Caracas, Sábado, 19 de abril de 2014

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La doctrina y el Código Orgánico Procesal Penal

Comentarios a una Exposición del Dr. Jesús Ramón Quintero ante la Corte Suprema de Justicia.
Texto completo del Código Orgánico Procesal Penal
.

Después de largos años de discusión, el Congreso de la República aprobó recientemente el Código Orgánico Procesal Penal. El Presidente de la República no promulgó la importante ley dentro del lapso previsto por el artículo 173 de la Constitución sino que, basándose en el mismo artículo, le pidió al Congreso que la reconsiderara, dando razones fundadas para la modificación de algunas disposiciones que, a su juicio , crean conflicto con normas del Código de Justicia Militar. El Alto Mando Militar, es bien sabido, ha manifestado preocupación ante cualquier norma del nuevo código que pueda afectar el fuero militar.

El Dr. Jesús Ramón Quintero, distinguido profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica Andrés Bello e investigador reconocido del proceso de reforma de nuestra legislación penal adjetiva, desde sus tiempos de estudiante de postgrado de la Universidad Complutense en España, discípulo del profesor Silva Melero, ha sido uno de los juristas venezolanos que más se ha ocupado, junto con el doctor Jesús María Manzaneda de reformar el proceso penal venezolano. Así lo reconoce el Informe de la Comisión Legislativa sobre el Proyecto de Código Orgánico Procesal Penal, el 10 de septiembre de 1997, al presentarle al Congreso Nacional el texto aprobado por la Comisión. En efecto, dice el Informe en cuestión:

Al mismo tiempo que se realizaban seminarios, jornadas y talleres para el estudio de la materia, la Comisión adelantó el análisis de los proyectos bajo su consideración. El primero de ellos, tal vez contentivo de las propuestas de cambios más importantes respecto al procedimiento vigente, elaborado por los doctores Jesús María Manzaneda, Jesús Ramón Quintero Prieto y Faustino Pulgar Gruber.

La Corte Suprema de Justicia, que, bajo el artículo 165 de la Constitución, tiene iniciativa legislativa en cuanto a leyes relativas a la organización y procedimientos judiciales, no fue debidamente consultada por la Comisión Legislativa del Congreso de la República acerca de l proyecto de un nuevo Código Orgánico Procesal Penal. No por ello dejó el Supremo Tribunal de la República de mostrar interés en la reforma del proceso penal, tal como lo hizo en el caso del proceso de reforma del sistema judicial. Prueba de ello fueron las opiniones sobre la reforma solicitadas por la Corte a conocidos exponentes de la doctrina nacional de derecho penal adjetivo y substantivo.

El doctor Jesús Ramón Quintero P. tuvo la oportunidad de exponer, ante la Corte Suprema de Justicia en Pleno, sus ideas críticas sobre el Proyecto de Código Orgánico Procesal Penal preparado por la Comisión Legislativa del Congreso de la República. La BitBlioteca reproduce íntegramente el texto de la exposición, que resumimos a continuación.

Basado en su trayectoria como investigador preocupado por la reforma de nuestra legislación penal adjetiva. Quintero inicia su exposición aclarando que su posición crítica en cuanto a algunas instituciones y soluciones técnicas del Proyecto ìno pueden ser intepretadas como si emanaran de un enemigo del progreso institucional que desea que todo "siga igual". Su posición de fondo, expresada ante la Corte, es que el Proyecto de Código no debe se rechazado en bloque ni aprobado sin modificaciones. Sabemos ahora que esa posición, compartida por el Fiscal General de la República, por algunos Magistrados de la propia Corte y por un sector importante de la doctrina, no influyó en el Congreso Nacional, pues éste aprobó el Proyecto con la mayoría calificada de las dos terceras partes de los miembros del Congreso, de acuerdo con los dispuesto en el artículo 4º del Reglamento para la Discusión de los Proyectos Presentados por la Comisión Legislativa.

Quintero comparte los principios políticos y jurídicos claramente establecidos en el Título Preliminar del Código aprobado por el Congreso. Difiere, sin embargo, de algunos enunciados normativos de ese Título, cuando expresa que el principio contenido en el artículo 1º que, según él, se expone de manera incompleta, añadiendo que si es "obvio que nadie puede ser condenado ex abrupto tampoco puede ser absuelto de responsabilidades criminales sino como consecuencia de un proceso regularmente seguido con arreglo al principio de la legalidad sustancial y procesal". Con esto nos dice el expositor que el "debido proceso" ("due process" del derecho anglosajón) debe concebirse para asegurar que nadie pueda ser condenado sino con arreglo a los procedimientos preestablecidos legalmente y siempre y cuando se hubieren respetado las garantías procesales inherentes a todo ser humano, pero también para asegurar que nadie pueda ser absuelto sino con apego a las normas que disponen los casos y las circunstancias en los cuales no pude haber condena.

Otro de los defectos achacados al Código es el abandono del principio según el cual, en el proceso, una vez practicada la citación las partes están a derecho. En otras palabras, bajo este principio, de vieja raigambre en el proceso venezolano, una vez citadas las partes, les corresponde a ellas concurrir a todos los actos previstos sin que se requiera nueva citación, salvo las excepciones previstas por la propia ley procesal. Pensamos que la intención de los proyectistas al despegarse el principio de que las partes están a derecho estuvo tal vez influida por la forma de llevar los procesos en otros países de más firme tradición judicial, en los cuales las partes tienen la carga de informarse recíprocamente acerca de todos los escritos y diligencias que piensan llevar el proceso para que puedan tener efecto. La necesidad de notificar a las partes de cada acto de procedimiento, ciertamente, en nuestro medio judicial, le restaría celeridad al proceso, sin llegar a crear un caos procesal.

El Dr. Quintero analiza el punto tan polémico de la reforma referido a la participación ciudadana en el proceso, a través de los jueces legos ómal llamados "escabinos" y de los jurados. Su crítica a estas nuevas instituciones se basa en normas constitucionales. Según el autor, los jueces legos son inconstitucionales. Dice lo siguiente a este respecto:

Es preciso concluir que la normativa Constitucional aplicable al Poder Judicial comprende no sólo las normas o preceptos expresamente consagrados, sino también las que derivan de los principios informadores del instituto mismo de la jurisdicción.

En virtud de estas normas y principios constitucionales es claro que la administración de justicia no puede confiarse válidamente por la ley a órganos del poder público distintos de los órganos jurisdiccionales, autónomos e independientes de los demás órganos del poder público, que ha de estar necesariamente a cargo de jueces profesionales de carrera inamovibles, salvo lo que especialmente se dispone respecto de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En otro caso se compromete la vigencia efectiva de la Constitución.

En opinión de quien suscribe, existe una verdadera y propia incompatibilidad o antinomia entre los preceptos constitucionales citados y las disposiciones del Proyecto de Código Orgánico Procesal Penal en cuanto estas últimas establecen una organización del poder judicial, en lo referente a la integración o composición de los tribunales de justicia, basándose en el principio jurídico político del juez lego y la participación popular en la administración de justicia que se opone diametralmente al principio jurídico que consiste en la administración de justicia a cargo de jueces profesionales de carrera caracterizados por los atributos de la idoneidad, estabilidad e independencia. De esta antinomia deriva la inconstitucionalidad de las normas del Proyecto que se refieren a esta materia (omissis.).

Como resulta evidente, las normas referidas, al instituir jurados y "escabinos", atentan contra la vigencia efectiva del principio constitucional conforme al el ejercicio de la jurisdicción corresponde a los tribunales a cargo de jueces profesionales de carrera. De sancionarse estas normas por las Cámaras en sesión conjunta y promulgarse como ley, estarían, por consiguiente, sujetas a nulidad por inconstitucionalidad, con los graves perjuicios que de allí puedan derivar para la administración de justicia".

En la exposición que comentamos hay también una crítica al régimen de los recursos ordinarios y extraordinarios establecidos en el aun no promulgado Código. Nos aclara que "se regulan expresamente cuatro recursos o medios de impugnación en sentido amplio: la revocación, la apelación, la casación y la revisión". Según Quintero el nuevo sistema de recursos da lugar a la necesidad de que toda apelación deba ser motivada para que pueda ser tramitada por el tribunal superior. Exigir que una apelación de una providencia definitiva que pueda ponerle fin al juicio ócomo sería la sentencia del juez de primera instancia que condene o absuelvaó o de una interlocutoria que resulte ser definitiva por su posición en el proceso ócomo sería un auto de detenciónó sean debidamente razonadas es algo así como convertir la apelación en una especie de recurso preliminar de casación. Esa concepción de la apelación viola, como bien lo afirma Quintero, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigente en Venezuela, según el cual toda persona declarada culpable de un delito tiene derecho a que ìel fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito en la ley" (artículo 14, numeral 5). Se viola igualmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), igualmente vigente en Venezuela, tratado que le reconoce a toda persona inculpada de delito, en su artículo 8, numeral 2, "el derecho de recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior". Estamos de acuerdo con el profesor Quintero cuando él afirma que en ambos casos "se trata, a mi manera de ver, de un derecho incondicionado".

En la exposición del Dr. Quintero éste nos advierte que no trata algunos temas polémicos de la reforma, como son, por ejemplo el tratamiento de la libertad y los lapsos procesales porque ellos son objeto de la exposición que haría después, ante la misma Corte, el profesor Alberto Arteaga. Estos temas abordados por el profesor Arteaga son tratados igualmente en la 24 edición de Venezuela Analítica.


Email de Carlos Armando Figueredo Planchart: cfiguere@ccs.internet.ve
Exposición del Dr. Jesús Ramón Quintero ante la Corte Suprema de Justicia
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