El sistema electoral constituyente

Los politólogos dicen que no hay un sistema electoral perfecto. En la discusión sobre la selección de los integrantes de una Asamblea Constituyente, han surgido algunas propuestas -se destacan la de Jorge Olavarría y la del Foro Constitucional-, pero ha habido poco debate sobre las ventajas y desventajas de cada una. El objetivo es adoptar un sistema electoral que satisfaga ciertos requisitos mínimos y que tenga legitimidad frente a la opinión pública. Dos grandes principios deberían guiar la determinación del sistema: que sea democrático y representativo, de tal forma que personas idóneas sean seleccionadas para la tarea.

Para ser democrático, obviamente, los ciudadanos tienen que participar en la elección. El problema es que no todos los sistemas electorales dan el mismo peso al voto individual. Por ejemplo, en las elecciones para el Senado, se adjudican dos curules a cada Estado, con el resultado matemático de que un senador del estado Zulia representa treinta veces más ciudadanos que un senador de Amazonas. Para una tarea como la elaboración de una Constitución, sin prejuzgar la forma que tomará el Estado, pareciera que el principio de dar un peso igual al voto de cada ciudadano es el más adecuado. Cualquier otra solución privilegia a grupos de ciudadanos sobre otros. Algunos sugieren requisitos de educación, pero no confían en la sabiduría del ciudadano.

La representatividad es un principio más difícil de analizar. Los hábitos corporativistas de la cultura venezolana conducen a muchas personas a pensar en cómo asegurar que estén en la Asamblea Constituyente personas que defiendan los intereses grupales de la colectividad. La lista es infinita: empresarios, trabajadores, curas, indígenas, los menores de edad y los todavía no nacidos, los académicos, los ambientalistas, las mujeres, los homosexuales, políticos, ancianos, agricultores, sociedad civil y profesionales -no hay límite a la imaginación. A pesar de las esperanzas de los líderes de organizaciones dedicadas a la defensa de estos grupos, no hay una lógica que permita pensar en cupos para los grupos porque no hay modo de dividir la sociedad de esta manera. Consideren, por ejemplo, la pertenencia múltiple de las personas a distintas categorías, la dificultad de asignar ponderaciones para determinar el número de delegados por grupo y la ausencia de un proceso para decidir cuáles grupos son realmente los más indicados. ¡Imagínense la pelea! Sociólogos contra economistas, Audubon contra Fudena, arroz contra sorgo, textileros contra perrocalienteros.

Habría que preguntarse por qué casi todos los sistemas electorales del mundo democrático recurren a dos formas clásicas: el voto uninominal y el voto por planchas de partidos y grupos, con asignación proporcional de los puestos. Las planchas, personalizadas o cerradas, tienen la ventaja de garantizar puestos salidores a grupos que no logran mayorías en ninguna circunscripción. Por otra parte, el voto uninominal tiene la ventaja de simplificar la tarea del votante y privilegiar intereses locales, aunque limita el votante a la escogencia de una sola persona. Pero un candidato será más elegible en la medida en que su mezcla de atributos sea atractiva: a lo mejor, se buscará en Amazonas una mujer, indígena, ambientalista y pepetista, según los gustos. Olavarría recomienda un sistema uninominal puro, sin identificación del partido o grupo que apoya el candidato. Por otra parte, los sistemas mixtos permiten aprovechar las ventajas de cada modalidad. El Foro Constitucional propone un sistema similar al de Olavarría, pero añade un 20 por ciento de integrantes elegidos por listas nacionales personalizadas. Se supone que estos últimos serían personas de mucha reputación, a quienes los partidos políticos y grupos de electores juzguen especialmente idóneos. ¡Discutámoslo!

¿Cómo se logra la legitimidad del proceso para el público general? La legitimidad pareciera requerir que por lo menos cincuenta por ciento de los votantes inscritos participen. En cuanto a la forma de votar, es difícil creer que el ciudadano común capte las sutilezas de un sistema y otro. La práctica del votante promedio es observar el proceso y escuchar la opinión de personas que generan confianza. Si percibe que ha habido una discusión civilizada, que no hay denuncias de muchas fuentes respetadas y que tiene su oportunidad de aprobar el texto que emerge de la negociación, creerá en el resultado. Por eso es importante que se propicien intercambios en los medios de comunicación, abiertos a distintas corrientes de opinión.