Hace ya unos años, cuando cumplíamos responsabilidades públicas en el gobierno municipal de Aristóbulo Istúriz, le escuchamos una frase que suelo repetir cuando de discutir temas de gerencia pública se trata. Decía Piñango en una conferencia: «Bolívar sostenía que la inteligencia sin probidad es un azote, yo agrego que la probidad sin inteligencia también lo es». Con la frase, graciosa y contundente, Piñango quería subrayar lo que no resulta obvio para muchos: que tan peligroso para el buen funcionamiento del Estado puede ser un funcionario corrupto como un funcionario honesto y políticamente comprometido, pero torpe, ineficiente y sin capacidad gerencial. En ambos casos, aunque sea por razones distintas, se pone en juego el cumplimiento de los objetivos de servicio social que las organizaciones públicas deben cumplir.

Siguiendo esa lógica, la que trata de eludir tanto las tentaciones tecnocráticas —aquéllas que colocan la técnica por encima de cualquier otro criterio de decisión— como, en la acera opuesta, las tentaciones ideocráticas —aquéllas que colocan la coyuntura política y el discurso ideológico por encima de cualquier razonamiento técnico, científico o gerencial—, Piñango escribió el pasado jueves, en este mismo diario, un artículo titulado «Trampa mortal: los últimos 40 años», cuya lectura considero obligatoria para quienes quieran evaluar correctamente el presente político venezolano sin anularse intelectualmente por las bajas pasiones personales que fácilmente brotan en procesos intensos de renovación de actores políticos, como el que hoy vivimos.

El artículo en cuestión, para quienes no lo hayan leído, plantea como argumento central que la evaluación de los legendarios 40 años de gobiernos democráticos se ha convertido en un pantano que enreda y paraliza a quienes se obsesionan con ellos. Vale decir, a sus defensores acríticos —que terminan anulados políticamente, sin capacidad para movilizar al país y sus gentes— tanto como a sus jueces implacables —los que no encuentran ni una sola cosa digna de reconocimiento en esas cuatro décadas—, quienes pueden terminar justificando, mediante la condena del oscuro pasado, sus dificultades para actuar y producir resultados (mejorar las cárceles, hacer una mejor televisión pública o recuperar la economía, por ejemplo).

Concuerdo plenamente con la argumentación. De los primeros, los defensores acríticos de la labor histórica de los 40 años pasados, no hay que preocuparse. Por ahora, la voluntad electoral de la nación y el curso de los acontecimientos los han colocado en solitario lugar, permitiéndoles ser mayoría sólo en las páginas de opinión de los periódicos y en los programas televisivos de entrevistas de la mañana.

Con los segundos, los que andan montados en el bulldozer de la historia, que quiere hacer escombros y tábula rasa de las cuatro décadas de experiencia democrática, es imprescindible dialogar para que no repitan, tal vez sin darse cuenta, lo que han sido tres de las grandes taras políticas de nuestra historia republicana. A saber: primero, la necesidad de destruir —sin evaluar previamente— todo aquello que esté asociado al régimen anterior; segundo, la dificultad para dar continuidad a programas e instituciones que habían probado su importancia y necesidad; y, por último, la tentación de rodearse, administrativamente, sólo de miembros de confianza primaria del grupo al que pertenece el gobernante, no importa cuán calificados estén para los cargos asignados ni la experticia de quienes excluyen.

De la tercera tara, el mejor ejemplo lo constituye el gabinete de Luis Herrera Campíns, integrado en su mayoría por amigos del Presidente que, además, habían estudiado en el Colegio La Salle de Barquisimeto. En relación a las dos primeras, los ejemplos sobran. Allí están, como prueba, cantidad de autopistas y edificios públicos —el Foro Libertador, la sede de la Galería de Arte Nacional, el Hotel Humboldt, la autopista de Oriente—, obras iniciadas por un régimen y que el siguiente se ha negado a concluir; o las numerosas formas como un mismo ministerio ha sido nombrado o reagrupado por sucesivos gobiernos; o, incluso, en un gesto más drástico, la tradición de los caudillos del siglo XIX, que hacían romper y quemar las fotografía y pinturas de los gobernantes anteriores, con el propósito de borrarlos de la memoria.

También sirve de ejemplo el modo cómo la dictadura perezjimenista suspendió los proyectos culturales y educativos de profunda raigambre popular que se habían gestado durante el breve gobierno de Rómulo Gallegos, con la participación de lúcidos talentos como Juan Liscano o Luis Beltrán Prieto. O la manera abrupta como Caldera erradicó la educación técnica y las escuelas normales, sin que hasta hoy se haya creado nada que restituya su valiosa función.

Es lo que Picón Salas calificó como nuestra gran dificultad para mantener la continuidad histórica, expresada de manera irrefutable en una conducta compartida por los gobernantes del país, sin importar el período, su signo ideológico ni su tradición intelectual. Cuidado, pues. No estaría mal dialogar con Piñango. Fanáticos abstenerse.