Caracas, Miércoles, 23 de abril de 2014

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Carta del presidente Hugo Chávez a la Corte Suprema de Justicia

Respuesta de la Corte Suprema de Justicia a «declaraciones atribuidas» al presidente Hugo Chávez

Señores Honorables.
Presidente y demás Miembros
de la Corte Suprema de Justicia
Su Despacho.

Montesquieu evidenció que las verdades no se hacen sentir sino cuando se observa la cadena de causas que las enlaza con otras y, en términos de introspección e inferencia de relaciones entre ideas y contenidos descubrió que las leyes son relaciones necesarias que se derivan de la naturaleza de las cosas.

Auscultando en lo profundo del alma nacional podríamos percibir, de observación en observación, una creciente y desbordante acumulación de necesidades vitales reprimidas a punto de explosión (Ley Psicológica de la Compensación). La evidente isostasia de las masas tiende a romper toda resistencia, todo desequilibrio: pega en el rostro el huracán de pasiones ocultas en los sufrimientos de quienes, traicionados y humillados, callaron sus padecimientos porque el pudor y la dignidad les impedía revelarlos. Estadísticas recientes hablan de millones de seres humanos despojados y excluidos de todo: a ese ochenta por ciento de venezolanos que vive en pobreza crítica prometí abrir caminos mediante una Asamblea Constituyente originaria que permitiera transformar el Estado y crear el ordenamiento jurídico necesario a la democracia social y participativa. Eso conlleva —mutatis mutandis— rescatar el estado de derecho de manos de la criminal partidocracia para estructurarlo en la Nación como ordenador esencial de las instituciones.

La radiografía psico-social del Estado revela una persistente y secular internación de agravios, desesperanzas, carencias y sufrimientos que retratan la injusticia a que ha sido sometido, y descubren en el inconsciente nacional una potencialidad expectante, ávida de equilibrios. Es evidente que ese olvidado pueblo me catapultó a la Presidencia con la poderosa humildad de su sufragio para evitar desencadenamientos destructivos.

En respuesta a la esperada promesa electoral, la nación asumió el 6 de diciembre de 1998 su decisión política constituyente extrapolando su voluntad política creadora, fuente única y originaria de la Constitución Bolivariana que habrá de promulgarse en enero del Tercer Milenio: El pueblo soberano, titular del Poder Constituyente y único sujeto de su voluntad política, dio su veredicto. Yo no quiero que me llamen nunca usurpador: las silentes urnas del 6 de diciembre guardan el secreto de la potencial explosividad de la Nación; es incuestionable que el respeto a los resultados frenó en las muchedumbres nacionales esa creciente energía detonante que persiste en su inconsciente, latente........ y, si a la actual legislación se le impidiere hacer justicia se romperían las resistencias de las muchedumbres, cumpliéndose otras leyes: las precitadas leyes psicológicas de la compensación.

La promesa electoral que espera ver cumplida el soberano hace eco en todas partes: la nación votó por la estructura de poderes que pudiere resolver eficazmente sus problemas y en ese campo psico-físico nació la idea de la Asamblea Constituyente originaria que permitiera refundar la República y restituir el estado de derecho constitucional y democrático. Ese estado de derecho no es —como decía Gaitán— «el de la simple igualdad de los hombres ante la Ley, como si la Ley fuera una fórmula taumatúrgica que pudiera pasar por encima de los valores económicos, de las causas étnicas, de los hechos funcionales, de las causas de la evolución y de la cultura que hacen la desigualdad, que resulta un solo mito metafísico». No; no es esa la justicia; la justicia que se propone es la zamorana, la de hacer imposible la imperceptible violación de los derechos humanos, violación que ha sido perpetrada por los cada vez más ricos en perjuicio de los cada vez más pobres. La prepotencia económica impide que la justicia llegue a ellos, a los hombres y mujeres del común que han sido despojados de casi todas las posibilidades de iniciativa personal y de responsabilidad y los arrastra a vivir en condiciones de vida, trabajo, desempleo y pobreza atroz, indignas de la persona humana. Ya lo expresé con cristiano acento en el Acto de Instalación de la II Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas de Justicia, cuando ratifiqué el postulado que informa la promesa electoral que acogió la voluntad colectiva nacional en su decisión del 6 de diciembre de 1998. Entonces dije: «No es ágil la justicia, como acordaron los presidentes en la Cumbre de Margarita: no llega al pobre; sólo llega al que pueda pagarla; para la oligarquía sí es rápida. ¿Y es eso justicia? No; y en consecuencia, es obligante rehacer el estado de derecho para que la verdadera justicia cubra con su manto a todos los venezolanos, sin distinción de clases».

La evidencia cartesiana fuerza a transformar la República, inventando, creando o descubriendo caminos mediante una Constituyente originaria que encauce la necesaria revolución educativa; es imposible desarraigar los ancestrales males de Venezuela sin la eficiente cirugía de largo aliento que está pidiendo a gritos la primera de todas las fuerzas: la opinión pública. No hacerlo traduce colocarse a espaldas del derecho.

Celebro infinito que la Corte Suprema de Justicia se encuentre en el camino de la revolución, leyendo su legislación; celebro que haya vislumbrado su desencadenamiento a partir de la Constituyente originaría convocada por decreto del 2 de febrero de 1999 para transformar el Estado y crear el ordenamiento jurídico que requiere la democracia directa y que los valores que ésta insufle deben ser respetados; valoración que informa las pulsiones óntico-cósmica, cosmo-vital y racional-social inherentes al jusnaturalismo y su progresividad, pero también la interpretación de los deberes actuales y futuros en cuanto al mandato preludial de la actual Constitución, que exige mantener la Independencia y la integridad territorial de la nación y explica la existencia, razón de ser y encauza la misión de las Fuerzas Armadas Nacional en su artículo 132.

La Asamblea Nacional Constituyente debe ser originaria en cuanto personifica la voluntad general y colectiva de las muchedumbres nacionales como elemento esencial del Estado, superorganismo que, para sobrevivir en el escenario planetario debe estar en condiciones de hacerlo.

Ad libitum y a los fines geopolíticos inherentes a la sobrevivencia de un Estado cuya ubicación geográfica y especialísima potencialidad minero-petrolera le hacen fuerte o débil, podríamos vislumbrar a Venezuela, en el escenario de las grandes potencias según se consolide o no el Pensamiento Conductor del Estado y vistos como han sido, primero penetrados y luego mutilados, los países que han estado paralizados por debilidad de sus gobiernos, por facciones intestinas y bajo amenaza permanente de penetración y/o de guerra exterior.

Los Estados son especie de superorganismos dinámicos que abarcan conflictos, cambios, evoluciones, revoluciones, ataques y defensas: involucran dinámica de espacios terrestres y fuerzas políticas que luchan en ellos para sobrevivir. Si no observamos arte y ciencia en la conducción y actuación política del organismo estatal corremos el riesgo de propiciar su debilitamiento, fraccionamiento y consecuencial disolución, que equivale a su muerte. En menos de 170 años de la desaparición física de Bolívar, hemos visto reducir el suelo patrio en más de trescientos mil kilómetros cuadrados.

El Estado investido de soberanía, en el exterior solo tiene iguales, pero la justicia internacional no alcanza a quienes, por centrifugados, tendrían que ser mutilados (Ratzel; McKinder). Esas son las razones por las cuales el Jefe de Estado conduce, en soledad, la política exterior y, en soledad, es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales.

Inmerso en un peligroso escenario de Causas Generales que dominan el planeta (Montesquieu; Darwin), debo confirmar ante la Honorabilísima Corte Suprema de Justicia el Principio de la exclusividad presidencial en la conducción del Estado.


Respuesta de la Corte Suprema de Justicia a «declaraciones atribuidas» al presidente Hugo Chávez
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