Los privatizadores petroleros no se han rendido

Carlos Mendoza Pottellá
cmendoz@reacciun.ve

El quincenario Fundapatria acaba de cumplir 3 años, y junto con él, «ABC Petrolero», columna de divulgación y debate petrolero que suscribo en ese medio y de la cual se nutren estos «Apuntes para una discusión» que publica Anexo I. Durante ese lapso he acompañado a FUNDAPATRIA en un intenso combate por la defensa del principal patrimonio colectivo de los venezolanos del presente y del futuro: sus recursos de hidrocarburos.

A pesar de haber sido derrotados muchas veces, de haber sido silenciados y vetados en los grandes medios de comunicación, remontamos la «moderna» matriz de opinión, que se instauró en el inconsciente de los venezolanos, según la cual era urgente la privatización de PDVSA para propiciar la expansión ilimitada del negocio petrolero y lograr por esa vía el luminoso desarrollo de Venezuela. Combatimos las políticas expansivas y las trampas a la OPEP. Resistimos las difamaciones que nos presentaban como «tontos útiles» y agentes al servicio de los gobiernos árabes y por el otro lado, contradictoriamente, nos presentaban como unos ignorantes, fundamentalistas y atrasados dinosaurios patrioteros.

Hoy, el balance es positivo. Como he dicho en anteriores oportunidades, incluido «Apunte» de la quincena pasada, hoy PDVSA sigue siendo de todos y cada uno de los venezolanos, la OPEP ha demostrado una vez más su vigencia y el precio del petróleo más que triplica los niveles de febrero de este mismo año.

Pero además, concluido el debate constituyente —en el cual participé como asesor de la Comisión de lo Económico y Social y, especialmente, apoyando el arduo trabajo de los constituyentes Luis Vallenilla y Gastón Parra Luzardo— puedo decir que una parte sustancial de ese balance positivo lo representan los artículos del Proyecto de Constitución donde se ratifican la propiedad inalienable e imprescriptible de la República sobre los yacimientos de hidrocarburos (Art. N° 12), la reserva al Estado de la actividad petrolera (Art. N° 302) y la propiedad estatal de la totalidad de las acciones de PDVSA (Art. N° 303).

No fue una batalla fácil, ni tampoco ganada en toda la línea. Las fuerzas de la privatización y la integración sin condiciones a los mercados globalizados ejercieron toda clase de presiones sobre la Asamblea Nacional Constituyente y, con los buenos oficios de algunos «constituyentes sensatos y modernos» lograron insertar, en los dos últimos artículos mencionados, algunos párrafos —denominados «coletillas» en la jerga legislativa— atenuantes de la disposición fundamental, con los cuales buscarán, en el futuro inmediato y en un contexto más favorable a sus intereses, adulterar la voluntad del constituyente, convertir lo negro en blanco e imponer su antinacional voluntad privatizadora.

Por eso, es necesario no dormirse en los laureles y mantenerse alerta, porque se trata de un combate sin fin. Y por eso mismo creo pertinente traer a colación lo dicho en una edición anterior de esta columna, (ABC Petrolero N° 66), cuando hacía referencia a los logros de Fundapatria frente al gobierno anterior, a propósito del inicio del debate constituyente:

«Responsablemente, sin embargo, debemos reconocer que no hemos ganando la guerra. Que a pesar del gigantesco logro de haber impedido que la administracion Caldera-Giusti-Arrieta concluyera sus planes privatizadores, las fuerzas e intereses que mueven esos planes siguen vivos y actuando en nuestra esfera pública, planteando nuevas batallas, mejorando sus armas, afinando sus estrategias.

En razón de ello, los sectores e individualidades que se consideran identificados con la defensa del patrimonio nacional deben, también, preparar sus armas». (miércoles, 11 de agosto de 1999).

Apenas tres meses después de haber escrito lo anterior debemos ratificarlo. No basta el texto de los artículos constitucionales citados porque, como ya dije, en ellos ha quedado inserto el virus que posibilita su propia destrucción. Así lo perciben y anuncian con aires de triunfalismo los más perspicaces e insistentes voceros de la privatización, quienes adaptan sus propuestas al ritmo de los acontecimientos y nunca se dan por vencidos, porque se trata de la defensa de unos intereses muy jugosos y particulares.

Veamos algunos ejemplos.

Alberto Quirós Corradi, en su columna dominical de El Nacional, el 24 de octubre pasado, proponía la realización de un referendum, «que le pregunte al pueblo si quiere que el subsuelo y Pdvsa sean del Estado, o si prefieren ser los dueños directos de esos bienes, bajo un sistema de administración que les conceda acceso directo a parte de los beneficios que generan, y una voz en la forma de gerenciar el negocio petrolero». Muy precavidamente, concluía afirmando que «Si el referendum favorece al estatismo será porque todavía no estamos listos para entrar en la modernidad». Y precisamente, poco tiempo después, (El Nacional, domingo 14 de diciembre de 1999, «El cónclave del desvarío») cuando ya era evidente que se aprobarían las citadas disposiciones constitucionales de reserva al Estado y adoptando la típica actitud de decir que las uvas estaban verdes, sostiene que, aunque «esa pudiera ser una posibilidad a largo plazo, no la promuevo ahora».

Pero lo más importante de todo es que en ese artículo Quirós Corradi, haciendo gala de su muy reconocida experticia gerencial, delata la forma como, de todas maneras, podría ser utilizada la «coletilla» del Artículo 303 del Proyecto constitucional, según la cual se pueden vender filiales de PDVSA, para desnaturalizar el sentido inicial de la norma: transferir a esas filiales todos los activos de PDVSA y dejar a los venezolanos con una titularidad vacía. Veamos.

«Como no se podrán vender acciones de PDVSA. ¿Se podrán vender activos? (Eso permitiría descapitalizar totalmente a Pdvsa sin vender acciones).

¿Se podrán vender empresas propiedad de Pdvsa, como Citgo y Veba-Oel? (Otra descapitalización).

¿Se podrán crear filiales del tipo de las antiguas Maraven, Lagoven y Corpoven y venderlas después? (sin vender acciones de PDVSA).

Como se podrá apreciar, ese afán de «blindar» algo, lo que hace es abrir mas huecos de los que tapa.»

Por su parte Francisco Monaldi, el ideólogo de la más antipática propuesta privatizadora que conozco, aquélla que postula el reparto de las acciones de PDVSA entre los venezolanos mayores de 18 años, es decir, entre menos de la tercera parte de la población actual, desheredando a las otras dos terceras partes y, desde luego, a los cientos de millones de venezolanos que nacerán en el futuro previsible de existencia del petróleo en nuestro subsuelo, anuncia triunfalmente que lo que se omitió en el texto del proyecto constitucional fue precisamente la propuesta radical de FUNDAPATRIA en materia petrolera y que, por ello, ahora están dadas las condiciones para «transformar a los ciudadanos en socios-propietarios de su principal negocio» («¿Por qué Chávez se la juega con Pdvsa?», El Nacional, 28-11-99, pág. E-9).

Pues bien, si ellos no se cansan de postular sus posiciones privatizadoras, nosotros tampoco debemos cansarnos de defender la propiedad colectiva sobre un bien cuya duración trasciende la vida de varias generaciones de venezolanos y sobre el cual esta generación sólo puede ejercer un derecho de usufructo parcial y tiene el inmenso deber de garantizar el mantenimiento en óptimas condiciones de la industria, con una producción eficiente y racional que no violente —como se hizo entre 1997 y 1998— los óptimos y máximos técnicos y que, por el contrario, preserve, para el disfrute de nuestros descendientes, la larga vida de los inmensos yacimientos, muchos de los cuales todavía no son explotables.

En verdad que todas las propuestas antinacionales de enajenación de ese patrimonio son posibles porque así lo permiten las rendijas que han quedado en las normas constitucionales mencionadas, pero para poder llevarlo a cabo tendrán que enfrentar a una colectividad mucho más consciente de sus derechos. El fomento de esa conciencia dependerá precisamente de todos aquellos que, como FUNDAPATRIA, comprenden que un reparto de las acciones de PDVSA, así sea en la más atractiva de las versiones, concluirá inevitablemente en el despojo de los venezolanos por parte del gran capital transnacional. En esa tarea estamos comprometidos.

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