Derecha contra derecha

El ritmo chavista no admite debate, sólo pantalla. Tenemos un montón de asambleístas redactando el documento más importante de nuestros tiempos y resulta que nadie tiene tiempo para discutirlo abiertamente. Sacan versiones diferentes a tal velocidad que casi no hay tregua ni para leerlo. Después de haber visto, por ejemplo, la versión difundida de la Comisión Constitucional, uno descubre que aquella de 416 artículos ahora tiene 395, después de haberse borrado los de supuesto contrabando de Brewer y depurado aún más el documento. No sorprendería que reaparezcan más adelante los artículos de la discordia, cuando nadie se dé cuenta. El producto, gracias a Dios, se parece poco a los informes de las comisiones, confirmando una vez más la ley de hierro del cogollo. Pero la redacción en petit comité tiene sus bemoles cuando no se oyen puntos de vista variados. Desaparecidos algunos de los peores excesos del populismo como la retroactividad de las prestaciones, quedan pleitos más sutiles que, irónicamente, enfrentan distintas alas de la derecha económica, sin interesarle mucho a la masa chavista. Mi temor es que las diferencias entre derecha y derecha sean tan fastidiosas y técnicas para los demás, que no se discutan, dejando la última palabra al que más maneja las técnicas de la comunicación, mas no necesariamente las técnicas de diseño de las políticas públicas.

Si mi sospecha se materializa, los asuntos económicos se dejarán en manos de un grupo sesgado de «expertos» en lugar de someterse a un debate inteligente en el cual se oigan voces diferentes. Estamos viviendo las consecuencias de una Asamblea sin representación balanceada. Para la plenaria, los temas puramente económicos carecen absolutamente de elementos atractivos que motiven la discusión pública. Son técnicos, pocos los entienden y palidecen ante la emoción de hablar de la información veraz, el número de fuerzas armadas o el lapso presidencial. Admitámoslo: que el presupuesto sea plurianual o no simplemente no es sexi.

En el proceso constituyente, hay gente que, por atrevida, logró colocarse como «asesor» y que cuida celosamente su nicho privilegiado. Pareciera que lo aburrido del tema económico ha dejado el título VI sobre el sistema socioeconómico (léase económico) en manos de un puñado de personas expertas en el trabajo de los pasillos. Entre ellos, sin embargo, no hay unidad de criterio y pareciera que el ataque sorpresivo y bajo contra Brewer obedece a riñas entre distintos grupos de derecha, digamos los abogados contra los economistas o, mejor dicho, ciertos abogados contra ciertos economistas. En primer lugar (porque el poder siempre ocupa el primer lugar), hay una lucha por el control, sin importar tanto la sustancia. Los atacantes son profesionales de la ofensiva y ésta no es su primera batalla contra el establishment. Su objetivo es desprestigiar antes que todo para lograr imponer su propia visión de la política económica.

En segundo lugar, hay una lucha entre distintos conceptos de constitución. Los abogados prefieren una constitución principista y no reglamentaria, para que dure y para que permita a cada generación política su propia definición del bien público. Los economistas que lograron influir sobre el texto económico, protegidos por el maestro de la polémica, buscan más que todo limitar la discreción de los gobiernos y del banco central. Por un lado, proclaman la autonomía del Banco Central, pero por el otro, lo someten a un complejo de límites que lo dejan tan amarrado como Gulliver y tan auditado como un mafioso en Chicago. El BCV «no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo» (artículo 378) pero la independencia dada por una mano se quita con la otra, como indica el hecho de que ese mismo BCV firmará anualmente un «acuerdo» con el Ministerio de Finanzas con respecto a las metas y las medidas de política económica (artículo 379) y en caso de incumplimiento de los objetivos, tanto el ministro como los directivos del BCV serán sujetos a sanciones (artículo 380) o remoción (artículo 381) según la ley. Puede ser que castigar a los responsables suene bien, pero lo más probable es que sea una fórmula para el conflicto y la inestabilidad o, como mínimo, para un acatamiento meramente formal. En todo caso, no es para la constitución y sería una lástima que, por circunstancias coyunturales, nos entregáramos a un grupito particular de ideólogos.

Una visión reglamentaria permea el título VI, como evidencia de que erramos cuando supusimos que el peligro de excesiva reglamentación venía sólo de la izquierda intervencionista. Lo que han hecho estos economistas como supuestos defensores de la ortodoxia económica es peor: incorporar al texto constitucional unas reglas que, sin duda, crearán nuevas distorsiones sin garantizar nada. El peligro es que nadie se moleste en cuestionar el texto, en la creencia que son asuntos técnicos o debido al temor de ser acusados de alguna desviación ideológica. ¿Qué hay en nuestra historia que sugiere que debemos dejar que los economistas decidan nuestro destino sin que tengamos derecho de pataleo? ¡Nada!