Lo que en sus orígenes fue un arte de responsabilidad pública, una manifestación de absoluto desprendimiento individual; lo que con el devenir de las relaciones interpersonales de los grupos importantes de la vida social fue una actividad pública digna y orgullosa, he aquí transformado en una vía casi expedita para su negación. Casi cerrando el siglo XX, en Venezuela se ha realizado la gran aspiración de la política pero al revés.
Es bueno recordar que hace apenas cinco mil años las sociedades que presumían de ostentar el rótulo de «civilizadas» —verbigracia Grecia, China, India, etc.— hacían uso del quehacer político para dirimir las divergencias y contrariedades que se gestaban inevitablemente en su interior. Además, ¿qué edad tiene el Estado como tal, es decir, como entidad político-administrativa?. Apenas si alcanza unos diez mil años, a juzgar por los datos que nos suministran las excavaciones arqueológicas y la antropología física. La primera expresión real del Estado como instancia supraindividual de administración de los asuntos públicos de la sociedad data de aproximadamente 9.500 años y se localiza entre el río Tigris y Mesopotamia. A través de la política es que la polis, es decir, la ciudad como conglomerado socio-demogrático organizado de la sociedad antigua, se convierte en una vía para la materialización del Estado. En el principio lo político fue un problema en el que todos los ciudadanos se sentían concernidos. Quien no participaba en las asambleas públicas para tomar decisiones colectivas era considerado un cínico; por supuesto que no era excluido de la Ciudad-Estado, ni anatematizado con horrorosos estigmas públicos, pero a decir verdad tampoco era muy bien visto por los demás habitantes de la polis. A tales seres se les denominaba metecos y generalmente eran considerados bárbaros, pues su actitud y condición nómada y desinteresada de los asuntos públicos los situaba en un orden o renglón cívico extraño a la lógica de funcionamiento de la polis. Por eso a los poetas y filósofos cínicos de la Grecia de Diógenes, «el de la linterna», o a Antístenes, «el escéptico», o Pirrón; se les tenía por «ciudadanos del mundo». Auténticos apátridas eran quienes no participaban directamente en los grandes asuntos públicos que atañían a los políticos, o sea, a los ciudadanos.
Naturalmente, en la polis o ciudad-estado también existían ciertos «privilegios» para una especie de casta social denominada gerusía, lo que podría traducirse algo así como un Consejo de Ancianos; no obstante, dichos «privilegios políticos» venían determinados por el grado de sabiduría probada
y demostrada en el ejercicio de una larga y dilatada participación del individuo en el ágora que no era otra cosa que lo es hoy para nosotros la plaza pública. Pese a todo lo que pueda suponerse, la política en sus prolegómenos no estaba secuestrada por una elite de sabelotodo que se abrogaba exclusivas prerrogativas para decidir en nombre de los 5 o 6.000 ciudadanos que conformaban una polis. Cuando un problema se tornaba de muy difícil solución y el debate público daba visos de no poder alcanzar un mínimo consenso, entonces se apelaba a la consulta de quienes ostentaban, por antonomasia y casi por condición intrínseca una conducta morigerada, ecuánime y, si se quiere, más autorizada por la indudable pericia de los miembros de la gerusía. De igual modo, toda manifestación pública heterodoxa o que no suscribía las decisiones mayoritarias del consenso democrático tenía pleno derecho a expresar su libre desacuerdo y reivindicar el disenso. El derecho a disentir estaba totalmente garantizado para aquellas individualidades que no querían marchar con la «corriente» de la mayoría. Ergo, existía unidad en la diversidad, en otras palabras, respeto hacia las minorías, por muy aparentemente descabelladas e improcedentes que fueran sus ideas y proposiciones públicas, las minorías tenían garantizadas su derecho a equivocarse, a sustentar erróneos postulados. Ese, pienso yo, es uno de los principios inhipotecables de la convivencia pacífica y civilizada que cualquier democracia debe resguardar a todo evento. Sin tolerancia y admisibilidad de lo radicalmente otro; sin la comprensión y el debido respeto a la otredad, una altísima dosis de comprensión de lo diverso y de lo heterogéneo; en suma, sin una proclividad a la coexistencia de la pluralidad, no puede convivirse en democracia. Obviamente, ello no parece haber sido asimilado por la clase política que rige nuestros destinos y tengo el temor, muy bien fundado por cierto, de que aún falta mucho tiempo para que tal cosa ocurra.
