Oscuridades

Se es virgen o no se es, se cree en Dios o no se cree, pero no hay punto medio posible. Exactamente igual sucede con los derechos humanos. Nadie debería confesarse ni asumirse como convencido de la legitimidad de éstos —y por tanto de su utilidad, en tanto que instrumento de convivencia civilizada— si cree que, como las cosechas, tienen sus tiempos propicios y sus espacios particulares. En tiempo de paz, sí a los derechos humanos; pero en tiempos de guerra o de caos, no. Para los seres humanos buenos y nobles, sí. Pero para «las lacras enfermas que ni siquiera califican para ser considerados como humanos» —la frase que salta de boca en boca a propósito de los saqueadores y violadores de Vargas—, no.

El último argumento, comprensible en términos de ira personal, no es, sin embargo, nuevo. Comenzar negando la condición humana de quien o quienes encarnan una amenaza, o afirmar su pertenencia a una escala inferior de la humanidad, es el recurso argumental que ha servido de justificación a los grandes genocidios del planeta.

Primero declaro que el Otro no es humano, y una vez que lo he despojado de su humanidad, tengo derecho a hacer con su vida lo que quiera. De ese modo, el genocida se siente justificado y exento de culpas frente a Dios, si acaso tiene debilidades religiosas, o frente a los demás humanos, aquéllos que a su juicio sí califican como miembros de la especie.

Es exactamente eso lo que argumentaron Hitler y su coro fascista frente a los judíos; los españoles, holandeses y portugueses de los tiempos coloniales, frente a los negros africanos y la población indígena americana; es lo que creen los hutus de los tutsis, o a la inversa; y lo que ofician sin saberlo los aparatos parapoliciales brasileños, que juran haber hecho una digna labor cada vez que han salido a matar en masa a los niños huelepega y a los indigentes de las calles de Río y São Paulo.

O, para que no pensemos que la tentación nos es lejana, ¿quién no ha escuchado alguna vez la afirmación, aunque sea en broma, de que con unas cuantas bombas bien lanzadas sobre los cerros de Caracas se resolvería rápidamente el problema de la pobreza?

En el fondo, la situación se convierte en asunto de grado. Hemos visto suficientes creaciones de Hollywood que muestran sin pudor cómo algunos soldados norteamericanos, perturbados por el frenesí de la guerra, pensaban que nada oriental que se moviera tenía derecho a la vida. Alguna vez, a mediados de los años 80, le escuché a un oficial venezolano, en medio de la excitación de unos whiskies, sentenciar que a los dirigentes del Partido Comunista había que matarlos (a todos), pues ellos habían sido en los 60 unos asesinos de militares. Y algo más o menos semejante deben creer de todos los judíos los terroristas de Hamas, y de los españoles del centro los asesinos de ETA.

El asunto es: ¿cuán legítima es esta posición? Porque los límites del odio y la arbitrariedad humana, muy bien nos lo ha enseñado el siglo XX, son insondables. Para intentar fijarle algunos límites, y como un antídoto civilizatorio, surgieron la noción de Humanidad, primero, y la de derechos humanos, después.

La de Humanidad —la idea de que todos los hombres y mujeres de la Tierra pertenecemos a una misma especie y compartimos una misma condición— es una noción relativamente reciente, del siglo XV en adelante, y constituyó un avance innegable en el proceso de crear normas de convivencia y tolerancia entre naciones y culturas, cosa que hoy aceptamos como algo normal y a cuya defensa se abocan cada vez más organizaciones y personas.

La de derechos humanos —la idea de que todo ser humano, independientemente de sus particularidades y diferencias, debe ser respetado de acuerdo a un conjunto de principios establecidos como acuerdos universales— es, ante todo, una manera de garantizar que la justicia sea el resultado de decisiones colectivas institucionalizadas, y no del arbitrio individual o circunstancial de una persona o un pequeño grupo de la sociedad.

Por esa razón, incluso a la guerra, la más brutal expresión de la fuerza destructiva del hombre, se le ha intentado normar, y hoy a todos nos quedan claras las diferencias entre un soldado que mata a otro en el fragor del combate y un criminal de guerra que asesina a civiles, ajusticia prisioneros o tortura enemigos. El primero está liberado de culpas, el segundo es un asesino, pero —y allí viene el tema de los derechos humanos— tiene derecho a un juicio que determine el grado y las condiciones en las que ejecutó sus delitos.

De eso se trata. No de otra cosa. La tendenciosa pregunta que generalmente se le hace a un defensor de los derechos humanos cuando reivindica, por ejemplo, los derechos de alguien que cometió un delito —¿y quién defiende los derechos de las víctimas?—, es una lamentable prueba de desconocimiento o de incomprensión.

En primer lugar, porque lo que se defiende no es su conducta criminal, sino su condición humana y su derecho a un proceso judicial justo. En segundo lugar, porque muchas de las organizaciones de derechos humanos dedican una buena parte de su acción a atender psicológicamente a las víctimas —pongamos, por casos de violación—, y a asesorarlas y orientarlas jurídicamente para que hagan sus denuncias sin temor. Y, en tercer lugar, porque siempre existen inocentes que pagan por pecadores, y gracias a la defensa de sus derechos se ha podido establecer esa verdad. Así ocurrió, por citar un caso, con El Amparo, cuando se demostró que los muertos no eran guerrilleros sino campesinos, y que no fue un enfrentamiento sino una emboscada.

Que el ciudadano común, tal como se desprende de las encuestas televisivas y de nuestras conversaciones cotidianas, no comprenda que la defensa de los derechos humanos no es una defensa del delito, sino una manera de impedirlos, y que cada uno de nosotros está en una ruleta permanente, donde puede ser víctima o victimario, es una prueba de lo poco creíble que es la justicia en nuestro país, lo grande del desamparo y la pobre comprensión de nuestra Carta Magna. Hay tarea educativa para rato.