Índice

• Prólogo
• Parte I. La construcción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
• Parte II. 1990: A negociar, ahora sí, el libre comercio
• Parte III. 1991: La «vía rápida» para una negociación lenta

Prólogo

Este libro es una explicación a los mexicanos. También a todos aquellos que dentro y fuera de México tuvieron fe en el proyecto de reformas que el gobierno a mi cargo llevó a cabo entre 1988 y 1994.

Como presidente de la República cumplí en tiempo y forma la obligación constitucional de informar a los mexicanos sobre el estado que guardaba la nación. Hoy como ex presidente, y en respuesta a la pregunta de qué pasó, cumplo el deber de explicar mis actos y los de mi gobierno por una razón moral. Respecto del tiempo de hacerlo, casi seis años después de iniciada una campaña de desprestigio en mi contra, éste ha sido determinado por la actitud de un grupo gobernante con la capacidad para inducir la difamación permanente y de generar una infranqueable espiral de silencio ante todo intento de defensa. Como soporte adicional de la calumnia y el silenciamiento, ese grupo ha mantenido una implacable campaña de persecución contra mi familia. En cuanto a la forma escogida para informar, este voluminoso libro responde a la cantidad y la diversidad de asuntos que, a juicio del autor, era necesario incluir para restituirle a la historia de aquellos años algo de la objetividad revocada en los siguientes.

Mi deseo al elaborar este libro no ha sido el de reparar mi imagen personal (algo a lo que, por lo demás, toda persona tiene derecho en cualquier país civilizado) sino corregir las distorsiones impuestas a una obra colectiva. Las precisiones y los testimonios aquí contenidos aportan elementos para reconstruir los actos de un gobierno comprometido y competente, que puso su mejor esfuerzo en el cumplimiento de una tarea difícil: contribuir a que el país diera un paso decisivo hacia la modernidad y, en consecuencia, hacia una vida más digna para los mexicanos. De ese proyecto formaron parte algunos de los personajes que más tarde se han propuesto desprestigiarlo y aun hacerlo aparecer como el origen de todos los males. Lo han hecho sin advertir que su acción atenta contra el esfuerzo de un gran número de mexicanos que subordinó su interés personal a favor del avance colectivo.

En el libro que el lector tiene en sus manos no se ocultan los errores e insuficiencias que han dado base a cuestionamientos fundados. Pero también se intenta desmontar la fabricación, dirigida desde el poder, de una imagen distorsionada de mi administración. En estas páginas he querido probar que el gobierno que me sucedió se empeño en construir esa imagen para distraer la irritación social que él mismo suscitó con los graves errores cometidos durante los primeros meses de su gestión.

La crisis de 1995 canceló muchos de los avances logrados durante mi administración. Al golpe tremendo que sufrió la economía de las familias, hay que sumar otro efecto adverso de consecuencias incalculables: la erosión de la confianza que los mexicanos tenían en su capacidad para alcanzar sus propósitos, la destrucción del sentimiento de que el esfuerzo realizado valía la pena. A partir de la crisis muchos mexicanos se sintieron engañados. Esa catástrofe tuvo secuelas sociales, económicas y morales.

Ante esto, es indispensable precisar los verdaderos alcances de las reformas realizadas en la primera mitad de los noventa. Sólo así será posible desenmascarar la artera desnaturalización que pretendió hacer las pasar como el origen de la crisis que sobrevino después. Como el lector podrá apreciar, este libro pone énfasis en los cambios y avances logrados con el esfuerzo de miles de personas; en él se expresa también el reconocimiento a quienes desde la presidencia de la República contribuyeron a engrandecer a la nación. México no empieza ni termina en un sexenio. Lo que se avanza en un periodo presidencial es mérito colectivo. Lo que se retrocede casi siempre debe atribuirse a la responsabilidad de quien ejerce la primera magistratura de la nación.

En los distintos capítulos que conforman este volumen se combina el relato con la argumentación. La vastedad del trabajo responde al cúmulo de afirmaciones que se han hecho sobre lo realizado en aquellos años. Una simple afinación o referencia no hubieran bastado para contrarrestar casi seis años de alteraciones y calumnias. Era necesario probar cada dicho, mostrar las evidencias de cada logro alcanzado. Sobre todo, resultaba indispensable mostrar que el trabajo realizado exigió un qué hacer político permanente. En los últimos años se ha promovido la imagen de un gobierno omnipotente que imponía sin problema todos sus designios. Espero que estas páginas contribuyan a revelar las dificultades que supone gobernar un país tan complejo como México.

En mi administración hubo servidores públicos del más alto nivel que, a tono con las arraigadas tradiciones patrimonialistas de nuestra vida pública, podrían haberse enriquecido en el ejercicio de sus responsabilidades. No lo hicieron y hoy deben realizar su trabajo con el peso adicional que implica enfrentar los infundios levantados en su contra por el sólo hecho de no haberse sumado a la tarea de vilipendiar al gobierno del que formaron parte.

Éste es un libro que pondera a las personas por encima de las fórmulas y los indicadores económicos. La obra se refiere y se dirige a seres humanos que se unen para trabajar y transformar su entorno. Por eso me aparté de las clasificaciones por temas o sectores y de los grandes agregados del tipo «economía, sociedad y política»

Mi primer impulso fue integrar este volumen con la crónica de cuarenta y cinco días decisivos: los transcurridos entre el 17 de noviembre de 1993 y el primero de enero de 1994. En ese breve lapso se logró consolidar un horizonte de certidumbre para el crecimiento económico del país, a prueba de golpes tan brutales como el que México debió enfrentar en los meses que siguieron a los últimos días de 1993. ¿Qué sucedió en esos días cruciales? El jueves 17 de noviembre, la ratificación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Poco después, el domingo 28 de ese mes, el PRI postuló como su candidato a la presidencia de la República a Donaldo Colosio, un hombre comprometido con la reforma desde dentro y con los cambios para promover soberanía, justicia y democracia en el país. En medio de hechos tan pro- metedores, el sábado primero de enero de 1994 estalló el levantamiento de Chiapas, al inicio como un movimiento guerrillero con el propósito de tomar el poder nacional y después con la exigencia de mayor atención y respeto a la dignidad de los indígenas. Tras reconocer la justicia de las demandas sociales y actuar en consecuencia, el gobierno trabajó para alcanzar acuerdos entre los distintos partidos políticos a fin de impulsar nuevos cambios democráticos en el país y realizar la elección presidencial de agosto de 1994, la más concurrida en la historia.

No obstante, esta primera idea dejaba fuera otros temas esenciales. Finalmente, al tratar de seguir una secuencia narrativa y explicativa el libro quedó dividido en 14 partes. Algunas pueden leerse de manera independiente y otras requieren de la revisión de partes anteriores. En realidad, para una comprensión integral de las reformas y sus dificultades seria conveniente proceder a una lectura completa de la obra.

En la Parte 1 se relata la forma en que se construyó el TLC. En 1990, una vez concluida la empresa de reducir la deuda externa, el gobierno mexicano propuso una negociación sin precedente con los Estados Unidos, vecino y adversario histórico. Con el final de la Guerra Fría, este país se había convertido en la única superpotencia mundial. La negociación concluyó de manera favorable al final de 1993 pero estuvo a punto de fracasar a cada paso. La firma del Tratado modificó la relación entre México y su vecino hegemónico del norte. El TLC fue un factor determinante en la rápida recuperación de nuestro país tras la crisis originada por el «error de diciembre» de 1994. Esta parte del libro representa un útil acercamiento al campo de las negociaciones internacionales.

La Parte 2 analiza la inserción de México en el proceso globalizador. Empieza con un examen de los primeros resultados obtenidos con el TLC. Incluye lo que faltó en la negociación. En particular, se plantea la forma en que puede llegarse a un acuerdo migratorio con los Estados Unidos y la oportunidad del mismo. Asimismo se pone énfasis en la necesidad de que el país diversifique sus relaciones internacionales ante la desaparición del llamado «segundo mundo», el campo socialista. En este contexto se incluye el relato, hasta ahora inédito, de la participación de México en un esfuerzo sin precedente por lograr la comunicación entre el jefe de Estado de Cuba y el presidente de los Estados Unidos. Esta parte segunda concluye con la crónica del restablecimiento de relaciones entre México y la Santa Sede, después de estar rotas por más de un siglo. Este importante paso se dio en el marco de la ampliación de las libertades religiosas en nuestro país mediante la reforma al artículo 130 de la Constitución.

La Parte 3 intenta precisar el contenido del ideario que orientó los cambios impulsados por mi gobierno: el liberalismo social. Emanado de las mejores tradiciones republicanas, el liberalismo social puso énfasis en la soberanía nacional y en el hecho de que es el sustento popular lo que legitima a un Estado. De ahí la importancia creciente de la sociedad civil y de la organización independiente de los grupos sociales en este ideario y en el programa al que dio origen. Es un capítulo necesario para comprender la relevancia de nuestra propuesta ante otras dos tendencias que luchaban por imponerse: el populismo y el neoliberalismo.

La Parte 4 incursiona en el tema de la democracia, a partir de dos obstáculos que mi gobierno debió enfrentar para alentar su construcción: los abusos a los derechos humanos y la amenaza del narcotráfico. El lector podrá reconstruir los avances conseguidos en la protección de los derechos humanos y conocer las difíciles condiciones en las que se libró el combate contra los cárteles de la droga y sus aliados en la Policía Judicial.

La Parte 5 revive las acciones realizadas con el propósito de sentar bases económicas para la justicia social. También es una recapitulación del esfuerzo desarrollado para recuperar el crecimiento económico y al mismo tiempo proteger el medio ambiente. Aquí se habla, asimismo, de otros temas trascendentes: la necesidad de privatizar bienes públicos para remediar males sociales y reducir la deuda interna; los pasos concretos para privatizar la banca; la enorme y casi desconocida batalla por eliminar las regulaciones que ahogaban la iniciativa de los particulares y por construir una moderna regulación del mercado. La democracia industrial aparece aquí como un medio para la acción libre y directa de los sindicatos, en la nueva dinámica de la libertad de comercio. En esta parte se evoca la innovadora propuesta de reformas al artículo 123 de la Constitución para liberar al trabajador ya los sindicatos de la tutela estatal, propuesta que fue frenada en el último año de mi gobierno y quedó en el olvido durante los siguientes. Finalmente, se describe la batalla por el petróleo ya favor de la renovación de la infraestructura del país.

La Parte 6 aborda otro tema sustantivo: el reto social que durante seis años enfrentó la administración a mi cargo. Aquí las evidencias se presentan de manera objetiva y documentada, con la intención de refutar la persistente idea de que el gobierno que me tocó presidir fue incapaz de frenar el crecimiento de la pobreza y promovió la concentración de la riqueza. A quienes se empeñan en sostener este aserto. sólo puedo asegurarles que las conclusiones a las que llega este capítulo provienen de datos confiables, obtenidos de organismos internacionales

Con un amplio reconocimiento en todo e1 mundo Dentro del combate a la pobreza surgió un programa que puede utilizarse como prueba de fuego del estimulo a la organización popular: el Programa Nacional de Solidaridad. Ese notable programa abrió la puerta a la participación organizada del pueblo. Para que el pueblo fuera sujeto y no sólo objeto de los cambios. Por eso aquí se dedica un largo capítulo a recoger los testimonios de las mujeres y los hombres que, organizados, lograron liberarse de la tutela del Estado y del control de los caciques. E esta sexta parte se abordan también dos temas cardinales: la profunda reforma educativa y el fortalecimiento de nuestra cultura. Se describen, asimismo, las acciones emprendidas en materia de salud y en particular par los niños. De manera especial, se muestra el camino seguido para llevar a cabo la reforma del campo mexicano. Sobre este asunto central, se precisa el alcance de la reforma al artículo 27 constitucional. Concluye esta parte con el relato de las acciones específicas realizadas a favor de los pueblos indios de México. Ante las ineficiencias que el levantamiento de Chiapas hizo evidentes, vale la pena mostrar algunos de los avances logrados.

La Parte 7 ofrece una visión sobre la construcción de la candidatura de Luis Donaldo Colosio en el marco de las reformas que se llevaron a cabo y las luchas en las que Colosio participó para hacerlas realidad. Se presenta el desarrollo de Colosio como servidor público, legislador, dirigente partidista y candidato a la presidencia. Enseguida se comentan las ideas específicas sobre la reforma del PRI y del Estado que Luis Donaldo y yo compartimos en diálogos intensos. Procuro también describir la participación comprometida de Colosio en las tareas de gobierno y en las propuestas del liberalismo social.

La Parte 8 contiene el relato del levantamiento de Chiapas, desde el primer día de enero de 1994 hasta el 30 de noviembre de ese año. También intenta un análisis de sus antecedentes y objetivos. Finalmente, incluye una descripción de las reiteradas presiones que diversos sectores y personajes intentaron ejercer para que el gobierno aplastara el movimiento a través de las más brutales acciones contrainsurgentes.

La Parte 9 es la más amarga de este libro. Narra el magnicidio de Colosio y sus secuelas: la pérdida del amigo y el líder, el desvanecimiento de la esperanza por consolidar la transformación del sistema desde adentro y la selección del candidato sustituto, sin omitir los golpes de mano y los engaños y omisiones tendientes a controlar el proceso en beneficio de algunos aspirantes a la nueva candidatura. De acuerdo con este hilo explicativo, se hacen una serie de precisiones sobre el «contexto político» posterior al magnicidio, en particular sobre las imputaciones maquinadas en relación al catastrófico acontecimiento.

La Parte 10 aborda la elección presidencial de 1994 y sus antecedentes: la disputada elección de 1988 y las negociaciones políticas que se iniciaron al día siguiente de mi toma de posesión para llevar a cabo una profunda reforma política. Aquí se relata el arduo proceso que condujo a la creación del IFE. y se da cuenta de la elección federal de 1991. En este punto, se establece una comparación entre el gobierno de la Ciudad de México durante mi sexenio y las gestiones del PRI y el PRD que lo sucedieron. Concluye esta parte décima con el recuento de las reformas electorales de 1993 y 1994, la ciudadanización del IFE, la credencial con fotografía para votar, los debates televisados y el desenlace del proceso de sucesión presidencial en las elecciones más concurridas en la historia del país. Por último, intento explicar por qué no era necesario promover a la derrota del PRI para actuar a favor de la democracia.

La Parte 11 aborda un tema fundamental para los mexicanos los resultados económicos que mi administración entregó y la debacle provocada por los errores del gobierno que me sucedió. Se analizan aquí tanto el llamado «error de diciembre», como la responsabilidad de Ernesto Zedillo en la crisis de 1995 y en el caso Fobaproa, así como la deuda pública que se derivó de ese error y que se convirtió en el mayor endeudamiento de la historia. Lejos de preparar cuidadosamente la modificación de la apertura de la banda o del régimen cambiario, se precisa que Zedillo cometió dos errores mayúsculos. El primero, monumental, fue en diciembre, al proporcionar información privilegiada a unos cuantos empresarios mexicanos sobre la inminente devaluación, lo que les permitió cambiar sus pesos a dólares y agotar, en unas horas, las reservas internacionales del Banco de México. El segundo error fue producto de la incompetencia en la responsabilidad de integrar el paquete económico que era indispensable para estabilizar el peso después de la devaluación de diciembre El gobierno tardó tres meses en anunciarlo; mientras el equipo gobernante vacilaba, entre finales de diciembre y principios de marzo se desató la elevación de las tasas de interés y ocurrieron otras tres devaluaciones del peso Cuando finalmente se anunció el paquete económico, las tasas de interés ya llegaban casi a 110% y el dólar se cotizaba a más del doble, 7 pesos por dólar. Cientos de miles de familias perdieron su patrimonio y miles de empresas quebraron debido al desastre producido por el «error de diciembre»

La Parte 12 detalla la traición, a partir de 1995, al ideario del liberalismo social y al proyecto de reformas que fue impulsado por mi gobierno. Aquí se describe la forma en que la administración de Zedillo se protegió ante la irritación social producida por el «error de diciembre». Se explican los mecanismos y procedimientos utilizados para inducir en mi contra el ánimo social y crear una corriente de opinión pública que me declarara culpable de todos los males que aquejaban a los mexicanos. En este punto destacan dos hechos promovidos por ese gobierno: primero un manejo informativo orientado a imputarle al Estado y al PRI el magnicidio de Colosio; segundo, la construcción ante la opinión pública de mi supuesta responsabilidad en la crisis que arrasó con el patrimonio y la esperanza de millones de familias mexicanas. Para eludir sus culpas en el desastre nacional de 1995 y para cancelar el legado de Colosio, el gobierno de Zedillo promovió las dos acusaciones en la corte de la opinión pública. Fue en ese contexto que su gobierno dio un giro ideológico y programático y decidió abrazar el programa neoliberal. Se dio la connivencia y la coincidencia de los intereses del gobierno zedillista con los intereses de la nomenclatura que se había opuesto a las reformas. En el plano económico Zedillo abrazó el neoliberalismo, acaso con la pretensión de encontrar en este modelo una forma de desarticular la movilización social que podía desatarse contra el pésimo accionar del gobierno a partir de 1995.

La Parte 13 denuncia la fabricación de Estado que, dentro del propósito de inducir el ánimo social, se montó para acusar a mi hermano Raúl de haber participado en el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu: desde la siembra de una osamenta, hasta el soborno de testigos de oídas, pasando por la falsificación de documentos oficiales. No se pretende con esta denuncia ocultar la situación patrimonial de Raúl. Todo un capítulo está dedicado a este otro tema. En él intento mostrar con objetividad lo que de eso supe y lo que ignoro. No se me escapa que este asunto fue utilizado de manera eficaz para reforzar la campaña dirigida a desacreditar a mi gobierno y a quienes colaboraron conmigo. A mí, a mis allegados ya todo el país, nos ha lastimado su proceder.

La Parte 14, última de esta obra, plantea la necesidad de abordar los nuevos tiempos que vive el país a partir de la elección presidencial del 2000. La victoria del candidato del PAN y la derrota del candidato del PRI significaron mucho más que un movimiento de alternancia bipartidista en el poder: el resultado representa un cambio de régimen y el fin del PRI como maquinaria electoral del gobierno. Sus repercusiones aún no se aprecian en toda su magnitud.

La necesidad de restablecer el Estado de Derecho, las instituciones y las conductas republicanas, así como al fortalecimiento de las organizaciones independientes y el apego a una estricta separación de funciones y poderes, aparecen como una expectativa superior del electorado, tras la degradación, al límite de la parodia, de estas instituciones en los últimos años Responder a esa expectativa es una tarea indispensable para la consolidación del avance democrático El uso de la fuerza del Estado, para ejercer la persecución política, llegó durante el régimen que siguió al mío a extremos impensable, hasta alcanzar la cancelación de derechos humanos y de las libertades más elementales A muchos este planteamiento podría parecerles exagerado no lo es para quienes viven la inseguridad cotidiana debido al abandono de las funciones básicas del Estado, ni para quienes se han visto afectados por investigaciones y sanciones selectivas de orden administrativo, fiscal o penal, dirigidas a neutralizar a quienes no coinciden con las propuestas del régimen o a someter voluntades a las determinaciones políticas

La reforma emprendida por el gobierno que me correspondió presidir se hizo a favor de movimientos sociales y cívicos; uno de sus objetivos fue dotar de poderes de acción y reivindicación a los grupos sociales y populares que trabajaban organizados. Los cambios impulsados por esa reforma requirieron de una constante negociación dentro del Estado y ante muchos otros intereses. El proyecto enfrentó numerosos adversarios políticos, muchos de los cuales militaban en los partidos de oposición, aunque no faltaron los «modernizadores» que se opusieron a las reformas ni los tradicionalistas que se sumaron a ellas.

Sin embargo, el verdadero enemigo de la reforma impulsada a partir del ideario del liberalismo social fue la nomenclatura del PRI y del gobierno. Sus integrantes simularon apoyar los cambios en público pero bajo el agua se opusieron a ellos con tenacidad. Mi gobierno procuró construir consensos para neutralizarlos y evitar una guerra interna. Cuando señalé como enemigo a la nomenclatura muchos me exigieron los nombres de sus miembros. Algunos están mencionados en este libro.1

Conviene precisar qué se entiende aquí por nomenclatura.2 En México la nomenclatura está conformada por una red de actores políticos y sociales surgida en los años treinta del siglo XX, al crearse la estructura corporativa del PRI; esa red se consolidó en los años cuarenta a partir de la estrategia de sustitución de importaciones y el llamado pacto de La Habana. Se estructuró así una alianza entre los populistas del Estado y los agentes de control político en los sindicatos, el campo y las burocracias. Los integrantes de esa nomenclatura eran políticos profesionales y experimentados, con gran poder económico y capacidad de control. Con miembros y aliados en los cuerpos de policía, la nomenclatura mexicana construyó relaciones y bases de apoyo importantes a lo largo y lo ancho del país. Estableció una concepción única y excluyente de la Revolución mexicana y la asumió como propia y para su beneficio. 3

Durante mi gobierno, y en los años ulteriores, la nomenclatura estaba constituida por servidores públicos gubernamentales que habían ejercido una gran autoridad durante la época de la economía cerrada y protegida; a ellos se sumaban diversos militantes y dirigentes del PRI que se habían beneficiado de los métodos de control vertical y clientelar durante el dilatado periodo de partido prácticamente único. Parte importante de su poder derivó de su control hegemónico sobre la organización de las elecciones y de los grupos populares. Muchos eran identificados por su nombre y su rango de manera constante en los medios de opinión. Pero sus operadores cotidianos eran padecidos por los ciudadanos en su vida diaria: aquellos que se dedicaban a vender plazas en las oficinas centrales o en las paraestatales; los que vendían lotes en terrenos ilegales a los migrantes a las grandes ciudades; muchos más que ejercían su autoridad y sus abusos en las aduanas o en las oficinas fiscales, con las licencias sanitarias o los permisos requeridos para establecer una modesta empresa. La lista era tan larga y detallada como los mecanismos de control económico y político que la época de economía cerrada y de partido casi único les permitió.

Dentro del programa de modernización impulsado bajo el ideario del liberalismo social, los cambios promovidos enfrentaron directamente los intereses más importantes de la nomenclatura. Así, las reformas económicas cancelaron las concesiones que les permitían decidir discrecionalmente. Los cambios representaron también la desaparición de miles de posiciones burocráticas dominadas por ellos dentro del gobierno y en cientos de empresas estatales y de instituciones bancarias. Por otra parte, las reformas sociales de aquellos años terminaron con el control cupular que ejercían sobre las organizaciones populares en el campo y las ciudades, mientras que la reforma política vino a cancelar su control sobre la organización de las elecciones.

Las pérdidas que estos cambios acarrearon para la nomenclatura fueron millonarias en materia económica y trascendentes en términos de control político. Unos ejemplos sirven para ilustrar la dimensión de, los privilegios afectados:

• Los sectores tradicionalistas del gobierno y del PRI perdieron el poder político con la reforma electoral que creó el IFE en 1990. Esa misma reforma puso la organización de las elecciones en manos de los ciudadanos en 1994.
• El TLC contribuyó a eliminar las estructuras burocráticas que permitían seleccionar de manera discrecional a las industrias que se querían proteger. Con este cambio, las industrias antes favorecidas perdieron las utilidades enormes que obtenían, mientras que las burocracias controladoras perdieron incalculables beneficios.
• Se cancelaron las estructuras caciquiles que dominaban las organizaciones gremiales en los sectores energético y educativo, fuentes inagotables de poder político y económico.
• La creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sus recomendaciones pusieron en riesgo los enormes beneficios de muchos miembros de la policía judicial, así como de quienes desde el Estado utilizaban el poder para, mediante el atropello constante de la ley, garantizar ganancias económicas y controles políticos.
• En el campo, las estructuras que tradicionalmente controlaban a los campesinos fueron desarticuladas mediante la reforma al artículo 27 constitucional. Esta reforma suprimió el corporativismo en las zonas rurales y le otorgó a los campesinos la capacidad de actuar sin mediaciones clientelares, así como el pleno derecho sobre la propiedad de la tierra que tutelaba el Estado.
• Los dirigentes tradicionales del PRI perdieron el control sobre los grupos populares, muchos de los cuales se organizaron de manera independiente gracias al apoyo de Solidaridad. Así se formó una nueva base social en más de 200 mil comités electos en forma democrática.
• Empresas particulares y dirigentes sindicales vieron canceladas las prebendas que obtenían al manipular a su antojo los enormes recursos financieros del fondo para la vivienda. La reforma impulsada en este campo representó el fin de la época en que el consejo de ese fondo era también un asignador de contratos.
• Se desregularon cientos de actividades productivas que limitaban la eficiencia microeconómica y producían utilidades desmesuradas a quienes detentaban los permisos especiales ya quienes los otorgaban. Sólo en el caso del transporte, los 15 grupos o «clanes familiares» que controlaban la sobrerregulación obtenían, cada uno, 30 millones de dólares al año adicionales a las ganancias de la operación. Todos esos grupos formaban parte de la maquinaria del PRI, donde ocupaban posiciones clave y sin participar en la base popular y ciudadana del partido.

No se logró eliminar todos los mecanismos de control ni se llevaron a sus últimas consecuencias los procesos iniciados contra ellos. Muchos privilegios nacidos del corporativismo y de dominio vertical de la nomenclatura permanecieron. Pero las reformas afectaron las bases tradicionales de control político y económico del sistema político mexicano.

Para comprender mejor los complejos acontecimientos de 1994, dos elementos deben tomarse en cuenta: primero, que los hechos terribles de ese año tenían relación con los profundos cambios realizados durante los cinco años anteriores y que afectaron de manera muy adversa a la nomenclatura; segundo, que a partir de 1995 el gobierno de Zedillo estableció una connivencia con la nomenclatura en el plano político. Los unió el interés revanchista de ésta y la necesidad del presidente de distraer la ira nacional que provocó el «error de diciembre».

La campaña de inducción del ánimo social promovida por la administración zedillista para culpar a mi gobierno de todos los males del país, fue aprovechada por la nomenclatura para desacreditar las reformas que tanto dañaron sus intereses, para luego intentar revertirlas o, cuando menos, neutralizarlas. Debo admitir que el Ejecutivo y la nomenclatura aprovecharon los errores y las insuficiencias en que incurrió mi gobierno, y que en esta obra se reconocen, para ocultar su responsabilidad en las graves equivocaciones que ellos mismos cometieron me refiero, sobre todo, al «error de diciembre» y al caso Fobaproa.

En un balance, podría afinarse que el principal legado de mi gobierno fue contribuir a que los mexicanos se organizaran de manera independiente y adquirieran confianza en su capacidad para alcanzar sus propósitos. Al final de mi sexenio la palabra empeñada tenía credibilidad; el pueblo de México tenía la percepción de que con las bases materiales heredadas se podía lograr que el esfuerzo social y personal desembocara en una prosperidad duradera. Se construyó una nueva legitimidad del Estado basada en el sustento de las organizaciones populares independientes y se avanzó en la consolidación de la sociedad civil como elemento indispensable del cambio. El desastre provocado a partir de diciembre de 1994 no sólo destruyó las bases económicas de millones de mexicanos y miles de empresas: también aniquiló la confianza alcanzada. El «error de diciembre» y los medios que el gobierno utilizó para intentar el control de sus efectos, se convirtieron en un atentado flagrante contra las instituciones, contra las reformas impulsadas y, sobre todo, contra la confianza de los mexicanos en su esfuerzo. Por eso se ha escrito que la convergencia de intereses de los neoliberales y la nomenclatura acabó con uno de los logros más importantes alcanzados durante mi gobierno:

...reanimar una fe pública y orgullosa en que los mexicanos podían hacer que su trabajo y su valía fueran consistentes y duraderos. En las últimas crisis, la pérdida más dolorosa para el país ha sido avergonzarse de esa fe.4

En la presente obra, la mención de los actos y los colaboradores de mi gobierno no pretende ser exhaustiva. Este trabajo no intenta ser ni un informe de labores ni un libro de memorias personales. No incluye a todas las instituciones y personas que hicieron posible la tarea de gobierno. Muchos acontecimientos fueron omitidos para no engrosar más un volumen que ya de por sí sobrepasa la extensión acostumbrada en nuestros medios y tradiciones políticas. Varios colaboradores no han sido mencionados para no afectarlos; a otros, he tenido que incluirlos a pesar de que anticipo que esto podrá causarles alguna molestia. Recurrí sólo en parte a mis archivos, ya que la totalidad no estaba a mi alcance. Recibí el apoyo de mucha gente. En mis nuevas circunstancias, en medio de una campaña de desprestigio orquestada a la manera de los Estados solitarios, una de las sorpresas más alentadores fue encontrar que conservaba; en México y en el mundo, un mayor numero de amigos del que yo mismo podía calcular.

Escribí este libro con la certeza de que la libre manifestación de las ideas y la tolerancia es una de las mejores expresiones de la libertad de conciencia. He sido respetuoso y equilibrado al considerar los elogios y las opiniones más severas expresadas en torno a mi trabajo. He procurado no desestimar ni los reproches ni las ideas más amargas vertidas en mi contra. Desde mi experiencia y pensamiento confirmo mi convicción: es inatacable la libertad de expresión y los hombres públicos estamos sujetos al escrutinio de sus voces.

Este libro intenta expresar con seriedad una reflexión política. Entrego a los lectores un documento que confirma la vocación mexicana a favor de la tolerancia y la libertad de pensamiento. Como toda reflexión crítica, este trabajo no escapa a las consideraciones subjetivas. Como actor político de nuestro tiempo, me propuse llevar a cabo un programa hacia la modernización de las instituciones y las prácticas sociales, políticas y económicas del país. La apuesta fue arriesgada y sus consecuencias, las positivas y las adversas, aún se experimentan en México. Por ello, las ideas que aquí aparecen han sido expresadas al calor de mis convicciones, de las cuales no abjuro a pesar del trato inquisitorial a que han sido sometidas. Esas convicciones y sus consecuencias en los hechos le abrieron al país importantes espacios para participar. Ahora, salvo error de apreciación de mi parte, describo con veracidad personas comunes, actores públicos y hechos, en este documento que aspira a ser testimonio y registro para consulta de los mexicanos.

Los aciertos de este libro son colectivos. Los errores son míos.

Los reconocimientos ahora.

En primer lugar a mi esposa, Ana Paula Gerard, quien ha sido compañera leal y solidaria en las horas más difíciles de estos años de batallas defensivas. Su cariño y su apoyo han sido invaluables para resistir. Además, Ana Paula leyó el manuscrito con talento, cuidado y dedicación, trabajó intensamente para mejorar su contenido y laboró en muchas ocasiones hasta la madrugada en su revisión. Su compromiso con la obra fue completo. Por eso, y mucho más, le dedico este trabajo.

Mi hermana Adriana fue una compañía constante a lo largo de la obra. Pilar de la familia durante mi ausencia de México, su fortaleza indiscutible y su reciedumbre sostuvieron a muchos cuando todos flaqueaban. Revisó todo el manuscrito y sus comentarios y correcciones lo mejoraron sustancialmente. Mi hermano Sergio leyó varias partes y realizó el arduo trabajo de verificar las modificaciones en el texto.

Contribuyó de manera leal, generosa y desinteresada Guillermo Espinosa Velasco, amigo de la infancia y de toda la vida. Su rigor metodológico sumado a su calidez entrañable hicieron que las largas e intensas labores fueran menos arduas. José Antonio González Anaya revisó con esmero las partes relativas a la situación económica, y su talento de economista profesional permitió avanzar en la precisión de los textos conducentes y documentar los alegatos particulares. Eduardo Hurtado corrigió con talento el manuscrito en una tarea que en ocasiones pareció interminable. Paulo Carreño fue lector dedicado, como muchos otros cuyos nombres guardo en privacía pues ellos tienen previsto presentar sus propias versiones de los hechos.

Mi asesor jurídico Mariano Albor leyó con acuciosidad los textos, ya lo largo del proceso de redacción hizo señalamientos de forma y fondo que mucho aprecio.

Tuve el privilegio de contar con la lectura cuidadosa, profunda y comprometida de tres lectores que respeto ya quienes desde aquí les hago llegar mi reconocimiento permanente.

Mi agente literario, Carmen Balcells, tenía al inicio numerosas preguntas sobre el autor; después se convirtió en entusiasta promotora de la conclusión y publicación de la obra. Contribuyó con atinadas sugerencias, entre ellas la de agregar las notas al margen de cada página, lo que espero sea de utilidad para el lector. Su determinación para que el libro viera la luz en las mejores circunstancias para el autor y para los lectores habla por sí misma de su legado imperecedero. Angel Lucía, de Plaza & Janés, fue un revisor crítico pero con convicción, y acompañó sus comentarios con su sensibilidad y conocimientos. Su participación es particularmente apreciada.

Si bien mi deficiente caligrafía me obligó a mecanografiar todo el manuscrito (lo que me llevó a tratar de aprender una nueva profesión), Miriam Tato corrigió con una eficiencia admirable borradores que parecían no tener fin. Víctor Rojas apoyó con su probada lealtad y eficacia a Gloria Sardá ya Alfonso Lozano en la labor de vaciado del texto para impresión.

En esta obra, a lo largo del relato de sus páginas algunos buscarán más detalles y fuentes. En cambio, otros se detendrán en la argumentación o alegato de los procesos en que hemos estado inmersos. Ojalá el lector comprenda que procuré describir momentos del pasado sin distanciarme nunca de la realidad. Tal vez esta cercanía con los hechos contribuya a entender mejor el presente y tratar de interpretar el futuro. En la tradición clásica, he escrito este libro no como un ensayo para ganar apoyos o adeptos en el presente sino como una posesión para el tiempo. Recuérdese que las causas reales de los grandes acontecimientos son por lo general aquellas que más fácilmente escapan a una primera impresión.

Como presidente de la República aprendí que en la batalla cotidiana a favor de México no hay victorias definitivas. Ahora, como ex presidente y ante la obligación de contribuir a explicar qué pasó, espero probar que tampoco existen derrotas terminales. Todo es parte de una larga, muy larga lucha a favor de la soberanía del pueblo mexicano.

1. Muchos de ellos aparecen a lo largo del libro con sus nombres o el de las organizaciones que controlaban. Sin embargo, no los señalo directamente por dos razones. La primera, porque mi asesor jurídico me comentó que hacerlo me obligarla a ofrecer una serie de pruebas que quitarían al libro su carácter de relación de hechos. La segunda, porque ese paso tendría que hacerse ante autoridades confiables, una vez restituido el Estado de Derecho en nuestro país

2. No era similar a la nomenclatura de la Unión Soviética, porque allá era una inmensa burocracia dentro de un partido único. Esa nomenclatura soviética consistía en cientos de miles de miembros, mientras que la mexicana era mucho menor Para la soviética véase Michael Voslensky, Nomenclatura. Les privilégiés en U.R.S.S. París, Belfond, 1980. «En el idioma burocrático soviético, Nomenclatura significaba I. Lista de puestos de dirección de las autoridades superiores 2 Lista de personas que ocupan esos puestos o que están en reserva para esos puestos» p. 76.

3. Véase John Womack Jr, «Reformas, jefes y policía» en Reforma, marzo 2, 1997.

4. J.Womack Jr, Rebellion in Chiapas, p. 10.

Parte I. La construcción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte

Preámbulo

Un tenso ambiente envolvía el amanecer del miércoles 17 de noviembre de 1993. Ese día se votaba, en la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (México, Estados Unidos y Canadá), el TLC. Su negociación había capturado el interés mundial. Se requerían 218 votos para conseguir la aprobación. Los cálculos proporcionados unas horas antes por la agencia de noticias más importante del mundo (AP) arrojaban 181 votos a favor, 202 en contra y 51 indecisos. La incertidumbre era grande.

Durante meses, en agotadoras sesiones, había analizado con mi gabinete económico los efectos que acarrearía para México un rechazo del TLC: salidas de capitales, descalabro cambiarlo, aumento de precios, irritación social, inestabilidad política. La tensión se acrecentaba, además, porque en esos días el PRI debía postular a su candidato a la presidencia de la República. La negociación se había prolongado casi cuatro años: se inició con un presidente republicano, George Bush, y había concluido, sólo unos meses antes, con un presidente demócrata, Bill Clinton. En Estados Unidos, la aprobación se había convertido en un tema de especial trascendencia para el presidente Clinton.

Esa mañana, muy temprano, caminé dentro de Los Pinos de la residencia a la oficina presidencial. Los Pinos, nombre con el que se conocía al lugar que alojaba la residencia del Presidente de la República en la Ciudad de México, fue una vasta propiedad vecina al venerable Bosque de Chapultepec, que el presidente Lázaro Cárdenas adquirió para el gobierno mexicano en los años treinta. Entonces sólo contaba con el viejo casco que sirvió de casa habitación y que ya remodelado acogía las oficinas privadas del Presidente.

Al llegar al antiguo Casco, ascendí las escaleras que llevaban al despacho presidencial, al que había bautizado con el nombre de «Benito Juárez». Ahí colgué un cuadro de finales del siglo XIX, una pintura de cuerpo entero del mismo Juárez, en la que el pintor logro plasmar dos cualidades que siempre lo distinguieron: la serenidad y la firmeza. El despacho, entonces, era amplio. En el interior resaltaba un gran ventanal de piso a techo que permitía que los tonos verdes del jardín lo inundaran. Objeto de innumerables adaptaciones sexenales, mi aportación a la casa fue ese ventanal. Lo diseñe yo mismo con la idea de que la vista de los árboles, el césped, las flores y en especial una palma monumental de más de cincuenta años, permitiera reducir la tensión que se acumulaba en una oficina en la que siempre entraban problemas y de la que necesariamente debían salir soluciones.

Durante un día normal de trabajo acostumbraba atender numerosos acuerdos, reuniones de gabinete y actos públicos. Esa mañana de noviembre de 1993 había resuelto desahogar un programa muy moderado: al inicio, una reunión con el Procurador General y con los secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores; al mediodía, la asistencia a la XX Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio. El resto del tiempo quería dedicarlo a seguir la votación del Tratado, en contacto permanente con el equipo encargado de poner en marcha las acciones previstas en caso de que la votación resultara adversa.

El debate en el Congreso norteamericano se inició a las 9:30 de la mañana, hora de Washington, 8:30 de México. Un testigo de la votación comentó que durante todos sus años en Washington nunca había visto filas tan largas en los pasillos para pasar a la tribuna ubicada dentro del salón de plenos del Capitolio. Así de grande era el interés que el tema había generado. Ese miércoles 17 de noviembre de 1993 iba a ser un día muy largo.

La Casa Blanca había establecido comunicación directa con mi oficina. El gobierno mexicano en pleno vivió la presión de esas horas de incertidumbre. La televisión y la radio mexicanas, así como la CNN de los Estados Unidos, transmitían sin interrupción los pormenores del debate; estaciones estadounidenses de radio se encadenaron desde el Capitolio. La votación se transmitió en vivo. Más de 350 filiales en el mundo repitieron durante todo el día lo que ocurría en el recinto parlamentario. Al iniciar- se los debates se confirmó la división entre los legisladores. El Congreso norteamericano fijó un tiempo de ocho horas efectivas para las réplicas, con una hora adicional para discutir y votar los procedimientos. Eso significaba que el resultado no se conocería hasta la noche.

Días antes, en los Estados Unidos, el TLC había sido objeto de un notable intercambio de posiciones entre el Vicepresidente Al Gore y el empresario texano Ross Perot, quien como candidato independiente había obtenido casi el 20% de la votación en las elecciones presidenciales de 1992. De ese debate pendía el futuro político de Al Gore, mientras que el futuro político de Bill Clinton dependía de la aprobación del TLC. En la discusión, el vicepresidente de los Estados Unidos tuvo que defender a México y la relación de su país con el nuestro frente a todo género de falsificaciones, simplificaciones e incluso injurias sobre las realidades y los problemas mexicanos.

A partir de ese debate, la Casa Blanca nos informaba día a día cómo evolucionaban en la Cámara los compromisos de voto a favor del TLC.

Lentamente la balanza se inclinaba a favor del Tratado Sin embargo, el líder demócrata de los congresistas norteamericanos, Richard Gephardt, se oponía abiertamente y declaraba a la opinión pública que los que rechazaban el Tratado eran mayoría. Tres días antes de la votación, en los programas televisivos de mayor cobertura en los Estados Unidos participaron funcionarios y legisladores a favor del TLC frente a los opositores, El tema del Tratado estaba por encima de cualquier otro El sábado 13, en un mensaje radiofónico nacional, el presidente Clinton afirmó que la firma del Tratado representaba «un momento definitorio para Estados Unidos», y concluyó: «Podemos construir un sólido futuro del que se enorgullezcan nuestros hijos El futuro comienza el próximo miércoles, con un voto a favor del Tratado.»'

Aquel miércoles 17 de noviembre, más de 340 millones de personas en México y en el mundo siguieron el resultado de la votación. En América Latina y el Caribe existía expectación porque se trataba del primer acuerdo de libre comercio entre un país del sur y un país del norte, que además era la primera potencia del mundo. En Europa se veía a la región del TLC como una formidable competidora para su propia zona comercial. En Asia existía la incógnita: ¿funcionaría el TLC como una fortaleza cerrada o sería un mercado abierto para sus productos? En México, la posibilidad de consolidar el TLC había movilizado a la sociedad ya sus líderes en todos los sectores. Además había sido objeto de un amplio debate nacional. En Estados Unidos había sumado a legisladores republicanos y demócratas, reclutado a la administración Clinton ya políticos de todos los niveles. El intercambio de posiciones llegó a las organizaciones de la sociedad civil, a los sindicatos, a la academia ya las empresas. Por si fuera poco, todos los medios internacionales se manifestaron editorialmente sobre el TLC.

La negociación fue un proceso sin precedentes. Se realizó bajo circunstancias políticas muy complicadas, pues además de llevarse a cabo con dos administraciones presidenciales de los Estados Unidos, también participaron tres primeros ministros canadienses: Brian Mulroney, quién llevó con entusiasmo el proceso desde su inicio; su sucesora, Kiffi Campbell, y Jean Chrétien, quien los sustituyó desde una formación partidista contraria. No se debe perder de vista que la negociación se realizó en un momento en que los Estados Unidos y Canadá padecían una severa recesión económica, que incluso impidió la reelección del presidente Bush y la del primer ministro Mulroney. Esta circunstancia dificultó el proceso, pues en tiempos de estancamiento económico, las sociedades tienden a volverse proteccionistas.

En medio de las negociaciones, se desarrolló la campaña presidencial por la Casa Blanca en 1992. El TLC se convirtió en un tema central de los debates políticos. Era el primer acuerdo de libre comercio de los tiempos modernos sujeto a una intensa deliberación durante una campaña presidencial en los Estados Unidos. Allí se le consideró el asunto más polémico en materia comercial de los últimos 60 años, pues se trataba de un acuerdo con un país en desarrollo, con una frontera común de 3,000 kilómetros. Algunos lo consideraron «el acuerdo más importante firmado entre México y los Estados Unidos en este siglo». Además, el gobierno de Washington estaba financieramente quebrado, con un déficit fiscal enorme y sin capacidad para financiar el desarrollo de su nuevo socio comercial, tal y como ocurrió en la Unión Europea al momento de la incorporación de países con economías más débiles.

En Estados Unidos el cambio en las administraciones, la recesión y la quiebra financiera no conformaban el entorno político y económico más propicio para realizar con los norteamericanos una negociación de esta envergadura. Esta circunstancia también contribuyó a capturar la atención mundial.

En México, durante el curso de la negociación, se produjo una circunstancia delicada: cada vez que ésta parecía detenerse o naufragar, la bolsa de valores caía y se registraba una elevada salida de divisas. El rechazo del TLC hubiera significado el colapso del peso mexicano. A mediados de 1993, cuando el TLC parecía fracasar y las reservas internacionales bajaban, el Director del Banco de México me señaló, un tanto desesperado: «Para qué nos metimos a esta negociación!» Sin embargo, la expectativa de su aprobación aceleró la entrada de inversión extranjera al país y, con las reformas internas que habíamos llevado a cabo, se elevó el valor de las empresas privatizadas durante mi gestión.

Una cualidad alentaba su aprobación: se trataba de establecer un nuevo tipo de relación bilateral entre vecinos distanciados por la historia. Por ese solo hecho era trascendente. Pero además el Tratado de darle certidumbre al acceso de productos mexicanos en el mercado más grande del mundo, Otro hecho relevante: por primera vez las cuestiones ambientales tenían cabida en un acuerdo comercial, al hacer obligatoria la vinculación entre comercio y medio ambiente. En suma, el TLC representaba la posibilidad de institucionalizar la cooperación y establecer una relación de nuevo tipo con los Estados Unidos.

Durante cuatro años pasamos varias veces de aliados a adversarios; también nos pidieron ayuda y realizamos campañas dentro de Estados Unidos a sugerencia del propio gobierno norteamericano. Todo un cambio en la firma y el fondo de la relación entre los dos países. Así mismo algunos grupos de interés hicieron filtraciones con propósitos desestabilizadores y la acción ilegal de una agencia norteamericana casi nos llevó a la ruptura ya descarrilar el proceso. La situación exigió que se establecieran contactos entre dependencias gubernamentales de ambos países que nunca o casi nunca habían tenido algún trato; se crearon nuevas instituciones con la participación de los tres países y promovimos cambios en algunos organismos internacionales. En México la promoción del TLC requirió de una intensa lucha política, pues las corporaciones y los sectores políticos y económicos tradicionalmente proteccionistas, aliados a los enclaves más atrasados de la izquierda académica, partidista y periodística, se opusieron a la negociación. Por supuesto, también se nos acusó de vender al país, cuando en efecto todo indica que logramos fortalecer su viabilidad. Lo cierto es que, sin olvidar las lecciones de la historia, vencimos prejuicios y complejos, y abrimos un nuevo camino en las relaciones entre México y los Estados Unidos, entre el norte y el sur. Todo eso estaba en el ambiente y dentro de mi ánimo el 17 de noviembre de 1993, en las horas finales del debate sobre el TLC.

¿ Cómo llegamos ahí?

1. 1989: Primero, la reducción de la deuda externa

Mi rechazo al Tratado

En mayo de 1988, durante mi campaña electoral para la presidencia de la República, pronuncié en Monterrey, Nuevo León, un discurso de fondo sobre lo que llamé el reto económico. Escogí deliberadamente esa pujante ciudad, que era paso natural de la Sierra Madre hacia el interior del país y había florecido en el intercambio y el comercio en una geografía inhóspita. Desde el final del siglo XIX y durante todo el siglo XX, Monterrey fue cuna de notables cambios en México, en particular de muchos vinculados a la industrialización. Ahí se interrelacionaban grupos empresariales audaces y emprendedores, trabajadores organizados en su lucha, profesionistas destacados y luchadores sociales innovadores. Nuevo león era, además, un estado vecino del imperio económico del norte. En aquella primavera de 1988 hice un reconocimiento a los esfuerzos que durante decenios habían sostenido el gobierno y la sociedad para promover los cambios en ese estado y en el país. Me referí en particular a destacados líderes políticos, como Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas, Manuel Avila Camacho y Miguel Alemán. También hice alusión a los avances que México había logrado mediante la política de sustitución de importaciones., no obstante, hice una clara advertencia sobre el agotamiento de esa estrategia, cuya revisión había iniciado mi antecesor, Miguel de la Madrid, al decidir la entrada al GATT

Ante el estancamiento económico de los ochenta, derivado de la deuda excesiva y los enormes déficit fiscales generados en los setenta, enfaticé la necesidad de volver a crecer. Dos prioridades estaban en la agenda: abatir el elevado endeudamiento del país y detener la inflación (que el año previo había alcanzado más del 150%).

Señalé que las exportaciones no petroleras serían «un factor permanente y primordial en el crecimiento de nuestra producción». y afirmé: «La apertura de la economía a la competencia externa es un hecho irreversible».1 Sin embargo, no hice mención del libre comercio ni hablé de tratado alguno.

Meses después y unos días antes de mi toma de posesión, el 22 de noviembre de 1988 me entrevisté en Houston, Texas, con el presidente electo de los Estados Unidos, George Bush. Yo venía de una visita a Guatemala y Belice, los dos vecinos sureños de México. Ahora me entrevistaba con el hombre que en unas semanas más se convertiría en el nuevo líder del coloso del norte. Desde el primer encuentro, Bush se propuso marcar una nueva actitud de concordia: me esperó al pie de la escalinata del avión mexicano, el «Emiliano Zapata». Los ocho años como vicepresidente de Estados Unidos y la intensidad de su campaña podían leerse en su rostro. Pero su ánimo era grande. Nos trasladamos a un centro de la NASA, en donde se llevaría a cabo el diálogo y el almuerzo. Viajamos solos en su limosina Era el momento adecuado, me señaló Bush, para abordar los asuntos más delicados y confidenciales. «¿Usted tiene alguno en especial?», me preguntó. Preferí escucharlo.

Dos aspectos le inquietaban: lo que en Estados Unidos se percibía como apoyo de México a la guerrilla centroamericana, y la lucha contra el narcotráfico. En mis notas de ese día registré:

Lo hizo de manera muy respetuosa y con cuidado de no provocar un conflicto. Le respondí que reflexionaría sobre lo primero. En cuanto al narcotráfico, le aseguré que mi gobierno lo combatiría como si se tratara de nuestra propia guerra.

Me escuchó con atención y asintió.

En el centro de la NASA me esperaban Fernando Solana, Jaime Serra y el Embajador de México, Jorge Espinosa de los Reyes. Unas horas antes les había comunicado a los dos primeros su cargo en el gobierno que iniciarla una semana después. Me importaba que no surgiera la versión de que sus nombramientos pudieran haberse derivado de aquella reunión. Por supuesto, me interesaba también que participaran en el diálogo ya enterados de cuál sería su responsabilidad. Pedro Aspe no asistió, pues aún era secretario de Programación y Presupuesto. Durante el encuentro, el embajador Jorge Espinosa de los Reyes, tuvo un comportamiento ejemplar.

Después de la fotografía con nuestros respectivos equipos de trabajo entramos a comer. Inicié la conversación con el tema que consideraba central: la excesiva deuda externa. En México, durante más de un lustro, el gobierno de Miguel de la Madrid había realizado un importante ajuste económico para pagar el elevado endeudamiento incurrido en los años setenta. Para servir la deuda, cada año teníamos que exportar más que lo que importábamos y generar un superávit en la cuenta corriente: en realidad eso significaba exportar capitales, situación insostenible para un país en desarrollo como el nuestro. Se habían hecho varias negociaciones para enfrentar ese problema, pero todas habían proporcionado un alivio temporal, ya que sólo posponían los pagos sin reducirlos. Había que promover una solución radicalmente distinta.

Fui directo al centro del problema y de su posible solución; para que la economía mexicana volviera a crecer con estabilidad de precios no bastaba una negociación que pospusiera los pagos: era necesario reducir la deuda. Sólo así conseguiríamos frenar la salida de recursos que su servicio exigía. Cuando terminé de hacer este planteamiento, se hizo un silencio en la mesa. Entonces uno de los acompañantes de Bush comentó que en la última semana nuestras reservas habían caído de manera importante. Tenían información de primera mano. Le respondí de inmediato que esto se debía, precisamente, a la salida de recursos para pagar la deuda externa, y que ese problema era insostenible si no se llegaba a una reducción.

No había un tono de amenaza en mi comentario, pero James Baker - hasta entonces secretario del Tesoro de Ronald Reagan y futuro secretario de Estado en la administración de Bush- reaccionó de inmediato; con énfasis, señaló que la moratoria había probado ser contraproducente para los países que la habían utilizado. Frente a su severo comentario, mi respuesta fue que la moratoria no era una opción política sino una consecuencia de las circunstancias. Simplemente nos resultaba imposible pagar en las fechas de los vencimientos.

El presidente Bush intervino y respondió positivamente a mi planteamiento; expresó que en enero, en cuanto tomara posesión y su secretario del Tesoro fuera ratificado por el Congreso, se actuaría de inmediato. Dado que mi mandato se iniciaba en unos días, y para no perder tiempo, le solicité que Baker sostuviera pláticas con mi futuro secretario de Hacienda para iniciar de inmediato la negociación. Tendría que estar explícitamente orientada a reducir la deuda y no sólo a postergar los pagos. En mi equipo ya se había anticipado que el proceso sería largo y tenso, y lo fue. Sin embargo, fue un gran paso contar con el decidido interés y la participación personal de Bush. Una vez alcanzado el propósito principal que me había llevado a ese encuentro, pasamos al siguiente asunto.

Al hablar sobre narcotráfico, Bush comentó que entendía nuestras reservas en tomo al tema de la soberanía. Sin embargo, deseaba saber si estábamos dispuestos a permitir el paso de aviones norteamericanos en cielo mexicano o bien a establecer grupos conjuntos de agentes para combatir el tráfico de drogas. Respondí de inmediato que era imposible aceptar esas peticiones. Reiteré que redoblaríamos el combate interno y fortaleceríamos la cooperación internacional, pero sólo con absoluto respeto a nuestra soberanía. Bush, con la actitud cuidadosa y receptiva que siempre le reconocí, comentó que los Estados Unidos estaban también obligados a realizar un esfuerzo mayor ante el problema; debían reducir, reconoció, sus elevados niveles de consumo de estupefacientes. Baker preguntó si aceptaríamos crear un organismo internacional para combatir el narcotráfico. Le pregunté a mi vez si, en caso de crearlo, debería encabezarlo el país sudamericano que tuviera más experiencia en el tema por haberlo padecido. Baker sonrió de manera amplia y no insistió más.

La reunión concluyó en un tono positivo. La actitud favorable del presidente Bush y de su equipo, la precisión de nuestros planteamientos y la coincidencia en las fechas de inicio de nuestros respectivos gobiernos, se conjugaron para crear un horizonte constructivo en la muy compleja y difícil relación bilateral entre México y Estados Unidos. Para nosotros, se había logrado el propósito central del encuentro y en un ambiente de cordialidad y respeto mutuos. Bush había aceptado reducir la deuda y no sólo renegociarla. Además, había decidido participar de inmediato en ese novedoso proceso. Y, por si fuera poco, habíamos logrado el reconocimiento explícito de que la solución del problema de la deuda no convenía sólo a nuestro país, sino también a los acreedores, en particular los Estados Unidos. George Bush mostró que era un hombre dispuesto a escuchar nuestros argumentos. Tenía un enorme interés en que la relación entre los dos países se condujera de manera positiva y respetuosa. Yo compartí con él ese propósito.

Fue un excelente inicio para las relaciones bilaterales. Yeso traería grandes beneficios para México. No se nos escapaba que una reducción de la deuda sentaría un precedente histórico para el futuro de las relaciones económicas internacionales. La reunión de Houston auspiciaba una relación constructiva entre gobiernos. Sin embargo, los problemas comenzaron de inmediato en otro frente: el de los bancos comerciales con los que se había contratado la deuda de nuestra nación.

Siete meses después, ruptura al borde de la moratoria

En unos cuantos meses pasamos de ese inicio prometedor a encontramos a punto de anunciar la moratoria de pagos de la deuda externa. «Aquel miércoles 19 de julio de 1989, al despedirnos, las miradas de los representantes de casi 500 bancos comerciales eran de incredulidad», escribió José Angel Gurría quien, bajo el mando de Pedro Aspe, coordinó la negociación para reducir la deuda externa. Gurría acababa de notificarles que México cancelaba la negociación. «Se formaron en el pasillo que llevaba al elevador y nos despidieron con una mezcla de tristeza y de temor», recordó Gurría 2.

Entre ese 19 de julio y el 22 di los pasos necesarios para establecer una moratoria unilateral en el servicio de la deuda externa mexicana. Era una decisión muy delicada, pues podía afectar a todo nuestro sistema de pagos. Sin embargo, la rigidez de los acreedores no dejaba margen para otra solución. Aceptar sus condiciones tendría costos aún más altos que los que podían derivarse de la moratoria.

Dispuse que los depósitos del gobierno mexicano en Estados Unidos empezaran a transferirse a los bancos de un país neutral, con el fin de evitar un posible embargo como represalia.

«Nos vamos a la moratoria», comenté el sábado 22 de julio a Otto Granados, director de Comunicación Social, y me preparé a grabar un mensaje televisado a la nación para explicar esa medida extrema. «El set debe ser sobrio», le dije, «con el retrato de Juárez a mis espaldas y la bandera nacional. Es el último trecho de las negociaciones y no podemos ceder ante la pretensión de tratar la deuda como un simple problema de reestructuración en el tiempo. Nos asiste la razón moral; así lo han reconocido ya el FMI, el Banco Mundial, el Club de París y el mismo gobierno norteamericano. No cederemos ante la sinrazón de los bancos comerciales acreedores», concluí.

Habíamos llegado al punto de rompimiento, no porque ése hubiera sido nuestro propósito. Al contrario: siempre afirmé que los gobiernos responsables no amenazan, sólo actúan cuando tienen que defender sus obligaciones superiores. ¿Por qué nos preparábamos a dar el paso de la moratoria después de un arranque tan prometedor en Houston?

La historia se inició varios meses antes

Durante mi campaña para la presidencia de la República, todo parecía indicar que los países deudores iban a ser abandonados a su suerte, pues el llamado «Plan Baker», promovido desde 1985 para recalendarizar pagos de deuda, sólo había ofrecido un alivio transitorio. Nuestro país, como todos aquellos con niveles excesivos de endeudamiento, había seguido transfiriendo recursos netos al exterior para servir la deuda. Esa transferencia era en realidad una exportación de capital y el capital en nuestra nación era el recurso escaso. En los países en desarrollo, el factor abundante era la mano de obra: necesitábamos importar capital para complementar el ahorro interno.

Esta situación inconveniente para México derivó de las políticas de los setenta caracterizadas por endeudamiento excesivo, estatizaciones y economía cerrada y protegida. Bien se ha escrito que esas políticas «nos hundieron en una crisis peor que las anteriores. Después de la moratoria y de la nacionalización de la banca [de 1982] quedó claro que el modelo proteccionista ya no era viable».3

El problema del endeudamiento externo del gobierno mexicano hizo explosión entre 1970 y 1982. En 1970, el sector público del país registró un saldo de deuda externa de 4,262 millones de dólares; era el saldo de la deuda externa gubernamental acumulado a lo largo de su historia. En los siguientes seis años, el gobierno aumentó notablemente su contratación de créditos con los bancos comerciales y el saldo se cuadruplicó; para 1976 ascendió a 19,600 millones de dólares. En los siguientes seis años se triplicó; para 1982 el saldo de la deuda externa del sector público ascendió a 58,874 millones de dólares.4 Por cierto, en 1981 - cuando el Congreso había aprobado un endeudamiento externo de 5,000 millones de dólares- el país contrató deuda externa por casi 20,000 millones de dólares; sólo en el mes de septiembre de aquel año se contrató más deuda que entre 1820 y 1970.

Cuando los bancos dejaron de prestarle al país en ese mismo año, surgió la emergencia financiera que Miguel de la Madrid tuvo que enfrentar en el arranque de su administración. En 1982 el pago anual por intereses de la deuda externa ascendió a 14,000 millones de dólares. Entre 1983 y 1988 la economía mexicana tuvo que transferir al exterior, cada año, el equivalente a cerca del 7% del producto nacional. Gastamos más en pagar intereses de la deuda que en proporcionar educación y salud a todo el país. Para el inicio de mi gobierno, el saldo de la deuda externa representaba casi el 45% del PIE. Así era imposible crecer.

La situación resultaba inaceptable. La reestructuración y la posposición de pagos sólo representaban una política de derrota anticipada. Mi antecesor, Miguel de la Madrid, había utilizado al final de su gobierno parte de las reservas internacionales para la recompra de deuda en los mercados secundarios. Era indispensable reducir el peso de la deuda. No queríamos ayuda sino condiciones para crecer con justicia. Mi gobierno había comenzado ya un amplio proceso de reformas de mercado y combate a la pobreza.

Al inicio de 1988, la banca comercial internacional había hecho sentir que la única solución para el futuro era el uso masivo de intercambios de deuda por capital, los llamados swaps. Querían tratar a los países como a empresas endeudadas y, para resolver el problema, proponían quedarse con todos nuestros activos. 5 Ante esta perspectiva y de cara a la reunión de Houston, convoqué a mis principales asesores y decidimos abordar el problema de manera diferente: proponer quitas de capital o la reducción permanente de las tasas de interés. Como era previsible que los bancos se negaran a ello, teníamos que preparar una estrategia de negociación sólida que incluyera un tratamiento político al más alto nivel. El acuerdo con el presidente Bush en Houston representó el origen de esta estrategia.

El 1 de diciembre de 1988, en mi discurso de Toma de Posesión, hice públicos los cuatro puntos básicos para la negociación:

En materia de deuda externa la situación actual impide la recuperación económica... Por ello, instruyo al Secretario de Hacienda para que de inmediato inicie la negociación de la deuda externa bajo las siguientes premisas: Primero, deberá abatirse la transferencia neta de recursos al exterior para que la economía pueda crecer en forma sostenida. Segundo, por lo que hace a la deuda histórica acumulada hasta ahora, deberá reducirse su valor. Tercero, los recursos nuevos que requiere el crecimiento sostenido de México deberán estar asegura- dos para un horizonte lo suficientemente largo, para evitar la incertidumbre que provocan las negociaciones anuales. Cuarto, deberá disminuir, durante mi administración, el valor real de la deuda y ser cada vez menor su proporción respecto a lo que producimos los mexicanos... esta negociación deberá realizarse en un plazo razonablemente breve con la banca internacional, con los organismos multilaterales y con los gobiernos de los países industrializados.6

Después de la ceremonia y de los actos protocolarios de recepción a los jefes de Estado y de Gobierno que habían asistido como invitados, concluí esa jornada con una reunión que mi agenda registró así:

23:50 hrs. Reunión de trabajo con el Senador Luis Donaldo Colosio Murrieta, Lic. Patricio Chirinos Calero e Ing. Carlos Rojas Gutiérrez.

Los tres habrían de ser colaboradores cercanísimos en mi gobierno. Colosio como Presidente del Partido Revolucionario Institucional primero, y después como Secretario de Desarrollo Social; Chirinos como Secretario de Vivienda y Ecología, primero, y después como gobernador del estado de Veracruz; Carlos Rojas como coordinador del Programa Nacional de Solidaridad y más tarde como Secretario de Desarrollo Social. Esa noche, después de un día intenso y agotador, afinamos los puntos básicos de la estrategia general.

Al día siguiente, 2 de diciembre de 1988, la agenda mostraba en los hechos que la reforma del Estado que nos habíamos propuesto implicaba una reforma económica, una social y una política. Reafirmé mi respeto a la Ley con la visita al Poder Judicial. En la agenda se registró lo siguiente:

Los Pinos. .

8:30 Desayuno y Reunión de Trabajo con Dr. Pedro Aspe Armella. Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León. Dr. Jaime Serra Puche. Lic. Arsenio Farell Cubillas y Dr. José Córdoba Montoya.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

10:00 Visita del C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Palacio Nacional.

11 :00 Reunión de Trabajo con el Gabinete Legal y los Gobernadores de los Estados.

12:00 Instalación del Programa de Solidaridad.

18:00 Reunión con los Miembros del CEN del Partido Acción Nacional.

Integré un equipo de colaboradores de muy buen nivel y con mucha experiencia en las áreas de su responsabilidad. Incluía cinco ex gobernadores y varios funcionarios de larga trayectoria y sólida reputación. Provenían de muchas regiones del país, desde Baja California hasta Yucatán. En el gabinete económico había cohesión y enorme talento. Me sorprendió que, incluso antes de iniciar mis viajes de trabajo al exterior, ya la prensa internacional lo había señalado como «uno de los mejores del mundo». 7 Tres acciones fundamentales se pusieron en marcha para alcanzar los objetivos planteados. Con el equipo económico se planearon las actividades inmediatas para recuperar el crecimiento del país y se proyectó la reforma económica. Simultáneamente, mis colaboradores del área política iniciaron el diálogo para la reforma política con el partido de oposición más importante del país, el PAN. Por último, con la participación de un compacto equipo de dirigentes sociales pusimos en marcha un plan de reforma social: el Programa de Solidaridad. En el lenguaje de la época podría decirse que hubo perestroika con glásnost.

Primer paso: debate interno y construcción de consensos

Desde que empezó mi gobierno continué la práctica establecida de reuniones frecuentes del gabinete económico con el fin de analizar de manera plural los temas económicos más importantes. Entre diciembre de 1988 y diciembre de 1993 se realizaron casi 215 reuniones, prácticamente una por semana. Las encabezaba el presidente de la República. Participaban en ellas de manera regular el secretario de Hacienda, Pedro Aspe; el de Programación y Presupuesto, Ernesto Zedillo (hasta enero de 1992, año en que lo designé secretario de Educación Pública, y la Secretaría de Programación se fusionó con la de Hacienda); el de Comercio y Fomento Industrial, Jaime Serra; el secretario del Trabajo y Previsión Social, Arsenio Farell; el Director del Banco de México, Miguel Mancera, y el jefe de la oficina de coordinación de la presidencia, José Córdoba. Donaldo Colosio se integró a ellas a partir de su designación como secretario de Desarrollo Social, en 1992. Cuando las reuniones abarcaban otras áreas gubernamentales, acudían como invitados otros secretarios del despacho, directivos de organismos y de empresas del Estado, así como subsecretarios o dirigentes sociales. Era un foro de debate permanente y las discusiones en su seno eran de la mayor calidad.

El 12 de diciembre de 1988, durante la segunda reunión del gabinete económico en el Palacio Nacional, Pedro Aspe, recién nombrado secretario de Hacienda y coordinador de la negociación para reducir la deuda, hizo un balance de la situación económica en la que iniciaba el gobierno. Durante 1988, el gobierno de Miguel de la Madrid había introducido un fuerte paquete de ajuste económico para enfrentar la severa devaluación del peso ocurrida a finales de 1987, apenas unas semanas después de arrancada mi campaña a la presidencia de la República. Para enfrentar los efectos de esa devaluación, De la Madrid introdujo un innovador mecanismo de concertación. Se le designó con el nombre de «El Pacto». Era, en efecto, un pacto entre el gobierno y los sectores productivos (sindicatos, empresarios y productores rurales), cuyo propósito era contener la inflación de casi 160% registrada después de esa devaluación. El Pacto había logrado avances importantes, al grado de que en 1988 la inflación cerró en 60%.

Mi gobierno decidió aprovechar ese eficaz mecanismo de concertación. Ese 12 de diciembre, por la mañana, había concluido nuestra negociación del Pacto; se había acordado un programa para conseguir que la inflación siguiera disminuyendo y fortalecer la posición negocia- dora del país ante los acreedores extranjeros.

Mi equipo conocía muy bien la situación económica en que se inició nuestra gestión. Todos los miembros de mi gabinete económico habían formado parte, por lo menos durante el último año, del gobierno que concluía. Además, De la Madrid y yo habíamos constituido un equipo de enlace para realizar, de manera ordenada e informada, el cambio de gobierno. En el gabinete económico, y ante los problemas que enfrentábamos, nadie podía argumentar como excusa que ignoraba la situación.

En aquella junta de gabinete económico se habló con franqueza de los problemas y las debilidades acumuladas. También se reconocieron los avances y activos heredados del gobierno anterior. Aspe explicó que, luego de la negociación alcanzada esa mañana entre los integrantes del Pacto, no se podía afirmar que hubiera suficiente compatibilidad entre el monto del desliz cambiario del peso en relación al dólar y el de las negociaciones salariales. Un mayor desliz implicaría más inflación y en consecuencia habría que responder con mayores salarios. Para bajar la inflación era necesario un mayor esfuerzo de disciplina fiscal: eso significaba mayor recaudación. Por su parte, el secretario de Programación y Presupuesto, Ernesto Zedillo, señaló que enfrentábamos un grave desequilibrio en la balanza de pagos y en las finanzas públicas. Argumentó a favor de una estricta restricción presupuestal y de recalendarizar de manera draconiana el gasto, pero reconoció que las tensiones sociales y políticas del momento hacían poco recomendables esas medidas.

Dos días después nos reunimos nuevamente. El secretario Zedillo pidió que no se hablara más de «fortaleza financiera». El Director del Banco de México expresó su enorme preocupación por los prepagos del sector privado, que podían superar el monto de las reservas internacionales disponibles, lo que agravaría la situación tornándola «imposible de manejar». Ante eso, Zedillo comentó que el apretón fiscal debería contribuir a no fomentar el prepago. Y es que, para proceder a la renegociación de la deuda, habíamos decidido recurrir a una parte de las reservas internacionales, a fin de integrar las garantías requeridas en la negociación.

Si bien mi gobierno inició con un nivel de reservas internacionales muy por encima del que tuvo mi antecesor, éstas no alcanzaban para cubrir la negociación que nos habíamos propuesto. A este inconveniente había que agregar otra dificultad: las importaciones de alimentos aumentaban aceleradamente, pues la sequía había contribuido a configurar un año desastroso en el campo.

La siguiente reunión se realizó el día 20 de diciembre de 1988 y contó con la asistencia de los subsecretarios de Hacienda, José Angel Gurría y Guillermo Ortiz. Durante ella tuve que concluir que los márgenes de maniobra eran más estrechos de lo que anticipábamos, por lo que era necesario ajustar más el cinturón del gasto gubernamental durante el primer semestre. Sin embargo, señalé con énfasis que debía ponerse especial cuidado en no desproteger la parte social. Asimismo, propuse realizar una reunión del gabinete legal y ampliado, para dar a conocer a todo el equipo las restricciones presupuestales y no permitir falta alguna de cohesión interna. Cuando esa reunión se llevó a cabo, les hice ver a todos los participantes que la fortaleza de la negociación exigía la unidad: quien no cumpliera su parte le haría el juego a los acreedores internacionales.

En aquellos primeros días de mi administración, a las señales desalentadoras del exterior reflejadas en la falta de decisión para invertir en México en las proporciones que se requerían, había que sumar un contexto interno inestable, debido a la fuga de capitales provocada por las expectativas inciertas en torno al arreglo de la deuda. Los datos que por entonces recibí demostraban que, un poco antes de mi toma de posesión, en septiembre de 1988, no había entrado dinero al país. Para noviembre se había desatado la compra de dólares ante el temor de una devaluación, a lo que se agregó una caída importante en la captación bancaria. En esos pocos meses, las tasas de interés habían subido 3 puntos y los indicadores se movían hacia un alza de precios.

En ese contexto difícil era necesario acelerar la negociación de la deuda. El 20 de diciembre, Pedro Aspe estaba ya en Washington. Se entrevistó con quien sería su interlocutor en el gobierno estadounidense, el secretario del Tesoro Nicholas Brady. No había tiempo que perder.

La negociación fue tensa y en ocasiones estuvo a punto del rompimiento. Se trataba, precisamente, de modificar los anteriores procesos que se habían limitado a posponer el pago del principal; nosotros necesitábamos reducir el monto de la deuda. Algo que no se había logrado antes entre cualquier país y los acreedores representados por los bancos comerciales del mundo.

Segundo paso: apoyo político de diversos países y acuerdo con el FMI

Se consideró que antes de comenzar la negociación con los bancos, era necesaria una declaración política del más alto nivel por parte del gobierno norteamericano. Sabíamos que el secretario del Tesoro, Nicholas Brady, fijaría su posición sobre el tema de la deuda a mediados de largo de 1989, así que unos días antes, Aspe y Gurría tuvieron un encuentro privado con David Mulford en el aeropuerto de Houston; Mulford era el responsable de integrar la propuesta de Brady. El 4 de marzo, en mis notas personales, registré la siguiente:

Me informó Pedro Aspe sobre su reunión en Houston. Parece ser que hay un viraje en la posición de Estados Unidos. Mulford le preguntó a Aspe qué queríamos, pues deseaban incorporarlo en lo que diría Brady la semana siguiente. La revuelta popular en Venezuela contra el programa de ajuste, me dijo, los tiene muy preocupados.

Nuestros negociadores lograron influir en la posición del gobierno de Washington. El 10 de marzo, por primera vez, el gobierno norteamericano propuso que se redujera la deuda y ya no sólo su posposición: secretario del Tesoro anunció la propuesta que después se conoció como «Plan Brady».

Luego de esa definición política del gobierno norteamericano le llamé por teléfono al presidente Bush. Durante nuestra conversación propuse que, con nuestro apoyo, México se convirtiera en el primer país 1 poner en marcha el Plan Brady. Me reiteró su especial interés en que México se beneficiara de esa iniciativa novedosa. Con este compromiso, del más alto nivel, lanzamos nuestra propuesta a los bancos. Sin embargo, en el gobierno de Estados Unidos no todos compartían el entusiasmo de Bush.

Algunos funcionarios norteamericanos cuyo apoyo era indispensable para presionar a sus bancos comerciales consideraron nuestra propuesta muy ambiciosa. Teníamos que convencer a estos funcionarios de la viabilidad de nuestro planteamiento, pues necesitábamos que aportaran recursos financieros para integrar las llamadas garantías de recompra de los bonos que serían emitidos para reducir la deuda, hoy conocidos como Bonos Brady. Sabíamos que ni esos funcionarios ni los bancos iban a ser totalmente receptivos a nuestra propuesta y nos preparábamos para actuar en varios escenarios. El más extremo era la posible negativa de los bancos a disminuir la deuda; ante esa posibilidad, diseñamos una suspensión de pagos sui generis. Consistía en no cubrir la deuda en moneda extranjera sino depositar su pago en pesos mexicanos y en una cuenta en México. De esa manera no podrían argumentar incumplimiento de nuestras obligaciones pero tampoco afectarían nuestras reservas internacionales. El secretario Zedillo propuso plantear la amenaza de suspender los pagos en dólares y proponer «de manera creíble» el pago en pesos. Eso no me pareció adecuado porque, como insistí entonces y lo sigo creyendo, en una negociación no hay que amenazar sino actuar.

El 29 de marzo invité a desayunar al ex presidente Miguel de la Madrid, con quien mantuve una relación muy cordial y respetuosa a lo largo de mi administración. En mis notas registré: «Me preguntó si ya estaba pensando en un mecanismo 'puente', pues si los bancos no aceptaban un acuerdo multianual habría que brincar 1989 y volver a negociar el siguiente año». La opción de acuerdos anuales había probado ser muy inconveniente y no formaba parte de nuestro menú de alternativas.

Para principios de abril se logró una declaración del Grupo de los 7 (G-7) integrado por los jefes de gobierno de los siete países más industrializados del mundo. Se manifestaron a favor de un acuerdo multianual sobre deuda, para evitar que cada doce meses se repitieran los desgastes y las angustias de nuevas negociaciones. Al mismo tiempo, se logró que el Tesoro Americano ya no insistiera en los swaps de deuda por activos. Procedimos entonces a buscar el apoyo del FMI. Debe recordarse que el Fondo era el auditor y, de {acto, el cobrador de los bancos comerciales; era indispensable el acuerdo con esa institución antes de iniciar la negociación con los bancos. Además, el mismo Fondo era también nuestro acreedor. Tradicionalmente, los acuerdos con el FMI habían establecido un compromiso para reducir el déficit y devaluar la moneda, lo que solía acarrear una dolorosa recesión económica. Nosotros necesitábamos un acuerdo de nuevo tipo: nuestro objetivo era que el FMI aceptara nuestra propuesta de apoyar las reducciones de la deuda, reducir el servicio de la misma y reconocer que en los años anteriores ya se había efectuado un ajuste suficiente.

Con el objeto de devolver la presión a la banca comercial y de abrir- nos el espacio suficiente para no vemos forzados a aceptar una oferta inadecuada, aceleramos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Teníamos que lograrlo. Sin embargo, enfrentábamos inercias que le exigían a México repetir los acuerdos tradicionales, con su inevitable efecto de devaluación y recesión. Nos negamos. Después de intensas negociaciones, y con la comprensión de dos de sus más talentosos Directores, Jaques de Larosière y su sucesor. Logramos un acuerdo con el FMI verdaderamente innovador. En primer lugar, no exigió un nuevo ajuste del programa económico que teníamos en ejecución, sino que lo avaló sin interferir en su elaboración ni en su ritmo. En segundo lugar, no estaba condicionado, como en ocasiones anteriores, a que se llegar a aun arreglo con los bancos comerciales; es decir, se eliminó la famosas «condicionalidad cruzada»

Por primera vez en su historia, el FMI admitió de manera abierta que el principal obstáculo que enfrentaba nuestro país para reanudar el crecimiento sin inflación era la carga excesiva de la deuda.8 Según José Angel Gurría, el FMI nunca había otorgado su aval a un programa cuyo propósito no fuera pagar, sino recuperar el crecimiento. El acuerdo con el Fondo fue tan favorable para nosotros que Gurría escribió un poco más tarde: «Tanto los bancos comerciales como el subsecretario del Tesoro, David Mulford, acusaron al FMI de actuar con benevolencia hacia México».9 También obtuvimos que el Banco Mundial aceptara los mecanismos de reducción de deuda. Habíamos construido un apoyo institucional formidable para enfrentar la negociación con los bancos comerciales.

El 7 de abril, en reunión del gabinete económico, Aspe presentó el balance de la negociación con el FMI. Aspe había logrado ante el FMI un convenio formidable y, durante la reunión, elogió la calidad del equipo negociador; expresó también que ese acuerdo establecía nuevas reglas para otros países que pretendieran realizar ajustes con seriedad, y concluyó que la negociación se había apoyado en la fuerza internacional que el gobierno mexicano construyó a partir de la credibilidad de sus políticas. Zedillo afirmó que se había cumplido con el compromiso de mi campaña y con el discurso de toma de posesión. Serra lo consideró un acuerdo extraordinario. El resto de los asistentes coincidió en su aprobación. Las bases de la negociación tenían el acuerdo pleno del equipo económico.

El acuerdo con el FMI estableció un precedente positivo a nivel internacional. Di instrucciones para que la carta con el Fondo se hiciera pública, mediante una conferencia de prensa y una amplia entrevista con Aspe por televisión. En México, las cartas de intención con el FMI en ocasiones se habían ocultado como secretos inviolables y su eventual filtración solía traducirse en una noticia sensacionalista. Esta vez no sería así. Para mantener una adecuada política de información se determinó que como voceros para transmitir las siguientes informaciones actuarían los subsecretarios de Hacienda, Angel Gurría y Guillermo Ortiz, así como otro colaborador cercano de Aspe, Luis Téllez. Se informó a la población con el fin de evitar rumores sobre acuerdos secretos o indebidos. Expresé también un reconocimiento al presidente De la Madrid, por su valor para asumir el costo político que para su administración representó llevar a cabo un ajuste tan exigente como el que requirió el problema del sobreendeudamiento. Y señalé «Nuestros adversarios quisieran que nos fuera mal, aunque ello significara que le fuera mal a México.»

En este caso nos fue bien en la negociación con el FMI. Eso quería decir que el país entraba en una nueva etapa de posibilidades de recuperación económica, como en efecto sucedió. Pero íbamos a la mitad del camino. Habíamos ganado la batalla con el banco de bancos», al lograr que el FMI se sumara al programa de México en lugar de que México tuviera que sujetarse al programa del Fondo. Ahora teníamos que ganar otra batalla con los bancos comerciales. Eso dependía de la siguiente negociación.

El 10 de abril de 1989 Aspe leyó públicamente la Carta de Intención firmada con el FMI; el 26 de mayo se formalizó este trascendente acuerdo a favor del crecimiento.

Al mismo tiempo, para evitar fisuras internas, convoqué a una reunión con el Gabinete Legal, en la cual Aspe leyó completo el acuerdo con el FMI y ofreció una amplia explicación. También las llevé a cabo con los gobernadores, la dirigencia sindical, los legisladores y el Consejo Coordinador Empresarial. Además; se realizó una intensa difusión entre los medios nacionales y los corresponsales extranjeros. Entregamos la información a los partidos políticos, de manera directa o a través de sus grupos 'parlamentarios. En lo que respecta a mi partido, el PRI, también me cuidé de mantenerlo bien informado a través de su dirigente nacional, Donaldo Colosio. Fue así cómo se consolidó una cohesión de los sectores políticos y financieros mexicanos alrededor de nuestra negociación.

Tercer paso: la negociación con los bancos comerciales. En el pantano

El 19 de abril de 1989 iniciamos de manera formal la negociación con la banca comercial. El gobernador del Banco Central, Miguel Mancera, tenía una enorme respetabilidad en el ámbito interno y en el internacional. Este hecho jugó un papel importante. El Presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, estaba convencido de nuestro programa de transformación económica y por eso se convirtió en nuestro aliado. Al obtener el apoyo de Greenspan, que resultó decisivo, pudimos ejercer mayor presión sobre los bancos comerciales, principalmente sobre aquellos a los que la Reserva Federal, por sus propios motivos, quería presionar más.

Por su parte, los bancos comerciales integraron un comité para encarar nuestras propuestas. Gurría nos hizo saber que había divisiones entre ellos, pues las posturas variaban entre los grandes bancos y los pequeños. Más de 500 bancos comerciales del mundo estaban representados en ese comité. Sin embargo, nuestra intención no era dividirlos, dado que su separación hubiera multiplicado los frentes de negociación más allá de nuestras posibilidades; incluso hubiéramos tenido que enfrentar problemas legales. Nos propusimos aprovechar sus diferencias mediante la presentación de un menú de opciones para reducir nuestra deuda. Además, como lo habíamos anticipado, también a los banqueros les pareció «exagerada» nuestra propuesta. A este mismo frente se sumaban las representaciones gubernamentales de los países donde radicaban los bancos acreedores. Por eso, el ambiente que prevalecía en el principio de esta etapa era francamente tenso.

El 14 de abril, en la reunión de gabinete económico, Miguel Mancera nos hizo ver que teníamos un flanco muy delicado: se trataba de las llamadas «líneas interbancarias», los mecanismos de apoyo que los bancos extranjeros otorgaban a los bancos mexicanos para sus transacciones internacionales. Las líneas interbancarias siempre eran un flanco vulnerable de los bancos mexicanos (entonces propiedad del Estado), no importaba si eran tiempos normales o de negociación. Mancera afirmó que si se deterioraban las relaciones con los bancos comerciales éstos nos podían exigir el pago inmediato de esas líneas, con lo que introducirían una presión adicional de grandes proporciones. Mancera consideraba este punto nuestra mayor y más delicada debilidad. La negociación se tenía que conducir con la habilidad suficiente para evitar que las líneas interbancarias fueran utilizadas como mecanismo de presión por parte de los bancos comerciales. A lo largo de 1989, el riesgo de que se materializara esta posibilidad fue uno de los aspectos más delicados durante la negociación.

El 19 de mayo nos reunimos nuevamente en gabinete económico Analizamos un documento que Aspe había preparado sobre la estrategia para enfrentar a los bancos Ahí descubrimos un punto de la mayor relevancia en realidad, los directivos de los bancos comerciales nos presionaban no por nuestra propuesta sino para que los apoyáramos en su confrontación con los gobiernos de sus países; deseaban que éstos les otorgaran facilidades para absorber las pérdidas que representarla una eventual reducción de nuestra deuda Esa pretensión excesiva de los bancos podía prolongar la negociación indefinidamente En la mesa del gabinete rondaba una vez más la propuesta de suspender pagos Reiteré que ésa no era la medida correcta para presionar; era una posible acción que sólo debía emplearse como último recurso Se comentó que habla ya incertidumbre en el sector privado mexicano, pues las divisiones de los bancos extranjeros contaminaban a sus clientes de México Rabia que fortalecer el frente interno y decidimos hacerlo a través del mecanismo del Pacto

Entre varios sectores empresariales mexicanos había oposición a reducir la deuda. Si sus bancos internacionales aceptaban la reducción, argumentaban, podrían no volver a prestarles y suspender los flujos de fondos. No faltaban elementos para alimentar ese temor: los bancos difícilmente les harían préstamos adicionales pues la reducción de la deuda equivalía a no pagar préstamos contratados con anterioridad. En el frente externo, Gurría nos hizo saber que algunos bancos querían sabotear la propuesta de reducción de deuda y llevar toda la negociación a una alternativa de más dinero fresco. Era evidente que la banca no tenía incentivos para llegar a un acuerdo.

Dentro de esta complicada circunstancia. Un acontecimiento ajeno a la negociación vino a complicarla. El 14 de mayo se celebraron elecciones en Panamá. Pero se pretendió impedir el triunfo de la oposición. Se trataba de un asunto interno de esa nación. Sin embargo. Estados Unidos anunció el reforzamiento de sus tropas en la zona del canal y junto con Venezuela pretendió que la OEA se convirtiera en tribunal electoral. Expresé con claridad nuestro rechazo a la injerencia en los asuntos internos de otro país y reafirmé la importancia del cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter para la devolución del canal. Más tarde - como se verá más adelante retiré a mi embajador. Nuestra postura tensó la negociación de la deuda. Sin embargo mantuvimos nuestros principios de política exterior por encima del costo que eso podía tener.

El 17 de mayo Aspe anunció que el Banco Mundial había accedido a otorgarnos recursos por casi 2,000 millones de dólares; una parte de esa aportación se utilizaría para reducir la deuda. Con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se obtuvo un arreglo similar. Parecía ilógico que nos endeudáramos más para reducir la deuda; en realidad - y así lo explicamos públicamente en su momento - esos recursos se emplearon para comprar, con importantes descuentos, títulos de deuda contratada anteriormente con los bancos comerciales.

En mayo, los bancos nos hicieron una contrapropuesta. Consistía, básicamente, en ya no volvernos a prestar (es decir, en dejamos sin dinero fresco); debíamos entregar nuestros activos (los llamados swaps) a cambio de reducir la deuda. En pocas palabras, los bancos pedían que les entregáramos las empresas que estábamos privatizando a cambio de una reducción de la deuda. Rechazamos esa propuesta de inmediato. Los recursos que obtuviéramos de las privatizaciones los íbamos a dedicar más adelante a reducir la otra parte de la deuda que pesaba sobre el desarrollo nacional: la deuda interna. Los bancos comerciales del mundo tendrían que aceptar la reducción de nuestra deuda externa sin recibir a cambio esa contraparte de activos.

Mientras tanto, se sumaban más complicaciones en el frente interno. Conforme los bancos comerciales alargaban la negociación, se generaba nerviosismo en nuestros mercados; las tasas reales 'de interés se elevaron excesivamente y esto provocó un clima de protesta de los productores y consumidores. Los bancos tenían diversos medios para aumentar la presión sobre nosotros.

Al mismo tiempo, nos preparamos para la guerra informativa. A partir de que los bancos conocieron nuestra propuesta, empezaron las filtraciones a la prensa. Así que redoblamos la atención a los medios internacionales para anticipar cualquier 'sorpresa.

En mis notas personales del 23 mayo registré: «Los bancos no tienen prisa y están en una posición muy dura. Estoy en rota hacia la moratoria pero contra mi voluntad, no por lo que representa en sí, sino por los temerosos de aquí adentro». Al día siguiente agregué:

El mercado cambiarlo se muestra inquieto. La gente percibe la amenaza de la moratoria. Lo peor seria que se desatara la especulación. Me preocupan más las reacciones de los de adentro que las de los de afuera.

A fines de mayo logramos un acuerdo favorable con el llamado Club de París, organismo que agrupaba a los representantes financieros de los 16 países más industrializados del mundo, todos ellos acreedores nuestros.

El 30 de mayo obtuvimos un apoyo que resultó fundamental: Japón, con gran solidaridad, ofreció recursos financieros para la constitución de garantías destinadas a respaldar las operaciones de reducción de deuda que estábamos negociando con la banca comercial. El ministro de finanzas, Ryutaro Hashimoto, y su viceministro de Asuntos Internacionales, Akoto Utsumi, jugaron un papel clave.

El hecho de que el aval del arreglo estuviera apoyado con recursos, el Banco Mundial, el FMI y el Eximbank de Japón, mostró, de acuerdo a los especialistas, un compromiso y una confianza de la comunidad internacional que no había conseguido ningún otro país en desarrollo. 10

Otro factor que ayudó a influir en los bancos acreedores para llegar a una solución aceptable para México fue la disminución en aproximadamente 50% del saldo de la deuda que se mantenía con España 156 millones de dólares. El gobierno del presidente Felipe González nos apoyó de manera extraordinaria. Este acuerdo constituyó el primer ejemplo de que sí era posible encontrar soluciones para reducir deuda. El presidente González mostró con hechos su visión de hombre de Estado y su solidaridad internacional.

Cada negociación realizada con organismos multilaterales o con gobiernos de países industrializados nos permitía sumar alianzas frente a los bancos comerciales. Gurría recordó:

Los bancos esperaban a que México flexibilizara considerablemente su posición y aceptara una oferta poco satisfactoria, ante una supuesta urgencia del país por recursos externos para poder cumplir con las metas del programa económico, que ya rebasaba su primer semestre sin que se hubiese logrado un acuerdo con la banca comercial.

A pesar de que había algo de cierto en la urgencia de llegar a un acuerdo con la banca, también lo era que México no precipitaría... la meta de reducir las transferencias netas de recursos al exterior. 11

En ese marco, no era posible postergar los pasos adicionales previstos en nuestra estrategia económica interna. Considerábamos, además, que al dar esos pasos fortalecíamos nuestra posición negociadora. En consecuencia, el 31 de mayo pusimos en marcha el Plan Nacional de Desarrollo; con él, dimos una idea clara de la perspectiva estratégica del país y sumamos grupos sociales alrededor de ella. Modificamos el Reglamento de Inversión Extranjera, para hacer más atractiva la llegada de capitales y no depender de los flujos de endeudamiento. Avanzamos en desregular las actividades productivas para promover el crecimiento económico sin tener que esperar el resultado de la reducción de la deuda.

El 31 de mayo apunté en mis notas: «Hoy se llevó a cabo la presentación del Plan Nacional de Desarrollo. La ceremonia salió muy bien. Se está complicando el problema de la deuda externa. Está mucho más difícil de lo que pensé.» Dos días antes, en Argentina se impuso la ley marcial ante los disturbios generados por la situación económica.

Internamente, la prolongación de las negociaciones empezaba a afectar la cohesión del equipo gubernamental. Diferentes funcionarios de mi gobierno hicieron propuestas para cambiar la estrategia y proceder a una negociación banco por banco. No podíamos zigzaguear en nuestras posiciones, así que reafirmé mi apoyo y confianza en Pedro Aspe y en el equipo negociador.

Para el primero de junio escribí: «Hoy tuvimos ganancias en el mercado cambiarlo. «Estoy muy pendiente de los movimientos», y el día 6 agregué:

Por la noche hablé con Pedro Aspe a Madrid. Como lo veníamos previendo, los bancos mantienen una posición inflexible en las negociaciones. Piensan que si ceden con México, sentarían un mal precedente con los demás países endeudados. Pedro está convencido de que lo que conviene hacer ahora es declarar una moratoria concertada con autoridades internacionales y bancos centrales. Estuve gran parte del día con Ernesto Zedillo y José Córdoba repasando la estrategia a seguir en estos días.

Al día siguiente escribí:

Me llamó Pedro Aspe a las 5 de la mañana. Fue muy tensa la conversación, pues él, de manera muy inteligente, me daba todos los argumentos necesarios para declarar la moratoria. Me comentó que, como esperábamos, la posición de los bancos es dura, y me dijo que desde su punto de vista había llegado el momento de tomar una de- cisión más drástica para presionar a los bancos. Uno de sus argumentos principales fue que contaba con el apoyo de la Reserva Federal de Estados Unidos y de los organismos internacionales... Prácticamente le tuve que prohibir que la declarara. Entiendo la posición de Aspe, que comparte Gurría.

El 12 de junio, en la reunión de gabinete económico, se comentó que la presión del FMI y el Banco Mundial no estaba surtiendo efecto. Por su parte, el secretario del Tesoro y La Reserva Federal de los Estados Unidos iniciaron la presión banco por banco, al reunirse con cada uno de sus presidentes.

Dentro del gabinete continuaba la propuesta de declarar una moratoria que obligara a los bancos a negociar. Ya nos habían hecho saber varios bancos que, si declarábamos la moratoria, las negociaciones se suspenderían y tardarían años en reiniciarse. Además, yo sabía que la moratoria generaría una gran turbulencia económica dentro del país, pues si bien los discursos serían de encendido apoyo a la medida, estarían acompañados por una salida masiva de capitales. Al parecer nos informó Gurría, los grupos de negociación tenían las instrucciones de llegar a un acuerdo, por lo que sus entrevistas había sido positivas. Sin embargo, el comité de Bancos manifestaba que si había quitas no habría dinero fresco. Mientras tanto, la fragilidad del mercado cambiario mexicano iba en aumento., las reacciones en los mercados dependían en gran parte de la explicación pública que ofrecíamos.

En esas circunstancias, un hecho esencial fue el creciente apoyo popular al gobierno. El 15 de junio de 1989 escribí en mis notas:

Hoy inicié una gira por el estado de Sinaloa. Recuerdo la frialdad de la gente cuando llegué en la campaña a Culiacán en plena devaluación de finales de 1987. En esta ocasión hubo una recepción muy cálida. En un pueblo una señora se me acercó y me dijo que durante la campaña ella me había gritado que ya estaban hartos de que los priístas no cumpliéramos; ahora se me acercaba para decirme: «Usted sí cumple lo que promete, señor presidente». La reacción de esta señora me llenó de alegría. A eso me he dedicado en las giras semanales, a cumplir lo que prometí en la campaña.

Para reforzar el frente interno, el 18 de junio firmamos la prolongación del Pacto de estabilización; en la firma participaron, junto a todo el equipo económico del gobierno, los representantes de los empresarios, los obreros y los campesinos, así como líderes de otros grupos sociales. El Pacto restauró la cohesión interna, y fortaleció la posición negociadora de México ante la banca comercial acreedor. Sin embargo, ante la cerrazón de los bancos decidimos prepararnos para emprender acciones radicales.

En el ámbito internacional se percibía ya el potencial endurecimiento de nuestra posición. Las voces de advertencia no tardaron en dejarse escuchar: el 19 de junio del vicepresidente de Estados Unidos, Dan Quayle, subrayó en una conferencia de prensa que lo más conveniente para nosotros era seguir en la negociación pues, comentaba en tono amenazante para nuestro país, una suspensión de pagos «le acarrearía la desestabilización económica a México».12

El 21 de junio registré en mis notas:

Hoy me dijo Pedro Aspe que le daba pena en ocasiones ser tan duro en sus comentarios en las reuniones de gabinete económico, pero que sentía la responsabilidad de decirme las cosas como las percibía. Le respondí que yo necesitaba colaboradores que en todo momento me informaran con claridad cómo percibían la situación.

El 27 de junio tuvimos dos reuniones de gabinete económico En la mañana, Aspe nos informó que la negociación seguía muy atorada, debido a que los bancos comerciales se negaban a aceptar un menú de quitas y dinero fresco, En una conversación telefónica Brady le había informado que el presidente Bush deseaba conocer los avances en la negociación mexicana Tanto Bush como Brady sugerían que entregáramos una última propuesta Brady señaló que tenía «una zanahoria y un palo» para actuar sobre los bancos, pero que no los utilizarla hasta que se conociera la propuesta final de México Aspe señaló, con razón, que antes de hacer una propuesta final debía conocer la dimensión real del apoyo de los gobiernos, el FMI, el Banco Mundial y la Reserva Federal de los Estados Unidos Sabíamos que los bancos más débiles preferían seguir prestando; otros favorecían la, opción de una tasa de interés fija, aunque reducida, para el servicio de su deuda; los bancos comerciales más grandes optaban por la reducción del principal

Entonces enfrentamos una situación sorprendente como el clima de opinión en México era muy favorable y la situación económica iba en franca mejoría, el valor de nuestra deuda en el mercado secundario aumentó Esto vino a complicar la negociación, pues nadie quería reducir una deuda que cada vez se veía más pagable Todo indicaba que lo conveniente era debilitar el valor de la deuda mediante la suspensión de pagos, y así convencer a los bancos de que la reducción sí era conveniente Sabíamos que la moratoria entrañaba un riesgo de desestabilización doméstica además, una vez declarada, durante muchos años ningún banco aceptarla aportar dinero fresco para financiar el desarrollo del país Por la tarde el gabinete económico analizó la alternativa de una suspensión «negociada» No obstante, Gurría hizo ver que las soluciones unilaterales «le facilitaban la vida» a los banqueros ya los gobiernos extranjeros Parecía un círculo vicioso sin solución El tiempo corría en nuestra contra, pues si bien la economía mexicana empezaba a recuperarse, en realidad no había recibido financiamientos en más de año y medio Además, las tasas de interés estaban a niveles muy elevados El enfrentamiento con los bancos acreedores del mundo parecía acercarse de manera inevitable

El 28 de junio escribí en mis notas: «Hoy estuvieron Pedro y su equipo con Brady. La reunión se prolongó de las 8:30 de la mañana a las 10 de la noche, sin interrupciones... La presión para llegar a una solución es grande.» El 30 registré:

Hoy realicé mi segundo día de gira por el estado de Tamaulipas. La gente fue sumamente cálida. Varios se acercaron a decirme que me cuidara y agregaban: «Dios lo bendiga».

A principios de julio, el equipo negociador mexicano viajó a Nueva York. El día 3, en gabinete económico, tras hacer una evaluación de los avances se concluyó que nos acercábamos a la solución final. Al parecer, estaba por efectuarse la última reunión con el Comité Asesor de los Bancos Acreedores. Sin embargo, después de una reunión de más de 20 horas las negociaciones se atoraron una vez más: los bancos de- mandaban que aceptáramos la aplicación generalizada de swaps; pedían además la inclusión de una cláusula llamada step up, según la cual México reiniciaría sus pagos sobre la deuda a tasas de mercado en cuanto recuperara la solvencia financiera. En realidad, esa cláusula sólo volvía a proponer que se pospusieran los pagos. La rechazamos. Nos hallábamos como al principio.

Julio 2, 1989: cruje el sistema político mexicano

En medio de la enorme tensión que enfrentaba mi gobierno debido a la cerrazón de los bancos, un evento sacudió al sistema político mexicano y al PRI. El 2 de julio de 1989 se realizó la primera elección para gobernador de las 31 que tendrían lugar a lo largo de mi administración. Se llevó a cabo en el estado de Baja California, en la frontera oeste con los Estados Unidos. Formado principalmente por migrantes del resto del país que hacían crecer su población en 6% por año. Baja California era un estado próspero, inquieto, combativo y muy nacionalista. Con una alta concentración urbana y un intenso contacto con la economía norteamericana, el ingreso por persona en esos años duplicaba la media nacional. Además, tenía uno de los índices educativos más altos del país. Su antecedente electoral más próximo había tenido lugar durante la elección presidencial de 1988. En aquella ocasión, los bajacalifornianos decidieron castigar al PRI - entre otros motivos por los descalabros cambiarios de ese año y favorecieron con un ligero margen al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el candidato a la Presidencia por el FDN. El 2 de julio, día de los comicios para gobernador, la temperatura en algunas regiones del estado superó los 40 grados centígrados; pero el ambiente político estaba aún más caliente. La victoria fue para la oposición, pero no para el partido del Ingeniero Cárdenas el cual quedó en tercer lugar.

Triunfó el candidato del PAN. Por primera vez en sus 60 años de historia, el PRI perdía una elección de gobernador. Para los tradicionalistas de mi partido esta derrota representaba una afrenta y una debacle; para la sociedad, una victoria democrática sin precedente; para el gobierno, un elemento de tensión que tendría secuelas significativas. ' Pero en ese momento, el resultado de la justa electoral fortaleció el apoyo del resto de la sociedad y de los actores políticos a un gobierno que asumía las nuevas condiciones de la pluralidad mexicana.

París: 14 de julio de 1989, la Bastilla y una nueva presión sobre los bancos

A mediados de julio de 1989, invitado por el presidente François Mitterrand, asistí en París a las celebraciones del 200 aniversario de la toma de la Bastilla. Decidí entrevistarme con los principales dirigentes políticos de las naciones industrializadas que acudieron, para hacerles ver que el tiempo se había agotado y necesitábamos cerrar la negociación. Durante 48 horas, entre el jueves 13 y el viernes 14 de julio, sostuve reuniones con 15 jefes de estado y de gobierno. Especialmente receptivos fueron el canciller Helmut Kohl de Alemania, el primer ministro de Canadá, Brian Mulroney, y el de Japón, Sosuke Uno.

Le expuse el problema a la primera ministro Británica, Margaret Thatcher, durante una recepción en el Quai d’Orsay; después de escuchar mi planteamiento. La primera ministro mandó llamar a su Chancellor of the Exchequer, Nigel Lawson, y le dijo: «Comunícale a nuestros bancos comerciales que deseamos lograr un acuerdo satisfactorio con los mexicanos. Necesitamos apoyar su política económica, y sin reducción de la deuda no saldrán adelante.» Lawson se mostró poco receptivo; todo parecía indicar que su interés estaba más en proteger a sus bancos que en responder a la instrucción de su Primera Ministro. Ya se anunciaban los motivos por los que sería removido de su cargo meses después. Sin embargo, no tuvo más remedio que apretar a los bancos británicos para que respondieran positivamente.

En París me entrevisté con el Presidente Bush. Se hizo acompañar de Brady y de Baker. En el curso del diálogo, Bush le insistió a Brady que era urgente hacerle saber a los bancos de su interés en acelerar el arreglo. Más tarde recibí en mi hotel al secretario Brady. Le expuse con claridad la situación. Brady siempre nos apoyó durante la negociación, pero en ese momento su respuesta fue dura: «Señor Presidente - me dijo -, cuando se está en la estación del tren hay que estar dispuesto a dejar parte del equipaje si no se puede viajar con todas las maletas». Se refería a que nuestra exigencia de reducir la deuda era muy difícil de aceptar. «Bueno», le respondí, «para poder viajar, lo único que nosotros no vamos a dejar en la estación es a la familia». Es decir, no aceptaríamos una negociación que no incluyera la reducción del monto de la deuda.

Del filo de la ruptura al arreglo el 23 de julio

De regreso en México, durante la reunión de gabinete económico del martes 18 de julio supe del lento avance en las negociaciones. Los bancos consideraban que no había suficientes recursos para las garantías de los bonos de reducción de deuda; además, nos reprochaban el que no aceptáramos una recuperación de su valor original si la economía marchaba mejor; continuaban insistiendo en los swaps. De nuevo pedían todo. Aspe nos informó que nuestra oferta era clara. Cada banco podía escoger entre tres opciones: reducir la deuda 35%, recibir un interés fijo del 6.25% anual, o aportar recursos frescos por cuatro años. De aceptarse la propuesta, comentó Aspe, en el balance habríamos obtenido todo el dinero fresco necesario para el programa económico; habríamos logra- do la reducción de la deuda cuando seis meses antes todos pronosticaban que no podríamos hacerlo- y la economía reaccionaría positivamente. Aspe propuso ejercer la mayor presión posible para conseguir que los bancos se inclinaran por aceptar esta oferta. Zedillo se manifestó a favor y expresó, con razón, que con la propuesta no sacrificábamos crecimiento ni empleo; la medida resultaría suficiente, concluyó, si internamente profundizábamos el cambio estructural. Hice ver que éramos pioneros en este proceso, el cual había sido largo, complicado y desgastante. Pero había llegado el momento de concluir:

Después de evaluar cuidadosamente las circunstancias con Pedro Aspe, el 20 de julio le ordené que abandonara la mesa de negociación y rehusara cualquier contacto con el Grupo Asesor de Bancos. Aspe le transmitió a Gurría la instrucción precisa, y el coordinador mexicano informó a su contraparte que el equipo negociador regresaba a México y que esta vez «no seria para realizar consultas».

La estrategia funcionó. Así describe Gurría el desenlace de esta crisis dentro de la crisis de la deuda:

La retirada de los negociadores mexicanos fue un shock inesperado para bancos y autoridades. Brady y Mulford llamaron al secretario Aspe para pedirle que las pláticas se reanudaran en Washington, D.C., y ofrecieron la intermediación del Tesoro y de la Reserva Federal. De nueva cuenta, el sábado 22 partió la delegación mexicana a Washington., D.C., con Pedro Aspe al frente, para sostener reuniones del más alto nivel con funcionarios del Tesoro, de la Reserva Federal y con los representantes de los bancos. El encargado de presidir la reunión fue el propio Nicholas Brady y Gerald Corrigan, director de la Reserva Federal de Nueva York... Esta vez la presión del gobierno norteamericano era contra los bancos acreedores, lo cual sería determinante en la solución final... Después de una agotadora sesión de trabajo que terminó a las nueve de la noche del domingo 23 de julio, el secretario de Hacienda, Pedro Aspe, se comunicó a la Ciudad de México con el presidente Carlos Salinas, para informarle que finalmente el Acuerdo estaba hecho.13

Habíamos logrado el arreglo con los más de 500 bancos comercia- les. Alcanzado el Acuerdo, sólo faltaba su protocolización y el acto formal de la firma. Éste tomaría todavía algunos meses. Pero el arreglo era firme. El resultado fue alentador para México: casi la mitad de la deuda se disminuyó con la opción de reducir el 35% del principal; los tenedores de la otra mitad prácticamente optaron por aceptar la disminución de la tasa de interés. La negociación tenía carácter multianual y esto eliminó la incertidumbre que en el pasado introducían las negociaciones periódicas. Pedro Aspe y su equipo habían logrado que se cumpliera, y cabalmente, el propósito de regresarle a México la posibilidad de crecer sin el peso excesivo de la deuda. Aspe consiguió que se cumplieran los cuatro puntos que yo había comprometido en mi discurso de toma de posesión.

Esa misma noche, desde mi despacho en el Palacio Nacional, dirigí un mensaje que se difundió a todo el país por radio y televisión. Al final, no pude resistir el impulso y me puse de pie frente a las cámaras: pedí al pueblo de México que entonáramos nuestro himno nacional. Hasta la fecha, la emoción me estremece al recordar esa ocasión tan especial. Era un triunfo para nuestro país: a partir de ese momento la esperanza tendría bases en la realidad.

Lo que a muchos había parecido imposible unos meses antes, se convirtió en realidad. Por primera vez en nuestra historia los bancos acreedores accedieron a una reducción de deuda gubernamental - una deuda que había alcanzado proporciones inesperadas -. La negociación había sido muy difícil por su novedad y por su complejidad. No fue fácil negociar con más de 500 bancos comerciales de todo el mundo. Con una actitud constructiva, la banca internacional comprendió las necesidades de los nuevos tiempos y dio paso a una solución negociada. Se abrían así, también, nuevas oportunidades para que otros países en desarrollo redujeran sus deudas excesivas.

La experiencia mexicana despertó el interés de otros países. En la reunión de gabinete económico del 9 de agosto, Aspe nos informó que le habían llamado de Filipinas, donde la presidenta Corazón Aquino realizaba un importante esfuerzo de negociación de su deuda. También llamaron de Uruguay y Venezuela, donde esperaban un resultado aún mejor que el mexicano. Eso fue lo que les deseamos. Finalmente algunos optaron por no pasar por las horcas caudinas de un comité y negociaron dinero fresco con algunos bancos para recomprar poco a poco su deuda con descuento en el mercado; otros se decidieron por un es- quema similar al nuestro. Fuimos pioneros y pagamos el aprendizaje de los costos del noviciado. Sin embargo, no se supo de ningún otro país que hubiera pactado condiciones mejores que las obtenidas por el equipo negociador de México.

El acuerdo alcanzado era expresión de la singularidad de México en el mundo y un punto de inflexión para penetrar en él. Se había dado un paso importante. Gurría escribió en su libro sobre el tema;

La negociación dio solución definitiva al problema del sobreendeudamiento... con una política económica que puso a nuestro país nuevamente de pie frente al mundo y les dio esperanza a nuestros compatriotas de un futuro mejor.14

Reducción directa de la deuda por más de 7, 000 millones de dólares. Regresó la confianza y los capitales

Como resultado de la negociación, el saldo directo de la deuda ex- terna se redujo en 7,171 millones de dólares, monto superior al contratado por México entre 1820 y 1970 (4,262 millones de dólares). Desde luego, sin valorizar la comparación a precios actuales. La reducción se anunció públicamente el primero de junio de 1992.15 Junto con sus efectos secundarios, la deuda se disminuyó en un monto equivalente a 20 mil millones de dólares. Tal vez su impacto más positivo fue consecuencia del resultado mismo de la negociación, el cual generó en el país un notable clima de confianza.

En un primer momento, la nueva confianza se expresó en una baja de 30 puntos en las tasas de interés domésticas, lo que permitió un ahorro en el servicio de la deuda interna equivalente al 5% del producto nacional; también generó una mayor confianza de los inversionistas mexicanos, quienes repatriaron casi 3,000 millones de dólares. Por último, se comprometieron de inmediato proyectos de inversión extranjera por un monto cercano a los 2,000 millones de dólares, como resultado de las políticas de estímulo a la repatriación de capitales que se promovieron como alternativa a la persecución de sus propietarios.

Pedro Aspe escribió algunos años después que mientras en los ochenta las transferencias netas al exterior representaron cerca del 7% anual del PIE, como consecuencia de los efectos de la negociación «el nivel de transferencias netas disminuyó alrededor de 3% del PIE», Además, la negociación tuvo otros efectos positivos. Así los describió Aspe:

Con esto y el resto de las medidas de cambio estructural, México no sólo adquirió un acceso renovado al crédito internacional voluntario, sino que la repatriación de capitales y la nueva inversión extranjera directa han permitido que la economía regrese a un nivel negativo de transferencias netas, situación normal en un país abundante en mano de obra y con escasez de capital.16

Al mantener la disminución de las tasas de interés domésticas, lanzamos la primera emisión de bonos hecha por un país latinoamericano en una década. Al mismo tiempo se revirtió la caída del valor que la deuda mexicana había observado durante cinco años: los nuevos signos de credibilidad y capacidad de crédito sentaron las bases para registrar, en 1989, un crecimiento de la economía no inflacionario, después de más de un lustro de recesión y de estancamiento económico. El dinero que por años había salido de México empezó por fin a regresar. Pasamos del círculo vicioso de la inmovilidad y el desánimo a los círculos virtuosos de la recuperación económica y la confianza.

La oposición hizo señalamientos adversos al resultado. El primero de agosto, en un acto en la plaza de Santo Domingo de la Ciudad de México, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas afirmó que el acuerdo beneficiaba a los acreedores. Además, que el resultado era insuficiente y negó que se hubiera alcanzado una opción de reducción de 35%. Cárdenas agregó: «El PRD seguirá insistiendo en que se suspenda el pago de la deuda externa».

Las perspectivas mejoraron sustancialmente. El crecimiento de la economía en 1989 alcanzó una tasa superior a la esperada. La inflación tuvo un perfil menor al estimado. En la reunión de gabinete económico realizada a principio de agosto analizamos diversas opciones para aprovechar esta situación favorable. Entre ellas, se consideró la posibilidad de proponer al Congreso de la Nación un presupuesto bianual (a lo que el secretario de Programación y Presupuesto respondió que una propuesta así tenía el riesgo político de no ser aprobada). Se pensó también en regresar a negociaciones bianuales de los salarios, como en los años sesenta, la década en que el salario había registrado la mayor ganancia real. Buscábamos dar certidumbre a los ahorradores e inversionistas y establecer el orden administrativo al interior del gobierno. La consideración principal estuvo en dar prioridad a los programas sociales, para empezar a revertir la elevada concentración del ingreso que se verificó en los años ochenta.

Para aprovechar el clima tan favorable que propició la reducción de la deuda externa, era urgente profundizar algunos cambios estructurales para hacer más eficiente la economía y reconocer las nuevas realidades internacionales. Es por eso que decidimos acelerar el proyecto de privatización de las empresas públicas. Así lograríamos allegamos más recursos para disminuir la deuda interna, reducir los pagos de intereses y tener más gasto social sin incurrir en déficit fiscal. En reunión del gabinete económico, el 15 de agosto se acordó la privatización de Telmex. Al analizarla, hice ver que el Estado necesitaba recursos para sus programas sociales y que, por otra parte, el desarrollo del país requería de un mejor servicio telefónico. Los recursos públicos no alcanzaban para todo. Había que escoger entre invertir fondos fiscales en teléfonos o invertirlos en educación; nos inclinamos por aportarle a la mejoría social. Para mediados de agosto, el gabinete económico en pleno promovió la privatización de la siderurgia. Las privatizaciones se llevaron a cabo por razones prácticas, más allá de cualquier consideración de carácter ideológico.

También aceleramos los procesos para eliminar las regulaciones excesivas en nuestra economía, pues durante varias décadas se habían concedido privilegios a unos cuantos que entorpecían la eficiencia económica de todo el país. También enfrentamos decisiones impopulares que eran impostergables. En la reunión del 15 de agosto reconocimos que aún existía un rezago en precios de algunos bienes públicos; su revisión tendría un impacto considerable en los consumos y el índice general de precios. Preparamos un calendario de aumentos, con cuida- do de reducir al máximo su adverso efecto social.

Finalmente, en aquella reunión se analizó un problema que afectaba seriamente nuestro frente externo. Para constituir las garantías de los bonos para la reducción de deuda, habíamos contribuido con la mitad de las reservas internacionales recibidas al inicio de mi administración. Esto las hizo descender a un nivel delicado. Por esta razón, a fines de 1989 Aspe informó al gabinete económico que un alto funcionario del FMI había hecho sentir su inquietud ante el monto tan bajo de reservas con el que iniciaríamos 1990 - alrededor de 1, 500 millones de dólares -. En cuestiones económicas, por favorables que parezcan las circunstancias, nunca puede hablarse de condiciones holgadas.

La reducción de la deuda se protocolizó el 4 de febrero de 1990. La firma del acuerdo tuvo lugar en el corazón político de la nación: el Patio de Honor de Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo en la capital de la República. A la reunión asistieron importantes miembros de la comunidad financiera internacional. Destacaban, entre muchos otros, Nicholas Brady, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Michael Camdessus, director-gerente del FMI; John Reed, presidente del Citibank, y William Rhodes, cabeza del grupo de bancos acreedores. Su presencia expresaba reconocimiento al programa de reordenación económica impulsado por México, así como al talento de nuestros negociadores.

Se ha estimado que al concluir la negociación y eliminarse; la incertidumbre, los efectos positivos de la reducción de la deuda agregaron casi dos puntos a la tasa de crecimiento del país.17 Llegó a ser de 4.4% real en 1990; sin embargo, entre 1991 y 1993 no se materializó un crecimiento mayor porque, como se verá más adelante, la negociación del TLC introdujo una nueva incertidumbre. Sólo al entrar en vigor el Tratado en enero de 1994 volvimos a recuperar una dinámica de crecimiento superior: ese año fue de 4%. Todo indicaba que, a pesar de la caída provocada por la crisis de 1995, las condiciones generadas por las reformas económicas y el nuevo entorno comercial creado en México propiciarían un crecimiento sostenido, como en efecto ocurrió.

Cuando recorrí el país durante la negociación de la deuda, la gente me hizo sentir su apoyo. También me externaron su preocupación por el peso del excesivo endeudamiento que recaía sobre sus hombros. La reducción de la deuda externa liberó parte de esa onerosa carga. Entre la población existía una fuerte conciencia de lo que representaba el agobiante peso de la deuda; con el resultado de la negociación, para fines de 1989 esa angustia empezó a desvanecerse.

La reducción de la deuda y la recuperación del crecimiento económico permitió que el valor de la deuda representara una proporción cada vez menor de lo que producíamos los mexicanos. Los analistas y expertos en cuestiones financieras han señalado que uno de los indicadores más importantes sobre la salud financiera de una nación está en comparar el saldo de la deuda con el Producto Interno Bruto (pm). En México, debido al endeudamiento excesivo de los años setenta, la deuda externa total para 1988 era equivalente a 44.5% del PIB. En 1994, al final de mi gobierno, gracias a la reducción ya su efecto sobre el crecimiento económico, la deuda externa equivalía sólo a 16.5% del PIB.18

La negociación redujo la deuda externa pero también mejoró las condiciones para la reducción de la interna, pues aumentó el valor de las privatizaciones; todos los recursos se dedicaron íntegramente a pagar deuda interna. Los ahorros que derivaron de la disminución de su servicio se dedicaron al gasto social. El efecto de la reducción de la deuda interna y externa permitió que la deuda pública total en México (la suma de la externa y la interna) pasara del 63.5% del pm en 1988 a sólo 22.5% en 1994.19

Al abatir la proporción de lo que debíamos, también bajamos sensiblemente el pago de intereses. Mientras en 1988 se pagaba 17.7% del PIE en intereses, comisiones y gastos de la deuda, para 1990, concluida la renegociación de la deuda externa, el pago por ese concepto había disminuido a 9.8% del pm. Para 1994, con la reducción de la deuda interna, gracias al uso de los ingresos provenientes de las privatizaciones, en total sólo pagábamos por intereses el 2.8% del PIE.20

Estos resultados permitieron que se recuperara la confianza y el crecimiento económico. Un nuevo ánimo se extendió entre la población. Habíamos logrado resolver un problema - el del endeudamiento excesivo y la falta de crecimiento- que antes, para algunos, sólo se expresaba en las estadísticas globales. Al concluir la reducción de la deuda, pensábamos que esta sola acción nos permitiría iniciar el camino de la recuperación económica. En poco tiempo, la realidad política y económica internacional nos mostró que estábamos equivocados.

1. Carlos Salinas de Gortari. El Reto. México: Diana. 1988. pp. 109.115.

2. S. Weintraub, El TLC cumple tres años. Un informe de sus avances, México: FCE, 1997, pp.23, 147.

3. Jaime Sánchez S., Reforma, septiembre 21 de 1996.

4. Los datos provienen de José Angel Gurría: op. cit., Anexo 1, Cuadro 7. Hay que reconocer que para fines de comparación hay que obtener el valor de la deuda en términos reales durante esos años. Por otra parte, entre 1983 y 1988 se lograron importantes renegociaciones del calendario de pagos de la deuda; su saldo creció y en 1988 ascendió a 81,003 millones de dólares.

5. Ibid., Introducción.

6. México Cívico. los informes de Carlos Salinas de Gortari ante la Nación, México: Rayuela

Editores, 1994.

7. En abril de 1989, al unirme con un miembro destacado del equipo del Presidente François Mitterrand de Francia para pedir su apoyo en el proceso de reducción de deuda, me dijo: «Lo vamos a apoyar, Hay una muy favorable opinión de su equipo económico. Estamos muy impresionados», En diciembre de 1991 The Economist publicó: «En México tienen probablemente el mejor equipo económico que ha gobernado en cualquier país, en cualquier lugar»,

8. Véase Crónica del Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994. Primer año, México: FCE, 1994, p. 188.

9. José Angel Gurría, opa. cit. capítulo II.

10. W.A. Orrne Jr., Understanding Nafta, Texas: University of Texas Press, 1998, p. 31.

11. José Angel Gurría, opus cit.

12. Citado en Ibid

13. Ibid

14. Ibid, «Agradecimientos»

15. Véase Crónica del Gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Cuarto Año, pp. 215-217.

16. Pedro Aspe, El Camino Mexicano de la Transformación Económica, México: FCE, 1993. p.38.

17. Véase B. Armendáriz y P. Armendáriz, «Debt relief, growth and price stability in Mexico», Journal of Development Economics, vol. 98, 1995.

18. Banco de México, Informe Anual 1994, Cuadro 24, p. 101. 19. Ibid.

19. Ibid

20. Los datos provienen de Cuenta de la Hacienda Pública Federal. en Primer Informe de Gobierno. Anexo. p. 45 (en lo sucesivo se citará como: E.Z.P., Primer Informe, Anexo). Son los intereses pagados del sector público presupuesta.. Este dato, basado en la Cuenta Pública, muestra que es falso lo escrito por Enrique Krauze en La Presidencia Imperial: «El pago anual por intereses de la deuda pública total (interna y externa) pasó del 3.6% del pm en 1988 al 1% del PIB en 1994.» México: Tusquets Editores. 1997, p. 425.

Parte II. 1990: A negociar, ahora sí, el libre comercio

Guerra del Golfo Pérsico, recesión en Estados Unidos y mexicanos en el bando anti- TLC

El primero de enero recibí una llamada del presidente Bush. Se había comunica con otros cuatro jefes Estado. Comentó la tensión del momento y prácticamente me confirmó que habría guerra en el Golfo. Al anticiparle mi preocupación, me pidió que no dudara en establece con él contacto directo si el proceso del TLC no marchaba de acuerdo a lo previsto. Había el temor de que la Guerra del Pérsico pudiese posponer la negociación del tratado. Las preocupaciones eran fundadas:; tuvimos noticias de que los congresistas estadounidenses pondrían toda su atención al conflicto bélico: era la primera vez, desde el fin de la Guerra Fría, que su país participaba en un enfrentamiento de esa magnitud. Lo que más me inquietaba era el riesgo de una recesión económica en Estados Unidos; si se materializaba, aumentarían las actitudes proteccionistas y la receptividad a favor de ellas por parte de la opinión pública y de los votantes se tornaría más y más sensible. Además, si los acuerdos del TLC no se concretaban ese año, el tema se iba a cruzar de lleno en la elección presidencial norteamericana de 1992. El peor escenario para el tratado era tener que negociarlo durante una recesión y una campaña presidencial en los Estados unidos. Y eso fue precisamente lo que sucedió.

El 16 de enero de 1991 se inició la guerra del Golfo Pérsico. En sólo un mes, Irak rindió sus afanes expansionistas. Durante el conflicto no hubo aumento del precio del petróleo, pues ya se había canalizado al mercado una oferta adicional de más de 1.5 millones de barriles diarios y, en consecuencia, la economía internacional no se vio afectada. Pero lo que la Guerra del Golfo puso en evidencia fue la urgente necesidad de una reforma a fondo en la ONU, en particular en el Consejo de Seguridad. Había que adecuar su funcionamiento a la nueva unipolaridad militar de Estados Unidos y la multipolaridad política de las nuevas regiones integradas en el mundo.

A mediados de enero nos sorprendió otra noticia varios mexicanos habían participado con su testimonio en el Congreso de Estados Unidos, durante una audiencia para determinar si se aprobaba o se rechazaba la vía rápida del TLC Destacaban Jorge Castañeda y Adolfo Aguilar Zinser, dos miembros de la coordinación de la campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 Aquel grupo de mexicanos se quejó ante el Congreso norteamericano de que en su país no habían tenido la oportunidad de participar en el debate sobre el TLC Se oponían, como nosotros, a incluir el petróleo en el Tratado y exigían incorporar el tema de la mano de obra y la migración. Castañeda pidió que se obligara a México a respetar su propia legislación laboral la cual, dijo, «se obedece pero no se cumple» La actitud de! grupo respecto al petróleo resultaba útil para la negociación también su exigencia de incluir el tema de la migración Sin embargo, dejó muy mal sabor de boca entre los nuestros la queja ante los norteamericanos, sobre la supuesta falta de oportunidades para que los mexicanos de todas las tendencias políticas pudieran hacer sus planteamientos en los foros locales Castañeda se apuntaba ya en una postura maximalista el tratado era todo bueno o todo malo Al final no pudo conciliar ese extremismo y su filiación cardenista con una posición objetiva en relación al TLC La actuación de muchos de estos opositores mexicanos trajo buenas consecuencias para el resultado final de la negociación, pero podían haberlo hecho de manera más profunda y trascendente si se hubieran decidido a ser menos partidistas y más objetivos

¿Qué significaba la llamada vía rápida o fast track?

El 23 de enero, en gabinete económico, Jaime Serra nos informó de los avances en el proceso. En los próximos meses, destacó, el tema de la llamada vía rápida iba a concentrar el debate. El mecanismo de la vía rápida había sido diseñado en Estados Unidos en 1974 y se había utilizado sin problema para las negociaciones comerciales multilaterales conocidas como la Ronda Tokio, y para los acuerdos de libre comercio con Israel y Canadá. Con este procedimiento, el Congreso delegaba su autoridad al Presidente de los Estados Unidos para que a su nombre negociara los acuerdos comerciales. Sin embargo, el Ejecutivo tenía que informar primero al Congreso de su intención de negociar un tratado. Después de un tiempo, el Congreso votaba la autorización para negociar por medio del fast track. Durante el proceso, el Ejecutivo tenía que informar regularmente al legislativo sobre la negociación. Cada uno de estos pasos significaba un largo período de negociación y diálogo.

Al concluir, el Tratado se sometía a una sesión del Congreso donde se debatía brevemente bajo la modalidad del fast track. En consecuencia, al votarlo se aprobaba o rechazaba sin enmiendas, en su totalidad. Este mecanismo había probado ser indispensable en Estados Unidos para que durante la votación de un Tratado comercial, éste no se sometiera a una lista interminable de enmiendas o incluso peticiones particulares de los legisladores a cambio de ofrecer su voto. La relación entre los gobiernos sufrió cambios significativos: en las etapas frente al Congreso, el gobierno mexicano actuó como aliado del norteamericano para- auxiliarlo en su ratificación. Pero durante la negociación, los gobiernos fueron intensos adversarios.

Serra expresó su preocupación respecto a la opinión de Carla Hills sobre el proceso de la vía rápida; HilIs le había comentado a Serra que no veía problema en la autorización del llamado fast track genérico, es decir, en obtener la aprobación de su Congreso para negociar la Ronda Uruguay del GATT. Nosotros teníamos muchas dudas sobre la autorización de la vía rápida para negociar el TLC. Por su parte Carla HilIs opinaba que de aprobarse la vía rápida del TLC, nuestros acuerdos podrían concluirse hacia los últimos meses de 1991. En otro frente, Mosbacher le hizo saber a Jaime que, ante el apoyo que Estados Unidos había recibido de Canadá en la guerra del Golfo, era imposible que se les negara participar en el TLC.

Canadá se suma formalmente a la negociación. Disidencias en México

El 5 de febrero de 1991, más de dos años después de la propuesta inicial de George Bush en Houston1, el propio presidente Bush, el primer ministro Mulroney y yo anunciamos la inclusión formal de Canadá en las negociaciones. En adelante los encuentros serian trilaterales. Había transcurrido un año desde la decisión adoptada en Davos y transmitida a Carla Hills para negociar el TLC. .

Ese mismo día, uno de los dirigentes de la pequeña y mediana empresa advirtió que la industria mexicana no estaba preparada para el acuerdo trilateral. Pocos días después, en Puebla, otro dirigente empresarial reiteró esta percepción. Ante las voces que mostraban preocupación por el ritmo que podía seguir la apertura comercial en el TLC, de inmediato volví a insistir en que la negociación no se haría con prisa y que la desgravación tendría plazos adecuados.

Para el día 8 de febrero el sector empresarial se sumaba a la inclusión de Canadá al Tratado. Al día siguiente, Carla Hills declaró ante el Congreso norteamericano que si bien la Constitución mexicana reservaba para los mexicanos la explotación y el usufructo del petróleo, «las inversiones de los Estados Unidos en el sector petrolero serían bienvenidas». Otra vez la presión. Para evitar que declaraciones de este género introdujeran confusión, el Senado mexicano estableció de inmediato un foro de diálogo y comunicación sobre el TLC. Los altibajos en la negociación exigieron que ese foro legislativo se mantuviera con carácter permanente durante los siguientes dos años.

El 12 de febrero tuvo lugar otra larga reunión del gabinete económico. Nos proponíamos evaluar los preparativos para la negociación que debía iniciar una vez aprobada la vía rápida. Comenzamos a las 8:30 p m y concluimos un poco antes de la media noche. Serra nos recordó que cuando Canadá negoció su Acuerdo. Pasó por un proceso muy tenso antes de llegar a la aprobación de su fast track; sólo tres años más tarde concluyó la negociación y se ratificó en el Congreso. Esa experiencia nos habría un panorama más objetivo respecto al tiempo que requería nuestro proceso. Sobre aspectos específicos de la negociación, se destacó un hecho de la mayor trascendencia: Canadá había aceptado una cláusula de seguridad de abastecimiento de petróleo; con ese antecedente, los canadienses argumentaban que si México no hacía lo propio ellos retirarían esa cláusula. Eso obligarla a los norteamericanos a ejercer una enorme presión sobre nosotros. Les recordé a mis colaboradores que el insumo clave de Canadá era su gran reserva de agua potable y que sobre ella no habían otorgado garantía de abasto a los Estados Unidos. Nuestra respuesta a los reclamos canadienses estaban a la mano: cada uno mantendría restricciones y reservas sobre sus propios recursos estratégicos. Reiteré que no había modificaciones a la Constitución. Además había que ratificar ante la prensa que nuestra posición ya estaba fijada.

Analizamos las propuestas para incluir aspectos ecológicos en el TLC. Nos preocupaba la posibilidad de que se introdujeran prácticas proteccionistas bajo un disfraz del medio ambiente. Sin embargo, señalé que en México no deseábamos obtener una recuperación económica «sucia», es decir, una recuperación que, obsesionada por el crecimiento económico, se desentendiera de los daños a la naturaleza. Nos comprometimos a que el nuestro seria un TLC «verde», con un claro compromiso a favor de la ecología. Sobre la mecánica de trabajo, concluimos que era indispensable involucrar en el proceso a los miembros del Comité Asesor. Así se fortalecía nuestra posición al tiempo que construíamos un marco de corresponsabilidad. Serra sugirió que se promoviera en El Colegio de México un seminario en el que participaran algunos norteamericanos opositores al TLC. Esto nos permitiría precisar posiciones y propuestas. Durante la reunión, Córdoba compartió con nosotros una información obtenida de la Casa Blanca; esa información reservada nos resultó muy útil, pues contenía los nombres de los enlaces legislativos más importantes entre el Departamento de Estado y la Oficina de Comercio estadounidenses.

Para concluir, le confirmé al gabinete la decisión de avanzar en los acuerdos de libre comercio con América Latina, en particular con aquellos países que habían manifestado especial interés, como Chile, Venezuela, Bolivia y Colombia. Con la participación activa de Fernando Solana, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores se dieron pasos adicionales en esa dirección. También se resolvió caminar hacia la creación de acuerdos bilaterales con Centroamérica. Un tratado con Costa Rica parecía la opción más viable. Así procedimos.

En los Estados Unidos, el Comité de finanzas del Senado y el de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes realizaron audiencias para determinar su recomendación sobre el fast track y el proceso de negociación. Sus líderes, el senador Lloyd Bentsen y el representante Dan Rostenkowski, desempeñaron un papel muy importante. Eran firmes promotores del Tratado.

Washington le pide apoyo a México ¡dentro de Estados Unidos!

Al solicitar la autorización del Congreso para la vía rápida, el gobierno norteamericano enfrentó una oposición inesperada. se presentó una coalición de opositores al TLC que resultó formidable, pues incluía empresas que perdían mercados, trabajadores que temían ser desplazados, productores rurales y también organizaciones del medio ambiente, y de derechos humanos, entre otras. Todos encontraron en el proceso la oportunidad de promover sus intereses o defender sus convicciones. La formación de este grupo opositor derivó en un hecho sin precedente. El TLC se volvió un asunto político de la mayor importancia dentro de Estados Unidos. 1

La necesidad de obtener de su Congreso la aprobación de la vía rápida, hizo que el gobierno norteamericano nos hiciera una petición singular: que actuáramos con sus congresistas, que estableciéramos relaciones con el sector privado estadounidense y, sobre todo, que fortaleciéramos vínculos con las comunidades hispánicas; asimismo, nos solicitó que desarrolláramos una amplia campaña informativa entre los medios de comunicación y la academia de su país. También nos pidieron que no le diéramos mucho juego a sus adversarios políticos y futuros competidores electorales. En síntesis, nos invitaban a ser sus aliados ya desarrollar una intensa actividad política dentro de los Estados Unidos. La solicitud no tenía antecedente en las relaciones diplomáticas y políticas entre nuestros países.

La Cámara de Representantes de los Estados Unidos estaba constituida por 267 demócratas y 167 republicanos. En ella tendían a concentrarse los intereses regionales de los grupos oposicionistas y ahí se encontraba el obstáculo principal. Serra me informó de una conversación con el congresista demócrata Bill Richardson, quien apoyaba firmemente la negociación. Richardson le dijo que en ese momento todo parecía indicar que el voto para el fast track se iba a perder. Si queríamos conseguir que se aprobara era necesario que sumáramos nuestra acción a la de la administración Bush. Desde el senado, el demócrata Bill Bradley nos urgía a ser más activos. Así que a petición del gobierno republicano y de legisladores demócratas nos dedicamos a hacer política en los Estados Unidos.

Se desarrollaron múltiples acciones, ampliamos nuestros contactos y el flujo de información hacia los congresistas y sobre todo hacia sus asesores y equipos de apoyo; de manera conjunta con el grupo del sector privado mexicano, fortalecimos la relación con los principales grupos empresariales norteamericanos, en especial con los que participaban alrededor del llamado Business Round Table. Ahí coordinaron los trabajos de manera eficiente Jim Robinson, directivo de American Express y Kay Whitmore de Kodak. También se estrechó la relación con las cámaras de comercio. También recurrimos a las instituciones académicas con la intención de enriquecer los argumentos de nuestra propuesta. Nos acercamos a organizaciones de todo tipo: dese la Fundación Heritage hasta el Centro de estudios Estratégicos en Washington. El Centro de Estudios México-Estados Unidos en San Diego jugó un papel muy importante, sobre todo en los debates sobre el impacto del TLC en el empleo y en los flujos migratorios. Ese centro de estudios estaba dirigido por uno de los mejores especialistas norteamericanos en relaciones migratorias entre México y Estados Unidos: Wayne Cornelius. Fue Cornelius, mi antiguo maestro en Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), quien me proporcionó la información sobre flujos migratorios que utilicé durante el diálogo con Bush en Monterrey. Otras organizaciones se oponían, en particular aquellas vinculadas a los sindicatos o las que mantenían relaciones estrechas con congresistas adversos al Tratado, como el Instituto de Política Económica. El presidente de esa Institución, Jeff Faux, se convirtió en el orador favorito de las reuniones adversas al Tratado; tenía una estrecha relación con el líder de la Cámara de Representantes, el demócrata Richard Gephardt. Este líder era un firme opositor del TLC.

En enero de 1991 abrimos en Washington, D. C., la oficina para apoyar el equipo encabezado por Herminio Blanco en sus negociaciones con la representación de los Estados Unidos. Durante el proceso del fast track, los miembros de esta oficina se reunieron con congresistas estadounidenses en más de 320 ocasiones. Su coordinador, Herman Von Bertrab, participó en más e 360 eventos como orador.

La apertura de esa representación en Washington se había vuelto inaplazable, pues la oposición norteamericana se había adueñado del escenario. Esa oposición había surgido sólo para atacar el fast track. Pero pronto se convirtió en una organización contra el acuerdo comercial con México. Tenían el temor de que con el tratado los salarios norteamericanos descendiera (de haber incluido el tema de la migración, hubiera dado enorme peso a este argumento). La oposición era sólida: la conformaban los sindicatos agrupados en la central más grande de los Estados Unidos, AFL-CIO. Sus dirigentes, Lane Kirkland y Tom Donahue, se manifestaban tenazmente en contra del TLC. Más tarde, ambos perdieron sus puestos. La negativa al Tratado les permitió atraer a diversas agrupaciones que compartían sus mismo temores: pérdida del empleo y caída de los salarios. Lógicamente, la dupla Kirland-Donahue utilizó estos argumentos para promover iniciativas de afiliación. La suya era una campaña a favor del proteccionismo. Incluso aquellos que trabajaban en servicios que no se verían afectados por la competencia comercial, como los empleados de los gobiernos estatales y municipales, se opusieron al Tratado.

Una de las acciones más importantes de la oficina mexicana del TLC en Washington fue apoyar a los congresistas estadounidenses frente a la organización de conferencias dirigidas al personal del Congreso. El tema no era el libre comercio, sino algunos asuntos mexicanos: laborales y ecológicos, el sistema electoral, los derechos humanos, se trataba de ofrecer información objetiva y documentada para contrarrestar la caricatura de México que los opositores intentaban mostrar. En ocasiones, algunos congresistas hablaron a la representación para expresar que sus críticas al TLC era el paso previo para poder votar a favor. Un estilo peculiar.

Los temas a incluir en el tratado no nos tomaron desprevenidos. Habíamos empezado a trabajar en como parte el programa de gobierno y antes de que se iniciara formalmente la negociación En 1990, previo a que los asuntos ecológicos surgieran en el proceso, habíamos asignado el equivalente en pesos a más de 2,500 millones de dólares para proyectos a favor del medio ambiente; asimismo, habíamos firmado más de 1,000 convenios con diversas industrias para resolver problemas de contaminación. A pesar de que México contaba con una legislación muy avanzada en esta materia, había grupos en los Estados Unidos que se mostraban muy preocupados respecto a la instrumentación de nuestras leyes. Algunos se preocupaban legítimamente. Otros eran simplemente antimexicanos. La mayor alarma ecológica tenía que ver con la zona fronteriza. Y en ese punto la problemática era tan compleja que atarla a la negociación comercial abría el riesgo de que se perdieran ambas causas: la protección del medio ambiente y el libre comercio.

En el terreno laboral, era tal su desconocimiento de nuestras leyes. Que al estudiarlas prefirieron no insistir en que se homologaran: encontraron que en México no se podía acabar con una huelga por medio de nuevas contrataciones, que no existían derechos que la legislación norteamericana no contemplaba, como previsiones de ausencia por maternidad, pago por despido y, sobre todo, participación de los trabajadores en las utilidades.

Contratamos compañías de relaciones públicas y a los llamados «lobbistas», gestores ante el Congreso, se trataba de una práctica común en los Estados Unidos que México ejercía por primera vez. Sin embargo, hicimos pública su participación para que no pudieran acusarnos de promover un trabajo clandestino. Entre las empresas contratadas destacaron la compañía de relaciones públicas Burson-Marsteller, la de cabildeo Charles E. Walker y Asociados y varias firmas de abogados especialistas bajo la coordinación de Shearman & Sterling. La compañía Manchester Trade nos proporcionó su archivo y su experiencia sobre cuestiones comerciales. Se contrató a varios ex funcionarios del Departamento de Comercio norteamericano y de la oficina del negociador comercial de los Estados Unidos. Además, nuestra oficina en Washington tenía tres asesores hispanos que representaban a diversas corrientes de la comunidad, y otros tres de las regiones con mayor población de hispanos.2

Si bien el término «cabildeo» tenía en castellano una connotación negativa, en los Estados unidos era una práctica común, que incluso estaba reglamentada por la ley, con base en el derecho constitucional de petición. Su ejercicio contribuía a proveer de información a los propios legisladores. En muchas ocasiones nuestros cabilderos nos guiaron por los complicados caminos del proceso legislativo norteamericano. No teníamos tiempo para explorarlos por nuestra parte. Aunque era una práctica que muchos países seguían en Washington, hubo resistencia dentro de mi gobierno a que se les contratara, pues muchos temían que surgieran pretensiones de reciprocidad por parte de los norteamericanos. Este temor no se materializó y los apoyos que recibimos de nuestros asesores fueron indispensables durante la negociación.

Los opositores al TLC, como Perot en Estados Unidos y el PRD en México, al hablar de nuestros gastos en cabildeo, difundieron una cifra falsa: 400 millones de dólares. En septiembre de 1993, el oficial mayor de Secofi, responsable del ejercicio presupuestal de esa secretaría, rindió un informe al Congreso mexicano en el que precisó en detalle los gastos: durante los tres años que duró la negociación, incluyendo asesoría legal, cabildeo y estudios económicos, se erogaron 107.5 millones de pesos, el equivalente a 35 millones de dólares. La mayor parte de esos gastos se destinó al pago de abogados. El monto representó menos de la décima parte de la cifra que la oposición había difundido. Era un gasto muy menor, comparado con lo que otros países con importantes relaciones comerciales y económicas invertían en el mismo rubro.

Tanto en la difusión de nuestras actividades como en los trabajos para lograr el TLC, evitamos presentarnos con una actitud de peticionarios, víctimas o dependientes. Al promover campañas sobre México en Estados Unidos, pusimos por delante los avances en nuestra estrategia de desarrollo: democratización, protección a los derechos humanos, eliminación del déficit fiscal, abatimiento de la inflación, privatización por subasta pública, aumento del gasto social, liberalización unilateral del comercio, protección decidida a la ecología, y el apoyo a la organización popular a través del programa de Solidaridad. Destacamos la enorme fuerza de nuestra cultura. Promovimos la imagen de México a través de exhibiciones, coloquios entre intelectuales y campañas de turismo. Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Turismo, desarrolló una labor intensa, inteligente y eficaz para fortalecer la presencia de México.

Uno de los miembros más poderosos del Congreso era el representante Dan Rostenkowski, quien encabezaba el Comité de Medios y Arbitrios. Dentro de ese comité sesionaba el subcomité de Comercio Internacional, encargado de realizar audiencias sobre el Tratado. Rostenkowski representó un apoyo esencial. Nos hizo saber que los opositores lo visitaban continuamente y estaban muy activos en el Congreso; en cambio, no escuchaba voces a favor del TLC. Para nosotros era difícil promover visitas directas a congresistas pues se corría el riesgo político de una denuncia contra supuestas intromisiones de mexicanos en el proceso legislativo estadounidense. Entonces actuamos para movilizar a los norteamericanos. Por su parte, el senador demócrata Lloyd Bentsen, Presidente del Comité de Finanzas, con quien Pedro Aspe tenía una estrecha relación, nos expresó su preocupación pues había escaso optimismo ante los posibles resultados. Quienes nos apoyaron de manera destacada fueron los demócratas Bill Bradley, Kika de la Garza, Ortiz, Bustamante y Fuster. Por el lado republicano, destacó la ayuda del congresista de Arizona Jim Kolbe, quien más tarde sería el coordinador de su partido para la promoción del Tratado.

El 27 de febrero de 1991 el Congreso de Estados Unidos autorizó al presidente Bush el fast track en la negociación con México.3 Sin embargo, la autorización de la vía rápida a Bush fue efímera. Y es que la autoridad para negociar mediante el fast track tenía como base una legislación aprobada en 1988, y cuya vigencia era por tres años. Expiraba en junio de 1991. La ley facultaba a Bush a pedir una extensión, si lo hacía antes de finalizar marzo. Sólo quedaban unas semanas. Había que desplegar todo un esfuerzo adicional para lograr que el Congreso volviera a autorizar la vía rápida para el TLC, que también se requería para la negociación del GATT, empantanada en Ginebra desde diciembre de 1990. ¡Y todavía no iniciábamos la parte sustantiva de la negociación!

Actitudes hostiles en el Congreso Americano.

Mientras tanto, el proceso generaba actitudes diversas entre los congresistas norteamericanos. El 7 de marzo Bentsen y Rostenkowsky publicaron una carta abierta dirigida a Bush; mediante esa carta consiguieron, con gran habilidad, que los miembros del Congreso no se manifestaran anticipadamente sobre la vía rápida para el TLC pues de haberlo hecho, hubieran «congelado» su voto, y en ese momento la votación se consideraba perdida.4 Otros miembros del Capitolio lanzaban contra México expresiones de tintes intervencionistas. El 8 de marzo, unos congresistas distribuyeron un comunicado entre sus colegas donde los convocaban a decir «no» a la vía rápida:

De paso, agregaban comentarios que pretendían ser benevolentes: «No debería permitirse a las compañías extranjeras que exploten a las masas desempleadas y paupérrimas de México, una nación pobre». Comentarios como éste se escucharían a lo largo de los siguientes tres años, cuando menos mientras duró el proceso de negociación y aprobación del TLC.

Los autores del comunicado incluían la pretensión de intervenir en nuestros asuntos internos: que Estados Unidos «la más poderosa república democrática en el mundo», se asegurara de que en las elecciones mexicanas hubiera libertad, requisito «fundamental para cualquier tratado económico libre». Eran problemas de lo que nunca se habían ocupado y que ahora, súbitamente, provocaban su alarma. En realidad, detrás de las palabras de esos congresistas se escondían ambiciones intervencionistas., los denunciamos. Ellos trataron de sorprender mediante un acto público contra el TLC en el seno del Congreso. Como contraparte, los legisladores afines al tratado convocaron el 12 de marzo a un foro sobre la vía rápida y el libre comercio, «para discutir los beneficios de un Tratado de Libre Comercio de América del Norte». A la convocatoria reunió a congresistas tan importantes como el senador Bentsen y los representantes Gibbons, Kolbe y Richardson. A ellos se sumó la participación de Serra y Carla Hills, así como de académicos como Rudy Dornbusch del Instituto Tecnológico de Massachusetts. El 17 de febrero, Bentsen publicó un artículo en el que de manera contundente hizo ver que el Tratado era una oportunidad que los Estados Unidos no podían dejar pasar «El Presidente Carlos Salinas de Gortari continúa con el proceso de cambio de la economía mexicana, abatiendo la inflación más de cinco veces desde 1988, reduciendo la deuda externa, vendiendo empresas públicas improductivas y eliminando barreras al comercio... La decisión del gobierno de Salinas para abrir la economía y negociar un Tratado de Libre Comercio presenta una oportunidad histórica que debemos aprovechar». 5

Para informar sobre el debate en ambos países. Secofi reprodujo en marzo estudios realizados por consultorías independientes. Como se detallan más adelante. Dichos estudios destacaban que el TLC «tendría un impacto positivo y sustancial en la economía mexicana, en beneficio del ingreso real y del empleo en el país».

A fines de marzo de 1991 hicimos un balance, a partir de un documento integrado el 27 de ese mes. Incluía un diagnóstico claro sobre la situación en los Estados Unidos, las campañas a favor del TLC, y los acontecimientos recientes en el Congreso americano, así como una evaluación del Congreso mexicano, y un plan de las acciones a desarrollar luego de la entrevista con Bush y Mulroney prevista para abril en la región central de los Estados Unidos.

Un poco antes de la victoria de la Guerra del Golfo, e18 de febrero Henry Kissinger le había dicho a Jaime Serra que ante el inminente triunfo del presidente Bush, el Partido Demócrata se vería forzado a buscar una bandera que levantara su presencia política nacional: el proteccionismo selectivo, concluyó Kissinger, era precisamente esa bandera. Ante esa perspectiva, concluimos que era esencial evitar que los opositores al TLC pudieran dividir el voto por el fast track: por una parte, el voto a favor del GATT; por la otra, un voto en contra del TLC. Sabíamos que preparaban una iniciativa para propiciar esa fractura. Debíamos buscar a toda costa que se votara como un paquete, pues sólo así el rechazo al TLC también significaría rechazar al GATT. Hacerlo pondría en evidencia un actitud proteccionista mundial y privaría a su Ejecutivo de las facultades para negociar multilateralmente. La batalla duraría hasta el 31 de mayo, fecha en que se votaría la ampliación del fast track en el Congreso de los Estados Unidos.

Por otra parte, sabíamos que los grupos que apoyaban al TLC habían discutido su cabildeo. Frente a esto, en marzo el representante demócrata Bill Richardson publicó un artículo en el Washington Post. Richardson llamaba la atención sobre la necesidad de que un grupo bipartidista del Congreso, junto con miembros de la administración de Bush y otros grupos, promoviera el TLC. Richardson fue concluyente:

Más adelante abordó un punto que por muchos años persistió en el panorama: «Algunos en los Estados Unidos aseguran que un Tratado de Libre Comercio exacerbará el flujo de drogas hacia este país. El hecho es que México, bajo la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, ha fortalecido notablemente la cooperación con los Estados Unidos en el frente contra las drogas».7

El equipo de Secofi, en particular el que operaba en Washington, actuó con gran eficacia al llenar el aparente vació dejado por las autoridades estadounidenses. Sólo durante el primer trimestre nuestros representantes visitaron a 112 congresistas, sin excluir a ningún integrante de los Comités decisivos. En marzo contactó a 146 miembros, 36 del senado y 110 de la Cámara de Representantes. Había un plan de acción detallado y una ruta crítica para atenderlos durante nueve semanas. Se asignó con cuidado a los funcionarios mexicanos más apropiados par las entrevistas, y se involucró en la tarea a los empresarios. Su eficacia fue tanta, que algunos miembros del grupo norteamericano comentaron que estábamos exagerando en el cumplimiento de nuestras tareas. Tal vez fue así. Porque finalmente despertaron. Durante febrero y marzo el Congreso realizó más de diez audiencias sobre México en TLC y el fast track.

El sector privado de los Estados unidos no había emprendido el inicio de sus actividades de apoyo, a pesar de que se lo habíamos solicitado de manera insistente a través de COECE. Sólo habían enviado una carta en febrero. Eso era del todo insuficiente. Al vincular la causa de la Ronda Uruguay con el TLC, y ante nuestras acciones de cabildeo, a comienzos de marzo se logró que el empresariado norteamericano actuara con vigor a través del Business Round Table, la US Chamber of Commerce, el Emergency Committee for Action on Trade (ECAT) y el US México Business Council. Aportaron una estrategia novedosa: recurrieron a las bases de apoyo (grassroots) de los propios congresistas, mediante administradores y empleados de sus fábricas y plantas localizadas en sus distritos electorales; también realizaron visitas directas a los miembros del Congreso. Habían tomado el compromiso de respaldar por igual la Ronda Uruguay y el TLC.

Por mi parte. Me entrevisté con congresistas norteamericanos de visita en México. En particular con Jim Kolbe y el senador demócrata Bill Bradley, quien se convirtió en una formidable ayuda durante todo el proceso.

Este ambiente legislativo tan complicado, se vino a embrollar aún más con la zozobra social que empezó a generar en los Estados Unidos la recesión económica. Sólo durante marzo se habían perdido más de 200,000 empleos. Para principios de abril, en la prensa norteamericana se reportaba el nivel de desempleo más alto en cuatro años. La recesión empeoraba.

En abril, una gira estratégica por los Estados Unidos y Canadá

En ese contexto, inicié una gira por siete días por los Estados Unidos. Recorrí 10,000 kilómetros para visitar siete ciudades. Me entrevisté con Jefes de Estado, presidente de universidades, trabajadores, dirigentes de empresas, intelectuales y artistas. La reunión más importante, sin duda, tuvo lugar al inicio de la gira, el 7 de abril de 1991, en Houston. Ahí me entrevisté una vez más con el presidente Bush. Le expresé mi preocupación por la posibilidad de separar el voto del fast track. El argumento principal fue similar al que utilizamos a lo largo de las diferentes etapas vividas durante la negociación de la deuda: había mucho en juego. Pues el gesto de confianza y amistad del gobierno mexicano no estaba exente de riesgos. La opinión pública mexicana, le hice ver a mi interlocutor, reaccionaría muy negativamente si fracasaba esta iniciativa. Los avances en la relación bilateral se verían afectados de una manera muy adversa. Bush fue muy receptivo a mis argumentos. El proceso, me dijo, les interesaba tanto como a nosotros. Al final del diálogo, obtuve una confirmación indispensable: no habría divorcio en la vía rápida para la Ronda Uruguay y el TLC.

En mi equipo había sugerencia en el sentido de plantear una fecha límite para la negociación; me pareció, sin embargo, que si esa negociación no se había iniciado en los hechos, mal podíamos proponer una fecha de cierre. Sabíamos que de renovarse el fast track duraría sólo dos años. Visto así, 1993 sería la fecha límite para presentar el TLC al Congreso (90 días calendario antes del vencimiento de su autorización). La aparente ventaja de fijar un término deseable similar a la fecha límite implicaría que todos correrían a exigir concesiones de último momento para obtener los votos. En cambio, si fijábamos una fecha anterior a la «natural», daríamos la impresión de tener prisa y cuando eso sucede el que exige premura tiene para hacer más concesiones. El equipo insistía en que el TLC debía estar terminado para diciembre de 1991, para evitar que su aprobación se mezclara con el proceso de sucesión presidencial en los Estados Unidos, prevista para 1992. Debido a su enorme complejidad, la negociación se prolongó mucho más allá de lo previsto y no pudimos evitar que eso sucediera.

Durante nuestra entrevista en Houston, Bush me comentó que, en cuanto concluyera la guerra del Golfo, iniciaría una campaña personal con los líderes del Congreso para promover la vía rápida. Había procedido con los dirigentes del sector privado mediante llamadas personales para que actuaran. Además, había fijado públicamente su posición favorable al TLC, en particular ante los líderes hispanos. Por su parte, la Oficina de Relaciones de la Casa Blanca había comprometido ya los votos a favor de más de 150 representantes republicanos. Estimada que cuando menos el 70% de los republicanos darían sí al TLC Además, más de 80 demócratas le habían ratificado su apoyo al libre comercio.

Al término de mi encuentro en Houston, envié un mensaje a nuestros opositores en los Estados Unidos: «El Tratado es una oportunidad histórica excepcional y difícilmente repetible». De ahí volé a Canadá para realizar una visita de estado con el primer ministro Mulroney. Presenté ante el Parlamento canadiense mi posición sobre el significado del TLC. Como muchos congresistas canadienses tenían relación directa con sus homólogos estadounidenses en los estados fronterizos, le planteé la posibilidad de promover su voto. La respuesta fue positiva. En Montreal, me alentó mucho recibir el apoyo para el TLC del premier de Quebec, Robert Bourassa, quién se mostró positivamente asombrado ante las reformas económicas mexicanas.

Volé de regreso a la Unión Americana. En la Universidad de Harvard tuve un encuentro con la Sociedad de Editores de Periódicos de los Estados Unidos. Participaron más de 500 miembros. Muchos de ellos me hicieron preguntas incisivas sobre el significado del TLC, las leyes laborales en México y los acontecimientos en Europa del este. Aproveché el foro para señalar que la vecindad geográfica con Estados Unidos había tenido momentos difíciles, incluso traumáticos, lo que explicaba nuestra actitud en el pasado. Ahora, les dije, existía la posibilidad de una relación de nuevo tipo, que respetara las diferencias y enfatizara las coincidencias. Manifesté mi reconocimiento a la actitud del presidente Bush y su equipo. Les hice ver que nuestros connacionales, sobre todo los que miraban y convivían en la frontera, sabían que sí podíamos trabajar juntos, que en los hechos podríamos cooperar.

En ese foro tan importante insistí en que una oportunidad como la que se abría con el TLC se presentaba pocas veces. En realidad, afirmé, la negociación del Tratado buscaba cambiar los términos de una relación compleja y sin duda difícil. El cambio más importante estaba ya en la disposición e los mexicanos de construir una relación de nuevo tipo con los Estados Unidos; se requería una actitud similar en el ánimo de los norteamericanos. Por eso, enfaticé, no entenderíamos que se aprobara la vía rápida para el GATT y se rechazara para el TLC. Coincidí con ellos en los cambios en el mundo nos exigían ser competitivos. Por último, le compartí el reclamo de los mexicanos por alcanzar mejores niveles de vida. Esta exigencia nos obligaba a emprender nuevas iniciativas, como la del TLC. La seguridad para creer en nuestra fortaleza soberana estaba a la vista: éramos una nación con más de 3,000 años de cultura.

Les pareció paradójica mi afirmación: «Sólo cambiando mantendremos lo que es más importante para nosotros: permanecer como mexicanos». No era una propuesta «gatopardista». Simplemente sabíamos que el cambio era indispensable para conservar nuestra identidad. Señalé que para estar en la contienda comercial había que abrirse a los mercados, pues de esa manera aumentaba la eficiencia productiva: el que no era competitiva ponía en riesgo su viabilidad como nación soberana. Reconocí que la competitividad no dependía de ventajas comparativas rígidas; esas ventajas se podía construir, como las estaba construyendo Europa con la unificación prevista para 1992. A manera de ejemplo, les comenté que la presencia comercial de Japón en los mercados dependía de la complementariedad alcanzada con sus vecinos asiáticos: más del 35% de los productos manufactureros japoneses eran producidos junto con otras economías asiáticas; en Estados Unidos, en cambio, el porcentaje de producción compartida era sólo del 5%. Ahí estaba el gran potencial del TLC, en la complementariedad de nuestras economías. Además, el Tratado daría certidumbre en las reglas y permanencia a las decisiones y políticas tanto en México como en Estados Unidos y Canadá.

Reconocí los avances promovidos en México por mis antecesores, con la apertura política de los setenta y la apertura comercial iniciada en los ochenta. Hablé de los cambios que empezaban a darse en la vida política mexicana y que los propios estadounidenses habían reconocido a través de los medios de comunicación, al dar cuenta del acceso de la oposición, por primera vez en la historia modera del país, al gobierno de varios estados de la República. Acepté la necesidad de atender las preocupaciones de muchos norteamericanos ante el riesgo de perder su trabajo; pero los empleos que no se generaran en México, les recordé, tampoco se iban a crear en Estados Unidos sino en el sureste asiático.

Afirmé que deseábamos más ocupación con mayores salarios, sin renunciar a la vigencia de nuestra ley laboral rechacé el espejismo de un crecimiento económico a coste del medio ambiente; el empleo «sucio» podía contar en las estadísticas pero en los hechos disminuía el bienestar: «Debemos pensar sobre todo en las siguientes generaciones», les dije. Compartieron mi preocupación cuando les relaté que los niños de la Ciudad de México pintaban el cielo gris sin estrellas, porque no podrían verlos a través de un aire tan contaminado. «Queremos exportar bienes y no personas», dije para terminar. El auditorio escuchó con interés esta definición de motivos del TLC.

En Chicago, dialogué personalmente con Dan Rostenkowsky. Fue un encuentro importante para las dos partes, pues una fábrica mexicana tenía proyectos de inversión junto con la principal empresa norteamericana ubicada en su distrito electoral; dicha empresa había creado ya más de 300 empleos con sus exportaciones hacia México. Al destacar ese hecho, le dimos una gran fuerza a Rostenkowsky ya sus argumentos en favor del TLC. Más tarde, durante mi visita al Chicago Mercantile Exchange, los «corredores» lanzaron vivas ante la perspectiva del TLC.8 En esa gran ciudad, dos de los eventos más importantes fueron las visitas a la Cámara Hispana de Comercio ya la zona mexicana conocida como La Villita, donde por primera vez asistía un presidente mexicano. Fue de especial relevancia la reunión con los integrantes de MALDEF (Fondo para la Liga México-Americana de Defensa), ante quienes expliqué las ventajas que tendría el Tratado para la comunidad hispana.

Finalmente, visité Texas. En San Antonio destaqué el papel de la comunidad México-americana en la ratificación del TLC. Puse especial relevancia en algo que consideraba fundamental y que los hechos confirmarían, años después: «Será más fácil acceder al bloque europeo y al de la cuenca del Pacífico si partimos de una región de América del Norte integrada comercialmente». En Austin intervine ante el congreso del Estado; era la primera ocasión en la historia en que escuchaban al Presidente de México en la legislatura de Texas. Después, en la Universidad ratifiqué mi compromiso de trabajar en el cuidado del medio ambiente fronterizo. Durante la visita consolidé el apoyo de la gobernadora demócrata Ann Richards. Su entusiasmo fue excepcional. Durante nuestro diálogo privado, Richards me hizo una reflexión singular: «El mejor escenario para ustedes - me dijo- es negociar el TLC con un presidente republicano y someterlo a la aprobación del Congreso con un presidente demócrata». Sus palabras resultaron proféticas.

Construyendo apoyos entre la comunidad mexicano - americana.

El apoyo al TLC de las comunidades hispanas de Estados Unidos era fundamental. Además, México tenía un interés estratégico y de largo plazo en fortalecer sus relaciones con ellas. Decidí consolidar nuestros acercamientos. Veinte millones de estadounidenses de origen mexicano, unidos a los demás grupos de origen hispano, se perfilaban rápidamente para convertirse en la primera minoría en los Estados Unidos, superior en número a los americanos de origen africano; para entonces los hispanos ya podían inclinar la votación en 110 distritos electorales. Se encontraban principalmente en el sur de Estados Unidos, en California pero también en Nueva York, Nueva Jersey, Illinois y en Florida. En Estados Unidos, catorce congresistas eran de ascendencia mexicana; también lo eran alrededor de 200 legisladores estatales y unos 5,000 funcionarios públicos electos. Los mexicano-americanos constituían una comunidad formidable de gente digna y trabajadora.

Desde el inicio de mi administración había establecido contacto directo con grupos de origen mexicano. Durante mi primera visita a Washington, D.C., en 1989, me reuní en la Casa Blair con los diez líderes hispanos más prestigiados. El embajador Gustavo Petricioli desempeñó una labor muy eficaz en la construcción de esas relaciones. Raúl Yzaguirre, Director Ejecutivo del Consejo Nacional de la Raza, una de las organizaciones hispanas más serias e importantes en los Estados Unidos, tenía gran representatividad y jugó un papel decisivo. En enero de 1990 lo recibí en Los Pinos para consolidar su apoyo.

De manera innovadora, la Secretaría de Relaciones Exteriores estableció desde el primer año de mi gobierno un programa para estrechar vínculos con las comunidades mexicano-americanas en los Estados Unidos. La Secretaría también redobló el apoyo consular a mexicanos en Estados Unidos y estableció la Dirección General para las Comunidades Mexicanas en el Extranjero. Su director general, Roger Díaz de Cossío, organizó actividades culturales y promovió eventos con mexicano-americanos y mexicanos en los Estados Unidos; esta labor resultó fundamental en los meses y años siguientes.

El primero de abril de aquel 1991, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), celebró un convenio con el notable luchador social Cesar Chávez y su United Farm Workers of America. Su objetivo era ofrecer servicio médico a familiares de trabajadores migrantes mexicanos establecidos en los Estados Unidos y que estuvieran representados en alguna agrupación laboral de ese país. Guardo como un valioso recuerdo el libro que Chávez me obsequió y en donde narraba su intensa y comprometida labor, y en particular la importancia del ayuno en sus luchas.

Entre la comunidad hispana, la promoción de México no se limita al aspecto económico; también se ocupó, de manera amplia, de lo político y cultural. En esta labor jugaron un papel primordial los consulados mexicanos, a los que mi gobierno impulsó como activos promotores de los intereses de México y de los derechos de nuestros connacionales. Durante el gobierno llevamos a 40 el número de consulados en ese país. Alentamos la creación de 16 Institutos y Centros Culturales mexicanos en las principales ciudades de Estados Unidos. Impulsamos negocios entre empresarios del país y mexicano-americanos; incrementamos el intercambio entre educadores de las comunidades hispanas y mexicanas, y distribuimos en Estados Unidos materiales didácticos, educativos y culturales sobre México. A finales de abril de 1991, la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió en México a una importante delegación de líderes hispanos.

Otorgamos reconocimientos públicos a norteamericanos de origen mexicano que se hubieran distinguido en esa gran nación. Así, en una emotiva ceremonia en Los Pinos, en diciembre de 1991, se les entregó el Aguila Azteca, nuestra máxima condecoración, a Blandina Cárdenas ya Antonia Hernández. Se habían destacado en el área educativa y en la de los derechos humanos y civiles. También a Luis Leal, cuyas actividades literarias y docentes lo habían llevado a ocupar un sitio de honor entre los profesores. Todos ellos mantenían vivo el orgullo de sus raíces. En febrero de 1993, condecoré en grado de encomienda a Gloria Molina ya Raúl Yzaguirre, por su reconocida contribución al mejoramiento de la calidad de vida de sus conciudadanos en los Estados Unidos. Posteriormente se le concedió esta misma condecoración a Bill Richardson, el destacado congresista de origen mexicano-americanos.

La economía norteamericana en declive y también el apoyo al TLC.

En abril de 1991 una encuesta mostró que 81% de los estadounidenses consideraba poco favorable su situación económica. Prácticamente ignoraban todo sobre el Tratado, pero cuando se les presentaban argumentos en pro y en contra más de la mitad de ellos terminaban por manifestarse adversos a su realización. El momento recesivo en la economía de los Estados Unidos propició que el público apoyara los argumentos más radicales en contra del Tratado.9

Mientras tanto, entre el 16 y el 18 de ese mes, Jaime Serra y Mosbacher realizaron otra gira conjunta de promoción, ahora dentro de la República Mexicana. Empezó en Mérida y continuó en Veracruz, Monterrey, Chihuahua y Guadalajara, entre otras ciudades. Al mismo tiempo, en los Estados Unidos se daba un paso audaz en el terreno de las relaciones con el Congreso, particularmente con los demócratas. La prensa estadounidense anunció que un ex asesor del Senador Bentsen, Joseph O'Neill, pasaba a formar parte del grupo de «loobistas» contratado por México. El 29 de abril, David Gergen –quien más tarde sería asesor político del presidente Clinton– publicó un artículo especial en U.S. News and World Report. El artículo, titulado «No digas no a México», enfatizaba las virtudes del Tratado: «Llevará a las naciones de Norteamérica a una poderosa alianza económica –decía Gergen–, galvanizará a las de América del Sur para que se unan al mercado mundial. Es una oportunidad dramática. .. Salinas considera que sólo abriéndose al mundo puede México pasar del siglo XIX al XXI. Es el dirigente mexicano más progresista de nuestro tiempo». Por su parte, miembros del sector privado nacional viajaron por 19 ciudades norteamericanas para realizar labores de apoyo junto a la Cámara de Comercio de ese país.

Mayo de 1991: aprobada la vía rápida.

A principio de mayo la acción de mi gobierno en Estados Unidos aumentó a petición de los norteamericanos. En muchos casos, los funcionarios mexicanos se combinaban con miembros del Departamento de Comercio, mientras las autoridades locales hacían lo propio con los consulados mexicanos con el objeto de promover la vía rápida en favor del Tratado.

En México, a pesar del pesimismo sobre la aprobación de la vía rápida, Serra tenía listos más de 100 estudios sobre nuestros sectores productivos para determinar exactamente qué se podía negociar, qué pedir y qué conceder.

El debate del fast track puso el tema mexicano en las primeras planas de los medios de comunicación. Pero no necesariamente con la orientación que hubiéramos querido. La AFL-CIO divulgó una videocinta que mostraba los efectos de la contaminación en la frontera y pintaba con los colores más deprimentes la condición de los trabajadores en México.

Gephardt me visitó en mayo. Su presencia resultó más una gira de imagen para sus foros que un intento de comprender lo que sucedía. Mientras tanto, dos dirigentes políticos mexicanos de gran talento, el diputado Guillermo Jiménez Morales y el senador Humberto Lugo Gil, realizaron una intensa labor de cabildeo con el líder de la mayoría del Senado norteamericano, George Mitchell, con el de la minoría, Robert Dole y con Christopher Dodd, senador demócrata cuyo apoyo fue invaluable.

Unos días antes de la votación para la vía rápida, se filtró en los Estados Unidos una noticia falsa: «El jefe de la negociación mexicana -señalaba- considera que 'el fast track no es esencial para el TLC». Éste infundio causó conmoción entre los legisladores que apoyaban el Tratado. Fue un momento muy delicado. La realidad era exactamente al revés: sin vía rápida no negociaríamos, pues representaba dejar abierta la puerta para que cualquier congresista norteamericano introdujera sus preferencias en el texto del acuerdo. De inmediato nuestra embajada en Washington desmintió la noticia. Los enemigos del Tratado estaban dispuestos a recurrir a todo tipo de acciones para impedir que el TLC obtuviera la vía rápida.

El 17 de mayo nos reunimos en gabinete económico para evaluar la perspectiva del voto por el fast track. Lo volvimos a hacer cinco días después, e1 22. Serra insistió en que, de aprobarse, la negociación se haría de manera ordenada, sin precipitaciones y con un período de transición. Para entonces anticipábamos una votación favorable. Dedicamos la sesión a elaborar un calendario día por día de las actividades posteriores a la votación, en particular las de mayor impacto interno, como las dirigidas a reforzar decisiones para la estabilización de precios en el país. En el caso de que la vía rápida fuera rechazada, no queríamos que dentro de México se pensara que habría un relajamiento de las restricciones económicas; sobre todo, no deseábamos que el sector público pretendiera ejercer su presupuesto desordenadamente. La prioridad del Pacto entre los sectores mexicanos consistía en aumentar las exportaciones y evitar aumentos de precios para lograr inflación de un dígito. Incluso llegamos a proponer una campaña de descuentos en tiendas. Nos disciplinamos en el frente interno ante la posibilidad de la victoria externa en la vía rápida.

En el transcurso de los días 23 y 24 de mayo el Congreso de los Estados Unidos aprobó el fast track. En la Cámara de Representantes se emitieron 231 votos a favor y 192 en contra. Entre los senadores, 59 votaron a favor y en contra 36. La mayoría de los demócratas dijo no y la mayoría de los republicanos dijo sí, a pesar de que las dos cámaras estaban controladas por los primeros. El Congreso acompañó el resultado con una resolución que subrayaba la importancia de atender los asuntos laborales y ecológicos. En mayo, los dos gobiernos integramos un memorándum sobre estas dos cuestiones. Se convino que no serían parte integral del Tratado. Este criterio rigió en esas delicadas materias a lo largo de la negociación. Habían pasado ocho meses desde que Bush anunció formalmente que negociaría el TLC.

Junio: de aliados por la vía rápida a adversarios en la negociación de fondo.

Terminó así la primera etapa. Hasta entonces los gobiernos de México y los Estados Unidos habían procedido como aliados para obtener el voto a favor de la vía rápida. Ahora nos íbamos a sentar en lados opuestos de la mesa de negociación a discutir las cuestiones de fondo, los aspectos sustantivos del tratado comercial. Había llegado el momento de precisar con claridad, al interior del gobierno mexicano, el contenido de nuestra propuesta.

El 10 de junio se presentó en gabinete económico un documento en el que se detallaban los contenidos y la mecánica para la negociación del TLC. Entre los aspectos más importantes, resaltó el tema de la apertura del campo. El caso del maíz exigía una de las decisiones más delicadas. Analizarlo demandó mucho tiempo y un gran esfuerzo de coordinación entre el gobierno y los productores rurales. En aquella sesión se comentó que, de abrir la importación de maíz, se requeriría en consecuencia un programa bien definido para apoyar la productividad y los ingresos de los campesinos mexicanos. Mantener una actitud proteccionista hacia esa actividad sólo conseguiría prolongar la pobreza en el campo. De darse la apertura del maíz su fecha de inicio debía contemplar el horizonte más largo, pues no se trataba sólo de un problema de productividad sino también de una conflictividad social y política. Tocamos el tema de las reglas de origen: era indispensable precisarlas para evitar convertirnos en un mero trampolín hacia los Estados Unidos de la producción de otros países. Sin embargo, sabíamos que reglas de origen muy rígidas - que exigían un porcentaje elevado de partes domésticas-desestimularián la inversión extranjera, específicamente la japonesa.

En cuanto al sector financiero, Aspe señaló que dado que se encontraba en proceso de privatización debíamos postergar su apertura lo más posible, tanto en la negociación como en la instrumentación. Aquí había que reconocer el problema de la reciprocidad, pues en Estados Unidos el sector financiero estaba regido por una legislación restrictiva y proteccionista arrastrada desde los años treinta. Por su parte el secretario de Programación y Presupuesto, Ernesto Zedillo, expresó su apoyo y manifestó que el TLC permitiría que la dimensión del mercado nacional no representara un obstáculo al crecimiento.

El TLC, de acuerdo a Zedillo, era más que un acuerdo comercial, pues permitiría acelerar el crecimiento al elevar la inversión productiva del exterior; al mismo tiempo, admitió, contribuiría a solucionar el problema del insuficiente ahorro interno del país. El secretario del Trabajo apoyó la propuesta de Secofi, resaltó las implicaciones legislativas de la negociación y comentó la necesidad de reforzar nuestra verificación del cumplimiento de la ley laboral. El jefe de la Oficina de Coordinación de la Presidencia, José Córdoba, llamó la atención sobre sectores que no contemplaba el acuerdo entre Canadá y Estados Unidos; esto significaba que en ciertos aspectos el TLC iba a resultar bilateral y en otros trilateral. Córdoba planteó el dilema entre terminarlo a tiempo o hacer una negociación responsable y completa. Insistí en que la sustancia era prioritaria sobre los tiempos; además, señalé la necesidad de que se reconociera la asimetría de la economía mexicana frente a las de Estados unidos y Canadá.

Respecto a este punto, Serra expresó, con razón, que la clave estaba en que esa asimetría se reconociera a través del Sistema Generalizado de Preferencias. Ése iba a ser un tema central en la negociación.

Cada uno de los secretarios que formaban para del gabinete económico se manifestó con entusiasmo a favor de la propuesta de Serra sobre el contenido de la negociación. El Secretario de Relaciones Exteriores, invitado a esa reunión, también expresó su anuencia, lo que consolidó el frente gubernamental. Serra inició la negociación con un completo apoyo dentro del gobierno.

Una vez aprobada la vía rápida y ante el inicio de las negociaciones ofrecí un mensaje a la nación. Nuevamente enfaticé que se negociarla con prudencia y sin precipitaciones. Lo principal consistía en que nos sentaríamos á la mesa como nación soberana. Insistí, como tema recurrente, en que el Tratado era «un medio más entre las diversas acciones requeridas para nuestro desarrollo». Había conversado con el presidente Bush para detallar el inicio inmediato del proceso.

Pronto se confirmó lo dicho: luego de actuar como aliados en el fast-track, México y los Estados Unidos pasamos a convertirnos en adversarios durante la negociación sustantiva y los norteamericanos nos lo hicieron sentir de acuerdo a su estilo con rapidez y rudeza. Prácticamente el mismo día de la aprobación de la vía rápida, la revista Proceso publicó un memorándum atribuido al embajador de Estados Unidos en México. En ese documento, cuya filtración no podía haber sido accidental, el embajador informaba a su país que con el TLC se lograría «institucionalizar la aceptación de una orientación estadounidense en la política exterior de México».10 La afirmación no Sólo era falsa sino inaceptable. El mismo día el canciller citó al embajador norteamericano y le pidió una explicación. Además, en una declaración pública, Solana calificó de «absurda» la pretensión manifestada en ese memorándum. La opinión pública exigía pruebas que descalificaran ese documento. La filtración le vino como anillo al dedo al ingeniero Cárdenas, quien a los pocos días marchó a Washington, D.C., a una reunión con los opositores al Tratado. De inmediato declaró que el Tratado no representaba otra cosa que «la subyugación de México ante Estados Unidos y Canadá».11 Los hechos habrían de probar muy pronto lo contrario.

Sin embargo, en Estados Unidos una lectura poco cuidadosa de varios indicadores hicieron suponer a algunos sectores que el ambiente político parecía favorable al Tratado. Después de la victoria en el Golfo, el presidente Bush obtenía niveles de aprobación pública insospechados, superiores al 90%. Su reelección se consideraba un hecho. La vía rápida había logrado Consenso entre los editorialistas, las principales agrupaciones empresariales, las asociaciones más importantes de hispanos y los principales dirigentes partidistas. De todas maneras, dos de cada tres demócratas habían votado contra la vía rápida. Esa proporción desfavorable al TLC la utilizó siempre de forma coactiva la delegación estadounidense, Con el fin de obtener más concesiones. En México, sin embargo, la inversión internacional actuaba cada vez Con mayor optimismo. En 1991, Mercedes Benz anunció la construcción de una planta en nuestro país; era la segunda ocasión que lo hacían fuera de Alemania.

Ante la euforia que empezaba a despertar la perspectiva del Tratado y la muy difícil negociación que teníamos por delante, Donaldo Colosio advirtió en Guanajuato: «No va a ser fácil». Colosio reconoció que, de aprobarse, el Tratado representaría un reto trascendental, debido a las nuevas condiciones de competencia que iba a propiciar. Sin embargo, reiteró la conveniencia de participar en él. Mientras Cárdenas pasaba de los Estados Unidos a Canadá y promovía el rechazo al TLC, Serra y la negociadora Carla Hills participaron en un programa de televisión norteamericano de cobertura nacional para explicar las características del Tratado.

Inicio formal de las negociaciones.

El 12 de junio de 1991, en Toronto, Canadá, se inició formalmente la negociación trilateral. Habían pasado 16 meses desde que Serra le propuso el Tratado a Caria Hills en Davos. En Toronto se reunieron oficialmente por primera vez los representantes de los tres gobiernos: Jaime Serra, Caria Hills y Michael Wilson. Era un paso sin retorno. La delegación norteamericana llegó a las negociaciones con el poderío del país vencedor en la Guerra Fría. Los canadienses venían con la gran experiencia obtenida durante cuatro años de negociaciones para alcanzar su propio Acuerdo bilateral con Estados Unidos. Nuestros negociadores, los de menor experiencia, provenían de un país del sur en vías de desarrollo. Pero nosotros éramos quienes teníamos más que ganar - y, en la derrota, los que más podíamos perder. El equipo mexicano llegó a la mesa de negociación con una moral muy alta, sustentada en el reconocimiento internacional a los avances de México y en la cohesión interna. Sus integrantes sabían que, como en toda negociación, había que hacer concesiones; el resultado podría no ser exactamente el deseado, pero su requerimiento mínimo era que no se apartara de los principios establecidos y respondiera a las exigencias de los mexicanos. Por mi parte, tenía confianza en su enorme talento, en su comprensión de los aspectos más detallados, en su visión del conjunto, y sobre todo en su acendrado patriotismo. Era un equipo excelente. Jaime Serra mantenía constante comunicación conmigo. El intercambio directo resultó indispensable.

Para complementar la labor del equipo con iniciativas políticas, Colosio estuvo en Washington D.C., hacia junio, en diálogo con líderes del Senado americano. Su trabajo dio fortaleza política al proceso. Al regreso de la reunión de Canadá, Serra anunció públicamente que la negociación comprenderla seis grandes áreas: acceso a mercados; reglas de comercio; servicios; inversión; propiedad intelectual; y mecanismos de solución de controversias. Este último punto era uno de los más trascendentes del TLC; su resultado debía ser, cuando menos, similar al que habían alcanzado Canadá y Estados Unidos, según nos había alertado un miembro de la Corte Permanente de Arbitraje Internacional de la Haya. Los seis temas se repartieron en 18 grupos de trabajo.

La negociación procedería en tres niveles: el ministerial, encabezado por Serra y sus contrapartes Hills y Wilson; el de los responsables directos de la negociación, coordinado por Herminio Blanco (sus contrapartes serían Julius Katz por Estados Unidos y John Week por Canadá); por último, un tercer nivel encabezado por funcionarios directamente responsables de las áreas competentes. La COECE dio a conocer de inmediato a los representantes empresariales que participarían en cada uno de los 18 grupos. Por último, Serra reiteró la intención de acudir a los términos del Sistema Generalizado de Preferencias, como base de la negociación en lo referente al reconocimiento de las asimetrías en los distintos grados de desarrollo de las partes.

A lo largo de los 14 meses que duró la negociación se efectuaron siete sesiones de nivel ministerial y 11 de jefes de negociación; asimismo, se contabilizaron 218,241 reuniones de grupos específicos. Los asuntos más polémicos fueron los relativos a la industria automotriz, la agricultura, los textiles y la solución de controversias. El tema financiero se discutió al final. Pero sin duda, la materia que mayores tensiones provocó fue la que en realidad nunca estuvo sobre la mesa: la apertura en la propiedad y el control sobre el petróleo.12

A la mitad de junio el dirigente de los trabajadores telefonistas, Francisco Hernández Juárez, hombre con una gran presencia entre los movimientos obreros independientes, invitó a todos los sindicatos y organizaciones obreras del país a participar de manera activa en las negociaciones del TLC. Su lógica fue impecable: «De otra manera - afirmaba el líder- nuestros intereses no serán considerados ni tomados en cuenta». Pidió no dejar solo al gobierno en la defensa de esos intereses; eso, subrayó, le restaría capacidad de negociación al país. Además, Hernández Juárez promovió la creación de una gran alianza entre las organizaciones sindicales de las más importantes compañías telefónicas de México, Estados Unidos y Canadá. A fines de julio, Hernández Juárez se incorporó formalmente al equipo negociador del TLC.13

La presencia de dirigentes sindicales mexicanos en el debate con sus contrapartes estadounidenses y canadienses tuvo un enorme impacto en la negociación. Una de las reuniones más trascendentes para la negociación la lidereó en Chicago Francisco Hernández Juárez. Por otra parte, en mayo tuvo lugar un hecho inusitado: en un artículo en el Wall Street Joumal, Fidel Velázquez manifestó que los trabajadores mexicanos apoyaban las negociaciones del TLC. También se sumaron al equipo negociador dos dirigentes rurales con una larga tradición de lucha: Javier Gil y José Luis Díaz.14

El 17 de junio, Serra informó al gabinete económico sobre la reunión en Toronto. Las directrices básicas se habían cumplido en la primera ronda de negociación. Sin embargo, como lo esperábamos, reapareció la guerra de declaraciones: Carla Hills afirmó una vez más que el petróleo entraría en las pláticas. Serra volvió a desmentirla. Durante la reunión, decidimos reafirmar la propiedad y el control del Estado sobre los recursos naturales en el subsuelo.

En cuanto a la mecánica de trabajo, se precisó en el gabinete que había un solo frente negociador y se ratificó a Serra como el único coordinador. Sobre nuestra presencia ante los sectores norteamericanos, decidimos adoptar un perfil más bajo, en espera de que los Estados Unidos definieran si querían adelantar el ritmo del proceso. Aún nos preocupaba que la negociación se empalmara con la campaña electoral americana; sabíamos que los opositores del Partido Demócrata intentarían achacarle al TLC el descenso de empleos que en los Estados Unidos venía provocando la caída de su economía. También nos inquietaba la proximidad de la Ronda Uruguay del GATT.

En el ámbito interno, era necesario ampliar la información sobre el proceso y atraer a los principales actores económicos, laborales y empresariales hacia los grupos de trabajo. Debíamos lograr, adicionalmente, que en los medios académicos se informara de manera más explícita sobre los avances. También había que profundizar la comunicación con los estados. Se decidió establecer un monitoreo con la prensa del interior de la República y otorgarle a todos los medios mayor documentación. Era particularmente necesario informar de los resultados a los productores del campo.

La recesión norteamericana dificultó enormemente la negociación y el proceso para aprobar el TLC; ante esto, nuestra esperanza era que el Tratado debutara al iniciar la recuperación económica, y conseguir los mayores beneficios económicos y políticos. Así sucedió: el TLC entró en vigor en el momento en que la economía norteamericana alcanzaba el período de crecimiento más largo de su historia. Pero el llamado «error de diciembre» según se verá más adelante, impidió que México obtuviera todos los beneficios previstos.

El 24 de junio nos volvimos a reunir en gabinete económico para detallar nuestra posición en materia de energéticos. La industria petrolera mexicana desarrollaba muchas actividades en las que empresarios mexicanos y extranjeros venían participando desde la nacionalización del petróleo. Ahí había un amplio número de iniciativas que podríamos llevar a la mesa de negociación que no tocaban el tema de la propiedad y el control del petróleo. Era una carta que nos permitiría obtener concesiones para otros productos mexicanos. Sin embargo, teníamos claro cuáles eran los rubros no negociables. Francisco Rojas, Director de Petróleos Mexicanos, a quien convoqué cada vez que se trató el tema del petróleo en el gabinete económico, siempre fue firme y preciso. Siempre defendió los intereses de la nación en esa área estratégica. En esa ocasión, lo reiteró.

Después de la intervención de Rojas, repetí que, además de las restricciones ya fijadas en materia de propiedad y control, no habría contratos de riesgo ni garantía de abasto -a pesar de que en México nunca se habían fijado límites explícitos de exportación de petróleo a los Estados Unidos. En cuanto a trabajos de exploración, había compañías extranjeras que participaban con Pemex desde el pasado. Existía en esas áreas, en consecuencia, un extenso campo de comercio e inversión, sobre todo en materia de servicios. Todas estas actividades se desarrollaban dentro del marco de la Constitución y bajo las restricciones fijadas. Como el petróleo ya era motivo de comercio entre ambas partes, plantear nuevamente el tema hubiera provocado un desgaste innecesario. Preferimos ratificarle nuestra postura inicial a nuestra delegación. Se dispuso que en materia de petróleo ni siquiera participara un equipo técnico en el grupo negociador, para evitar que se enviaran señales equivocadas. Ese día ampliamos la decisión de reforzar la transformación estructural de Pemex: era el mejor medio para defender nuestro petróleo. Sólo un Pemex eficiente sería realmente propiedad de la Nación y estaría al servicio de ella.

Para fortalecer nuestra posición, el 28 de junio invité a las distintas corrientes políticas del país a establecer un mayor intercambio de opiniones sobre el TLC Era un paso más en la construcción del consenso nacional. El PAN respondió positivamente. El PRD puso como condición que se aceptaran sus planteamientos; finalmente se negó a participar en forma directa, aunque lo siguió haciendo como opositor a través de sus legisladores en el Congreso mexicano y de la participación del ingeniero Cárdenas en foros nacionales y extranjeros El presidente del PAN, en gira por Estados Unidos, declaró al Chicago Tribune que apoyarla el TLC si éste lograba el consenso popular.

Diversificación de relaciones para acercar a los amigos distantes.

En el verano de 1991 inicié una gira por Europa. Era necesario promover más intensamente la diversificación. Llegué a Berlín como el primer jefe de Estado latinoamericano que visitaba la ciudad unificada. Ahí expliqué las razones para buscar el acercamiento con Europa: cuando se decide establecer una relación más intensa con un vecino que tiene un papel hegemónico en el mundo -afirmé- conviene acercar a los amigos lejanos, como Europa y Asia. Simultáneamente, en Washington D.C., Herminio Blanco daba la señal de arranque con los grupos de negociación.

El 18 de julio se celebró en Guadalajara, Jalisco, un evento diplomático de la mayor importancia. Como parte de la intensa labor desarrollada para no llegar aislados a la globalización - ya la negociación con el coloso del norte -, se materializó la iniciativa que acordé en julio de 1989 con el rey Juan Carlos de España y el presidente Felipe González. Acudieron a esa hospitalaria ciudad los Jefes de Estado y de Gobierno de todas las naciones iberoamericanas: España y Portugal, Centro y Sudamérica, Cuba y República Dominicana. El diario francés Le monde comentó que el encuentro representaba el nacimiento de la unidad entre los países de Iberoamérica «que buscaban aún su identidad, su propia autonomía frente a las grandes potencias». 15 El desarrollo de ese encuentro dio cuenta cabal de su importancia.

El tema del petróleo introduce tensiones en el gabinete.

El 22 de julio, una vez terminada la primera ronda de negociaciones, volvimos a analizar el tema de los energéticos en relación al TLC.

No deseaba que hubiera confusión alguna respecto a las directrices establecidas. Se prohibió que los miembros del equipo negociador enviaran a los representantes norteamericanos y canadienses cualquier comunicado en el que se mencionara el tema del petróleo, a menos de que éstos tuvieran la aprobación de las instancias superiores. Por otra parte, ante los cambios tecnológicos. Decidimos modificar la definición de «petroquímica básica»; esta decisión fortaleció la producción interna de esos productos y abrió espacios importantes en la negociación.

Pero el tema que más controversia desataba dentro del gabinete económico era el de la restricción existente a la importación de petrolíferos. Pues repercutía en la imposibilidad de reventa de ciertos productos, entre ellos el gas. Francisco Rojas se oponía a la libre importación; Serra, de Secofi, afirmaba que la libertad de comercio contribuiría a promover la eficiencia económica. Ambos esgrimían argumentos válidos. Rojas señaló que la libre importación de gas quebrantarla la unidad de la industria petrolera. Serra repuso que era necesario mantener el dominio petrolero del Estado, pero no a costa de ineficiencias económicas, Como siempre, desde el área presupuestal Zedillo rechazaba la petición del director de Pemex, quien demandaba libertad para conducir sus actividades internas en el marco de las restricciones de la estabilidad macroeconómica. Serra nos informó que Carla Hills nos pedía flexibilidad en el tema del petróleo, para que ella a su vez pudiera mostrarse accesible respecto a las restricciones en materia de productos exportados a precios artificialmente bajos, conocido como dumping. Respondí que en Monterrey habíamos fijado claramente nuestros límites en materia petrolera; mientras los respetáramos, podíamos revisar el antidumping durante la negociación.

Con el objeto de ofrecer una visión, más completa del contexto en el que actuábamos, Aspe informó del debate celebrado recientemente durante la reunión del G-7 en tomo a los apoyos a la URSS, una región prioritaria para los países industrializados. Ese apoyo limitaba la disponibilidad de recursos financieros para el resto del mundo. En realidad, el G-7 debatía, no sin cierto desorden, sobre las ventajas y los inconvenientes de una URSS desmembrada; esto había irritado mucho a Gorbachov, quien se quejó de que no hubiera un programa y de que no le proporcionaron recursos. La impresión generalizada era que Alemania tenía intereses estratégicos en una transición ordenada de la URSS, y que por lo tanto le ofrecería apoyo financiero. Así sucedió. Aspe subrayó que, de no contar con el TLC, difícilmente obtendríamos de otras partes los recursos necesarios para financiar el desarrollo del país. El contexto se complicaba, pues la economía estadounidense seguía en recesión.

En el frente económico interno se llevaba a cabo, mediante un seguimiento quincenal, la revisión de los precios domésticos y su reflejo regional. No pretendíamos reprimir los aumentos, pues eso siempre repercutía más temprano que tarde, en escasez de productos y, por lo tanto, en la elevación de los precios. Se decidió revisar algunos precios de bienes públicos, a pesar de que pronto enfrentaríamos elecciones federales. Las siguientes reuniones del gabinete económico se concentrarían en la economía interna; debíamos preparar el cierre económico del año y el presupuesto de 1992. Se registraban entradas muy fuertes de capitales extranjeros.

En agosto de 1991, Serra participó en la Reunión de Gobernadores de Estados Unidos, celebrada en Seattle; ahí insistió en la necesidad de que se reconociera el distinto grado de desarrollo de las tres economías involucradas en el TLC. La clave estaba en lograr un reconocimiento práctico; éste consistía en mantener el Sistema Generalizado de preferencias. En aquella ocasión, Serra sostuvo una segunda reunión ministerial con Carla Hills y Wilson; durante ella dejaron sentir su presencia algunos organismos opositores al TLC, tales como la organización sindical independiente FAT, la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMAFLC) y otros grupos mexicanos y canadienses. Planteaban la exigencia de atender los aspectos laborales y ambientales; en particular, demandaban que se reconociera la asimetría entre las condiciones económicas de los tres países. Esto jugó a favor de nuestro planteamiento.

A su regreso, Serra informó de inmediato al Senado sobre los resultados obtenidos en los seis temas centrales durante los dos meses y medio de negociación. En esa ocasión, sostuvo debate a fondo con el senador perredista Porfirio Muñoz Ledo. En agosto la fracción parlamentaria del PRD recomendó frenar nuestras acciones, e insistió en regresar a negociaciones producto por producto.16

El 16 de agosto el gabinete económico analizó con cuidado varios temas: compras del sector público, sector automotriz, normas, salvaguardas, antidumping y textiles. Al tratar el tema de la solución de controversias, el gabinete reconoció la excelente propuesta de Serra, una de las innovaciones del TLC, como se verá más adelante. También se planteó la conveniencia de proponer una ley antimonopolio como complemento indispensable de los procesos de privatización y desregulación que llevábamos a cabo. Meses después, esta iniciativa fue sometida al Congreso y se convirtió en una ley innovadora al crear la Comisión Federal de Competencia. Se acordó realizar dos sesiones especiales: una para revisar el tema de la agricultura y otra para abordar lo relativo a servicios financieros. Para terminar con su informe, Serra comentó que había voluntad de avanzar, pero que irremisiblemente continuaría la práctica de las filtraciones desde los Estados Unidos.

Volvimos a revisar el tema de los energéticos en relación con el TLC. Rejas y Serra continuaron la discusión sobre dos asuntos: hasta dónde se reclasificarían los petroquímicos básicos, y si convenía o no importar libremente el gas natural. Serra argumentaba, con razón, que dada la escasez de gas y la sobreoferta doméstica de combustóleo, era obligatorio recurrir a este último. Como resultado se dejaba fuera de la competencia a varias ramas productivas mexicanas; además, el uso del combustóleo agravaba el problema de la contaminación. Rojas señaló que desde 1957 se había introducido una reforma a la ley reglamentaria de Pemex, la cual prohibía a los particulares poseer y manejar gasoductos para la libre importación de gas. En realidad se trataba de decidir si la infraestructura y el control de este derivado del petróleo se iba a quedar en manos del Estado o si se entregaría a los particulares.

Había que tomar una decisión: dispuse que Pemex controlaría el gas mientras se discutía a profundidad el tema. Todos aceptaron y la cohesión interna se mantuvo. Insistí en que la mejor manera de defender una industria nacionalizada era volverla eficiente. Petróleos Mexicanos debía responder a los intereses de la Nación con una oferta de competitividad y de ventajas frente al exterior. La exploración, explotación y refinación del crudo era su tarea primordial. La empresa no podía ir más allá, pues no contaba con los recursos suficientes ya que una parte sustantiva de sus ingresos se destinaba a financiar programas sociales del Estado mexicano. Urgía la reconversión industrial de Pemex para elevar su eficacia. Esa tarea estaba pendiente.

En esos días surgió un problema en el frente ambientalista. Nuestros exportadores de atún habían presentado una queja ante un panel del GATT' porque en Estados Unidos impedían la entrada de esos productos con el argumento de que los pescadores mexicanos no protegían a los delfines que se mezclaban con los atunes. La realidad era más complicada y tenía que ver con la desaparición de la flota atunera de San Diego. El GATT resolvió a favor de los exportadores mexicanos pero los ambientalistas norteamericanos argumentaron que ésa era la prueba de que no se iban a respetar las restricciones ecológicas. De inmediato anuncié que no utilizaríamos la resolución favorable del GATT hasta que no verificáramos que nuestra flota atunera cumplía con la protección a los delfines. Promovimos una reforma legal para la protección de los delfines y agregamos la de las tortugas, donde teníamos un programa muy ambicioso para protegerlas en su reproducción y también de los barcos pesqueros de camarón.

Agosto y septiembre: recuperación electoral del PRI y fortalecimiento de la capacidad de negociación del gobierno.

El domingo 18 de agosto de 1991 se celebraron elecciones en México para renovar en su totalidad la Cámara de Diputados y la mitad del Senado. Luego de los desalentadores resultados de 1988, cuando el PRI logró por muy poco el control del Congreso, los resultados superaron las expectativas de los priístas. Mi partido no sólo mantuvo el control del Congreso, sino que logró la mayoría requerida para llevar a cabo reformas constitucionales. Asimismo, recuperó todos los distritos de la capital de la República. Los ciudadanos expresaron con su voto el apoyo a nuestro programa de reformas. Su mandato nos permitiría continuar los cambios propuestos desde el inicio del sexenio.

Ese mismo mes, Serra y Carla Hills participaron en la Convención de la Cámara Hispana de Comercio de los Estados Unidos; luego Serra viajó á Los Angeles para construir consensos entre grupos de economistas.

El campo en el TLC. Las discusiones más largas y cuidadosas.

El 4 de septiembre analizamos en gabinete económico la inclusión de productos agropecuarios en el TLC. Históricamente se había comprobado que en el mundo los sectores agropecuarios eran los más resistentes a la liberalización comercial. México no fue la excepción. Poco antes de esa reunión (y sin que en esto influyera la perspectiva de un Tratado), habíamos perfilado una serie de razones para modificar el Artículo 27 constitucional que establecía las disposiciones que normaban las actividades y las relaciones de propiedad en el campo. Los hechos habían comprobado que esa reforma era impostergable si se quería promover la justicia en el campo mexicano. Serra había planteado con toda claridad que si nos negábamos a abrir la importación de maíz y frijol, los norteamericanos se negarían a incorporar en el Tratado la apertura de sus productos hortícolas. Si México decía no a la importación de maíz y frijol, los norteamericanos no permitirían la entrada a su mercado de nuestros productos agrícolas más competitivos. Por esta razón Serra propuso que el maíz y el frijol se incorporaran a la lista, si bien alargando al máximo el período de transición.

El secretario de la Reforma Agraria, Víctor Cervera Pacheco, condicionó su acuerdo a que se destinaran recursos suficientes, bien orientados y permanentes durante esa transición. Si nos íbamos a insertar en la economía internacional, la agricultura no podía quedarse afuera. Pero el sector rural requería atención y apoyo decididos sobre todo porque después de cincuenta años de protección estatal había registrado avances importantes pero mostraba una debacle social y económica de dimensión extraordinaria. Con o sin Tratado, el campo mexicano requería una reforma a fondo. El TLC era el medio para obligar a su ejecución pronta y eficaz. Había que precisar ritmos y acciones concretos y otorgar a los campesinos mexicanos apoyos directos, tal y como los norteamericanos y canadienses lo hacían con sus agricultores. Se creó un programa de apoyos al que denominamos «Procampo»: por primera vez en la historia mexicana se ponía en marcha un proyecto de esa envergadura. Para llevarlo a la práctica urgía un padrón de los productores de maíz y frijol. Incluir esos productos en el Tratado nos exigía actuar de inmediato. Así lo hicimos.

El 28 de septiembre inicié una gira de tres días por California. Durante mis visitas a San Diego, San Francisco y Los Angeles, promoví el TLC. Me reuní sobre todo con grupos de mexicano-americanos y mexicanos. Fui invitado a participar en el centenario de la Universidad de Stanford. A lo largo de mi discurso puse énfasis en que México quería un crecimiento económico de calidad, sin sacrificar el medio ambiente. Ahí volví a reunirme con Mulroney para analizar el avance de las negociaciones.

Octubre, tensiones internas y opositores activos.

Durante octubre continuó el intenso proceso de negociación. E1 25, en una reunión de gabinete económico que duró más de tres horas, debatimos temas fundamentales del Tratado. El secretario Solana planteó que en materia de inversión extranjera era necesario pensar hasta dónde se quería llegar. Proponía restricciones sectoriales. Zedillo afirmó, tajante, que estaba a favor de la apertura total, pues la compra de empresas era un hecho en todos los países del mundo y necesitábamos más capital del que los mexicanos podían generar internamente. Era una posición extrema que no prosperó. Señalé que debíamos abrir la banca a la inversión extranjera pero mantener las restricciones para proteger ciertos aspectos estratégicos: no íbamos a dejar el sistema de pagos de México en manos internacionales. Aspe estuvo totalmente de acuerdo. Enseguida, señalé que en los sectores en que se diera una mayor apertura, era conveniente alentar también la inversión de japoneses y europeos. Años después, ya como presidente, Zedillo haría realidad su propuesta de apertura total al capital extranjero en los bancos mexicanos.

El tema de la apertura del maíz volvió a generar opiniones encontradas. Algunos argumentaron que al abrir su importación se generaría una sacudida social tremenda. Luis Téllez, para entonces subsecretario de Agricultura, señaló que para realizar esa apertura se requerían obras de infraestructura en más de 4 millones de hectáreas; en aquellas donde no fuera posible resolver los problemas del minifundio y de la baja calidad de la tierra, había que construir una red social de protección que se tradujera en acciones de salud, educación y alimentación. Un programa tan ambicioso exigía fijar con precisión los tiempos de la apertura y una coordinación institucional muy cercana, para asegurar recursos presupuestales durante todo el periodo de transición. Les recordé mi argumento: fijar una fecha límite para que concluyera la transición a la apertura, así fuera una fecha muy lejana, se convertiría en un acicate para obligarnos a actuar con decisión a favor del campo. Serra propuso que en la próxima reunión trilateral a realizarse en Zacatecas, no se aceptara la idea de que liberaríamos el maíz, mientras se analizaba cuidadosamente la decisión final. Quería conservar elementos que le permitieran planear la negociación.

En la ciudad de Zacatecas, el 15 de octubre los jefes de negociación abordaron los llamados «temas paralelos» sobre medio ambiente y trabajo. Ahí se llegó al acuerdo sobre el ramo textil, uno de los más importantes dentro del Tratado. Era en el grupo de servicios donde ahora se daba mayor trabazón. Se insistió en que la entrada en vigor del TLC sería gradual; se establecería un mecanismo de solución de controversias y se respetaría el texto de la Constitución mexicana.

En esa misma ciudad se manifestaron representantes de 120 organizaciones cívicas y partidistas; intentaban presionar a los tres gobiernos para establecer una carta de derechos laborales, implantar una política migratoria justa y sancionar a las empresas exportadoras que contaminaran el ambiente. Un grupo de obispos encabezados por Samuel Ruiz y Arturo Lona enviaron una carta a la RMAFLC en la que señalaban que el TLC amenazaba las condiciones de vida de las mayorías empobrecidas.17 Ahí mismo, en Zacatecas, Jorge Castañeda exigió que se presionara a los Estados Unidos para que condicionara la firma del TLC a la realización de elecciones democráticas en México. Marie Claire Acosta, activa organizadora cívica, exigió la inclusión en el Tratado de acuerdos sobre derechos humanos. La senadora del PRD, Ifigenia Martínez, consideró que el Tratado sólo beneficiaría a las grandes empresas. Cuauhtémoc Cárdenas y el líder potosino Salvador Nava participaron en ese evento opositor.18

Noviembre, tres grandes transformaciones en México.

Unos días más tarde, durante mi Tercer Informe de Gobierno, ratifiqué ante el Congreso de la Unión y el país el compromiso de negociar el TLC sin prisas y la decisión de no incluir el petróleo en los acuerdos. También anuncié tres cambios fundamentales para la vida política, social y económica de los mexicanos: primero, la iniciativa de reformas constitucionales para devolverle a los campesinos la propiedad de su tierra y otorgarles apoyos directos en lugar de precios subsidiados. Segundo, el reconocimiento de la existencia de las iglesias y el fin de limitaciones sobre su misión. Por último, la descentralización del sistema educativo mexicano y la certidumbre legal a la participación de la sociedad civil en la educación. El margen en el Congreso alcanzado durante la última elección nos permitía profundizar esos cambios dentro del país.19

En el frente del TLC, el avance a nivel de negociadores había resultado muy irregular. En el otoño, en Canadá, la reunión había durado sólo quince minutos, pues nuestras posiciones eran totalmente opuestas. En octubre se aprobó que cada delegación elaborara un borrador con el conjunto de sus propuestas. Se intercambiaron en noviembre.

Entonces se obtuvo una victoria importante: la relativa al formato del Tratado, tan decisiva como el fondo de las negociaciones. Sabíamos que tanto en la redacción como en la traducción de documentos fundamentales podían darse sorpresas tremendas. Hacia el final del año, al presentarse las propuestas por cada país, se había atorado el proceso. Nuestra delegación aportó, después de horas de intenso trabajo, un diseño excepcional: un volumen completo que contenía en tres columnas la comparación de cada postura respecto a cada rubro y ponía entre corchetes los aspectos donde había diferencias. Bien se ha dicho que la negociación comienza cuando se ponen las propuestas por escrito. Este mecanismo facilitó tanto el trabajo que se aceptó de inmediato; fue un logro importante que definió la estructura del Tratado en el orden que a nosotros nos interesaba.

El 26 de noviembre volvimos a analizar cuidadosamente el caso del maíz. El secretario de Agricultura, Carlos Hank González, comentó que lo mejor sería dejarlo fuera, ante la evidencia de que no resultaba rentable la producción a la mitad de los campesinos. Pero ése no era precisamente el problema: dejarlos sin otras oportunidades productivas y de ingreso, significaba que la mitad de los productores y sus familias permanecieran en condiciones miserables. Al mismo tiempo, Hank reconoció que en la Ronda Uruguay y del GATT los mecanismos no arancelarios de protección iban a desaparecer, por lo que era inevitable que en ese foro tuviéramos que abrir el tema del maíz. Ante ese, Serra argumentó, con razón, que si ese paso era inevitable, lo mejor sería darlo en el seno de la negociación del TLC y lograr el mayor período de transición posible; el mismo tiempo podíamos tratar de obtener beneficios de la apertura norteamericana en áreas agropecuarias atractivas para nosotros. Hank hizo ver la negativa frontal de las organizaciones rurales a que el maíz entrara en la negociación. También destacó que esas organizaciones estaban muy alentadas con el programa de diez puntos que unos días antes habíamos anunciado para promover la revitalización del campo, en el marco de la reforma constitucional para devolver la propiedad de las parcelas a los campesinos. La decisión sobre el maíz siguió pendiente.

Decidimos reforzar el mecanismo de seguro contra caídas del precio del petróleo y mantener una política económica prudente para 1992. Adicionalmente, nos propusimos acelerar el proceso de privatizaciones para disponer de recursos públicos ante las perspectivas recesivas de la economía internacional. Córdoba me comentó que Scowcroft le había señalado que las negociaciones iban lentas y eso daba paso a que la cuestión electoral norteamericana se metiese en ellas; el asunto se complicaba, pues el presidente Bush enfrentaba una situación delicada por la recesión económica.

Diciembre: recesión internacional, incertidumbre electoral en estados Unidos.

En diciembre hice una visita a los Estados unidos. Habíamos integrado cuidadosamente los puntos concretos para el diálogo con el presidente Bush y las reuniones de trabajo de mis colaboradores con el equipo norteamericano. Aspe nos informó que los analistas estadounidenses calculaban que en 1992 no habría recuperación económica en su país. Había un ambiente de pesimismo: Europa y Japón estaba en recesión y se hablaba nuevamente de proteccionismo comercial.

Era la octava ocasión que me reunía con el presidente Bush. También asistió el primer ministro Mulroney. Nunca un presidente mexicano se había reunido tantas veces, en lapsos tan breves, con su contraparte norteamericana o canadiense. Los temas lo justificaban: El encuentro tuvo lugar en Campo David, el 14 de diciembre. La recesión norteamericana arreciaba. El flanco político del presidente Bush se había debilitado ante la perspectiva de enfrentar a un contrincante de su propio partido en la búsqueda de su reelección. Al mismo tiempo, el ataque de los demócratas contra el tratado aumentaba. En ese contexto, los tres mandatarios ratificamos el compromiso de alcanzar el TLC pronto. Sin embargo, era obvio que el presidente norteamericano no enviaría el TLC a su congreso durante un año de campaña presidencial. Las elecciones se habían metido de lleno en la negociación y sin duda las prioridades de su agenda electoral distraerían la atención de los políticos. En México Cárdenas acusaba que, «según sus informes», durante la conversación sostenida con Bush el gobierno mexicano había ofertado el petróleo «y otros asuntos vitales» para lograr la firma rápida del TLC. Su expresión carecía de todo sustento. Pero según las encuestas, el apoyo al Tratado en México también disminuía.

La reunión con el presidente Bush tuvo un efecto decisivo, pues terminó con los rumores, que circulaba insistentemente, de que el TLC n se firmaría sino hasta 1993.

De inmediato, Serra informó al Senado sobre la evolución de las negociaciones. El 16 de diciembre explicó con detalle los avances en materia de acceso a mercados, reglas de comercio, servicios, inversión, propiedad intelectual y solución de controversias. Anuncio que los acuerdos concluirían el siguiente año. 1991 terminaba con flujos de inversión al mercado de valores que superaban los 18 mil millones de dólares, más de cuatro veces que los obtenidos el año precedente (4 mil millones). La privatización de Telmex estimuló el flujo de inversionistas en acciones de la compañía por 10 mil millones de dólares.

El 23 de diciembre, en el gabinete económico, evaluamos el fortalecimiento de la industria petrolera como el mejor antídoto a las pretensiones de privatizarla. Frente a la ofensiva de la que éramos objeto, decidimos promover una campaña de explicación al interior de Pemex, entre sus grupos de técnicos y trabajadores. Francisco Rojas la llevó a cabo con particular cuidado y esmero. Volví a insistir en que el tema del petróleo era el más delicado del TLC, pero que no modificaríamos la Constitución. Habíamos privatizado otras empresas, porque el sector público no hubiera podido soportar las inversiones que se necesitaban para su modernización. Pero el petróleo no estaba contemplado en esta estrategia. Francisco Rojas y Jaime Serra se responsabilizaron de difundir esta posición entre los mexicanos. Al final de la reunión concluimos que el año terminaba con la negociación envuelta en precios e incertidumbres.