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Soberanía en reclamación

• Nos despertamos con base misilística estadounidense en plena zona en reclamación, que nos convierte en blanco estratégico privilegiado de la guerra fría que Estados Unidos reinicia al amenazar a Rusia y China con un plan anticohetes.
• Nos despabilamos con masiva intervención de Estados Unidos en Colombia al aportar 1,3 millardos de dólares como anticipo de un Plan Pastrana de 7,5 millardos de dólares para gastos de contrainsurgencias, que se materializan en la sospechosa presencia de helicópteros Blackhawk en las cercanías del arrasado pueblo de Arboleda.
• Nos estremecemos con las empresas estadounidenses Century y Exxon y la canadiense CGX iniciando exploración y perforación de hidrocarburos en aguas sobre las cuales reclama soberanía Venezuela.
• Nos intranquilizamos con el espacio aéreo amenazado con sobrevuelos de aeroplanos militares estadounidenses apostados en las vecinas bases de Curazao.
• Nos sobresaltamos con la noticia de que naves y personal estadounidense y de países europeos se atribuyen el derecho de abordar naves venezolanas en alta mar, en la zona económica exclusiva y en la zona contigua sobre las cuales Venezuela alega soberanía, en virtud de un viciado tratado internacional supuestamente concluido en 1997 por la Cancillería de Caldera.
• Nos resentimos con la pretensión de los inversionistas extranjeros de prohibirle a la Asamblea Nacional la potestad de modificarles los impuestos, para lo cual alegan un inconstitucional decreto de protección de inversiones sancionado en 1999.
• Nos asombramos con la arrogancia de personas y empresas estadounidenses que pretenden pagarle al Fisco de Estados Unidos la totalidad o parte de los impuestos que le deben al Fisco de Venezuela causados por actividades económicas desarrolladas en nuestro país, alegando un inconstitucional tratado contra la doble tributación supuestamente sancionado a principios del 2000.
• Nos conmocionamos con la noticia de que la corporación estadounidense AES logra inconstitucionalmente el traspaso de la concesión del servicio público de luz eléctrica mediante una supuesta compra de acciones, en abierta violación de lo dispuesto en la Carta Magna bolivariana sobre la indispensable aprobación legislativa de los contratos de interés nacional.
• Nos quedamos a oscuras con la información de que la corporación estadounidense AES corta el servicio eléctrico a la transnacional mexicana que administra la autopista Caracas-La Guaira, amenazando con dejar a la capital de la República de Venezuela aislada de su principal puerto y su principal aeropuerto.
• Nos reconfortamos con la noticia de que Venezuela rescindirá el contrato con la transnacional que administra la autopista Caracas-La Guaira, debido a que presenta 38 vicios de nulidad, entre ellos la cláusula que le permite no pagar impuestos, la que obliga al Fisco a cancelarle las ganancias a la que ella aspira, y la que ahora invoca para someter a la República al arbitrio de órganos jurisdiccionales extranjeros.
• Nos reafirmamos el amigo Fermín Toro Jiménez y yo en nuestro propósito de recuperar mediante las demandas que entablamos ante el Tribunal Supremo de Justicia la soberanía marítima, tributaria y energética de Venezuela, vulnerada por inconstitucionales tratados que permiten el abordaje de nuestras naves y el pago a fiscos foráneos de los impuestos que se le deben a Venezuela; lesionada por decretos que atribuyen a los extranjeros negar la potestad tributaria de la Asamblea Nacional; burlada por inconstitucionales traspasos de concesión de servicio público eléctrico.
• Nos regocijamos de que el Gobierno venezolano disponga ahora del respaldo político, la legitimación jurídica, el apoyo de la opinión y el poderío económico necesarios para recuperar la plenitud de su soberanía, sin la cual todo lo demás está perdido.

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