Talón de Aquiles

Lo que ocurrió el pasado jueves con la suspensión de las megaelecciones no es otra cosa que, como reza el lugar común creado por García Márquez, la crónica de una muerte anunciada. Dos factores lo hacían previsible. Primero, el apresuramiento y la improvisación con los que el presidente Chávez y su equipo han querido desarrollar las acciones de cambio institucional en el país. Y, segundo, la desconfianza colectiva y profunda que desde el comienzo signó la elección del nuevo Consejo Nacional Electoral.

Del apresuramiento ya habíamos recibido varias señales de alarma. La redacción, debate y aprobación del nuevo texto constituyente, vivido a la manera de una prueba contra reloj, con la imagen pública de un grupo de hombres jadeantes, urgidos, insomnes y desesperados, manchando, con la salsa de tomate de los sándwiches que engullían mientras terminaban de redactar los textos que regirían nuestro destino, será inolvidable para todos. La gran oportunidad de permitirle al país un debate masivo, sereno y plural sobre su futuro, de generar una acción de reencantamiento de la política y de lo público, de restaurar las redes sociales que la hegemonía partidista y el monopolio del Estado habían roto, se esfumó a consecuencia de un sentido de la urgencia y un innecesario temor al pluralismo cuyos efectos quedaron plasmados en algunas de las incongruencias de la nueva Constitución.

La duda ante el mecanismo de elección del Consejo Nacional Electoral fue, por su parte, unánime y frontal. Salvo para los muy comprometidos con el Gobierno, eso que conocemos como la opinión pública mostró su descontento con la manera como se había producido la selección del nuevo poder. La preocupación no era porque se hubiese hecho de una forma novedosa o desconocida entre nosotros, sino, todo lo contrario, porque reproducía y exageraba caricaturescamente lo que el viejo poder bipartidista había hecho, en algunas oportunidades de mejor manera, con decisiones semejantes. Bajo el argumento de la provisionalidad, la V República, para desilusión de muchos, se inauguró reproduciendo los mecanismos de toma de decisiones que se supone venía a erradicar.

De este modo, alimentada por un sentido de emergencia febril y por la reproducción de una vieja cultura política que privilegia la fidelidad ideológica por encima de la capacidad técnica, arribamos al primer gran colapso colectivo de esta compleja transición que vivimos. Pero no se trata de cualquier colapso. Lo que se nos ha venido encima, como una avalancha premonitoria, es la puesta en duda del sustento fundamental de la democracia: el acto de votar. Y nadie debe olvidar que fue precisamente la pérdida de confianza en ese acto, la sensación de que ni siquiera el voto era algo respetado y respetable, uno de los ingredientes fundamentales en la pérdida de la credibilidad del viejo liderazgo que ahora se intenta suplantar.

Es muy temprano aún para prever las implicaciones que este nuevo titubeo ante el sagrado acto de votar pueda tener entre los electores. Pero al menos dos cosas están claras. Una, que otra vez la población entera se siente descaradamente engañada, y —no importa cuál sea la justificación del hecho— reedita el ciclo de desconfianza institucional que alimenta su amargura desde hace por lo menos dos décadas. Y la otra, que se remueve la sensación de vivir en medio de la impunidad, la idea de que nada es suficiente para que —como ocurre en otros países, incluso ante crisis menores que ésta— las autoridades se sientan avergonzadas por sus fracasos o sus delitos y por lo menos renuncien o pongan sus cargos a la orden, ya que pedirles que se suiciden, como hacen por ejemplo los japoneses en situaciones semejantes, es una exageración.

Sin embargo, junto al fracaso colectivo que esta decisión implica, se encuentra una circunstancia alentadora: la reaparición en la escena pública de eso que, gústenos o no el término, conocemos como la sociedad civil organizada, y la recuperación, aunque sea circunstancial, de la autonomía de los poderes públicos, expresada esta vez en la clara y contundente decisión del Tribunal Supremo de Justicia.

Quienes estaban bien informados sabían que, efectivamente, las elecciones eran técnicamente irrealizables, y que el domingo, de haberse llevado a cabo, cualquier cosa hubiese sido posible. Pero lo grandioso e importante para la democracia es que la suspensión no haya sido una decisión gubernamental, sino resultado de la intervención de dos organizaciones no gubernamentales, tampoco partidistas, y que la argumentación básica no haya sido de carácter técnico, sino inspirada y amparada en la violación de tres derechos humanos fundamentales: los de la información, la participación y la paz.

Una por una. De una parte, el engaño del que fuimos víctimas por parte de los directivos de una institución que hasta el último minuto le ocultó la verdad a todo el país, violando flagrantemente la Constitución, es una vergüenza. Pero, de la otra, el acto constitucional e institucional protagonizado por el Tribunal, Queremos Elegir y Cofavic, es una alegría y la ratificación entusiasta de que vivimos en un sistema democrático con inmensas posibilidades de profundización, cuyo hilo de continuidad habíamos perdido, sepultado entre las hegemonías partidistas. Aquellas que la mayoría, con el voto, quiso desterrar, y a las que, a contracorriente de las tendencias históricas contemporáneas, se intenta volver a restituir.

La lección ha sido doble. Para la sociedad en su conjunto, al demostrarnos que la mejor oposición no es precisamente la que se ha venido haciendo desde los territorios de la vieja política, de los intereses grupales, sino la que se practica desde la defensa de los derechos civiles. Para el Presidente y su gobierno, al hacer evidente que se tiene un talón de Aquiles, y que éste proviene no de los ensueños revolucionarios sino de la repetición de los hábitos de poder que se querían desterrar.