El fin del Estado de derecho

En 1215 el rey de Inglaterra, Juan Sin Tierra, firmó la Carta Magna Libertatum. Este documento crucial delimitó el poder de los reyes al establecer el habeas corpus. Según este derecho ninguna persona podía ser apresada sin debido proceso. Era el fin de los arrestos arbitrarios. Esas detenciones nunca se acabaron, claro, pero al menos había el derecho «a pataleo».

En Venezuela el Estado de derecho ha existido en raras ocasiones. Esta de hoy, luego de 1999, es una de ellas. El Estado no promueve ni protege arrestos arbitrarios. Hay masacres, como en Kennedy, la Paragua, Apure y ejecuciones extrajudiciales en varios estados. Pero ahora hay la voluntad manifiesta del Estado de castigar a los culpables, como se hizo en el caso de Kennedy y ahora con el enjuiciamiento de los responsables de La Paragua, un avance considerable luego de los métodos de la IV República, como en El Amparo, Cantaura, Yumare, etc.

Tampoco hubo Estado de derecho en las democracias burguesas, pero había el sacrosanto derecho al pataleo. En 2004 Jean-Claude Paye publicó en Francia El fin del Estado de derecho (la Fin de l’État de droit, París: La Dispute). Se trata de un escalofriante recuento de cómo se han ido desmantelando los derechos humanos en Europa y en los Estados Unidos. Es decir, so pretexto del combate al terrorismo, se establece la justicia de excepción. Es decir, los derechos humanos se subordinan incondicionalmente a un principio que se proclama por encima de todo lo demás.

Se promulga que los «herejes» son el Mal Absoluto y se procede a subordinar toda dignidad y todo decoro a esa persecución, tal como hizo la Santa Inquisición, que en nombre de una religión de amor torturó y quemó vivas a miles de personas. En su Manual de inquisidores Nicolau Eymeric establecía procedimientos criminales como que el acusado no podía promover como testigos a sus familiares o sirvientes porque se suponía que declararían en su favor, pero sí podían declarar en su contra. La acusación equivalía a la condena, pues prácticamente no había derecho a la defensa.

Pero esta monstruosidad era un paraíso comparado con la reciente legislación de los Estados Unidos según la cual el gobierno puede secuestrar indefinidamente a una persona, sin cargos, sin defensa, en cárceles secretas en cualquier lugar del mundo, sin que nadie sepa dónde está ni si está, sometido a los tratos más infames y a las torturas más atroces. Entre los esperpentos están las «tácticas duras de interrogatorio» (tough tactics of interrogation), que según esto no son torturas. Estas «tácticas» incluyen supresión del sueño, privación de toda comunicación, privación de sensaciones, reducción de temperatura, profanación de objetos sagrados como el Corán, como la que he llamado «tortura étnica», en que se viola todo lo que el prisionero considere sagrado, etc.

Esa es la democracia que aprueban los partidarios de Manuel Rosales.