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En defensa del estado de derecho Pedro Pablo Aguilar El Nacional, domingo 17 de enero de 1999 Sobre si se debe o no reformar la Constitución para convocar la Asamblea Constituyente, y sobre el significado y alcance que debe tener la principal bandera del primer mandatario electo, confrontan hoy sus puntos de vista el presidente del Congreso saliente, Pedro Pablo Aguilar, y el también presidente de la Comisión Presidencial para la Constituyente, Pablo Medina En estos días tiene vigencia aquello de ¿a dónde vas Vicente? "Donde vaya la gente". A Vicente lo personifican los millares de compatriotas que aparecen en los noticieros de televisión declarando que no tienen idea de lo que es Constituyente pero firman solicitudes de apoyo porque va a resolver los problemas del país. Mis criterios sobre Constituyente son consistentes. Defendí la idea en 1992, cuando se me designó, junto con un grupo de eminentes compatriotas, para formar parte del Consejo Consultivo. Recomendamos se promoviera la Constituyente mediante una reforma urgente y puntual de la Constitución como una vía para hacerle frente a la crisis política que tan dramáticamente había puesto al desnudo el 4-F. Formé parte de la Comisión Revisora presidida por Rafael Caldera y en la Reforma Constitucional propuesta incluimos la Constituyente. De igual modo apoyé con gran entusiasmo la idea en los debates subsiguientes del Parlamento. Bueno es recordar que la reforma del 92 murió por avasallante campaña mediática contra la posibilidad de que la Constitución prohibiera los monopolios en la comunicación masiva. Cuando asumí la Presidencia del Congreso propuse una reforma puntual de la Carta Fundamental para incluir la Constituyente. Se dijo que era irresponsable hacer la reforma en el último año de la legislatura y que aprobar la Constituyente era hacerle juego al entonces candidato Hugo Chávez. No son razones circunstanciales las que me animan para defender la idea de una Constituyente. No es que mis convicciones jurídicas hayan entrado atropelladamente en el tren de Hugo Chávez a partir del 6 de diciembre. Al contrario, la victoria de Chávez fortalece mi convicción de que la Constituyente debe realizarse pero sin atropellos ni desconocer el Estado de Derecho. El presidente electo, en ejercicio de su oratoria multisápida y amazónica, ha dicho un disparate de antología. Que tiene facultades constituyentes. Una frase similar dijo Luis XIV: "El Estado soy yo". El Rey Sol tenía razón. Era el Estado. Tenía la plenitud de los poderes. Legislaba, gobernaba y hacía justicia. Era el soberano. Su derecho soberano era de origen divino. En Venezuela el soberano es el pueblo, y como tal elige los gobernantes. Los elige a término para que ejerzan sus funciones dentro del orden jurídico. El célebre artículo 4 lo que dice es que la soberanía reside en el pueblo quien la ejerce a través de los órganos del poder público. En Venezuela el Presidente no tiene facultades constituyentes. De la sujeción a una monarquía absoluta salimos en 1811, al menos en teoría. Después hemos tenido gobernantes que se atribuyeron facultades de monarcas omnímodos, como el señor Juan Vicente Gómez y el señor Pérez Jiménez. En medio de esta confusión que ahora vivimos pienso que la idea de la Constituyente es para mejorar nuestra democracia y en ningún modo para establecer una presidencia imperial, donde a diferencia de la mexicana, habría derecho a reelección. Convencido de la pertinencia de una Constituyente le he pedido a un grupo de eminentes juristas colaboración con la asesoría jurídica del Congreso para elaborar la propuesta de reforma puntual a la Constitución que permita convocar a la Constituyente. Esa propuesta estará lista el 23 de enero próximo y de lograr acuerdo en el Congreso tendríamos el referéndum el próximo 19 de abril, como lo ha sugerido Chávez, pero no simplemente consultivo, no vinculante, sino un referéndum confirmatorio que autorizaría convocar la Constituyente a la mayor brevedad. Las vías de la Constituyente, dentro del Estado de Derecho, están abiertos. Lo que se requiere ahora es un acuerdo y buena fe. Por sobre todas las cosas, acato al orden jurídico. Si lamentablemente no hay acuerdo político en el Congreso, corresponde a la Corte Suprema de Justicia pronunciarse. El pronunciamiento de la Corte nos obligará a todos. Lo que importa es no olvidar que sólo en Estado de Derecho podemos llevar adelante pacíficamente los grandes cambios que Venezuela demanda y necesita.
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