Mañana pretenderá el Gobierno usurpador consumar el mayor atentado contra la fe pública y la soberanía popular que se conoce en la historia de Venezuela. Se trata de la instalación de una Asamblea a la cual el régimen del fraude y la arbitrariedad quiere calificar como Nacional Constituyente, cuando en realidad es sólo la reunión de un grupo de empleados públicos, incondicionales de la camarilla que rodea al coronel Pérez Jiménez. Es así, porque la verdadera Asamblea Nacional Constituyente elegida por el pueblo, en los ejemplares comicios del 30 de noviembre, quedó integrada por 67 diputados de U.R.D., 19 de Copei y 17 de los grupos gobierneros y in la de mañana, el fraude, de todos conocidos, sólo reconoce 29 a U.R.D., 14 a Copei y elevó a 60 el número de los representantes de ' la camarilla, mediante el otorgamiento de falsas credenciales, luchas de ellas obligadas a firmar, revólver en mano, a aterrorizados– funcionarios de las juntas Electorales Principales. Además, legítimos representantes del pueblo han sido desterrados: Jóvito Villalba, Mario Briceño Iragorri, Humberto Bártoli, Luis Hernández Solís, Raúl Díaz Legórburu, Ramón Tenorio Sifontes, Víctor Rafaelli, J.A. Medina Sánchez, diputado por Táchira, cuyo nombre no apareció en la ´Gaceta Oficialª; Juan Saturno Canelón, fue electo como candidato principal por el Frente Electoral Independiente en el D.F. y expulsado del país al negarse a colaborar.

Los diputados urredistas que permanecen en el país son objeto, en su mayoría, de la persecución del Gobierno, sobre todo los firmantes de este manifiesto, electos por el pueblo y también proclamados por el propio fraude, quienes hemos merecido la preferente y fracasada atención del Dr. Laureano Vallenilla Planchart, en su morbosa función policial.

La salvaje persecución contra los diputados y dirigentes urredistas ha hecho físicamente imposible para nosotros toda consideración de lo que era imposible moralmente: la cuestión de concurrir a la espúrea Asamblea. Y ha obligado a Copei a establecer como base previa para resolver la concurrencia de sus diputados, el restablecimiento de la garantía efectiva de la inmunidad parlamentaria y reclamar ´en consecuencia: cesasión inmediata de las medidas dictadas contra representantes ya proclamadosª, como lo expresa valientemente un documento emanado de su Directorio Nacional, en el cual se agrega, al referirse a la situación creada por el Gobierno: ´que lejos de abrírsele paso al engrandecimiento del país a través de fórmulas propicias, se le ha elevado a oscuras encrucijadas que no pueden conducir sino a uno de los dos extremos: la implantación de un régimen de fuerza, desconocedor de todo límite frente a la ciudadanía, investido de absoluta arbitrariedad, o el reinado de la violencia y la anarquía, desordenado y demoledorª. Lo primero es lo que ya ha realizado Pérez Jiménez. Lo segundo, sólo puede evitarlo el reconocimiento de la voluntad popular expresada el 30 de noviembre, la reunión de la Constituyente legítima y la constitución de un Gobierno de Integración Nacional, bajo un responsable entendimiento con las Fuerzas Armadas, para lo cual es indispensable la separación de ellas de quien, loco por su ambición de poder e instrumento de los apetitos de lucro de una camarilla insaciable, ha arrojado sobre el honor y la gloriosa tradición de la institución castrense venezolana una mancha que únicamente la voluntad y el empeño patriótico de sus integrantes podrán borrar. Sólo así se logrará la recuperación de la República y de sus instituciones y ´abrírsele paso al engrandecimiento del país mediante fórmulas propiciasª.

La Asamblea que instalará mañana el Gobierno, sin la concurrencia de los legítimos representantes de Copei y U.R.D., no tendrá ningún valor moral, jurídico ni político. De sus integrantes sólo 17 portarán credenciales legítimas. Los otros serán reos del más feo delito, sancionado por la Ley y la conciencia pública. Y todos unidos por la desvergüenza o el miedo, darán el espectáculo de una grosera caricatura de Constituyente y serán rebaño obediente de las órdenes que les impartirá el grotesco y desacreditado Mujiquita que funge de Ministro de Relaciones Interiores.

Nada de lo que resuelva esa Asamblea tendrá valor de ninguna especie, y sobre ella podrá desencadenarse, en cualquier momento, la santa cólera del pueblo burlado y escarnecido, contenida hasta ahora por la plenitud de su conducta cívica y por la responsabilidad de sus dirigentes, que en las distintas organizaciones partidistas hemos sabido guiarle desde noviembre de 1948, por caminos de serenidad y cordura.

U.R.D., partido democrático y liberal, cuyos candidatos a la Constituyente fueron elegidos por una mayoría abruma dora, sin pacto alguno con otra organización legalizado di suelta por el régimen de facto, sin más compromisos que los contraídos durante la campaña electoral, o sea el de luchar por el establecimiento de un régimen de libertad e igualdad para todos que sea garantía efectiva de las instituciones y derechos democráticos y la constitución de un Gobierno de integración nacional, llama al pueblo ciudadano a mantenerse firme en su condenación cívica a la usurpación de Pérez Jiménez, y al pueblo armado, constituido por los jefes, oficiales, clases y soldados de las Fuerzas Armadas de Tierra, Mar y Aire, a per catarse de la responsabilidad que les impone el momento histórico. En la unidad integral de todo el pueblo y en la lucha común por el establecimiento de un régimen democrático, dentro del cual el Ejército Nacional cumpla su alta y noble misión de velar por la soberanía nacional y la paz interna, está la salvación de la República.

En esta grave emergencia, Unión Republicana Democrática ratifica una vez más su condición de fuerza moderadora, sólidamente organizada, al servicio exclusivo de los supremos intereses de la Nación Venezolana.

Caracas, 8 de enero de 1953.

Por el Directorio Nacional de U.R.D., Ignacio Luis Arcaya, Presidente. Juan Manuel Domínguez Chacín, Secretario General.