El estilo y las políticas

Lamentablemente para todos, incluyendo el equipo de Gobierno, la manera —innecesariamente mezquina, para no redundar en lo ya dicho— como se anunciaron y se realizaron los cambios en el tren directivo de una buena parte de las más importantes instituciones culturales públicas del país, ha terminado por convertirse, otra vez, en un tema de debate que sustituye al problema político de fondo: lo que debe y lo que no debe hacerse en el campo de la acción cultural del Estado venezolano.

Y digo «otra vez» porque desde hace ya mucho tiempo existe una conciencia más o menos compartida de que el modelo de institucionalidad cultural que, desde 1965 en adelante, se creó de manera vertiginosa, se había agotado, no respondía a las nuevas condiciones y necesidades del país, y requería de un fuerte aliento renovador que, sin embargo, nadie terminaba de definir ni de ejecutar.

Ya al final de la gestión de José Antonio Abreu, por ejemplo, se hablaba de un plan reestructurador del Conac y de la necesidad urgente de una Ley de Cultura que diera sentido de conjunto a un sector que había crecido en un momento de bonanza y con unos criterios gerenciales, de oferta y de públicos, que era necesario redefinir.

De lo mismo se habló, pero con más énfasis, euforia y hasta rabia, en la gestión de Sambrano Urdaneta, bajo el segundo y titubeante gobierno de Caldera. Gestión que comenzó anunciando algo parecido a una revolución, con un escarceo de cacería de corruptos en el Teresa Carreño y con el propósito de poner fin a los privilegios de las elites. Se le quitaría a los que más tenían para darle a los que no tenían nada, declaraban, y a esto sumaban la promesa de desencadenar un proceso de descentralización radical de la asignación de recursos, que en su mayoría debían ir hacia la provincia, como se llama desde Caracas al resto del país.

El quinquenio, sin embargo, terminó sin prueba alguna de corrupción, con un Conac idéntico en su estructura al que se había recibido —pero sin duda más triste y abúlico—, con una provincia que recibía el mismo porcentaje presupuestario de hacía cinco años, y con un cuadro de parálisis de instituciones que se acostumbraron a sobrevivir a las largas esperas por las asignaciones presupuestarias y a los cortes de servicios de agua o luz para poder pagar la nómina. Salvo gestiones institucionales aisladas, exitosas y comprometidas, en el sistema cultural público nada en esencia había cambiado. Y, a diferencia de lo que ocurría en otros campos —recordemos por ejemplo la extraordinaria movilización que supuso la Asamblea Nacional de Educación—, tampoco se produjeron ni debates ni movilización nacional alguna de los dolientes directos para buscar alternativas, aunque fueran conceptuales, al desconcierto institucional que se padecía.

La inminencia de las elecciones de 1998, y la intuición compartida de que Venezuela se encontraba a las puertas de un proceso de cambio cuyo rostro estaba aún por definirse, hizo que diversos grupos —reunidos alrededor de candidatos, unos; respondiendo a la convocatoria de instituciones, otros— intentaran volver a pensar en el sistema cultural público en su conjunto y en alternativas viables para aquello que durante tantos años se había exigido como un deber y una necesidad. Primero, que el sector público venezolano asumiera sus responsabilidades en cultura no como un acto secundario, como la guinda que adorna el coctel, sino como una prioritaria política de Estado y un instrumento para el cambio. Y segundo, que esas políticas fueran explícitamente definidas, con sus metas y métodos transparentes; que se colocaran de cara al nuevo país que teníamos —de excluidos, empobrecido, traumatizado, extraviado—, de la nueva realidad internacional —globalizada, interconectada, digital—; y que sirvieran para darle un sentido de propósito al aparato cultural en su conjunto, en un momento en que padecíamos una de las peores crisis sociales, que era también una crisis de valores profundamente cultural.

El triunfo de Chávez, el entusiasmo inicial frente a sus posibilidades para impulsar un cambio real, abrió las compuertas para que distintas personalidades, y con ellas, distintas concepciones sobre la acción cultural, entraran en juego. Desde las más atrasadas y hasta cándidas —como aquéllas de quienes proponían frenar a Internet, en tanto que amenaza a la cultura nacional, o las que reducían el problema a una reivindicación decimonónica de lo popular frente a lo elitesco— hasta los intentos más pluralistas, que, apoyándose en lo existente y en la experiencia profesional acumulada en el sector, apuntaban a su democratización, a trabajar para disminuir la exclusión pero sin hacerle concesiones ni al populismo de izquierdas ni al de derechas. Es decir, sin olvidar que junto a las exigencias coyunturales de las políticas públicas, las instituciones culturales —un museo, una orquesta, una cinemateca, un centro comunal— tienen tareas genéricas y universales cuya misión no se puede ni descuidar ni postergar, ni siquiera en medio de conflictos bélicos.

Ahora se supone que algo nuevo ha comenzado. Pero, salvo el cambio de nombres, el país interesado en el tema aún no sabe, no conoce o no entiende muy bien de qué se trata. Hay señales de cambio, pero nos resta aún conocer a plenitud su sentido. Muchos hubiésemos preferido otro orden en los anuncios: la política primero, los nombres después. Lo que va quedando claro, más allá de las consideraciones sobre los buenos y los malos modales, es que el enunciado de «revolución cultural» sólo se justificará cuando se vea su resultado práctico en el único terreno desde el cual se hace pertinente: el del inicio de una gestión cultural que adquiera un sentido de propósito en su conjunto, deje de ser la suma de acciones particulares, legitime la autonomía de la cultura y la libertad de creación, se interese por la extensión de sus beneficios a los sectores hasta ahora excluidos, adquiera un alcance nacional y, sobre todo, como lo ha dicho Alberto Arvelo, valore el terreno ya cultivado, donde se siembre sin talarlo ni quemarlo a priori. Si no ocurre así, lo de ahora será otro cambio de nombres más, como los realizados en períodos anteriores. Con la diferencia de que éste sería recordado como un acto operático en el más puro estilo de Salomé.