El debate impostergable

Parece que ha llegado el momento propicio. Los conflictos circunstanciales que conmovieron al sector cultural a comienzos de este año han dado paso a una tensa calma sólo perturbada por el retraso en el pago de los aportes que el gobierno central realiza a grupos e instituciones de todo el país. Los listados de firmas «a favor» y «en contra» y las contiendas de artículos han cesado. Y, sin embargo, nos queda la amarga sensación de haber visto sólo la máscara que oculta el rostro, de estar muy lejos aún del meollo de la situación.

Además, muchas personas e instituciones sentimos que ha sido suficiente nuestra cuota de credibilidad y espera, y que el voto de confianza, que también fue de silencio, alrededor del equipo de gobierno que se apresta a cumplir dieciséis meses de ejercicio no debe impedirnos, por fidelidad a una postura constructiva, someter a profunda revisión lo que en nuestra área de acción acontece.

Elel deber que obliga, y la evidente situación de desconcierto, letargo, ausencia de propuestas y voluntad de debatirlas, expresada en sus actos tanto por el equipo cultural del gobierno central como por todos los demás componentes del sector nos convoca al debate. Nos convoca a convertir en argumentación pública, valiente y transparente lo que se rumora con silenciosa amargura o con maledicencia expresa en oficinas, salas, cócteles, o asambleas. Una coyuntura decisiva. Necesitamos urgentemente un debate. Un debate nacional, con todos los factores importantes de la vida cultural del paIs. Abierto, trascendente, pluralista, sincero. Tenemos que impedir que se haga incontestable el argumento aquel de que el mundo cultural sólo discute y polemiza cuando se trata de subsidios, de cargos importantes, de representaciones en el exterior, o de juntas directivas. Y para que ese debate sea realmente útil y constructivo tenemos que escapar de la idea —alimentada por muchos— de que se trata de una confrontación entre aliados y adversarios de la gestión actual del CONAC.

Todo lo contrario, lo que está en juego en los momentos actuales no es el éxito o el fracaso de un equipo directivo del ejecutivo nacional. Lo que se arriesga es la posibilidad misma de terminar o consolidar institucionalmente un sector de la vida nacional que cada cierto tiempo, luego de experimentar avances indudables, retorna a situaciones de inestabilidad, indecisión, conflictividad y cuestionamiento que lo tornan vulnerable y colocan en la más profunda incertidumbre a sus instituciones, sus artistas e intelectuales, sus gerentes y sus promotores.

Todos percibimos en el actual equipo directivo del CONAC —hay que decirlo, constituido por hombres probos e integrantes legítimos del mundo cultural— una indudable voluntad de cambios mezclada con una sorprendente dificultad para ejecutarlos. Todos sabemos de las dificultades que el sector publico encarna. Pero sentimos, también, no hay que hacer mucho esfuerzo para verlo, que ese equipo no ha logrado conquistar un sólido apoyo y un respeto real por parte del ejecutivo nacional. Se le asignan bajos recursos, se les cercena su autonomía, se les retienen sus dozavos exponiéndolos a la protesta institucional y se les retrasan en palacio decisiones que luego se convierten en motivo de conflictos públicos. Se muestran logros importantes —la creación del CENAC, del Instituto Nacional de Patrimonio, de la Dirección de Artesanía, entre otros tantos— y sin embargo el sistema en su conjunto no muestra fluidez ni capacidad de respuesta a las nuevas situaciones del país.

Porque de eso se trata. El país cambió profundamente, se sacudió en la cimiente de todas sus cortezas anteriores, explora con ansiedad en nuevas opciones económicas, en nuevas modalidades de administración, en nuevas maneras de practicar la democracia, pero la institucionalidad cultural, en lo esencial, no ha dado muestras de haberse percatado de la magnitud del cambio. Y no hablo sólo de la que comenzó en enero de 1994. Tampoco sólo de la que tiene que ver con el gobierno central. Incluyo a las gestiones anteriores y a las instituciones culturales de los gobiernos locales y a las de otros tantos entes autónomos.

Allí estriba la pertinencia del debate. ¿No han pasado acaso veinte años desde que se creo el CONAC y con él la institucionalidad cultural moderna del país? ¿Hemos hecho un balance para saber cuánto hemos ganado y cuánto perdido en este importante período de consolidación cultural? ¿En cuántas áreas o disciplinas hemos invertido suficientes recursos y con cuáles hemos sido mezquinos e indiferentes? ¿Qué fuerza le hemos dado o le hemos restado a la creatividad y originalidad de nuestros artistas? ¿Porqué no hemos tenido una clara estrategia de protección del patrimonio cultural? O ¿Porqué y con cuáles resultados hemos tenido un vertiginoso desarrollo de la música académica? ¿Cuáles sectores de la población han sido intensamente beneficiado de la inversión pública en el sector cultural y a cuáles se los hemos negado? ¿Porqué no hemos logrado incursionar con éxito una política oficial en el campo de las industrias culturales? En definitiva ¿ha tenido el Estado, en propiedad, estrategias culturales, o hemos vivido una secuencia de voluntades y entusiasmos personales convertidas en razón de Estado?

La realidad nos dice que hace mucho tiempo que no debatíamos sobre arte y cultura, y su relación y responsabilidad con el resto del conjunto social. No desde los intereses y expectativas específicas de un área, una agrupación o una disciplina, sino desde el significado, el aporte y las necesidades que —en tanto políticas públicas— el sector cultura está obligado a satisfacer.

Una agenda para la discusión. Cuatro temas propongo para comenzar a dialogar: Uno, el de las estrategias culturales frente a la crisis. Porque es indudable que no podemos mantener los criterios de programas y servicios culturales que se utilizaban hace veinte años cuando el CONAC nació y el país estaba convencido de un inevitable y luminoso futuro, gracias a la mejoría en los indicadores de bienestar social entonces en ascenso. Hoy estamos frente al crecimiento de los índices de pobreza crítica, de deserción escolar, de los índices de repitencia, de la reducción de las posibilidades de acceso a la educación media y superior, de disminución dramática de la capacidad de consumo y de la de consumo cultural en particular. Vivimos con la delincuencia, y con el fantasma del paro, de la inflación y de la recesión incrustrados en nuestro miedo diario. Con tasas de analfabetismo y analfabetismo funcional que vuelven a crecer. Y, por supuesto, con la inevitable amenaza de la reducción del gasto público y su repercusión inmediata sobre aquellas áreas como la cultura que carecen de solidez institucional y representación directa en el centro de tomas de decisiones, el Consejo de Ministros.

No es lo mismo cubrir las responsabilidades culturales que la Constitución de la República lo establece el Estado venezolano con asignaciones presupuestarias crecientes y en un país con índice positivos de desarrollo social a hacerlo con recursos inevitablemente deficitarios y en un país con una población amenazada por el deterioro físico, moral e intelectual. A estas condiciones debemos responder.

Dos, el de las prioridades culturales del sector público y los mecanismos de financiamiento. Disiento profundamente del aquel desplante que sostiene que «a mejor política cultural es no tener ninguna». Pues, en su entusiasmo por condenar toda intervención estatal en los contenidos de la creación artística termina por justificar la ausencia de prioridades cuando del sector público se trata. El gobierno francés, por ejemplo, que tiene un modelo de intensa participación estatal en el área, tomó bajo la administración socialista la decisión de dar prioridad en sus políticas al tema del equipamiento cultural. Durante varios años la tarea de construir mediatecas, donde la población tuviese acceso y pudiera alquilar a bajo precio videos, juguetes, casetes, discos compactos, CD Roam, e incluso, serigrafías y cuadros de pintores importantes. Pues bien, desde el Centro Pompidou hasta una pequeña localidad de Remos cuenta hoy con estos servicios.

El Estado debe tomar decisiones semejantes, sin abandonar ni sacrificar ninguna área, debe tomar grandes decisiones que involucren al país en dispensar aquellas necesidades, aquellas carencias, que ni por vía del mercado ni por los servicios públicos ya existentes, son satisfechas por la población. Es decir, como sostiene Carlos Guzmán, debe pasar de financiar la cultura en abstracto —el viejo esquema del derecho indiscriminado al subsidio— a financiar políticas culturales en concreto.

¿Puede ser la recuperación del lesionado patrimonio cultural una prioridad? ¿Lo pueden ser las bibliotecas públicas o el propio concepto de mediateca? ¿Es fundamental un plan nacional de cultural popular? ¿O estamos tan mal, que la gran prioridad cultural debería ser la alfabetización, la re-alfabetización y el estímulo a un mínimo de lectura entre la más joven población?

Y, en esas decisiones, se debe también ser drástico y decidir cuáles manifestaciones pueden ser resueltas por vía del mercado y deberían ser costeadas por aquellos públicos especializados y con recursos que las consumen. Pero, para que eso ocurra de justa manera debe ser el resultado de una seria evaluación y un denso debate colectivo.

Tres, el de la institucionalidad cultural requerida. Pues para nadie es un secreto que la actual estructura y funcionamiento organizacional del CONAC y la propia Ley que lo sustenta son motivo de profundas dudas y cuestionamientos por parte de todos aquellos que les ha correspondido dirigirlas. El debate sobre la pertinencia de exigir la creación de un Ministerio, con representación en el más alto nivel de decisiones nacionales, o la de hacer real la estructura de Consejo con la que inicialmente fue concebido el CONAC y nunca puesta en práctica, o buscar alternativas diferentes como el proceso de creación de Fundaciones iniciado por la administración anterior, no ha tenido continuidad. Es esta una oportunidad para reabrió asociada íntimamente al último punto que proponemos.

Cuatro, al que más nos importa a quienes tenemos responsabilidad culturales en los gobiernos locales, el de la descentralización y democratización. Que incluye dos tipos de interrogantes, aquellas referidas al papel y las funciones específicas de las unidades culturales de las alcaldías y las gobernaciones, y las otras referentes a las responsabilidades de articulación y diseño de estrategias nacionales de alcance regional y local que le corresponde, por ley, y por sentido común, a la administración central, en este caso al CONAC. La relación entre el gobierno central y las regiones, incluyendo el área metropolitana de Caracas, no puede basarse exclusivamente en la aprobación o desaprobación de listados de solicitudes de grupos e instituciones. Deben apuntar a una clarificación de competencias y a la ejecución de programas nacionales que garanticen no sólo la distribución equilibrada de recursos, sino la consolidación institucional de la vida urbana, de las ciudades como objeto y espacio de concreción de la actividad cultural.

Hay otros tópicos importantes. El de la responsabilidad social de los artistas y los intelectuales, como contraparte de la que se supone el estado tiene con ellos. El de la ubicación de la enzima creativa en relación al trabajo formativo y el de difusión. Estos son tal vez la razón de ser de todos los anteriores. Pero por algún lugar debemos comenzar. Hay temas suficientes e ineludibles para un gran encuentro nacional. ¿Quién toma la palabra?