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Sección: Bitblioteca
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La víctima número 169
El Nacional, lunes 16 de julio de 2001
La pena de muerte en La BitBlioteca
Es, sin duda, incómodo escribir sobre la ejecución de Timothy McVeigh, por lo inevitable de exponerse a malas interpretaciones, sobre todo si uno está en pleno desacuerdo con la pena capital. Los moralistas de siempre asumen la defensa de las víctimas —lo que es justo—, de sus familiares y amigos, de todos los ciudadanos inocentes e indefensos frente al terrorismo, y paremos de contar. Mañana o pasado yo mismo, o alguien de mi entorno, podría perder la vida —o lo que es tal vez peor, la integridad física y mental— a manos de fanáticos enloquecidos, cuya cantidad parece ir en incremento y no será detenida por ninguna penalización extrema.
En primer término, ¿qué autoridad posee el aparato estatal para aplicar la pena de muerte, si esta constituye un acto de terrorismo de Estado agravado por consideraciones adicionales? Vamos a partir, esta vez, de la premisa de que el reo sea verdaderamente culpable, como lo fue en el presente caso. Ningún experto en ética está en capacidad de aclarar si es más criminal causar la muerte a un alto número de personas inocentes en razón de una convicción ideológica, sin reparar en la enormidad del crimen cometido; o asesinar a mansalva, con toda premeditación, cobardía, ventajismo, alevosía y con visos de espectáculo circense a un número bastante elevado de personas sentenciadas a la pena máxima, por intermediación de unos desaforados psicópatas pomposamente apodados verdugos y alcaides.
Los partidarios de la muerte instituida suelen recalcar en una situación de tal índole que no cabe comparación entre la eliminación de un reo convicto y confeso con la masacre de ciudadanos inocentes y desguarnecidos, incluidos por supuesto mujeres y niños, aun cuando hoy día se estila cada vez menos este tipo de discriminación. Ciertamente, la respuesta no es fácil y en modo alguno propiciamos la impunidad o la lenidad con los criminales peligrosos, aunque sean mentalmente insanos. El problema medular consiste, más bien, en lo inapropiado de que el Estado o alguno de sus organismos profese un total irrespeto a la vida humana —por más que sea bajo determinadas condiciones— y, para colmo, a manera de antídoto para el propio hecho homicida como tal.
Es una contradicción insalvable el proclamar, por un lado, la inviolabilidad del proceso vital, y por el otro, decretar la muerte o asesinato legal para garantizar el cumplimiento de tan sagrado principio. La violencia oficializada no hace sino consagrar la cultura de la muerte, y prepara el terreno para que haya más homicidios: hasta el extremo de que las ejecuciones por razones aparentemente justas y bien sustentadas invoquen el espíritu retaliativo de muchos individuos predispuestos a vengarlas, independientemente de los motivos que las hayan provocado. Si de verdad nos interesa eliminar la idea de la muerte inducida como solución, alguien tiene que asumir el compromiso de atajarla; y son precisamente los organismos del Estado los más llamados a imponer, con su propio ejemplo, la búsqueda de cualquier otro mecanismo idóneo para restaurar la paz y tranquilidad tan maltratadas por nuestras sociedades en proceso de globalización.
Es muy preocupante que actualmente varios países latinoamericanos, antes refractarios a la pena capital, hayan introducido o siquiera manejen la posibilidad de implantar —a modo de estandarte de la democracia— semejante monstruosidad violatoria de todos derechos humanos: conquistados a fuerza de tanta lucha y desvelos de personas y organizaciones que han demostrado hasta más allá de la saciedad que el Estado convertido en asesino, lejos de controlar el afán homicida, le da nuevos aires e incluso justificaciones pseudo-éticas. ¿Acaso no es suficiente contemplar que los pocos países que medianamente han resuelto sus problemas principales —ni siquiera los más prósperos— han logrado reducir a un mínimo manejable toda la criminalidad latente en sus poblaciones; y sin recurrir a la pena de muerte?
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