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 Caracas, Viernes, 25 de mayo de 2012
 

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Tierrita bajo las uñas: de un país de usufructuarios a un país de propietarios

Carmen Beatriz Fernández

Con motivo de las recientes invasiones rurales y urbanas han salido a la luz pública cifras recientes del Banco Mundial en cuanto a los niveles de concentración de la tierra, en las que se afirma Venezuela sería, después de Perú, el segundo país con mayor índice de concentración de la tierra del mundo. Es decir, el segundo país con mayor brecha en la distribución de sus tierras rurales.

En 1961, en los comienzos de la reforma agraria venezolana, existían en nuestro país casi 12 millones de hectáreas repartidas en haciendas de más de 5000 Has, que representaban un 45% del total de la superficie agrícola. Treinta años después las haciendas de más de 5000 Has sumaban 9 millones de hectáreas de superficie, que constituían menos del 30% del total de la superficie agrícola. Estas cifras evidencian una fuerte tendencia a la disminución de los niveles de concentración de la tierra, expresada por la fragmentación de las grandes propiedades agrícolas. Esta tendencia, sin embargo, no sólo puede ser achacada a las acciones de la reforma agraria, sino también, y fundamentalmente a respuestas del mercado al hacer más eficientes las unidades productoras de tamaño intermedio.

Habría que estudiar con cuidado entonces las cifras del informe del Banco Mundial y ver si en su contabilidad, tras esta concentración extrema se esconde o no la omnipresencia del Instituto Agrario Nacional, como entidad propietaria de una enorme cantidad de tierras agrícolas y con potencial urbanístico. En Venezuela existen unas 300 mil pequeñas explotaciones agrícolas con superficies inferiores a las 20 hectáreas. Ahora bien, cuando se habla de tenencia, estas mismas tierras son, en su mayoría propiedad del IAN, quien simplemente las ha otorgado a sus ocupantes para su uso. Es decir, las tierras que ocupan los beneficiarios del IAN nunca dejan de ser de este organismo. Más de 8 millones de hectáreas ha asignado el IAN, sin embargo, al estudiar la tenencia lo preciso es hablar de un único propietario de las tierras, sobre las que trabajan muchos productores en pequeñas unidades. No se exagera cuando se describe al IAN como el mayor terrateniente venezolano.

Porque los ocupantes de las tierras del IAN tienen, en el mejor de los casos, el derecho a heredarlas y/o a traspasarlas previa aprobación de su jefe, el IAN, pero nunca como propiedad pura y simple. Es decir, el esquema limita al ocupante de la tierra de la posibilidad de usarla como garantía hipotecaria y lo excluye por ello del sistema financiero formal, obligándolo a trabajar con las uñas. Existen entonces en nuestro país enormes extensiones de tierras que no han sido capitalizadas, que están subvaluadas porque no forman parte de un sistema integrado a la formalidad, cuyos ocupantes se encuentran al margen del desarrollo. El sistema es perverso porque condena al campesino a formar parte permanente de un cluster social destinado a vivir bajo la sombría "ala protectora" de las turbias instituciones diseñadas para ampararlo.

De acuerdo a las tesis neomarxistas, que tan oídas dizque son por los personeros del gobierno, el sistema soviético no fracasó por la debilidad de sus postulados teóricos básicos, sino porque el gobierno se convirtió en el gran capitalista, acumulador de toda la posible riqueza. Es ésta también la principal razón del fracaso de la reforma agraria venezolana, en la que el IAN se convirtió en el gran terrateniente, que otorgaba "concesiones graciosas" de usufructo de la tierra a los campesinos, en lugar de convertirlos en los legítimos propietarios de sus fincas. Este enfoque paternalista lo que esconde en el fondo es la profunda desconfianza hacia el hombre, hacia las capacidades del individuo beneficiario de las dotaciones, guardando así un escondido y lastimoso "quién sabe lo que harán estos locos con las tierras si se la damos de verdad-verdad".

Es por ello que en el abordaje del problema de las invasiones y en la definición de nuevas políticas públicas de dotaciones, tanto rurales como urbanas, es fundamental reconocer y otorgar el derecho a la propiedad: no sólo de los invadidos, sino también, y aquí estaría lo verdaderamente revolucionario: de los asignatarios. Parafraseando a Tony Blair, tan mentado por el presidente durante su campaña electoral: convirtamos a Venezuela en un país de propietarios, en lugar de re-experimentar con viejos esquemas que han probado su caducidad e infinita capacidad de fracaso.

Es ese el verdadero reto.


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