El queso de la Constituyente

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Una tostada y una Constituyente deberían tener queso. Según encuesta de Consultores 21, el 74% de los entrevistados opina que la Asamblea Nacional debe resolver los problemas socioeconómicos. Sólo 21% le asigna el arreglo de los políticos. La venidera Constituyente no debería ser una rebatiña de prebendas entre politiqueros tradicionales. O tiene contenido socioeconómico, o no tendrá pueblo.

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Como venezolano, poseo parte indivisible e irrenunciable de la soberanía. Es la única empresa en la que tengo acciones. Los últimos presidentes han firmado con el Fondo Monetario Internacional documentos como la Carta de Intención y la Agenda Venezuela, que le arrebatan al país la soberana potestad de darse leyes en materia fiscal y dictar las medidas económicas y sociales necesarias para su supervivencia. Para ser digna de tal título, la nueva Constitución debe declarar la nulidad absoluta de tales acuerdos. Sin soberanía no hay patria.

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Nací en una sola República. Los politiqueros van en camino de convertirla en 23 paisitos. Cada uno de estos pretende contraer deuda pública, celebrar tratados internacionales y vender los bienes de la Nación por su cuenta. Cada cual pretende tener sistemas educativos, jurídicos y tributarios distintos e impedir el comercio minando las carreteras de peajes. En tres oportunidades han estado a punto de declararse en guerra unos con otros. Para multiplicar la burocracia, engendran una cantidad prodigiosa de municipios, hasta totalizar 333. Según la Contraloría, 167 de ellos han sido creados ilegalmente. En los últimos años han inventado 66 nuevas alcaldías, sin contar con recursos para mantenerlas. 8 ó 9 provincias o regiones bastan y sobran. Yo no quiero republiquitas, dijo Bolívar. Ningún venezolano puede consentir el desmembramiento de su país.

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República es res publica, ‘cosa pública’. En Venezuela hay un conjunto de bienes que nos pertenecen a todos, desde el subsuelo hasta las playas, pasando por las vías de comunicación. Tenemos que recuperarlos para el pueblo, así como las instalaciones que con nuestro esfuerzo y nuestros recursos hemos creado para su mejor aprovechamiento. La propiedad de Venezuela sobre la Industria de Hidrocarburos, y otras empresas básicas para su economía es un principio constitucional irrenunciable. Sin bienes, la República sólo tendrá males.

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El poder de la Nación y sus bienes son para satisfacer las necesidades de sus habitantes. Tras robarse los dineros que debían dedicar a educación, salud y seguridad social, los politiqueros sostienen que la gestión de esas tres áreas indispensables para la supervivencia debe ser entregada al mismo sector privado que descapitalizó al país, saqueó Recadi y quebró la banca. Seguridad social, salud y educación son competencias irrenunciables del Estado venezolano.

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No hay salud ni educación posibles sin alimentos durante la gestación y los primeros años de crecimiento del sistema nervioso. Si el sector privado no garantiza el suministro suficiente de alimentos, la Nación debe adoptar las medidas correctivas en lo relativo a la propiedad agraria, la inversión de recursos agropecuarios y las prioridades para asegurar un grado razonable de producción de nutrientes para Venezuela. La autonomía alimentaria es cuestión estratégica.

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Para no caer muerta, la nueva Constitución debe preservar y superar las normas más positivas de la llamada moribunda. Entre ellas el artículo 136, que atribuye a la competencia del Poder Nacional el régimen y administración de las minas e hidrocarburos, salinas, tierras baldías y ostrales, las directivas y bases de la educación nacional, la apertura y conservación de las vías de comunicación nacionales, el correo y las telecomunicaciones. El artículo 76, que consagra el derecho a la Salud: el 78, que pauta el derecho a la educación pública, gratuita y obligatoria. El 87, que impone el salario justo y el derecho a las prestaciones sociales. El 96, que prohíbe la usura y la indebida elevación de precios. El 99, que pauta que en virtud de su función social, la propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Miserable Constitución sería la que no rescatara y superara estas conquistas.

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No me canso de advertir que desde 1992 Rafael Caldera y la Copre preparan un proyecto de Constitución para legitimar todos los despojos cometidos contra Venezuela y los venezolanos en nombre del neoliberalismo y del Fondo Monetario Internacional. Más aún: quieren redactar una Carta Magna a la medida de los Acuerdos Multilaterales de Inversión. Vuelvo a informar los lineamientos de ese proyecto. El sometimiento de la República de Venezuela a tribunales extranjeros. La obligación de garantizar a los inversionistas foráneos los beneficios que éstos esperan. El deber de indemnizarlos por merma de ganancias causada por huelgas, sublevaciones, conquista de derechos por parte de los trabajadores. Exenciones tributarias para los monopolios extranjeros. Prohibición de toda protección a empresas o ciudadanos nacionales. Una ley fundamental que dejara filtrar tales infamias estaría peor que muerta: insepulta.

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Cuando el sistema es más de los mismo, lo único que cambia son los mandatarios. Cuando están cambiando el sistema, se puede tolerar que sigan los mismos mandatarios: por ejemplo, para atribuirle al pueblo la propiedad de los medios de producción social. Lo que nadie aguanta es que sigan los mismos mandatarios con el mismo sistema. Cada vez que se lo intenta, la República se ahoga en sangre.

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¿Que nada de eso se puede? ¿Que para adoptar las medidas indispensables para nuestra supervivencia debemos pedirle permiso a poderes o inversionistas extranjeros? ¿200 años de consulta no bastan? Del gesto constituyente a la bufonada no hay más que un paso. El camino para darlo está empedrado de acomodos.