Caracas, Jueves, 24 de abril de 2014

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A la Dirección Nacional y militancia del partido

Jóvenes de Acción Democrática

El Mundo, Caracas 8 de abril de 1960

Acción Democrática está viviendo horas de verdadera conmoción interior. En la nación entera el Partido vibra bajo la sacudida de un debate ardoroso. Y la opinión pública, llena de desesperación, espera impaciente un desenlace. Nuestra vasta militancia divide sus preferencias en torno al problema. No hay alternativa para la indiferencia. Y en esas agudas circunstancias, nosotros, militantes de todas las escalas de la Organización, hemos resuelto escribir este documento. Resume él un llamado a la reflexión para la Dirección Nacional. Y quienes los suscribimos queremos hacer constar nuestra definitiva posición frente a la crisis que atraviesa el poderoso organismo político que es Acción Democrática. Queremos señalar los riesgos que implica para su unidad interna el peligroso simplismo disciplinario que se está poniendo en práctica. Y salvar nuestra responsabilidad histórica ante la gruesa porción de pueblo que constituye el Partido y el resto de pueblo que está fuera de sus cuadros. Nuestra conducta ha estado ceñida siempre a la mejor doctrina acción-democratista y responde también al espíritu nacionalista y revolucionario que le dio origen y que le permitió recoger en poco tiempo la cálida e inmensa fe del pueblo.

Nosotros, en una u otra forma, hemos sido parte activa en todos los debates. En ningún organismo de dirección ni en ninguna asamblea calificada hemos dejado de expresar nuestras ideas acerca de la esencia y conducción de Acción Democrática. No nos ha atemorizado el miedo reverencial. No nos ha apagado el ánimo la presencia de alguna poderosa individualidad. En todos los casos hemos tenido firmeza y lealtad para hacer hasta los más atrevidos planteamientos. Y nadie podría afirmar que nuestros puntos de vista hayan sido sostenidos con propósitos ocultos. Por él contrario, en las dos últimas convenciones hemos dado prueba de nuestros sacrificios en pro de la unidad del Partido. Si otra hubiera sido nuestra conducta en esos dos importantes eventos partidistas, otros hubieran sido los resultados. Pero como siempre nos ha animado el deseo de fortalecer la unidad interna de la Organización, nuestra conducta ha girado en función de esa necesidad esencial, Y más que conquista de posiciones directivas nos ha importado la correcta orientación del Partido y la integridad de la doctrina y el programa que alumbraron su nacimiento. Y cuando hemos luchado por llevar a organismos de n a determinados compañeros ha sido, solo por la consideración de que sus apreciaciones sobre problemas del Partido y, de la vida nacional eran respetables y justos, y debían ser materia de examen y de cuidadosa atención.

Este documento tiene por finalidad hacer llegar nuestro criterio a la Dirección Nacional sobre el problema que actualmente nos preocupa. Señalar la forma equivocada como se ha conducido el CEN en la presente crisis y las medidas erróneas que se han puesto en práctica para resolverlo. Discrepar de la calificación que ha merecido la presente situación partidista por parte de nuestro ~o organismo de dirección. Censurar el espíritu cerrado con que se ha visto el problema. Y, en fin, ratificar las divergencias doctrinarias, estratégicas y tácticas que hemos tenido con sectores dirigentes en los últimos tiempos.

Discrepancias de fondo se han puesto en evidencia desde los tiempos de la Clandestinidad. Organismos de dirección y asambleas calificadas fueron, en esa época y en esta etapa legal, escenario de menudas, agudas y serias controversias. Doctrina y estrategia, táctica y programa han sido constantemente objeto de análisis atentos, reveladores del peso y contenido de las diferencias, que se acentúan hoy a cada instante y en la más elemental polémica. Hasta ahora había sido posible armonizar, había sido posible aceptar el criterio dominante, porque la existencia de criterios divergentes y su libre expresión frente a los cuadros y organismos del Partido, no había sufrido ninguna limitación. Y esa armonía interna se mantuvo a pesar de que muchas veces la discusión se vio empañada por una campana de injustos calificativos, de violentos ' adjetivos y hasta de desleales sugerencias. Aún dentro de. ese clima tan difícil fue posible el debate. Pero cuando, por sostener puntos de vista distintos, la Dirección Nacional recurre a medidas coactivas, interpretando en forma muy particular e interesada los estatutos del Partido, aplicándolos con evidente discriminación, la convivencia se torna realmente insostenible, la democracia interna se deforma y se limita la libertad para la búsqueda de la más saludable solución.

  1. No es un problema disciplinario, es un problema ideológico

    Formalmente podrá ser cierta la aseveración de que lo que afecta actualmente al Partido es un simple problema disciplinario. Si se mira con ánimo leguleyo la situación planteada, interpretando mecánicamente los estatutos, es posible que algunos lleguen a considerar como válida semejante calificación. Pero si se analizan los antecedentes lejanos y las circunstancias recientes que configuran la presente crisis, es decir, si se examinan los hechos en su pasado y en su expresión actual, con objetivo criterio histórico, se concluirá en que el malestar de la Organización tiene definitivas raíces ideológicas.

    Hemos discrepado en el seno del Partido por muchas razones y sobre muchas materias. La fundamentación filosófica y su expresión doctrinaria, lo mismo que el programa, la estrategia y la táctica, han sido fuente de claras divergencias. La militancia es testigo de singular valor de que sobre estos casos hemos expuesto

    diáfanamente nuestros puntos de vista, sin recurrir a disfraces gramaticales ni a pretextos de otra naturaleza. No se nos puede acusar de intransigentes ni de obcecados. En los canales regulares de la Organización hemos librado batalla en defensa de nuestro pensamiento, con honestidad ideológica y partidista. Por otra parte, la historia de las diferencias no es reciente: desde la época de la Resistencia, sin mengua de nuestra diaria y disciplinada contribución, el enfoque que hacían los Comandos Nacionales de la situación venezolana, el método de lucha seguido por el Partido, la orientación genera¡ del trabajo clandestino, halló en nosotros críticos responsables.

    Y desde que advino la legalidad democrática no hemos escamoteado en el seno de la Organización, el planteamiento de nuestras posiciones. El análisis del 23 de Enero, la cuestión presidencial, la orientación general del Gobierno de la Coalición, la política internacional y la militar, la defensa del régimen democrático, la política económica y la conducta oficial ante los reclamos, de las masas populares, son hechos y actuaciones sobre los cuales hemos expresado nuestra opinión con absoluta claridad. Y siempre el norte de nuestra posición ha sido la médula doctrinaria y programática de Acción Democrática, su vertebración nacionalista y revolucionaria. Quienes comandan hoy al Partido, deben tener presente en la memoria los debates de nuestras dos últimas Convenciones Regionales, Distritales, Municipales, reuniones de organismos directivos y asambleas de base. En todos esos cuerpos ha habido dos grandes líneas de análisis. Y recuérdese así mismo que por sostener ideas diferentes a las de sectores dirigentes del Partido, más de una vez se nos han endilgado acusaciones injustas y se nos ha dicho procomunistas, colonos intelectuales y hasta desleales a los intereses accióndemocratistas. Esto sin olvidar la actitud de quienes han pretendido expulsarnos de la Organización: casos todos ellos en que se ha actuado frente a nosotros por motivaciones de orden ideológico, que no disciplinario.

    Después de la X Convención Nacional tuvimos la impresión generalizada de que iba a arreciar la campaña de acusaciones falsas contra nosotros, a fin de crear el clima adecuado para arrojarnos del seno de Acción Democrática. FI compañero Rómulo Betancourt, en ,,seno su discurso del 21 de enero y sin que mediara ninguna razón, nos ,endilgó públicamente el calificativo de "cabezas calientes", afirmando de paso que estábamos creando dificultades a la estabilidad democrática. Poco tiempo después una conocida sección anónima de un diario local, dedicó alguna de sus columnas a anunciar la depuración que se efectuaría en Acción Democrática, y los argumentos que esgrimió fueron los muy manoseados de la desviación ideológica. Esto quiere decir que los inspiradores del seudonimista estaban siendo enterados de algo que internamente ya se preparaba en el Partido, y que se recurría a él para que contribuyera a preparar la atmósfera pública. Al mismo tiempo, dirigentes del Partido, en diferentes seccionales del país, sugerían la conveniencia de medidas de ese tipo. Pero la culminación de toda esta campaña tuvo como escenario el último Comité Directivo Nacional (CDN), celebrado a fines de enero de este año, y en el cual una violenta y agresiva intervención del compañero Rómulo Betancourt pidió el pase del c. Domingo Alberto Rangel al Tribunal Disciplinario y planteó la expulsión de algunos otros compañeros, especialmente los miembros del Buró juvenil Nacional. Y lo grave no fue tanto el planteamiento sino la exposición que hizo el c. Betancourt y las gravísimas acusaciones que formuló, todas ellas, derivadas de nuestras profundas contradicciones ideológicas. Si en esa ocasión la energía nuestra impidió que se consumase el propósito, la cuestión, sin embargo, fue planteada. Y todos los acusados, acusados por las divergencias doctrinarias y tácticas, tuvimos la sensación de que la maquinaria para la expulsión se encontraba montada. Que fuésemos a ser expulsados en bloque o individualmente era cuestión de esperar. Posteriormente al CDN continuó la campaña pro-expulsión. Miembros de la Dirección Nacional y algunos dirigentes regionales siguieron insistiendo en crear el ambiente adecuado. En conversaciones, diálogos de pasillo, asambleas, charlas, corrillos, se prosiguió desarrollando esa línea de conducta.

    Y la evidencia de cómo sería el procedimiento la tuvimos cuando algunos Secretarios de Organización de parroquias caraqueñas

    formularon en una asamblea y después pasaron el caso al Tribunal Disciplinario Distrital acusación contra el dirigente juvenil distrital Vladimir Acosta, por haber hecho críticas a la política gubernamental en una reunión de parroquia, acusándole por ello de comunista. Después de esto vinieron las acciones contra los cs. Domingo Alberto Rangel y Américo Martín, las cuales han desatado una reacción en cadena de repudio a las medidas del CEN y creado la profunda crisis interna en que se halla sumida la Organización. También en estos casos la motivación ha sido ideológica y no disciplinaria, por cuanto el, contenido de los artículos fue lo que dio lugar a la medida. Luego ocurriría la suspensión del compañero Américo Martín, la del Buró juvenil Nacional, la de los compañeros de las Secciones del Zulia, Yaracuy y Anzoátegui y la prohibición de discutir sobre tales decisiones en el seno del Partido. Por lo demás, los conceptos emitidos por los compañeros cuestionados corresponden perfectamente a nuestra concepción doctrinaria general.

    Pero el carácter ideológico del problema interno está no sólo en lo anteriormente dicho, sino en el modo cómo la Dirección entiende y califica lo que podrían ser planteamientos fuera de la doctrina accióndemocratista. Las ideas que nosotros sostenemos inquietan y preocupan a dirigentes del Partido de opiniones diferentes y dan lugar a calificativos, acusaciones y pases al Tribunal Disciplinario, pero los conceptos sostenidos por aquellos, interna o públicamente, no producen consecuencia alguna, por más que contravengan al mismo tiempo ideología y disciplina. Así, la acusación pública que nos hiciera el c. Rómulo Betancourt no dio lugar ni siquiera a una simple amonestación, y de igual impunidad gozaron Luis Esteban Rey y J. M. Machín, que arremetieron contra nosotros desde las columnas de la prensa pidiendo la implantación del terrorismo ideológico. juicios emitidos por el c. Jesús Paz Galarraga, Secretario General Nacional, en un artículo sobre los despidos petroleros tampoco despertaron el más pequeño celo, pese a que llegó a afirmar que el Estado Venezolano es socio de las Compañías Petroleras en la explotación de los hidrocarburos y trató de dejar la sensación de que futuros aumentos de salarios para los trabajadores serían inconvenientes, toda vez que bolívar que se aumentase a los empleados y obreros petroleros iría contra los beneficios que el Estado percibe y de ningún modo arrancados como conquista sindical a las Compañías. Y esta tesis extraña fue dejada colar tranquilamente como accióndemocratista.

    De todo lo anterior se desprende que en la Dirección Nacional existe el ánimo preconcebido de actuar contra ciertos compañeros por las ideas que sostienen y que se los procura encubrir con pretextos disciplinarios. Las debilidades, las renuncias a postulados programáticos y hasta las claudicaciones de ciertos sectores dirigentes del Partido, se excusan siempre como "pasos tácticos", como resultado de una inefable "habilidad". A los demás, a quienes no poseen salvoconducto, los espera el Tribunal Disciplinario o las acusaciones mentirosas. Por ello no tiene nada de apresurado o injusto el que afirmemos que la presunta severidad disciplinaria es una maniobra de claros propósitos políticos, tendiente a echar de la Organización a valiosos cuadros dirigentes.

    La tesis de expulsar núcleos de compañeros debido a las ideas que sostienen, es coincidente con la de personeros de las fuerzas económicas y de algunos altos oficiales de las FAN, según la cual la presencia de una ala radical en Acción Democrática es obstáculo para que el Gobierno conserve y consolide la confianza de dichos sectores. Los dirigentes del Partido que tal tesis defienden son los abanderados de una concepción formalista de la democracia, ya que sacrifican las grandes conquistas sociales al mantenimiento de la estabilidad, sin convencerse de que, precisamente, para garantizar esa estabilidad y para hacerla definitivamente firme, es necesario enfrentarse resueltamente a los agentes de la antidemocracia, destruir sus poderosos intereses y acometer la resolución de los grandes problemas nacionales y liquidar los remanentes dictatoriales.

  2. La acusación de comunistas

    Ha sido insistente y terca la falsa acusación de comunistas y procomunistas lanzada contra nosotros. 'Se ha utilizado esta campaña para sofocar las discrepancias internas, invalidar planteamientos legítimos, ocultar la renuncia a principios anteriormente sustentados y esconder la claudicación frente a los reclamos imperiosos de la historia, cambiante e inexorable. La Dirección Nacional ha permitido, con la más absoluta libertad, que dirigentes y columnistas se comporten públicamente de tal modo, sin hacerles el más pequeño llamamiento al orden. Los que auspician y alientan en el plano internacional la hipertrofia anticomunista están convencidos de que los comunistas por ahora y por mucha tiempo, no tienen posibilidad de gobierno ni por vía electoral ni por vía insurreccional en ningún país latinoamericano, pero utilizan dicha campaña para amedrentar a los partidos democráticos y hacerles renunciar a sus programas y postulados nacional-revolucionarios. Como saben que estos partidos sí recogen hasta ahora la masiva fe del pueblo por cuanto su doctrina contiene la lucha contra el imperialismo, la liberación económica, una política internacional independiente, la industrialización y la reforma agraria campesina y sí tienen la posibilidad de ser gobiernos, entonces se les pretende asustar con fantasmas para llevarlos a la claudicación. Y en gran parte lo logran cada día, cuando convierten organizaciones políticas de masas en simples aparatos liberaloides, retocados para el engaño y el consumo exterior con cierta retórica progresista.

    La ola del anticomunismo profesional pretende calificar de comunista a toda obra de transformación social capaz de afectar los intereses de los grandes monopolios y de modificar las petrificadas estructuras económicas de nuestros maniatados países; pero lo más grave es que no sólo ha saturado esa campaña el ámbito nacional e internacional de Latinoamérica, sino que se ha convertido en innoble instrumento de lucha dentro de los propios partidos nacional-revolucionarios, tal como está aconteciendo dentro de Acción Democrática.

    En Venezuela esa campaña ha impedido el acceso de grandes sectores de la juventud a las filas del Partido, pues nuestro pueblo, sin ser afecto al comunismo siente respeto no sólo por la conducta digna de los dirigentes comunistas durante el decenio dictatorial, sino también porque el anticomunismo fue el lenguaje cotidiano de la Dictadura cuando pretendía justificar cualquier atropello contra las libertades públicas y contra los intereses del país, y es el idioma favorito de todas las demás dictaduras americanas y de los gobiernos y monopolios que controlan nuestra riqueza y desarrollo y se oponen a nuestra liberación nacional.

    Nosotros tenemos una ideología clara, enraizada en la doctrina nacional-revolucionaria que dio razón de ser a Acción Democrática y que tiene diferencia con la de los comunistas y es por eso falaz y deliberado el calificativo con que se nos pretende apabullar. Pero no somos anticomunistas ni estamos dispuestos a trasladar a nuestro ánimo ni a nuestra conducta pública los odios y los resentimientos de algunos dirigentes que, violando nuestra esencia doctrinaria, militan hoy en el campo del anticomunismo profesional; b cual es distinto a no discutir diferencias tácticas e ideológicas con esa colectividad política. La ideología de Acción Democrática fue siempre, desde sus comienzos, nacionalista y revolucionaria. El juego del anticomunismo, al amedrentar a un numeroso sector de sus dirigentes trata de impedir el cumplimiento de los propósitos fundamentales que aquella definición implica. Por eso, por lesivo a los intereses populares y del Partido repudiamos el anticomunismo como método de lucha y hemos tenido y tenemos serias y ásperas divergencias dentro de la Organización.

  3. Política frente a los sectores populares

    Otra fuente de discrepancia con la Dirección Nacional ha sido la actitud del gobierno frente a los sectores populares. El gobierno que preside el compañero Rómulo Betancourt parece que tuviera el deliberado propósito de demostrar a cada instante una exagerada severidad con las masas populares. Cuando ocurre alguna invasión de tierras por los campesinos, aún de aquellas que les fueron dadas en propiedad en el trienio 45-48, el gobierno reacciona como bajo el impulso de un resorte, hace una violenta declaración pública y ordena al ministro del ramo proceder al desalojo. Asimismo se actúa frente a aquellos movimientos huelguísticos de los trabajadores que son calificados de ilegales, y sobre los cuales se hace pender en seguida la sombra de una amenaza. Pero en cambio se es tolerante con las agresiones de algunos círculos económicos, con el chantaje que ejerce sobre el gobierno, con la confabulación bancaria. Y frente a estos hechos la Dirección Nacional no ha tenido la suficiente energía oficiosa o pública para contrarrestarlos. Pese a que crean en 1 torno al Partido y al Gobierno una atmósfera de sospecha y de impopularidad. Y si bien es cierto que el régimen democrático exigir actividad y rendimiento a los trabajadores y respeto a las leyes, cierto es también, y en grado muchísimo mayor, que ser inflexible contra quienes torpedean el sistema y lo presionan para ponerlo al servicio de sus intereses. Para un partido popular como el nuestro la consecuencia con los desposeídos que en él han depositado su fe es el único camino, so pena de su liquidación y su descrédito, Mucho más cuando esa política gubernamental parece tener su explicación en la presión de los sectores reaccionarios y en el ánimo conciliador de nuestros sectores dirigentes. Nosotros hemos combatido tenazmente dentro de nuestra . Organización el temor reiterado del Gobierno para emprender una política de masas y de afirmación en ellas para salvar los obstáculos políticos y económicos que se les presentan. El compañero Rómulo Betancourt está revelando una alergia casi incurable hacia las masas, y la sola palabra pronunciada por un accióndemocratista lo enferma. No se trata que pidamos una permanente agitación ni una gimnasia de violencia diaria, pero sí su uso oportuno en los grandes momentos de peligro que ha vivido la democracia y para acometer sobre sus hombros una política de transformaciones audaces y necesarias. Pero en ningún caso se las llama, salvo para las concentraciones de fechas aniversarias, o las inauguraciones. Y esa política de alejamiento de los sectores populares no ha tenido crítica alguna por parte de la Dirección Nacional, no ha habido un sólo síntoma de sana presión para modificar esa conducta generalizada.

    La táctica seguida frente a la discusión del contrato petrolero es significativa. Mientras las compañías desataban una vigorosa ofensiva y usaban como vehículo de alarma a ciertos organismos económicos y a escritores y periodistas a su servicio, la reacción de nuestro partido fue ninguna. Si se relee la prensa de esos días se comprobará esta afirmación. Ni siquiera se publicaba el contrato que se iba a discutir porque se entendía falsamente que eso aumentaba la zozobra en los círculos económicos. El c. Rómulo Betancourt en la última convención nacional del Partido, hizo por el contrario aseveraciones erróneas, al decir que el valor económico de dicho convenio sobrepasaría los 3.000 millones de bolívares. El sabía mejor que nadie que eso no era cierto, como lo demostró la comisión partidista que lo estudió después. ¿Por qué hacía esa afirmación ante 500 dirigentes, copartidarios suyos? Imaginamos que fue para que cualquier arreglo a que se llegase fuese aceptado sin disgusto por nuestra vasta militancia obrera. Es decir, deliberadamente se coaccionaba a la masa partidista con finalidades concretas y a la vista. Frente a la ofensiva de las compañías petroleras, diseminada por todos los flancos, no hubo ninguna actitud resuelta por parte de la Dirección Nacional. La discusión del contrato transcurrió en medio de una inquietante y sospechosa soledad política, mientras las Compañías eran dueñas de la calle y orientaban la opinión pública. Tan sólo al final se publicaron algunas pequeñas notas de las conversaciones.

    Del mismo modo hemos discrepado con la política seguida por el Gobierno frente a la cuestión del desempleo. Todos los candidatos presidenciales hicieron promesa de que, en caso de ganar cualquiera de ellos, el problema inmediato a resolver sería ése. Si todos estuvieron de acuerdo, no vemos por qué hasta ahora no se ha hecho ningún plan serio para liquidarlo. El Gobierno continúa en esta materia cometiendo los mismos errores que la Provisionalidad y la cuestión sigue pendiente. La Dirección Nacional ha debido estudiarla con seriedad y buscar con su cuerpo de numerosos profesionales calificados una solución que proponer al Gobierno de Coalición por intermedio de nuestros Ministros en el Gabinete. Y todo eso a pesar de que es un problema' grave, que golpea cotidianamente la sensibilidad de la opinión, y es fuente diaria de descontento e impopularidad.

  4. Política exterior

    En esta materia, si bien el Gobierno ha mantenido una posición definida frente a las dictaduras, ha propuesto algunas soluciones muy peligrosas por su ambigüedad, ya que podrían enderezarse por parte del imperialismo hacia el país americano que se halla en pleno proceso de creación y construcción revolucionaria: Cuba. Venezuela propuso como solución para el caso dominicano la intervención colectiva de la OEA, Pero ha debido aclararse, ratificándolo con el énfasis necesario, que tal solución sólo puede ser válida contra las dictaduras –Santo Domingo, Haití, Paraguay y Nicaragua– y que en ningún caso podría usarse como precedente para intervenir en la patria de José Martí, ya que se supone que no es esa la intención venezolana. Aclaratoria muy necesaria porque la proposición fue entendida por algunos círculos internacionales, de factura norteamericana, como útil para extenderla luego a Cuba, y asimismo fue recibida con sospechas en ese hermano país.

    La otra fórmula para liquidar a Trujillo, la del rompimiento de USA con esa dictadura, que es buena para todas sus iguales americanas, ha sido entendida también por sectores de EE.UU. como de susceptible extensión hacia la Cuba Revolucionaria. Y en este caso creemos también que si la propuesta es de Venezuela, debe aclararse su alcance y su carácter muy singular para el caso dominicano, a fin de no proporcionar nosotros aguas al molino de la agresión imperialista.

    Venezuela y Cuba, aún cuando con situaciones políticas distintas, la primera por medio de la constitucionalidad y la segunda por medio de la revolución, coinciden en un objetivo esencial: su liberación económica. Y se incurre en una mentira deliberada cuando se nos quiere imputar la pretensión de que nuestro país para realizar su obra de transformación nacional, tenga que ceñirse a los moldes del proceso cubano. El más elemental análisis dialéctico nos enseña que el hecho revolucionario no se encierra dentro de fórmulas establecidas, sino que emerge tumultuosamente de la propia concreta realidad. Pero nos enseña también que las experiencias de otros pueblos, sobre todo cuando tienen estructuras sociales similares a la nuestra, deben ser aprovechadas en cuanto tengan de utilizables y creadoras.

    Nosotros lo que hemos venido reclamando es una más activa solidaridad con la Cuba Revolucionaria y estrechar cada día las relaciones con ese país. No sólo por la necesidad recíproca de conservar la vigencia del sistema democrático, sino porque un estado de tensión y alejamiento sólo favorece a las fuerzas externas e interiores que procuran la opresión de ambos pueblos, contra los cuales se ciernen criminales amenazas internacionales. No hemos solicitado la copia al carbón del proceso cubano, sino la asimilación de algunas de sus enseñanzas y la decidida actitud de defenderlo,

    porque constituye hoy por hoy la mejor esperanza de la liberación nacional latinoamericana. Nuestro país debe por ello tener una política más definida, de más cordiales relaciones y de más beligerante solidaridad.

    Por otra parte, también hemos defendido interna y públicamente el establecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales con la.

    Unión Soviética y los países de democracia popular, incluido China. Las grandes naciones capitalistas del Mundo Occidental han tomado una posición positiva frente dese hecho, y Venezuela al inhibirse, más parece que lo hiciera como consecuencia de una presión internacional que por una consideración de orden doméstico. Además, por elementales consideraciones de desarrollo económico, se hace indispensable la diversificación de mercados, y no hay razón valedera para que Venezuela se abstenga de procurar obtener las ventajas comerciales que significan las relaciones con el poderoso sector de pueblos en crecimiento que integran el Mundo Socialista. Por lo tanto son alegatos de legítimo interés nacional los que justifican nuestro punto de vista.

  5. Política frente a la conspiración

    Sobre este problema ha habido violentas discrepancias en el seno de la Dirección Nacional y frente al Gobierno. Hemos reclamado más energía para con los conspiradores civiles y militares. Mientras ese frente no se golpee seriamente, la efectividad social de esta democracia venezolana será muy limitada y el sistema de partidos amarrado en su acción de gobierno, puede correr el riesgo grave del descrédito. Para poder afirmar legítimas conquistas sociales habrá que afectar en sus bases el peligro antidemocrático. Porque si la democracia continúa maniatada por la amenaza golpista no sólo es poco lo que puede hacerse en beneficio de los sectores populares; sino –que es víctima del chantaje y de la presión de aquellos sectores que quieren capitalizar para su beneficio exclusivo el clima de libertades públicas y aumentar su riqueza y su poder de clase. Cómo la democracia es sistema de convivencia pero en beneficio de las mayorías, hay que despejar la atmósfera que la oscurece. Hay que evitar el riesgo de que se transforme en una democracia formal y "pelucona" al modo chileno o colombiano, dándole la justa proyección que le garantice firme sostén de masas golpeando a los sectores que en Venezuela son sus tradicionales enemigos.

    Pero el medio que se ha utilizado hasta ahora ha sido el de eludir el castigo de los verdaderos y reales conspiradores. Las fórmulas palaciegas, las soluciones tímidas y excesivamente conciliadoras no alejan el peligro sino que lo fortalecen. Y a la larga, el Gobierno, creyendo haber eliminado la amenaza golpista a base de concesiones y de una sospechosa pedagogía, va a terminar prisionero de los enemigos que imaginó haber amaestrado. Y al mismo tiempo, aumentará su impopularidad y el descontento social se hará más agudo, porque toda política edificada sobre la conciliación con los enemigos inconvencibles de la democracia tiende a actuar de espaldas a los más genuinos intereses populares. De modo que esta concepción estratégica y la táctica que ha venido configurando, ha sido en nuestros cuadros de dirección causa de agudos conflictos. Nosotros hemos creído siempre que la mejor manera de asegurar la continuidad constitucional y prestigiar el sistema democrático, es la de ganar el entusiasmo popular y utilizar las masas para contrarrestar las asechanzas. Con una política de más audaz contenido podremos edificar definitivamente una democracia sin zozobras.

  6. El problema del monoclasismo

    Ha empezado a circular en ciertas esferas con motivo de esta crisis que vive el Partido, que nosotros sustentamos la tesis de una organización monoclasista de Acción Democrática como instrumento para enfrentar y resolver los inmediatos problemas que plantea la transformación de Venezuela. Es evidente que ésta es una propaganda interesada con base en una conjetura superficial. El policlasismo, dentro del Partido es una concepción teórica y una estrategia plenamente válida en nuestro país, como lo es en las naciones de Asia y Africa que están haciendo el camino de su liberación con ritmo de acelerada conquista del futuro. Pero sostenemos el criterio de que ese policlasismo tiene que estar orientado por los sectores sociales de más firme vocación revolucionaria y debe precaverse contra las infiltraciones que agravan las contradicciones internas de las clases que se conjugan en esa alianza social y comprometen su unidad. En un país como Venezuela, donde la evolución social y el crecimiento económico han creado una poderosa oligarquía, colocar los intereses de las clases más explotadas en sitial de preferencia es un mandato ineludible para todo partido popular. Así lo ha reconocido Acción Democrática en documentos memorables en los cuales no estuvo ausente nuestra presión y nuestro pensamiento. Sin embargo, en las condiciones actuales, el policlasismo se está convirtiendo en la vía para introducir la capitulación ideológica. Las aspiraciones de las clases más densas y homogéneas se posponen más allá de la prudencia. Dentro de los cuadros del Partido se ha deslizado, a través de la influencia que ejercen compañeros -de muy próspera posición personal o de núcleos extraños pero con vinculaciones de distinta índole, un interés nuevo, diferente, al que definió la vocación y la sensibilidad popular de Acción Democrática. Los cambios ocurridos en Venezuela, consecuencia de la racha petrolera, han creado un sector de militantes accióndemocratistas alejados ya del pueblo, ausente de sus angustias y de sus deseos. Y en algunos dirigentes de destacada posición partidista han ganado terreno unas tesis liberales, conciliadoras y cegatas, que los convierten en agentes pasivos o activos de consignas contrarias a las tradiciones y a la doctrina de Acción Democrática. Producto de esa deformación del policlasismo es la pérdida de independencia de la obrera, que no parece tener una táctica adecuada con su papel en una sociedad en proceso de crecimiento. No es que aboguemos por un sindicalismo anarcoide que desafíe diariamente las conveniencias de las otras clases interesadas en el desarrollo del país. Ni que consideremos prudente y oportuno una táctica obrera, que use como recurso de lucha el conflicto sistemático, levantisco y cotidiano. Pero es evidente que la clase obrera no puede arriar sus banderas y sacrificar sus intereses específicos sin correr el riesgo de quebrantar su disciplina y sus compromisos. Por eso en el frente obrero accióndemocratista se está observando una pérdida de influencia en la masa sindical, pues muchos de nuestros dirigentes o~ no han sabido conjugar sus deberes como militantes de un partido policlasista con su función de defensores y representantes de una clase social. Y el desgaste del prestigio de muchos de nuestros dirigentes sindicales, que jugaron siempre un destacado papel en la lucha política y reivindicativa, se debe a que sus líneas de; trabajo y acción en el frente obrero están determinadas por la Dirección Política del Partido. Y es sólo cuando el estado de efervescencia de las masas llega a su clima que proceden a levantar su protesta.

    Estos hechos evidentes comprometen la existencia misma del frente de clases explotadas que constituyen la base social del Partido, porque al deteriorarse nuestra influencia entre obreros y campesinos las leyes de la política nos llevarían a depender cada día más de sectores de antagónica posición a los intereses que define nuestra doctrina accióndemocratista. En esas condiciones, el policlasismo corre el peligro cierto de transformarse en una simple vía para disimular el deslizamiento del Partido hacia la derecha, tal como ha ocurrido con otros movimientos similares al nuestro que quedaron por ello huérfanos de calor popular y a espaldas de la historia.

  7. Política económica

    Una política de principios, por la cual hemos luchado, implica en Venezuela una categórica defensa del patrimonio nacional, amenazado por fuerzas que desearían prolongar las características semicoloniales de nuestra economía. Y una celosa vigilancia tenía . que ejercerse con mayor intensidad desde que se instaló el Gobierno Constitucional. Sobre ese gobierno, por su composición heterogénea, también gravitaría la presión de las fuerzas que desde el 23 de Enero vienen buscando la oportunidad de apuntalar sus intereses y mejorar sus posiciones. Sabíamos que debilitado el impulso de las masas, tras las jornadas electorales, los emboscados reanudarían el juego de sus influencias. Era necesario que el Partido, como eje de la -coalición, frente a una coyuntura tan previsible, redoblara su intransigencia nacionalista y encabezara un tácito frente nacional de resistencia ante la ofensiva, disimulada pero efectiva, de los trusts internacionales.

    a) Un proyecto de Cordiplán para las industrias siderúrgicas y petroquímicas.

    No estábamos equivocados cuando exigíamos una conducta definida al Partido, Pronto tuvimos evidencias concretas del efecto que surte la acción de los intereses imperialistas frente a un gobierno mal apertrechado para la defensa del país. A fines del año pasado, fue presentado al Buró Político de Acción Democrática un documento que provenía de lo¡ Oficina de Coordinación y Planificación del gobierno. Para la política de desnacionalizar las industrias petroquímica y siderúrgica que allí se anunciaba, se solicitaba el respaldo del Partido. Con distintos pretextos de carácter técnico se autorizaba a compañías extranjeras o nacionales la instalación de plantas en esas industrias y la penetración al mercado nacional. Los argumentos del documento eran los mismos a que apela el colonialismo cuando tiene que disimular intenciones en países de aguda conciencia nacionalista. Venezuela –se decía tiene grandes yacimientos de hierro qué no pueden permanecer ociosos bajo la tierra y existiendo capitales extranjeros, interesados en su explotación nada más lógico –se remataba– que se den a compañías del exterior para que instalaran altos hornos en el país. Razonamientos similares se hacían respecto a los depósitos de gas natural y a la industria petroquímica. Frente a ese documento reaccionamos casi con violencia y expresamos nuestra irreductible oposición. El Partido rechazó el proyecto, pero aún no sabemos qué haya pasado con él: si ha sido descartado definitivamente o si los proponentes y los interesados esperan que la opinión pública se descuide para insistir en el despropósito.

    b) El caso de la Reynolds:

    Es evidente que sobre este caso, tan conocido de la opinión nacional, existía un principio de entendimiento con el Gobierno, ya que el señor Reynolds anunció en Washington que Adlai Stevenson en su gira por Venezuela, visitaría nuestra Guayana porque su compañía instalaría una planta para producir aluminio". Eso ocurrió por el mes de diciembre. Y cuando una gran empresa se aventura a hacer una afirmación de esa naturaleza es porque había arreglos casi formales. Esa misma impresión dejó el Gobierno cuando por intermedio del Ministerio de Minas suministró la primera información al país. Pero la reacción de la opinión pública hizo retroceder el propósito. Posteriormente, sin embargo, el Ministro de Minas en la Cámara de Diputados formuló argumentos aunque recatados, que favorecen las intenciones del consorcio norteamericano. De tal modo que aún está pendiente este problema y la definición tiene que ser a favor de los intereses nacionales.

    Sobre este caso tenemos una posición muy clara. Y no por puro afán patriotero, sino por correcto espíritu accióndemocratista. Nuestro Partido en su tesis sindical, ha defendido la idea de que las industrias básicas pertenezcan al Estado, porque la propiedad estatal es clave para pasar a una forma de sociedad en que vayan desapareciendo gradualmente las contradicciones sociales del sistema capitalista. Entregar el aluminio sería tanto como repetir lo ocurrido con el petróleo y el hierro, cuyo saldo histórico conocemos de sobra. Y por eso nos alarmó profundamente el proyecto que el gobierno anunciaba para la explotación de dicho mineral. Y en el Partido y hasta públicamente dejamos conocer nuestros puntos de vista. Cualquier negociación que se haga, lesiva a los intereses del país, habrá que imputársela al Gobierno y a poca vigilancia nacionalista de nuestra Organización.

    c) Política monetaria:

    En la política económica interna hemos encontrado, por mandato de los principios, causas de fricción con los compañeros del Gobierno y' con dirigentes del Partido. Consideramos que en esta etapa, con gobierno de coalición o sin él, es necesario, recabar para la autoridad pública ciertas palancas de orientación de la economía nacional. Es una posición que sustentan expertos venezolanos cuya posición no puede tildarse de extremista. Y es la posición que deriva de la experiencia de muchos países, avanzados o atrasados, que dentro del régimen capitalista han procurado escapar a algunas de las fuerzas disolventes de esta época que no es ya la de la libre empresa. organismos internacionales y tratadistas de genuina extracción burguesa, aconsejan también otorgar al Estado ciertos resortes de manejo de la economía monetaria y crediticia. Existe pues un vasto consenso en esta materia. Pero aparte de los principios y de las experiencias generales, la coyuntura que atraviesa desde hace dos años la economía venezolana plantea una reforma a fondo de los mecanismos monetarios, de la organización de la banca y de la orientación del crédito.

    No se necesitaba ser un experto, para prever, desde principios de 1959, el desenlace que estamos padeciendo. Respecto a la balanza de pagos, su desequilibrio era susceptible de presagiarse con bastante anticipación. Y ello porque aparte dé las altas importaciones, gravitaban sobre nuestras divisas una serie de factores que el liberalismo del Gobierno no iba a atajar. En primer término, el pago de las deudas de la dictadura, hecho en su mayor parte durante la Provisionalidad, detentadas por especuladores del exterior, se tradujo en una fuerte salida de divisas. Luego, la emigración de los capitales que vinieron en las postrimerías de la Dictadura a hacer fáciles y rápidos negocios, presionaba sobre las reservas internacionales. La repatriación de los capitales y ahorros de los inmigrantes, conspiraba en el mismo sentido. Y finalmente la fuga de capitales venezolanos, estimulada por la propia banca particular, era otra brecha abierta para la fuga de divisas. La magnitud de esa fuga de capitales venezolanos es tan grande que según datos estimativos los depósitos de venezolanos en EE.UU. han crecido en cerca de 300 millones de dólares desde 1958. Mientras esto se consumaba, el gobierno no tomó otras medidas que las muy nugatorias –desde el punto de vista de la balanza de pagos– de la elevación de los aranceles que pagan los artículos de lujo. Con eso ahorramos ciertamente unos millones de dólares. Pero como el grueso de las divisas no salían ya para la importación de whisky o perfumes, sino para permitir la emigración de capitales, el proteccionismo arancelario apenas alivió en modesta medida las perturbaciones de nuestra balanza de pagos. En el orden interno se estaba produciendo un cambio drástico de coyuntura como consecuencia de la política del gobierno y de otros factores. La construcción y las especulaciones urbanas dejaban de ser actividades privilegiadas para cederle el campo en la dinámica del crecimiento, a otras ramas como la agricultura y la industria. Pero ese cambio no podía operarse armónicamente, sin saldos de crisis, sino mediante la aplicación de medidas de orientación sobre la banca privada que obligaran a descongestionar paulatinamente las carteras comprometidas en el financiamiento de las construcciones y de las urbanizaciones para llevarlas a otras áreas de la economía nacional. Apenas se apeló a un ensanche del redescuento que otorga el Banco Central, en la medida en que lo fueron reclamando las sacudidas que sufriesen algunos sectores de la economía. El redescuento, que ha sido eficaz en unos casos, no ha alcanzado como es obvio, a suprimir el atolladero en que se encuentran numerosos sectores que ya se convierten en peso muerto para la economía nacional.

    La gravedad de estas circunstancias pedía, desde principios de 1959, medidas muy firmes y muy audaces. Entonces se presentó un proyecto de regulación del comercio exterior que permitía someter a la dirección del Estado todas las transferencias hacia el extranjero o por lo menos, las más importantes entre ellas. Ese proyecto no fue discutido por ningún organismo de Partido, pese a la insistencia de su autor que planteó el problema en todos los niveles del Partido. Ni modificara la conducta desdeñosa que se siguió en los organismos de dirección. Si ese proyecto u otro de parecida índole hubiese sido discutido y aprobado, se habría ahorrado el país el desnivel de la balanza de pagos en 1959. Nos explicamos las razones de la indiferencia con que se rodeó tal proyecto. En ese momento adoptar la regulación del comercio exterior implicaba chocar con los intereses creados, muy poderosos, que andaban transponiendo capitales hacia EE.UU. o Europa. Peto sea propicia esta ocasión para reiterar nuestro punto de vista de que si Venezuela no interviene en su comercio exterior de alguna manera enérgica, seguiremos soportando el déficit de la balanza de pagos que en las condiciones actuales de nuestra economía, de patrón oro casi irrestricto, significa la deflación a corto plazo y con ella el cese del crecimiento y la generalización del desempleo.

    Para atajar las consecuencias que en el orden interno están creando la falta de crédito, la congestión de carteras atrasadas y otros fenómenos, era indispensable adoptar una Ley de Banco Central y reformar la Ley de Bancos. Existen proyectos sobre esas materias elaborados desde el Gobierno Provisional o desde los primeros meses del actual régimen. Su introducción a las Cámaras en las sesiones ordinarias de 1959, resultaba perentoria. Así lo hicimos constar ante la Dirección Nacional del Partido durante todo el curso de esas sesiones. Y más tarde, al prepararse la agenda de las sesiones extraordinarias, renovamos nuestra petición con insistencia. Fueron desatendidos nuestros reclamos en ambas ocasiones invocándose argumentos superficiales o acomodaticios. Y hasta se dijo que había habido presión de ciertos círculos para impedir la introducción de estos proyectos al Congreso. Acosado por la gravedad de los acontecimientos, el gobierno ha optado por una política casuística que no es capaz de enfrentarse a las tendencias depresivas que a partir de enero de este año se han hecho ostensibles en la economía venezolana.

    d) El Empréstito

    El empréstito no es otra cosa, y así lo manifestamos dentro del Partido, que una consecuencia de la ceguera con que se ha manejado la política económica. En 1959 el Ministro de Hacienda presentó a las Cámaras un presupuesto exorbitante que contempla un déficit superior a las posibilidades de la economía nacional. La reacción unánime de las fracciones parlamentarias, alarmadas ante los peligros que planteaba semejante presupuesto, obligaron al Ejecutivo a aceptar la fórmula del equilibrio de los ingresos y gastos, dejando para una ulterior oportunidad la, contratación de un empréstito si el financiamiento de obras reproductivas que emprendiera el Gobierno así lo aconsejaba. Pasaron los meses y los Despachos del Ejecutivo empezaron a gastar alegremente sus asignaciones ordinarias. Se fue más allá de los límites de la prudencia, sobrecargando las nóminas burocráticas o adquiriendo compromisos exagerados. Ya para el mes de diciembre era evidente que el Gobierno no podría terminar su ejercicio ordinario con los recursos corrientes porque había capítulos enteros sobregirados. Esta situación era particularmente ostensible en el Ministerio de Obras Públicas que por la cuantía de sus gastos determina la posición presupuestaria en Venezuela. Pero otros Despachos andaban en circunstancias similares. Entre tanto el cúmulo de gastos oficiales presionaba de distinta manera, pero siempre intensamente, la balanza de pagos.

    La contratación del empréstito exterior apenas servirá para atender necesidades inaplazables de la Administración Pública y tonificar, de paso, la situación del cambio extranjero en el mercado venezolano. Sostenemos que el Gobierno hubiera podido concluir el presente ejercicio sin apelar a una negociación en el exterior si desde mediados de 1959 se imponen la previsión y la austeridad, auténtica y no formal, en la conducta de los organismos públicos. Es increíble, por decir lo menos, que un gobierno en Venezuela no pueda atender los servicios esenciales y las inversiones básicas del desarrollo con los 5.000 millones de los ingresos ordinarios. Pero es que en esta materia, como en todo, no es posible seguir la línea de menor resistencia, acomodándose a demandas momentáneas e introduciendo ajustes circunstanciales. También el presupuesto reclamaba una seria rectificación en que los gastos fuesen rigurosamente clasificados, desechando lo burocrático para poner el acento en las inversiones reproductivas. Esa política de economías inteligentes, introducidas de tal manera que no frenen el desarrollo del país ni su nivel de empleo, no se adoptó. Y cuando ya no existía en el Tesoro un centavo y se agolpaban los vencimientos contra el Fisco, se hacía imperioso el empréstito que va a acarrear pesadas consecuencias para el país. Le hemos dado a la banca norteamericana una innecesaria y peligrosa ingerencia en la vida fiscal de Venezuela, con el paliativo de un empréstito, el problema de fondo que no es otro, ahora como hace meses, que el gran reajuste en la política de gastos públicos. El empréstito no mejorará las condiciones en que se debaten los miles de desempleados porque el dinero que se obtuvo en Nueva York apenas servirá para mantener al día los pagos provenientes de las obras en marcha y de los servicios corrientes del Estado. Y frente a esta política del Gobierno expresamos categóricamente dentro de la Dirección del Partido nuestro criterio contrario en diferentes oportunidades. Sin embargo por imposiciones disciplinarias nos vimos obligados a aceptar lo que había sido aprobado mayoritariamente por el CEN.

    e) El Plan de Cuatro Años

    El carácter conservador del Gobierno se pone de relieve admirablemente en el llamado Plan de Cuatro Años, que no es otra cosa que ,una lista de obras públicas complementada con algunos proyectos de relativo mérito. La industrialización, elemento esencial para transformar la estructura económica de Venezuela, aparece desdeñada o en todo caso ocupando un lugar secundario dentro de las cuantiosas inversiones que contempla el plan. Sirva como testimonio fehaciente en favor de nuestra afirmación, la insignificante suma de cien millones de bolívares anuales que se consagra al desarrollo de las industrias de transformación. A la Petroquímica y a la Siderúrgica apenas se les permite cancelar obligaciones ya contraídas pero no hay para ellas asignaciones nuevas susceptibles de ensancharlas o fortalecerlas. La consecuencia es que el desarrollo industrial tendrá dos alternativas en Venezuela, ambas igualmente nocivas. 0 bien su ritmo tenderá a declinar en los próximos años por falta de recursos para el crédito de promoción de industrias. O será necesario acudir a capitales extranjeros para que hagan en Venezuela tareas de instalación y expansión de fabricas que bien podrían corresponder al capital y a la experiencia de los nacionales.

    f) Reforma Agraria

    En cuanto a este problema nosotros consideramos que con la actual Ley de Reforma Agraria, salvando sus omisiones fundamentales y la elaboración colectiva de que fue fruto, se puede realizar una política seria en beneficio de la transformación de nuestro medio rural y de la elevación del bienestar general de nuestros campesinos. Con este instrumento legal, el Gobierno, si tiene energía y procede con severa lealtad popular, puede realizar una reforma de cierta profundidad. El Estado tiene que estar dispuesto a romper la resistencia de las fuerzas cuyos intereses impiden liberar a nuestro campesino de la servidumbre del latifundio y de la miseria del minifundio. No es posible realizar la reforma sin un enfrentamiento a esos intereses. Pretender una reforma aséptica, sin suscitar conflictos, con devoto acatamiento a los derechos tradicionales de los terratenientes, es producir un engaño más a nuestros campesinos. Los propios organismos de clase de nuestros campesinos han previsto las alternativas que tiene la Reforma Agraria y las desviaciones que pueden ocurrir. De la energía del Gobierno y de la vigilancia y celo de nuestros campesinos depende que se realice una verdadera y profunda Reforma Agraria, más que la existencia del propio texto legal. Esas aprehensiones las hemos expresado en organismos de dirección partidista, y aquí las ratificamos no con ánimo de sembrar desconfianzas sino para que prevengan los peligros y se proceda en consecuencia.

    Existe la sensación generalizada de que algunos de esos peligros pueden cristalizar. Se siente el temor de que el Gobierno preferirá los rodeos y las soluciones intermediarias antes que enfrentarse abiertamente al latifundio. Las cifras que se destinan a la reforma, los conflictos ocurridos hasta ahora, en que los campesinos han sido desalojados por el Gobierno cuando existían instrumentos para resolver el asunto por otros caminos, son entre otros índices reveladores. Históricamente pareciera que este Gobierno va a ser el instrumento que necesitaba la gran burguesía nacional para perfeccionar discretamente su preminencia.

  8. La dirección interna del partido

    En el frente interno la Dirección Nacional refleja falla s notables que han sido también motivo de discrepancias. No hay virtualmente una dirección política en el sentido estricto de la palabra, es decir, un organismo que ventile los problemas desde el punto de vista accióndemocratista, examine las realidades políticas del país y vaya estudiando la táctica conveniente. Tenemos una dirección puramente administrativa y excesivamente formalista que se detiene sólo ante los problemas inmediatos o ante aquellos que hacen aparición repentina en el tapete de la realidad. A menudo vivimos el espectáculo de ser rebasados por los acontecimientos o ser los últimos que expresan opinión ante un problema concreto. Siempre andamos con la chispa atrasada. Y un partido popular con la tradición del nuestro, actuando como eje de una coalición gubernamental, debe precisar con los otros grupos políticos los propósitos, posibilidades, realizaciones y escala de prioridades a que debe enfrentarse el Gobierno. Acción Democrática como eje de la Coalición debe caracterizarse por su iniciativa en la obra del Gobierno y por la necesidad de demostrar presencia pública frente a cada uno de los acontecimientos. Nuestra posición no implica ni espíritu sectario ni abandono de los pactos electorales. Sólo reclama que cumplamos el papel que nos corresponde en la Coalición, dándole a ésta el dinamismo que requiere, impulso administrativo y proyección popular a la acción del Gobierno, poniendo de relieve la eficacia social de la democracia, como forma única de su consolidación.

    La Coalición la hemos concebido como un experimento que tiende a mantener la estabilidad de las instituciones, pero como medio y oportunidad de introducir en la estructura económica y social de Venezuela los cambios que son inquietud generalizada en todo el país. Por eso no deploramos inconsolablemente que el 23 de enero no haya abierto drásticas alteraciones, de la realidad, ya que creemos que las condiciones creadas por la insurgencia que devolvió la democracia, con todas sus deficiencias, sirven para trabajar por la transformación de Venezuela siempre que haya una consciencia diáfana sobre sus posibilidades y una voluntad de caminar hacia adelante.

    Asimismo cuando reclamamos un papel activo y dinámico al Partido dentro de la Coalición, no buscamos que se aplique el programa de AD en sus líneas integrales. Simplemente pedimos que las medidas que pueden imponerse en el presente tengan en el Partido un baluarte recio y la colaboración con las otras organizaciones políticas se conduzca con mayor apego a ciertas reglas democráticas que gradúan la responsabilidad de las fuerzas políticas. Y esto ni es sectarismo ni constituye un absurdo intento de forzar las realidades.

  9. Palabras finales

    Hemos dicho la verdad, tal como la sentimos. En la escuela del Partido aprendimos la lección de honestidad que nos impone hablar claro cualesquiera que sean las circunstancias. No podíamos guardar silencio por más tiempo. En el país y en el Partido se impone proceder de este modo para contribuir a despertar las conciencias y a enderezar los rumbos. Consideramos que corre peligro actualmente la herencia de los mártires, de los que lucharon por darle a Venezuela un futuro de dignidad nacional, de progreso económico, y de justicia social. Lejos de ello, el país camina hacia nuevas formas de sojuzgamiento exterior y el Gobierno estimula la creación de una poderosa oligarquía que terminará señoreando nuestra economía. Y a nosotros nos duele en lo más profundo ver a Acción Democrática en su ensayo semejante. Y junto con nosotras esa misma pregunta se la hacen los obreros, los campesinos, los intelectuales, los profesionales y los estudiantes, que miran sorprendidos la creciente ingerencia extranjera en la vida nacional. Y esa es la pregunta que tiene que responderse el Partido.

    Nosotros hablamos también a nombre de aquel partido Acción Democrática que planteó la lucha por la independencia nacional, la estrategia popular en el desarrollo económico y el que llamó a la solidaridad de las clases explotadas. Concebimos una Venezuela que camine paulatinamente hacia la liquidación de la opresión imperialista, una Venezuela que resuelva desde ahora las agudas contradicciones sociales y una Venezuela en que los instrumentos de producción se coloquen a la altura de las exigencias históricas y para el servicio y bienestar creciente de nuestras masas desposeídas. Y no podemos callar cuando vemos que en nuestro país el gobierno descarta al pueblo para escuchar las voces del privilegio. Un país en donde no se ponen remedios claros a los riesgos de las deformaciones.

    Por decir y sostener todas estas cosas se nos ha perseguido, se nos ha acusado falsamente y ahora se nos pretende expulsar del Partido. Allí está la razón de nuestras discrepancias. Allí está la razón de las medidas disciplinarias que repudiamos enérgicamente. Y pedimos, como lo ha dicho ya casi toda la Organización, que se convoque a una Convención Nacional Extraordinaria, previa nulidad de todas las medidas disciplinarias aplicadas hasta hoy, para que ella determine si la Dirección Nacional está actuando a tono con la misión que le señaló la última, Convención Nacional: consolidar nuestra unidad interna. Si no sé convoca esa Convención Extraordinaria –negada ya oficialmente– tendremos la prueba de que la Dirección Nacional se empeña en acentuar la crisis interna y ha colocado definitivamente de espaldas a la historia.

    Domingo Alberto Rangel, Simón Sáez Mérida, Lino Martínez. Rómulo Henríquez, h., miembros del CEN; José Marcano, Américo Chacón, julio Cacique, miembros del Buró Sindical Nacional; Gumersindo Rodríguez, ex-Secretario juvenil Nacional; Eduardo González, Freddy Melo, Argenis Gómez, Raúl Lugo Rojas, Héctor Pérez Marcano, Moisés Moleiro, Américo Martín, Rafael José Muñoz y Jesús Petit, miembros del Buró juvenil Nacional; Jorge Dáger, miembro del Tribunal Disciplinario Nacional; Jesús María Casal, Antonio Delgado Lozano, Jesús Villavicencio, Isabel Carmona de Serra, Jesús Pérez Lías, Aníbal Lairet, Francisco Salazar Meneses, Pedro Manuel Vásquez, René Rivero Pérez, Edmundo Yibirín, José Luis Vethencourt, parlamentarios; Humberto Cuenca, Rafael Gallegos Ortiz, I. M. Mata de Gregorio, León Córdova, profesores universitarios; Carmelo Laborit, Leonardo Ocanto, Adán Pérez Quiroz, miembros del CES del Distrito Federal; Celso Fortoul, Concejal del Distrito Federal; Alí Muñoz y Jesús María Pacheco, miembros del Buró Agrario Nacional; Antonio Abrams, Cástor Torres y Eloy Porras, miembros del CES del Estado Aragua; Pedro Elías Hernández, Gustavo Silva Pérez, Elio J. Jaspe, María de Jaspe, Donafide Jiménez, miembros del Comité Seccional de Apure; Tomás Salazar, Presidente de la Federación de Trabajadores de Anzoátegui; Manuel Solórzano, Secretario Sindical del CES de Anzoátegui; J. M. Gilly Trejo, Ramón Herrera León, Julián Martínez, Efraín Zambrano, Comité local de El Tigre; Antonio Avila B., Aníbal Bastardo, Pedro Prado, Tomás Farfán dirigentes sindicales del Estado Bolívar; Ricardo Mendoza, Felipe Soto Peña, Pastor Peña Ortiz, Gustavo Lugo, dirigentes regionales del Estado Carabobo; Pastor Peña Vadell, J. Flores Méndez, Luis Alfonzo Bueno, dirigentes regionales del Estado Falcón; Cristóbal Correa, Humberto Terán, Eduardo de Armas, miembros del CES del Estado Guárico; Juan Páez Avila, julio Valero, José Salazar, Manuel Lucquer, Víctor Barráez, Olga Borges Mendoza, Rafael Ballesteros, doctor Jesús Morles, doctor Francisco Cañizales Verde, dirigentes regionales del Estado Lara; Román Humberto Zambrano, José Mendoza Angulo, Ismael Valero, Jairo Páez, dirigentes regionales del Estado Mérida; Silvestre Ortiz Bucarán, Nicolás Espinoza, Cristóbal Grau Mota, Eduardo Ortiz Bucarán, Manuel Ortiz Peñalver, Jesús Vicente Méndez, Miguel Angel Noya, Albino Ruiz Colón, dirigentes regionales del Estado Monagas; Rafael Rivero, dirigente regional del Estado Miranda; Tomás Novellino, Olinda de Novellino, Exeario Méndez, dirigentes regionales del Estado Portuguesa; Bartolomé Vielma, Eligio Damas Blanco, Pedro Hernández, dirigentes regionales del Estado Sucre; Gilberto Araujo, Gonzalo González León, Pedro Felipe Montilla, dirigentes regionales del Estado Trujillo; Yolanda Salazar de Morales, Gabriel Quintero Luzardo, Aníbal Molina, Bruno Yoris, Gilberto Mora Muñoz, Elio Bohórquez Virla, Ramón Manzanilla, Antulio García, Levi Danieri, dirigentes regionales del Estado Zulia; Julio Escalona, Jesús Ramón Carmona, por Buró Universitario Nacional; Vladimir Acosta, Jesús Vethencourt, por el Buró juvenil del Distrito Federal; Obdulio Trujillo, Pedro Chinchilla Mendoza, Carlos Coll, Luis Beltrán Miranda, dirigentes regionales del Departamento Vargas; J. Alvarez Ledezma, dirigente sindical; Iván Urbina, Helí Colombani, Aracelis Bermúdez, Margarita Pérez, Rómulo Ledezma, dirigentes universitarios; julio Cabello, José Lorenzo García, Juan Antonio Rivas, Modesto Vargas, Tomás Rodríguez, Régulo Hernández, Gladys González Navarro, Pantaleón Sánchez, Alfonso Salazar, Violeta Molina, Lautaro Ovalles, julio Jaramillo, julio Rivas, Pedro Serra, Caupolicán Ovalles, dirigentes regionales del Distrito Federal; Celia Jiménez, Héctor Malavé Mata, profesores; Juan Mario Ramírez, dirigente del sindicato de Transporte Aéreo de Venezuela; julio Ramírez.

Firmantes por orden alfabético

La Esfera, Caracas 9 de abril de 1960

ABRAMS, Antonio/Miembro del CES del Estado Aragua. ACOSTA, Vladimir/Buró juvenil del Distrito Federal. ALFONZO BUENO, Luis/Dirigente Regional del Estado Falcón. ÁLVAREZ LEDEZMA, J./Dirigente Sindical Agrario, Gilberto/Dirigente Regional del Estado Trujillo. ÁVILA B., Antonio/Dirigente Sindical del Estado Bolívar.

B

BALLESTEROS, Rafael/Dirigente Regional del Estado Lara. BARRÁEZ, Víctor/Dirigente Regional del Estado Lara. BASTARDO, Aníbal/Dirigente Sindical del Estado Bolívar. BELTRÁN MIRANDA, Luis/Dirigente del Departamento Vargas. BERIVIUDEZ, Aracelis/Dirigente Universitario. BOHÓRQUEZ VIRLA, Elio/Dirigente. Regional del Estado Zulia. BORGES MENDOZA, Olga/Dirigente Regional del Estado Lara.

C

CABELLO, Julio/Dirigente Regional del Distrito Federal. CACIQUE, Julio/Miembro del Buró Sindical Nacional. CAÑIZALES VERDE, Francisco/Dirigente del Estado Lara. CARMONA, Jesús Ramón/Buró Universitario Nacional. CARMONA DE SERRA, Isabel/Parlamentario. CASAL, Jesús María/Parlamentario. COLL, Carlos/Dirigente Regional del Departamento Vargas. COLOMBANI, Helí/Dirigente Universitario. CÓRDOVA, León/Profesor Universitario. CORREA, Cristóbal/Miembro del CES del Estado Guárico. CUENCA, Humberto/Profesor Universitario. CHACÓN, Américo/Miembro del Buró Sindical Nacional. CHINCHILLA MENDOZA, Pedro/Dirigente Regional del Departamento Vargas.

D

DÁGER, Jorge/Miembro del Tribunal Disciplinario Nacional. DAMAS BLANCO, Eligio/Dirigente Regional del Estado Sucre. DANIERI, Levi/Dirigente Regional del Estado Zulia. DE ARMAS, Eduardo/Miembro del CES del Estado Guárico. DELGADO LOZANO, Antonio/Parlamentario.

E

ESCALONA, Julio/Buró Universitario Nacional ESPINOZA, Nicolás/Dirigente Regional del Estado Monagas.

F

FARFÁN, Tomás/Dirigente Sindical del Estado Bolívar. FLORES MENDEZ, J./Dirigente Regional del Estado Falcón. FORTOUL, Celso/Concejal del Distrito Federal.

G

GALLEGOS ORTIZ, Rafael/Profesor Universitario. GARCÍA, Antulio/Dirigente Regional del Estado Zulia. GARCÍA, José/Dirigente Regional del Distrito Federal. GILLY TREJO, J. M./Comité local de El Tigre. GÓMEZ, Argenis/Miembro del Buró juvenil Nacional. Eduardo/Miembro del Buró juvenil Nacional. LEÓN, Gonzalo/Dirigente del Estado Trujillo. GONZALEZ NAVARRO, Gladys/Dirigente del Distrito Federal. GRAU MOTA, Cristóbal/Dirigente Regional del Estado Monagas.

H

HENRÍQUEZ, Rómulo (hijo)/Miembro del CEN. HERNÁNDEZ, Pedro/Dirigente Regional del Estado Sucre. HERNÁNDEZ, Pedro Elías/Miembro, del C.S. de Apure. HERNÁNDEZ, Régulo/Dirigente Regional del Distrito Federal. HERRERA LEON, Ramón/Comité Local de El Tigre.

J

JARAMILLO, Julio/Dirigente Regional del Distrito Federal. JASPE, Elio J./Miembro del Comité Seccional de Apure. JASPE, María de/Miembro del Comité Seccional de Apure. JIMÉNEZ, Celia/Profesora. JIMÉNEZ. Donafide/Miembro del Comité Seccional de Apure.

L

LAIRET, Aníbal/Parlamentario. LEDEZMA, Rómulo/Dirigente Universitario. LUCKER, Manuel/Dirigente Regional del Estado Lara. LUGO, Gustavo/Dirigente Regional del Estado Carabobo. LUGO ROJAS, Raúl/Miembro del Buró juvenil Nacional.

M

MALAVÉ MATA, Héctor/Profesor. MANZANILLA, Ramón/Dirigente Regional del Estado Zulia. MARCANO, José/Miembro del Buró Sindical Nacional. MARTÍN, Américo/Miembro del Buró juvenil Nacional. MARTINEZ, Julián/Comité Local de El Tigre. MARTINEZ, Lino/Miembro del CEN. MATA DE GREGORIO, J. M./Profesor Universitario. MELO, Freddy/Miembro, del Buró juvenil Nacional. MENDEZ, Exeario/Dirigente Regional del Estado Portuguesa. MENDEZ, Jesús Vicente/Dirigente Regional del Estado Monagas. MENDOZA, Ricardo/Dirigente Regional del Estado Carabobo. MENDOZA ANGULO, José/Dirigente Regional del Estado Mérida. MOLEIRO, Moisés/Membro del Buró juvenil Nacional. MOLINA, Aníbal/Dirigente Regional del Estado Zulia. ' MOLINA, Violeta/Dirigente Regional del Distrito Federal. MONTILLA., Pedro Felipe/Dirigente Regional del Estado Trujillo. MORA MUÑOZ, Gilberto/Dirigente Regional del Estado Zulia. MORLES, Jesús/Dirigente Regional del Estado Lara. MUÑOZ, Alí/Miembro del Buró Agrario Nacional. MUÑOZ, Rafael José/Miembro del Buró juvenil Nacional.

N

NOVELLINO, Olinda de/Dirigente Regional del Estado Portuguesa. NOVELLINO, Tomás/Dirigente Regional del Estado Portuguesa. NOYA, Miguel Angel/Dirigente Regional del Estado Monagas.

O

OCANTO, Leonardo/Miembro del CES del Distrito Federal. ORTIZ BUCARÁN, Eduardo/Dirigente del Estado Monagas, ORTIZ BUCARÁN, Silvestre/Dirigente del Estado Monagas. ORTIZ PEÑALVER, Manuel/Dirigente del Estado Monagas. OVALLES, Caupolicán/Dirigente Regional del Distrito Federal. OVALLES, Lautaro/Dirigente Regional del Distrito Federal.

P

PACHECO, Jesús María/Miembro del Buró Agrario Nacional. PÁEZ, Jairo/Dirigente Regional del Estado Mérida. PÁEZ ÁVILA, Juan/Dirigente Regional del Estado Lara. ;PEÑA ORTIZ, Pastor/Dirigente Regional del Estado Carabobo. PEÑA VADELL, Pastor/Dirigente Regional del Estado Falcón. PEREZ, Margarita/Dirigente Universitario. PEREZ LIAS, Jesús/Parlamentario. PEREZ MARCANO, Héctor/Miembro, del Buró juvenil Nacional. PEREZ QUIROZ, Adán/Miembro del CES del Distrito Federal. PETIT, Jesús/Miembro del Buró juvenil Nacional. PORRAS, Eloy/Miembro del CES del Estado Aragua. PRADO, Pedro/Dirigente Sindical del Estado Bolívar.

Q

QUINTERO LUZARDO, Gabriel/Dirigente del Estado Zulia.

R

RAMÍREZ, Juan Mario/Dirigente Sindical Transporte Aéreo. RAMÍREZ Julio. RANGEL, Domingo Alberto/miembro del C.E.N. RIVAS, Juan Antonio/Dirigente Regional del Distrito Federal. AS, julio/Dirigente Regional del Distrito Federal. RIERO, Rafael/Dirigente Regional del Estado Miranda. RIVERO PEREZ, René/Parlamentario. RODRIGUEZ, Gumersindo/Ex Secretario Juvenil Nacional. RODRIGUEZ, Tomás/Dirigente Regional del Distrito Federal. RUIZ COLÓN, Albino/Dirigente Regional del Estado Monagas.

S

SÁEZ MERIDA, Simón/Miembro del CEN. SALAZAR, Alfonso/Dirigente Regional del Distrito Federal. SALAZAR, José/Dirigente Regional del Estado Lara. SALAZAR, Tomás/Presidente de la Federación de. Trabajadores de Anzoátegui. SALAZAR DE MORALES, Yolanda/Dirigente Regional del Zulia. SALAZAR MENESES, Francisco/Parlamentario. SANCHEZ, Pantaleón/Dirigente Regional del Distrito Federal SERRA, Pedro/Dirigente Regional del Distrito Federal. SILVA PÉREZ, Gustavo/Miembro del Comité Seccional de Apure. SOLÓRZANO, Manuel/Secretario Sindical del CES de Anzoátegui. SOTO PEÑA, Felipe/Dirigente Regional del Estado Carabobo.

T

TERÁN, Humberto/Miembro del CES del Estado Guárico. TORRES, Cástor/Miembro del CES del Estado Aragua. TRUJILLO, Obdulio/Dirigente Regional del Departamento Vargas.

U

URBINA, Iván/Dirigente Universitario.

V

VALERO, Ismael/Dirigente Regional del Estado Mérida. VALERO, Julio/Dirigente Regional del Estado Lara. VARGAS, Modesto/Dirigente Regional del Distrito Federal. VÁSQUEZ, Pedro Manuel/Parlamentario. VETHENCOURT, Jesús/Buró juvenil del Distrito Federal. VETHENCOURT, José Luis/Parlamentario. VIELMA, Bartolomé/Dirigente Regional del Estado Sucre. VILLAVICENCIO, Jesús/Parlamentario.

Y

YIBIRÍN, Edimindo/Parlamentario. YORIS, Bruno/Dirigente Regional del Estado Zulia.

Z

ZAMBRANO, Efraín/Comité Local de El Tigre. ZAMBRANO, Román Humberto/Dirigente del Estado Mérida.

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