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La prensa pasada reseñó la renuncia del Superintendente de Pro-Competencia, Ignacio De León, después de casi tres años en esa posición. De León ha sido el cuarto Superintendente desde que Pro-Competencia inició sus actividades en 1992. Todo un récord de durabilidad para la Venezuela de estos tiempos.

Pro-Competencia es un organismo público con dos objetivos: promover la competencia en los mercados y protegerla contra los abusos derivados de prácticas empresariales monopólicas y políticas públicas rentistas. En economías de mercado, la competencia se promueve y se protege con afán, y los gobiernos destinan importantes recursos financieros y humanos para este fin. Allí, la competencia es un mecanismo fundamental que orienta y disciplina las acciones de las empresas respecto a cómo y en qué invertir, producir y ofertar en el mercado. Al mismo tiempo, la competencia pone en igualdad a quienes producen y consumen, toda vez que garantiza oportunidades de participación a los primeros y maximiza la elección entre opciones y precios de los segundos.

En Venezuela, la historia es diferente. Con escasas excepciones, somos un país sin tradición de mercado. Esto se traduce en poca rivalidad empresarial, la cual se paga con poca productividad, altos precios, productos mediocres y servicios pobres. El poder está concentrado y se reparte entre unos pocos, y la participación de los ciudadanos en la creación y consumo de la riqueza es limitada. Desafortunadamente, este ángulo de la participación democrática, el económico, no ha sido parte de la agenda de nuestros gobernantes y empresarios.

Por el contrario, los gobiernos han sido los grandes promotores de una dictadura mediante políticas de protección a las empresas locales, producción estatal, y restricción al intercambio con el mundo. De allí las enormes contradicciones cuando se trata de introducir competencia en los mercados. El resultado es que quienes se han embarcado en esta tarea se han frustrado o se han visto forzados a abandonar el intento. De León y sus antecesores así lo demuestran.

En estas condiciones, lejos está Venezuela de alcanzar la democracia participativa y justa que nuestros nuevos dirigentes tanto auguran. Cuando se creó Pro-Competencia en 1992, el objetivo era incorporar la competencia como cuarto pilar de la política económica del país que, junto con lo monetario, fiscal y comercial, ofreciera un marco estable y cierto para la participación del mayor número de empresas en los recién abiertos mercados venezolanos. Para ello era fundamental contar con un órgano técnico e independiente capaz de romper con la noción distributiva-paternalista del Estado, y presentar el caso en favor de los consumidores y la eficiencia empresarial en la ejecución de la política económica y administración de la ley de competencia.

Ignacio De León ha ofrecido una invalorable contribución en el diseño y posterior desarrollo de Pro-Competencia. Con seguridad hubiera sido más relevante en un contexto favorable al mercado. Es una pena que el tiempo de De León como Superintendente haya transcurrido a caballo sobre gobiernos, en general, adversos a la competencia y la competitividad; insensibles a la estrechez del bolsillo de los venezolanos; y complacientes con los intereses de unos pocos empresarios indispuestos a reestructurarse e integrar al país con el mundo.

No obstante, De León deja un positivo expediente de servicio que de proseguirse facilitará el trabajo de los futuros Superintendentes (si es que Pro-Competencia cumple algún rol en el futuro). Siguiendo la práctica de sus antecesores, De León deja un organismo con un equipo de jóvenes profesionales del mejor nivel, así como un manejo administrativo y ético pulcro. Quien reemplace a De León encontrará vastos y modernos análisis y propuestas en numerosos aspectos de la política de competencia; quizá la jurisprudencia administrativa más extensa en competencia en América Latina; una de las páginas de Internet en habla hispana más informativas y mejor integradas; una sólida red de intercambios y conexiones con instituciones pares en el resto del mundo; y finalmente, el posicionamiento de Venezuela en los temas de competencia en los foros multilaterales más relevantes como OMC, UNCTAD, ALCA y la Comunidad Andina.

Desilusiona que los gobiernos no aprovechen estos logros en beneficio de nuestra sociedad y que la competencia siga siendo un valor marginal del quehacer económico. A pesar de ello, también complace saber que las convicciones personales y deseos de transformación de un funcionario y su equipo todavía puedan sobreponerse y ofrecer aportes significativos para el país. Ojalá que no, pero para quienes creen en la competencia como instrumento de crecimiento y desarrollo del país, es probable que con De León se haya ido su último mohicano.

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