por la República, desconociendo el carácter progresivo de los derechos fundamentales del hombre y las garantías democráticas a las que la Asamblea Nacional Constituyente debe el más absoluto respeto. Así solicito expresamente sea declarado.

V. Petitorio

En virtud de todo lo antes expuesto, solicito respetuosamente de esta Corte Suprema de Justicia declare la nulidad del acto emanado de la Asamblea Nacional Constituyente el 25 de agosto de 1999, mediante el cual se decretó la regulación de las funciones del Poder Legislativo Nacional, por ser este violatorio de la pregunta Nº 1 aprobada mediante referéndum de fecha 25 de abril de 1999 y de las bases comiciales octava y novena para el referéndum consultivo sobre la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, aprobadas mediante ese mismo referéndum.

Solicito que el presente escrito sea admitido, substanciado y decidido conforme a derecho.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 193 y 201 del Código de Procedimiento Civil y 135 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, conforme al cual son de «urgente decisión los conflictos que se susciten entre funcionarios órganos del Poder Público», supuesto que se corresponde con lo aquí planteado, en virtud de la situación actual del país y de la amenaza grave e inmediata de ruptura del orden institucional, siendo imperativa y perentoria la intervención de este máximo Tribunal, a los fines de garantizar la continuidad del estado de derecho y de las instituciones democráticas, así como la plena vigencia de los derechos fundamentales en Venezuela, solicito que este asunto sea tramitado de manera urgente.

Igualmente y con fundamento a ese mismo artículo 135 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, solicito la tramitación del presente Recurso como un asunto de mero derecho, toda vez que los planteamientos aquí expuestos y que sirven de fundamento a la impugnación ejercida se circunscriben a aspectos de interpretación jurídica, para lo cual pedimos se acuerde la reducción de lapsos dictando sentencia sin más trámites, todo ello en virtud de la alegada urgencia que el caso amerita en virtud de lo expuesto en el párrafo anterior.

Establezco como domicilio procesal el siguiente: Palacio Federal Legislativo, Presidencia de la Cámara de Diputados, Caracas.

Es justicia que esperamos en Caracas a los treinta (30) días del mes de agosto de 1999.

Razones y Argumentos de Henrique Capriles Radonski con respecto al Recurso de Nulidad y Amparo Constitucional:

1. Henrique Capriles Radonski siempre ha sido respetuoso de la institucionalidad y del Estado de Derecho, por ello la única vía idónea con que cuenta para reclamar lo que está ocurriendo, es pedir a la Corte Suprema de Justicia en sala plena, como organismo competente, que anule el decreto de limitación de funciones legislativas dictado por la Asamblea Nacional Constituyente, siendo consecuente con sus propias sentencias previas, según las cuales no puede subvertirse durante el proceso constituyente la vigencia de la constitución actual hasta que ella no se sustituida por otra que apruebe el soberano. 2. Henrique Capriles Radonski, fue electo mediante un proceso electoral legal y también legítimo, para ejercer una alta función pública. El decreto de la Asamblea Nacional Constituyente que limita las funciones del legislativo, hace imposible el ejercicio de su cargo como Diputado y Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso, en los términos y condiciones previstos en la única constitución vigente en Venezuela; es decir, por cinco años y con todas las facultades y competencias que le asigna dicha Constitución. 3. El decreto de la Asamblea Nacional Constituyente vulnera el Estado de Derecho vigente, al subvertir el orden constitucional y la composición de los poderes públicos previstos en el Título IV de la única Constitución vigente en Venezuela. En consecuencia vulnera el principio de la separación de los poderes públicos y la atribución de sus competencias, pilar y bastión fundamental de un Estado Democrático de Derecho. 4. Por todo lo anterior, Henrique Capriles Radonski ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia le ampare en su derecho constitucional a ejercer sin limitaciones, todas las funciones propias de su cargo como Diputado y Presidente de la Cámara de Diputados, cargos que ostenta legítima y legalmente por mandato popular consumado en noviembre de 1998. Por las mismas razones pide la nulidad del decreto que limita las funciones del Poder Legislativo, en aras de la convivencia pacífica de los tres poderes públicos como garantía del Estado de Derecho. 5. Henrique Capriles Radonski ratifica estar de acuerdo con los cambios profundos que deben necesariamente ejecutarse en el país comenzando por la reorganización de los Poderes Públicos. Sin embargo, ello solo será posible si se hace sobre la base de las reglas claras previstas en una nueva Constitución aprobada con la participación democrática de una mayoría significativa del colectivo. Esa es la verdadera misión de la Asamblea Nacional Constituyente. 6. Henrique Capriles Radonski opina que con la introducción del Recurso de Nulidad y Amparo Constitucional, ahora se conocerá públicamente la vigencia institucional de la Corte Suprema de Justicia y la existencia de un Estado de Derecho, previsto en la Constitución de 1961. Se abre la puerta para que la Corte Suprema de Justicia, mediante una sentencia clara, como arbitro imparcial y competente para ello, defina la situación actual de los Poderes Públicos en Venezuela. Adicionalmente, con ello se abre una solución pacifica y civilizada al conflicto de poderes que mantiene en vilo al país en esta delicada hora de transición.


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