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Luego de haber sido en muchas oportunidades del siglo XX una importante conciencia crítica de la Nación, la UCV ha pasado a convertirse en reflejo, espejo y metáfora triste de este país que arrastramos a cuestas desde hace por lo menos 20 años. A la Universidad le ha ocurrido lo mismo que a Venezuela: una buena parte de sus integrantes están absolutamente convencidos, desde hace ya mucho tiempo, de la necesidad de transformarse a fondo, pero ninguno de sus sectores —incluyendo el equipo de autoridades de la última década, hoy jefes importantes del gobierno nacional— ha tenido ni la voluntad política ni la fuerza o las destrezas necesarias para lograrlo. Entonces, siguiendo aquella lógica beisbolística de que «a quien no hace le hacen», el tren desbocado de los tomistas, alimentado por bombas lacrimógenas y vicepresidentas, decide que posee legitimidad suficiente como para impulsar, al estilo Jalisco, una revolución de inspiración bolivariana.

Pero calcularon mal. Los tomistas y sus padrinos olvidaron que en su modo de actuar, tan expuestamente público —tan estilo guerrilla colombiana en el Palacio de Justicia—, se echaban sobre sus hombros, como ningún otro grupo lo había hecho antes, un pecado original: aquel que proviene de una modalidad de protesta, sustentada siempre en el ejercicio de grados diversos de violencia, que desde hace más de 15 años ha venido siendo practicada por un minoría universitaria que terminó aislada del grueso de su comunidad, y que ha contribuido a despolitizar dramáticamente a una colectividad que en otros tiempos era una fuente privilegiada de la imaginación política nacional.

La UCV, y la mayoría de sus miembros, unos más que otros, se fueron resignando a la idea de que era natural, legítimo y hasta justificable que un grupo de encapuchados le quemara su camión a un distribuidor de leche, secuestrara una camioneta de la compañía telefónica o destrozara a pedradas la vidriera de un comercio privado para protestar contra el pasaje estudiantil, la presencia de un presidente norteamericano o el cambio de pensum en una Escuela cualquiera. Se hizo normal también que algún grupo de estudiantes sin capucha secuestrara a los miembros de un Consejo de Facultad en pleno para protestar las notas de un examen, se apropiara de un local para su organización política, o destrozara a hachazos las hermosas y no menos costosas puertas del Aula Magna, o la malla metálica del Estadio Universitario, para irrumpir gratuita y masivamente a un espectáculo —acto supuestamente revolucionario—, sin importar si el empresario era la propia universidad recopilando fondos para restaurar el Aula Magna, o una firma privada en libre ejercicio de sus funciones.

De esta manera, una interpretación perversa de la autonomía instauró la creencia de que la universidad era un territorio sin Ley, donde delitos como el secuestro, la destrucción de bienes privados o la alteración permanente del orden público podían practicarse impunemente. La razón verdadera de la “autonomía», que no es otra que la de garantizar la libertad de cátedra y crear las condiciones para que las búsquedas de la ciencia y el pensamiento puedan ser cumplidas en libertad, sin las presiones del Estado y los demás poderes, fue convertida entre nosotros en protección del delito cobardemente practicado en un territorio a donde no puede entrar la policía.

A esto contribuyó grandemente la casi absoluta disolución de la presencia de organizaciones políticas formales en el seno de la Ciudad Universitaria, presencia reducida actualmente a la hegemonía de Bandera Roja, paradójicamente defensora del oficialismo ucevista y enfrentada al oficialismo gubernamental. Las organizaciones políticas formales que allí hacían vida —y aquí incluyo no solo los partidos, sino grupos de opinión y de presión específicamente universitarios— canalizaban los diversos credos de sus integrantes, contribuían a movilizarlos organizadamente y a definir frentes de creencias y posiciones académicas que, mal que bien, frenaban el caos y la impunidad de la izquierda ultra y populista que, aliada a una practica gremialista demencial, fue pervirtiendo el orden interno y los estilos de gobierno en la universidad.

Como si los lectores del Pato Donald se asociaran en grupos de presión diversos, los «ismos» personales —por ejemplo, el huguismo, el paquismo, el luisismo— se convirtieron en la forma dominante de organización política para acceder al gobierno universitario, creando un vacío que hoy nadie —ni tomistas ni autoridades— en apariencia puede llenar.

Una parece ser la más importante lección del presente: para que la universidad que tanto queremos recupere su esplendor, preserve lo que ha logrado con éxito, corrija sus patologías laborales e inicie un cambio a profundidad, debe comenzar por mantener a raya toda forma de debate y de accionar político y académico basado en el chantaje y la naturalización de la violencia, y recuperar su carácter de casa del pensamiento, capaz de debatirse a sí misma desde el principio más alto de la autonomía, aquel que viene de la libertad de cátedra. Lo escribió alguien hace poco: es muy triste una universidad que no haga política, pero más triste aún es una que solo haga política. Y para más, violenta. A la mayoría silenciosa le ha llegado la hora de la palabra.

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