Tribunales del tiempo

A los dictadores, no importa si lo son en nombre de la burguesía o del proletariado, pareciera interesarles en demasía que la Historia los absuelva. Es lo que nos ha venido a recordar la opinión del comandante en jefe del ejército chileno, general Ricardo Izurieta, en relación con el inminente proceso judicial que se le viene encima, en su propio país, al sátrapa Augusto Pinochet.

Violando las normas mínimas de autonomía entre poderes públicos, minutos antes de entrar a expresarle su solidaridad al anciano genocida, el jefe militar ha dicho: «El juicio de la Historia no se ha hecho todavía. Y cuando se haga, no les quepa la menor duda de que el sitial que merece el general Pinochet lo va a recibir».

La frase, como cualquier otra grandilocuencia de quienes saben que su nombre viajará por el tiempo sobre rieles de odio y sangre, es, antes que una premonición, una payasada ideológica. Precisamente la Historia nos ha enseñado que, en lo que a prestigio de estadistas se refiere, aquello que no se logró en vida —Mandela, por ejemplo, no necesitaría jamás de ese tipo de excusa—, difícilmente podrá ser logrado después de ella, a menos que fuerzas como las que este tipo de dictadores encarnan sean las que triunfen y dominen sus sociedades en el futuro. Y esa, ni siquiera en Chile, donde una parte importante de la población cultiva curiosas formas de veneración al autoritarismo, pareciera ser la tendencia internacional.

Todo lo contrario. Aun con todos sus horrores juntos —y también con la hipocresía que la naciones desarrolladas muestran, como en el caso del apoyo norteamericano al golpe de la derecha chilena contra el gobierno de Allende—, la segunda mitad del siglo XX latinoamericano ha sido un lento y accidentado, pero persistente, proceso de desalojo de las dictaduras militares como figuras cuasi naturales en el ejercicio del poder.

La Historia ya ha emitido sus juicios. El último de la estirpe de gorilas Somoza voló despedazado por los aires, víctima de un tiro de bazuca que alguno de sus enemigos le asestó. Y nadie, ni siquiera sus herederos políticos, algunos de ellos bien situados hoy en el poder nicaragüense, se ha atrevido a hacer defensa alguna de su aterrador paso por la vida centroamericana. Lo mismo vale para Trujillo, el asesino de la República Dominicana; para los sádicos y perversos militares de las dictaduras argentinas de los años 70, muchos de ellos ya procesados por la justicia; y para los no menos criminales de las dictaduras de Uruguay y Paraguay.

Otros dictadores, conocidos también por sus crímenes políticos pero niños de pecho al lado de Pinochet, como Machado en Cuba —asno con uñas, lo llamaba Raúl Roa— o Pérez Jiménez en Venezuela, han pasado sin más al sótano de la Historia, a pesar de que a este último todavía se le recuerda por la calidad de sus obras de infraestructura. Sin embargo, el hombre de la motoneta necesitaría de una lavandería del tamaño del Ávila para hacer desaparecer la sangre que con nombre y apellido arrastra como mácula indeleble sobre sí. Todos estos dictadores ya tuvieron su juicio, y de alguna manera, su castigo. Por los momentos, sólo falta Pinochet, quien, por la firmeza de sus seguidores y el sostén que le han dado las fuerzas armadas chilenas, continúa tratando de ganar en casa la pelea que ya perdió en eso que se llama la opinión internacional.

Pero el caso de Pinochet ya no es local. Ha dejado de ser un problema específicamente chileno. Y no solamente porque la justicia internacional, en función de principios universales sobre derechos humanos, solicitó su cabeza, que adquirió precio inusitado para organizaciones españolas, suecas, inglesas y hasta francesas. Lo que verdaderamente convierte el caso en algo tan importante y representativo, especialmente para América Latina, es que en el germen y en los modos de actuar de la dictadura pinochetista no se expresó solamente una voluntad individual —la aventura caprichosa de una logia o una élite militar—, sino que fue el mecanismo que un sector de la sociedad —el más acaudalado y conservador— encontró y avaló para frenar el proceso de toma del poder político por grupos que expresaban los intereses y las esperanzas de otro sector, el menos afortunado económicamente y por tradición excluido políticamente.

Nadie puede dudar que, efectivamente, el gobierno de Allende y la furibunda oposición de izquierda y derecha generaron condiciones de caos y crisis económica que facilitaron el zarpazo militar. Pero la tarea encomendada a Pinochet no fue la de buscar una salida a la crisis y asegurar lo más rápidamente el retorno al orden institucional. El objetivo, frío y cruel por demás —lo podemos ver más claro con el paso del tiempo— fue el de quebrarle al país la moral y erradicar en lo posible cualquier síntoma de militancia política que atentara contra el orden que desde el siglo XIX se había entronizado como institucionalidad democrática en la nación sureña.

En un continente, el latinoamericano, donde la brecha social entre minorías privilegiadas y mayorías excluidas y empobrecidas se ha convertido en la contradicción fundamental, amenaza permanente y traba para la consolidación de las democracias, los modos de resolución de ese conflicto son y serán decisivos. La derecha chilena, en medio de los últimos coletazos de la guerra fría, encontró un método y apoyo internacional para ejecutarlo. Con el paso de los años, la sociedad, con el alma domesticada y el miedo habitándola, sirvió de escenario para que otra dictadura, la del mercado, hiciera acrobacias y se mostrara como modelo a imitar. El éxito de las cifras macroeconómicas comenzó en la cabeza de muchos a justificar los asesinatos, las torturas, las desapariciones.

Pero la Historia es arisca y de vez en cuando fija unos nuevos tribunales. Como fina ironía, y a contracorriente de lo que anuncia el general Izurieta, en la misma semana cuando se falla el desafuero del general vampiro, se ha inaugurado una estatua del presidente demócrata Salvador Allende. Por los momentos, la figura utópica y convencida de Allende, colocándose un casco y empuñando un fusil para morir defendiendo el régimen en el que creía, será siempre más esperanzadora y, paradójicamente, llena de vida, que la grabación de Pinochet hablando por radio una vez enterado de la muerte de Allende, cuando ordena, cargado de odio: «Envuelvan el cadáver en un saco de papas y mándenlo a Cuba, que era donde al ciudadano le hubiese gustado vivir». Castigar a Pinochet es una manera de castigar un método, el más bastardo, de confrontar el tema de la exclusión y la pobreza.