¿La primera derrota?

Si todo sigue como va, o como se desprende de las declaraciones de algunas de las más notables figuras de la ANC, la redacción final de la nueva Constitución de la República podría convertirse en un curioso tipo de derrota, tanto del equipo de gobierno como del proceso de cambio que despegó con fuerza el 8 de diciembre de 1998.

Sería algo parecido a un autogol. Porque esta vez no estaríamos, como muchos pudieron temerlo ocho meses atrás, frente al triunfo de las estrategias dilatorias, confusionistas y obstaculizadoras del viejo poder adecopeyano, hoy prácticamente inexistente en el seno de la Asamblea. Tampoco se trataría de la efectividad de las intervenciones del Pentágono, que, por el contrario, se ha mostrado benévolo y cooperador, con asesores incluidos. Esta vez la responsabilidad sería única y exclusivamente de las fuerzas que —con libertad casi absoluta— ocuparon la mayoría de los escaños de la Asamblea gracias a la voluntad popular.

Porque la derrota de la que hablamos nada tiene que ver con la posibilidad de que en el referéndum de diciembre los votantes digan «No» al nuevo texto constitucional. La Constitución puede ser aprobada legalmente y, sin embargo, constituirse a corto y mediano plazo en una derrota, debida no a las reacciones públicas frente al nuevo texto, sino a sus defectos de fábrica, al triunfo de una idea errada sobre qué es y qué no es una Constitución, y al extravío colectivo de sus autores en torno a las posibilidades y los límites reales de un texto constitucional.

Tres amenazas aparecen en el futuro de la nueva Constitución. Uno, que pueda convertirse en otro texto formal y poco introyectado en la cultura diaria de los venezolanos. Dos, que de tantos derechos y obligaciones que le asigne al Estado, termine convirtiéndose en un espejismo de compromisos irrealizables. Y, tres, que de tantas contradicciones que lleve implícitas, nos haga pasar los 10 años futuros dedicándonos, como ya les ha pasado a otras naciones latinoamericanas, a reformar lo que se hizo mal, para volverlo manejable.

La amenaza primera, la de la poca capacidad de manejo e introyección por parte de los ciudadanos, estaría garantizada de entrada si se redacta una Constitución tan extensa y detallada, hasta de 1.500 artículos —como predice Escarrá—, muchos de ellos definidos al punto del detalle suicida, como darle rango constitucional a la propiedad estatal de Pdvsa o como el extraño y petulante engendro de la información «veraz, oportuna y objetiva».

La amenaza segunda, la del establecimiento de normas que obliguen al Estado al cumplimiento de metas y funciones que éste no puede garantizar a priori, se convertiría en espada de Damocles para cualquier gobierno que, además, pretenda hacer eficiente e igualitario el sistema judicial. Pensemos un momento, por ejemplo, en las implicaciones de establecer que las culturas indígenas, afroamericanas y populares recibirán atención especial por parte del Estado. ¿Qué cosa significaría atención especial?

Una cosa es definir, por ejemplo, que la cultura es el sustento de la nacionalidad, que su desarrollo deber ser auspiciado como un deber del Estado, y que ese desarrollo debe ofrecerse en condiciones de igualdad y respeto a la diversidad de manifestaciones artísticas y a la pluralidad étnica y regional; y otra muy distinta es establecer, como norma constitucional, la atención especial a un determinado tipo de sus manifestaciones.

Primero, porque resulta ambiguo el estatuto de especial. Especial puede ser, indistintamente, especializada (como la educación de los niños con problemas de aprendizaje); prioritaria (como podría ser la educación básica) ; distinta (como puede ser la política de reservaciones indígenas en Estados Unidos); o más importante que otras manifestaciones (más que la protección de los monumentos arquitectónicos de origen hispánico, francés o de la modernidad académica venezolana, por ejemplo).

Es cierto que las culturas populares e indígenas son fundamentales dentro de la construcción de un sentimiento de pertenencia nacional, que ellas han sido marginadas dentro de las políticas culturales de los gobiernos, y que, por lo tanto, es indispensable que esas condiciones se corrijan. Pero, ¿es precisamente la Constitución el lugar para dirimir y establecer esas definiciones de políticas públicas, sin correr el riesgo de que alguien pueda demandar al Estado por violar la Constitución gracias al hecho de que, en determinado momento, la inversión en educación superior o preescolar resulte superior a la realizada en capacitación para la artesanía indígena o rural?

La tercera amenaza, la de las contradicciones internas, se puede constatar desde el inicio mismo de la redacción. Para seguir en el campo cultural, un grupo de poetas se quejaba de la inclusión de Dios en el Preámbulo. Dios en singular es excluyente de tantas creencias que conviven en el país y que la misma Constitución enuncia como dignas de respeto. Habría que hablar en todo caso de los dioses, para expresar tantas y tan diversas deidades que pueblan nuestros cielos, sostenían. De lo contrario, se violan los preceptos del pluriculturalismo y el respeto a la diversidad étnica.

Probablemente, con lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional Constituyente, se ratifique una de las necesidades nacionales del presente, la de pasar rápidamente del campo de los enunciados entusiastas de cambio, y del terreno de las ideologías y los cuestionamientos del pasado, al escenario de la construcción, de las definiciones operativas, de los mecanismos gerenciales y políticos que permitan echar a andar el nuevo país y consolidar la nueva cultura política que de alguna manera el proceso Constituyente tenía como misión desencadenar. La participación —ya lo vimos— no es fácil de conducir en tan breve tiempo. El propio poeta Gustavo Pereira, presidente de la Subcomisión de Asuntos Culturales, ha cuestionado la exclusión de muchas de sus propuestas, surgidas de diversas consultas en el país. Una derrota de este tipo, comenzando el proceso, no sería buena para nadie.